¡¡Ni un euro público más a la Iglesia Católica!!
La inmatriculación de un bien inmueble es la primera inscripción de este en el registro de la propiedad, y a través de ella se informa de quién es el propietario.
Las inmatriculaciones realizadas históricamente por la Iglesia Católica en el Estado español, representan uno de los mayores expolios al patrimonio histórico de un país, que nunca haya tenido lugar en todo el mundo.
El artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, ya permitía a las autoridades eclesiásticas inscribir bienes a su nombre sin acreditar ningún título de propiedad, simplemente mediante un procedimiento de autocertificación; los responsables de la Iglesia lo firmaban y el inmueble pasaba a su propiedad, así de sencillo.
Esta “singular” manera de hacerse con propiedades, siguió manteniéndose con la reforma de la Ley Hipotecaria que llevó a cabo el Gobierno de José María Aznar en 1998.
Gracias a esta ley, la Iglesia Católica se apropió, por cantidades simbólicas de unos pocos euros, gran cantidad de bienes públicos. Monumentos tan emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, la Giralda y la Catedral de Sevilla o la Catedral de Zaragoza, entre otros muchos, pasaron a ser de su propiedad con una simple certificación del órgano diocesano correspondiente.
En 2015, una nueva reforma de esta ley introduce un cambio. A partir de su entrada en vigor son las Administraciones Públicas y las entidades de Derecho Público, las únicas facultadas para autocertificar a su favor la titularidad de las fincas e inmuebles.
La Iglesia se apropia de decenas de miles de bienes inmuebles...
Pero las autoridades eclesiásticas no perdieron el tiempo y sacaron todo el partido a la reforma hipotecaria de Aznar.
Entre 1998 y 2015, según el informe encargado por la vicepresidencia de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y elaborado por el Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad y Mercantil, las inmatriculaciones de bienes realizadas por la Iglesia fueron 34.961. De estas, 20.014 eran templos o dependencias complementarias y 14.947 de otras características (terrenos, solares, viviendas, locales, etc.). La inmensa mayoría (30335) se llevaron a cabo únicamente con "la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente".
Para mayor escándalo, el inmenso latrocinio realizado durante esos años ni siquiera representa el saqueo total. Lo que la Iglesia Católica se apropió de la misma forma antes de 1998 no está recogido en este informe.
El resultado de este gran robo es que a día de hoy la Iglesia Católica es titular ni más ni menos que del 85% del patrimonio histórico del Estado español.
Y para colmo, los gastos de restauración y mantenimiento de este gran tesoro cultural e histórico usurpado, corren a cargo del Estado, mientras que es la jerarquía católica la que se apropia de los beneficios que generan estos monumentos; ganancias que ni se declaran, ni tributan.
… y el Gobierno de Pedro Sánchez legaliza el latrocinio
Es indudable que para un Gobierno de izquierdas la consecuencia ineludible y lógica de este demoledor informe que confirma y cuantifica las dimensiones del pillaje llevado a cabo por la Iglesia, debería ser la revocación de la titularidad eclesiástica de estos bienes inmatriculados y su inmediata devolución a patrimonio nacional.
Pero lejos de esto, el Ejecutivo ha hecho público el listado de inmatriculaciones, ha tomado nota del expolio y lo ha legalizado. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo lo ha dejado muy claro: "Las inmatriculaciones se han producido al amparo de una situación legal, otra cosa es que, a lo largo de los años, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el Gobierno de Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad".*
Las cínicas declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello no dejan lugar a dudas de la satisfacción con la que han recibido los dirigentes de la Iglesia esta medida del Ejecutivo: “Nos agrada el reconocimiento que han hecho en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador..." "En todo caso la Iglesia no quiere nada que no sea suyo, por eso si alguien viniese con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada, cada institución de la Iglesia que haya inmatriculado, está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide”.**
Una vez más el Gobierno cede de forma vergonzosa y cobarde a las pretensiones de la jerarquía de la Iglesia Católica y se limita a recomendar "a cualquier persona física, jurídica o administración pública que discrepe que acuda a los tribunales".*
Hay que confiscar los bienes expoliados
En contraste, esta decisión del Gobierno ha levantado ampollas entre las asociaciones que llevan años luchando por recuperar, para el erario público, el Patrimonio Inmatriculado.
Juanjo Picó de Europa Laica es tajante: “Es un insulto a la democracia. El Gobierno quiere cerrar en falso este expolio, en simbiosis con la Conferencia Episcopal, y lo más triste es verles diciendo que ahora quien quiera que reclame. Es imposible que haya 30.000 juicios”.
Como bien dice Picó la cuestión de la reclamación no es más que vender humo a la opinión pública.
¿Acaso algún Ayuntamiento del PP va a reclamar al clero la iglesia de su pueblo? Y en el caso de que un Ayuntamiento de izquierdas pleitease contra la Iglesia, este tendría que enfrentarse a un litigio que podría alargarse décadas, con un coste inasumible y contra una judicatura “católica, apostólica, romana y franquista”.
Por último, lo que para un organismo público supondría librar una cruenta guerra contra la Iglesia en inferioridad de condiciones, para un denunciante particular, recurrir a los tribunales y conseguir una sentencia favorable frente a la Iglesia, sería una auténtica misión imposible.
El bochorno llega a tal extremo que incluso la propia Unión Europea ha dado un buen tirón de orejas al Gobierno. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado dos sentencias en las que considera una anomalía el caso español y califica de sorprendente que un certificado expedido por el secretario general de un obispo tenga el mismo valor que el de un funcionario público.
La única solución para reparar la cuestión de las inmatriculaciones es la confiscación total de los bienes expoliados.
La decisión finalmente adoptada por el Gobierno sobre este tema, así como sobre tantos otros, es la consecuencia de seguir gobernando a favor de los poderosos.
El Ejecutivo de coalición accede continuamente a las pretensiones de los más privilegiados y las instituciones más reaccionarias y parásitas que están a su servicio, entre las que la Iglesia Católica ocupa un lugar de “honor”.
Ya basta de concesiones a la reacción. Es hora de dar un giro de 180º y aplicar una política realmente de izquierdas.
¡¡Confiscación de todos los bienes expoliados por la Iglesia Católica!!
* La Iglesia católica inmatriculó 34.961 bienes desde 1998 gracias a la reforma legal de Aznar
