Con la excusa de la “salud pública”, en los últimos meses, estamos viendo un aumento de la escalada represiva por parte del aparato estatal, que utiliza todos sus resortes para este cometido: desde la judicatura, pasando por la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, con la aquiescencia del ministro del Interior del PSOE, Fernando Grande-Marlaska.
Una de las promesas del Gobierno fue la derogación de la Ley Mordaza. Sin embargo, no solo no la ha cumplido, sino que la está utilizado sin ningún tipo de complejo: amparados por la Ley Mordaza, junto con una orden interna del Ministerio del Interior con fecha del 16 de marzo, la Policía puede entrar (y ya lo ha hecho) sin autorización judicial en los domicilios. La justificación ha sido la celebración de fiestas ilegales en plena pandemia. Con los bares y terrazas hasta la bandera, el transporte público a rebosar, la capital del reino como reclamo del turismo europeo…, a nadie se le escapa la hipocresía del asunto. Lo que tenemos encima de la mesa es un nuevo ataque, y muy grave, para cercenar nuestros derechos democráticos. Es una vuelta a los tiempos de Corcuera y “la patada en la puerta”, entonces la excusa era la lucha contra el narcotráfico.
Mientras la mayoría de juristas han declarado está medida como ilegal y desproporcionado, el delegado de Gobierno en Madrid del PSOE, José Manuel Franco, la ha avalado diciendo que los policías “siempre actúan con la proporcionalidad adecuada”, aunque acto seguido afirmaba “desconozco los detalles”.
Otra vuelta de tuerca más a las medidas represivas que viene precedida por la ilegalización de manifestaciones feministas y en defensa de los servicios públicos, registros policiales a todos aquellos que queríamos manifestarnos, multas a personas por el simple hecho de protestar, encarcelamientos de raperos por criticar a la Corona… y mientras, se permite a nazis y negacionistas tomar las calles, envalentonando y asfaltando el camino a la extrema derecha. Todo esto no es fruto de la casualidad. El malestar y rabia acumulados son muy grandes, la falta de expectativas de futuro para la juventud, las consecuencias de la crisis económica que vivimos, señala un escenario de conflicto social muy fuerte. Y por eso, la clase dominante se está preparando: amedrentar y criminalizar a todos aquellos que no nos resignamos es el primer paso para justificar la represión, cercenar los derechos democráticos más elementales y mantener a toda costa la “paz social”.
Toda esta deriva represiva tiene nombres y apellidos. Uno de ellos es el de José Manuel Franco, delegado de Gobierno y secretario general del PSOE en Madrid, que una de las ridículas excusas que puso para no ilegalizar la manifestación nazi —aunque sí la del 8M— es que la primera “se realizaba todos los años”. No solo eso, sino que posteriormente ha legalizado una nueva manifestación fascista en conmemoración del aniversario de la caída de Madrid ante las tropas de Franco en la Guerra Civil. ¿Cómo puede actuar así el miembro de un partido que se llena la boca de “memoria democrática”? Eso sí, luego nos hablan hipócritamente de “moderación” y “sosiego”.
El currículum reaccionario de Grande-Marlaska
Pero las responsabilidades vienen de mucho más arriba. La prohibición de estas manifestaciones y su represión no son fruto del capricho de este delegado de Gobierno, ni mucho menos. Son la expresión de una estrategia por parte del PSOE, de la mano de la patronal y de la burguesía de este país, que quiere imponer la paz social frente a una situación de brutal crisis social y de polarización política cada vez mayor.
Y en esta ecuación, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, es uno de los principales instigadores. Su currículum represivo antes de alcanzar al Ministerio ya era notable. Llegó, en 2013, a vocal del Consejo General del Poder Judicial de manos del PP, e incluso estuvo a punto de ser nombrado Fiscal General del Estado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Ya en 2005 comenzó a dirigir las operaciones de lucha antiterrorista en la Audiencia Nacional. Ordenó el encarcelamiento de Otegi, y fue denunciado por los abogados de la izquierda abertzale por ignorar y encubrir torturas policiales. De hecho, de las once condenas por malos tratos en comisarías dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español, seis van dirigidas contra Grande-Marlaska. También instruyó la causa del accidente del Yak-42, que archivó por no “encontrar responsabilidad penal relevante” en la cúpula militar del Ministerio de Defensa, dirigido entonces por el miembro del PP Federico Trillo. Ha declarado también que en los CIE “no se vulneraban los derechos fundamentales”, cuando hay imágenes todos los días de torturas a los inmigrantes allí internados. ¿Cómo puede estar este elemento en el supuestamente “Gobierno más progresista de la historia”?
Al llegar al Ministerio del Interior, durante las movilizaciones contra la sentencia del juicio del procés, en octubre de 2019, impulsó la represión policial contra los manifestantes contra este juicio-farsa, mandando a más de 1.500 guardias civiles y agentes de policía a Catalunya durante esas jornadas y aplicar, en la práctica, un estado de sitio. También activó las investigaciones con el objetivo de ilegalizar a Tsunami Democràtic y los comités de defensa de la república (CDR).
Durante las últimas movilizaciones por la libertad de Pablo Hasél, ha elogiado la actividad represora de la Policía Nacional y los porrazos a los jóvenes frente a una “minoría violenta” y afirmando, como si nada, que en el Estado español “no había represión”, cuando vemos día sí y día también a manifestantes apaleados por la policía, inmigrantes torturados en los CIE, etc.
Basta ya de represión: ¡Derogación de la Ley Mordaza! ¡Depuración del aparato del Estado!
Por más que se trate de silenciar y ocultar, la represión policial en el Estado español no es algo aislado, sino más bien sistémico. Entre 2008 y 2013, según datos del propio Ministerio del Interior, 6.903 agentes de la Policía y de la Guardia Civil fueron implicados en casos de torturas y malos tratos, siendo solo 47 condenados. Incluso ONG de derechos humanos han denunciado que los malos tratos policiales son una realidad “infravigilada” en la que los agentes gozan de una “gran impunidad”. Según un informe publicado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, solo en 2017, el año del referéndum del 1-O en Catalunya, se denunciaron más de 1.000 casos de torturas y represión: el doble que en 2016, y casi cuatro veces más personas afectadas. Y ahora, durante la pandemia y bajo el estado de alarma aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, según datos de Amnistía Internacional, se detuvo a 8.500 personas y se recopilaron 70 casos de abuso policial tan solo entre el 15 de marzo y el 2 de mayo de 2020.
El PSOE, que ha gobernado durante más de 20 años, es responsable de mantener el aparato estatal represor totalmente intacto, sin haber movido un solo dedo en todo ese tiempo para depurar a los elementos torturadores y franquistas. Tampoco han sido capaces de derogar la Ley Mordaza y toda la legislación represiva. Es más, en los últimos tiempos, desde organismos internacionales, como la ONU o la Comisión Europa, han tirado de las orejas al Gobierno por no “acotar” el delito de “enaltecimiento del terrorismo” o “injurias a la Corona”, por el cual han pasado por los juzgados centenares de artistas, raperos y activistas de la izquierda. O, durante la pandemia, porque la Policía está vulnerando los derechos de los inmigrantes en los CIE, llamados los “Guantánamo españoles” por el uso sistemático que se hace de la tortura. De hecho, el Estado español es el segundo país más señalado en vulneración de estos derechos, según el grupo de afrodescendientes de la ONU. También, el Gobierno ha sido llamado a capítulo por no derogar la Ley Mordaza que no respeta la libertad de expresión, imponiendo multas abultadas a personas que participaron en manifestaciones pacíficas.
Este camino lo único que hace es asfaltar aún más la alfombra roja a la extrema derecha, que pide que se aplique esta mano dura contra los que nos movilizamos desde la izquierda. Desde Izquierda Revolucionaria exigimos la dimisión inmediata de Grande-Marlaska y del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. La derogación de la Ley Mordaza y de toda la legislación represiva contra nuestros derechos. La libertad inmediata de Pablo Hasél y de todos aquellos detenidos por luchar, y la depuración de los elementos reaccionarios y fascistas del aparato del Estado. La lucha es el único camino.
