Hablar del PP en la Comunidad de Madrid es hablar de corrupción y saqueo generalizado de los servicios públicos. En los más de 25 años que la derecha lleva controlándola, ha convertido este territorio en el laboratorio de experimentación de las políticas privatizadoras en beneficio de las grandes empresas que posteriormente han sido trasladadas a otras zonas del Estado.
El saldo no puede ser más negativo para los millones de familias humildes que habitamos en las ciudades y barrios obreros de la comunidad. La escandalosa gestión sanitaria de la pandemia en Madrid es el ejemplo más claro, pero no hay un solo servicio público que haya escapado a la política criminal de la derecha.
El colapso del sistema sanitario
El pasado 23 de enero, Antonio Zapatero –viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19– firmaba un comentario en la revista médica británica The Lancet”[i] junto a otros altos cargos de la Consejería de Sanidad en el que elogiaba las medidas que la CAM había emprendido contra la COVID-19 durante la segunda ola, defendiendo especialmente el confinamiento clasista de los barrios obreros.
Más allá de la propaganda y la mentira, si analizamos los datos concretos de la situación de la sanidad, podemos comprobar que esta no puede ser más calamitosa. Madrid es la segunda Comunidad Autónoma que menos gasta en salud, 1.224 euros por habitante, solo por detrás de Andalucía con 1.110 euros.
Un auto de la Audiencia Nacional detallaba en septiembre de 2019 cómo el PP había obtenido 1.883.282 euros en mordidas ilegales de la construcción de siete hospitales bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Según el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), en estos siete hospitales faltan 608 camas y hay módulos completos cerrados[ii].
En vez de dotar de medios a estos hospitales infrautilizados y colapsados, Ayuso, con el rechazo casi unánime del personal sanitario madrileño, perpetró un nuevo pelotazo urbanístico en forma de “hospital”, el Isabel Zendal, cuyo coste iba a ser de 100 millones de euros y finalmente fue de 153 millones. Este recinto es más parecido a una gigantesca nave industrial de 45.000 metros cuadrados con camas que a un hospital propiamente dicho. Carece de multitud de especialidades y servicios como quirófanos, urgencias o gabinetes de exploración diagnóstica, y la mayoría de su plantilla ha sido constituida a base de traslados forzosos bajo amenaza de no volver a ser contratados por la CAM si se oponían al mismo.
La escandalosa falta de medios y de personal no solo afecta a los hospitales. El papel de la atención primaria debía ser clave para evitar el colapso sanitario frente a la pandemia. Sin embargo, el gobierno de Ayuso actuó en la línea contraria. A la ya muy precaria situación que se vivía en los centros de salud fruto de años de recortes y privatizaciones hubo que sumar el cierre de 56 de los 430 existentes para “reordenar plantillas”[iii]. Hoy, una parte importante de los centros de atención primaria son básicamente centralitas, sin ningún médico en las instalaciones para atender a cientos de miles de personas.
En el pico de la segunda ola, cuando casi el 20% de la población ya se había contagiado, solo existía 661 rastreadores en plantilla, cuando el mínimo recomendado para una población de casi siete millones de habitantes es de 1.200[iv]. Ninguno de estos rastreadores estaba en los centros de salud por lo que esa tarea recaía sobre los profesionales sanitarios de estos centros.
Esta criminal gestión de la pandemia ha provocado que Madrid sea la región donde más aumentó la mortalidad en 2020: un 41% más de fallecimientos respecto a la media de los años anteriores[v]. De la misma forma, Madrid registró la mayor mortalidad en residencias de mayores. Según cifras oficiales de marzo de 2021 –que aún no recogen todos los datos–[vi]: 6.194 de un total de 29.477, solo por coronavirus, después de que el gobierno de Ayuso limitase el traslado de mayores a centros sanitarios.
Ahora estamos asistiendo al espectáculo de la vacunación en la comunidad. Los mayores de 70 años siguen esperando la vacuna porque entre los mayores de 80 la campaña aún está a la mitad. Se ha privatizado una parte importante de la vacunación –con Cruz Roja y la sanidad privada– con las consecuencias habituales: mientras se paga puntualmente a las empresas, a los centros de salud llegan jeringuillas inadecuadas[vii]. La propaganda de Ayuso es que se vacunará “mañana, tarde y noche todos los días”, la realidad es que durante los cuatro días de la semana santa no habrá vacunación para mayores de 80 años y grandes dependientes en Madrid.
La educación pública de nuevo bajo ataque
Otro servicio público que ha estado bajo el fuego constante del PP madrileño durante las últimas dos décadas es la educación. Antes de la pandemia la situación ya era crítica. Durante 2018, en la zona sur el 24,74% del total de las aulas superaban la ratio máxima permitida por ley. La cifra ascendía hasta el 33,31% en educación primaria[viii], una de las etapas más sensibles en la formación.
A finales de agosto de 2020, ante la amenaza de huelga y de movilización de la comunidad educativa, Ayuso anunciaba un gran plan para contratar a 11.000 profesores con el objetivo de reducir las ratios y así “hacer seguras las aulas”. Finalmente, de estos 11.000 docentes solo algo más de 7.000 fueron destinados a la pública, el resto acabaron en la concertada. Solo hizo falta el transcurso de un trimestre para despedir a 1.117 docentes de este plan de refuerzo covid, pero de cara al curso que viene el plan de la Consejería de Educación es empezar con 6.980 docentes menos.
No es el único ataque encima de la mesa. CCOO prevé que de cara al curso 2021/22 se supriman 5.101 grupos, es decir, los 4.987 grupos creados por el plan de refuerzo covid y 114 aulas más. De nuevo, la mayoría de estos cierres se producirán en la zona sur[ix]. El gobierno de Ayuso se basa en que la oferta de aulas públicas se ajusta a la necesidad existente en función del aumento de la natalidad, pero esta cifra para el año 2018 es similar a la de años anteriores. Por otro lado, ¿acaso hemos superado ya la pandemia para eliminar los refuerzos? ¿Acaso las cifras no eran ya críticas antes de la pandemia para que se mantengan a todos estos docentes en sus puestos y se contraten más?
¿Qué hay de nuestros barrios?
La lista de servicios públicos que se encuentran al límite es interminable. No solo es la sanidad o la educación, el resto de servicios como las residencias de mayores, la ayuda a la dependencia, la administración o los espacios dedicados a centros culturales o deportivos están bajo mínimos en nuestros barrios mientras proliferan las casas de apuestas.
Un ejemplo de esto es el de los trabajadores sociales, mientras que la media estatal es de uno de estos trabajadores cada 2.348 habitantes, en Madrid es de uno por cada 8.354[x]. Otro ejemplo es el de la limpieza viaria, solo con dar un paseo por barrios como Carabanchel, Vallecas, San Blas o ciudades como Móstoles, Leganés o Alcorcón vemos como se acumula la basura de forma cotidiana. Es más, dos meses y medio después del paso del temporal Filomena aun podemos ver árboles rotos y montones de ramas acumulados en las calles e incluso en algunos patios de colegios.
Necesitamos una izquierda combativa en las urnas y en las calles para echar a Ayuso y sus socios. ¡Por un plan de choque para dignificar nuestros barrios!
Ayuso habla de “Comunismo o libertad” pero, ¿qué clase de libertad? Libertad para seguir haciendo negocio a costa de nuestra salud y de la educación. Libertad para seguir saqueando las arcas públicas y degradando nuestros barrios. Libertad para que el cáncer de la ludopatía se siga propagando entre la juventud madrileña. En definitiva, libertad para explotar aún más a la clase trabajadora.
La situación es extremadamente grave pero no podemos olvidar que el estado de los servicios públicos podría ser mucho peor si no fuese por la movilización que ha conseguido paralizar ataques de mayor profundidad. Ejemplos como el de la marea blanca o la marea verde que han peleado durante años nos llenan de confianza y señalan el camino a seguir.
El 4 de mayo tenemos una oportunidad para expulsar a la derecha y a la extrema derecha del gobierno de la CAM. La candidatura de Pablo Iglesias supone una gran oportunidad para golpear a aquellos que están convirtiendo nuestras vidas en un completo infierno y para exigir la puesta en marcha de un plan de rescate a los servicios públicos en la CAM. Pero no solo basta con ir a votar, es más necesario que nunca levantar la bandera de la lucha y de la movilización para revertir todos los ataques que durante años se han llevado adelante.
[i] “Integral management of COVID-19 in Madrid: Turning things around during the second wave” (The Lancet, Integral management of COVID-19 in Madrid: Turning things around during the second wave).
[ii] No solo hospitales: el PP de Madrid robó hasta de los centros de salud según la Audiencia Nacional.
[iii] Coronavirus: Madrid cierra 56 centros de Salud para reordenar plantillas.
[iv] Madrid sólo ha reclutado a 661 rastreadores en seis meses, la mitad de lo mínimo para luchar contra el covid
[v] 2020 acaba con un exceso de mortalidad de más de 68.000 fallecimientos y es el año con más muertes desde que hay registros.
[vi] El impacto del coronavirus en las residencias de mayores: 29.477 muertes desde el inicio de la pandemia.
[vii] Madrid desperdició vacunas dos días por una falta de jeringuillas adecuadas
[viii] Informe denuncia de ratios en centros públicos DAT Sur Curso 17/18 (CCOO, INFORME DENUNICA DE RATIOS EN CENTROS PÚBLICOS DAT SUR. Curso 17/18).
[ix] Madrid prevé 114 aulas menos que antes de la pandemia en los centros públicos y cerrar 5.100, según CCOO
[x] El reverso del 'oasis fiscal' de Madrid: a la cola en gasto sanitario y educativo y la única región sin ayudas a hosteleros.
