Solo la movilización podrá acabar con la precariedad
El pasado 8 de junio el gobierno de Pedro Sánchez remitió a la Patronal y a los sindicatos su propuesta de reforma de la contratación temporal, una reforma asociada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el gobierno y que supondrá que el Estado español entregará al sector privado la inmensa mayoría de los 140.000 millones de euros que espera recibir de los Fondos Europeos (ver nuestra valoración de ese Plan).
La letra de la propuesta supone un cierto avance respecto a la situación actual, especialmente porque elimina el contrato por obra y servicio determinado y establece la nulidad de los despidos en caso de trabajadores temporales contratados en fraude de ley, pero está muy lejos de ser una “propuesta de calado, estructural y ambiciosa” que va a “acabar con la precariedad y la temporalidad”, como proclama la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, responsable directa de esta propuesta.
Precariedad y temporalidad son el resultado de las políticas laborales regresivas que, atendiendo a las exigencias de la Patronal, tanto el PSOE como el PP han implementado durante varias décadas, con el apoyo abierto o tácito de los dirigentes de CCOO y UGT. Los beneficios de las grandes empresas del Ibex-35 dependen en gran parte de que se mantenga, e incluso de que se profundice, la precariedad y la desregulación de las relaciones laborales, de modo que los empresarios puedan contratar y despedir sin límites y, además, a bajísimo coste o incluso gratis. La insistencia de la Patronal en implementar la llamada “mochila austríaca” para sustituir la indemnización por despido va en esa línea.
¿Qué propone la reforma de la contratación temporal presentada por el Gobierno?
El objetivo declarado de la reforma es limitar el número de contratos temporales y extender el contrato fijo (que a partir de ahora se llamaría “contrato estable”). Es una intención muy loable, pero parece ignorar que tener un contrato fijo ya no es sinónimo de estabilidad laboral. Según un estudio de Fedea, un centro de estudios económicos patrocinado por las grandes empresas del Ibex, un 40% de los contratos fijos dura menos de un año, de modo que se puede ser igual de precario encadenando contratos temporales como encadenando contratos fijos que acaban en un despido a los pocos meses. Es más, si esos despidos son disciplinarios, el empresario se ahorraría la indemnización que sí tendría que pagar por fin de contrato temporal.
Además, en la propuesta de reforma el contrato temporal no desaparece, sino que se mantiene para aquellos casos en los que el empresario puede alegar una causa que lo justifique, ya sea la necesidad de cubrir una baja temporal en la plantilla o un “incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa”.
Es cierto que la letra de esta fórmula es más restrictiva que la del actual contrato por obra o servicio determinado, pero la realidad es que la inmensa mayoría de los ocho millones de contratos de obra que se firman anualmente son fraudulentos, porque o bien no existe tal “obra o servicio determinado” o bien se emplea al trabajador temporal en tareas que no se corresponden a la finalidad para la que supuestamente fue contratado. ¿Qué razones hay entonces para pensar que el fraude en la contratación temporal actual no se trasladará a la nueva regulación? ¿Hay algún motivo para pensar que esa misma Inspección de Trabajo que depende directamente de Yolanda Díaz y que hoy, cediendo ante las presiones de la Patronal, hace por regla general la vista gorda ante las ilegalidades de los empresarios, vaya a dar un giro de 180 grados y convertirse en adalid de los derechos de los trabajadores y trabajadoras?
Algo similar ocurre con la anunciada nulidad de los despidos a trabajadores temporales en fraude de ley, que tendrá tan pocos resultados prácticos como la tan cacareada “prohibición del despido” durante la pandemia. Esta “prohibición” no impidió que varios cientos de miles de trabajadoras y trabajadores fuesen despedidos, incluso en los meses más duros del confinamiento. Eso sí, los afectados tenían derecho a recurrir a los tribunales, faltaría más. Pero la realidad es que muchos no lo hacían por miedo a verse incluidos en las listas negras y no volver a ser contratados, o simplemente porque, agobiados por el paro y la necesidad, no les quedaban ánimos para afrontar la perspectiva de varios años de juicios y recursos, haciendo frente a las triquiñuelas legales de los empresarios y a sus testigos falsos.
Solo apoyándose en la movilización de la clase trabajadora podrá Unidas Podemos acabar con la precariedad
Hace pocos días, Yolanda Díaz, en un acto en Barcelona en el que participaba junto al líder de CEOE Antonio Garamendi, hizo un llamamiento a que los empresarios se unan para superar la "cultura de la temporalidad". Si Unidas Podemos espera que la lucha contra la precariedad la encabecen esos mismos empresarios que son sus máximos beneficiarios tendremos precariedad por los siglos de los siglos.
A pesar del escaso alcance de las medidas recogidas en la propuesta, la Patronal la ha recibido con abierta hostilidad, hasta el punto de que la reunión de la mesa de diálogo social prevista para mediados de junio tuvo que suspenderse por la negativa de la CEOE a asistir, en señal de rechazo a que se suavice ni en lo más mínimo la legislación laboral actual.
Nadie se extrañará de que hayan sido las patronales de la Hostelería, de la Construcción y del Sector Agrario las primeras que se hayan manifestado en contra de las tímidas medidas del Gobierno. Son precisamente esos tres sectores los que más se aprovechan de la precariedad laboral y los que encabezan los rankings de ilegalidades de todo tipo en la contratación, de fraude a la Seguridad Social, de empleo de mano de obra inmigrante sin contrato y de abuso laboral de todo tipo, con jornadas interminables, impago de salarios o descuentos arbitrarios bajo cualquier excusa. En el sector agrario, la explotación de inmigrantes en condiciones de práctica esclavitud está a la orden del día, igual que lo está el acoso sexual a las mujeres trabajadoras (ver nuestro artículo sobre las temporeras de Huelva), y a los empresarios les gustaría seguir así indefinidamente.
El enfado empresarial no se debe a que teman a las políticas de este gobierno. El PSOE ya ha demostrado sobradamente que es un fiel servidor de la Patronal, y las promesas de UP, hasta ahora incumplidas, de que va proponer acabar con la Reforma Laboral del PP tampoco asustan a los amos del Ibex-35. A lo que tienen miedo es a que esas promesas sean tomadas en serio por la clase trabajadora, harta ya de años de constante deterioro de sus condiciones de trabajo. Los recientes conflictos laborales en Euskal Herria, en el metal de Vigo o en Airbus de Puerto Real son una señal de que la resignación de la clase trabajadora tiene un límite y que cada vez son más los trabajadores y trabajadoras dispuestos a emprender el camino de la lucha.
Por eso, si Yolanda Díaz y UP quieren de verdad acabar con la precariedad no es a los empresarios a quien debe dirigirse, sino a la clase trabajadora. Apoyándose en la fuerzas del movimiento obrero, enfrentándose decididamente a la Patronal, Unidas Podemos debería defender la inmediata derogación de la Reforma Laboral del PP, que ha sido la principal arma de los empresarios para generalizar la precariedad, y convertirse así en una herramienta realmente útil para la clase trabajadora.
