¡Expropiar a los grandes tenedores, prohibir los desahucios y crear un parque de vivienda pública suficiente!
Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera en 2008 y hasta 2016 cada año han sido desahuciadas de sus viviendas entre 50.000 y 70.000 familias. En 2020, ya con Pedro Sánchez en La Moncloa, el número de desahucios, a pesar de la pandemia y la supuesta “moratoria” aprobada por el Gobierno, sobrepasó los 25.000.
En el segundo trimestre de 2021 el número de desahucios sobre viviendas habituales se disparó un 253,2% en relación con el mismo periodo de 2020, alcanzando la cifra más alta de los últimos cuatro años, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Es imposible conocer el número exacto de personas afectadas, ni cuántas de ellas son menores o personas ancianas. Para las estadísticas del INE los datos sobre sufrimiento humano son irrelevantes. Tampoco podemos saber cuántas de estas personas han sido empujadas al suicidio; apenas algunas noticias de prensa sobre gente desesperada que ha puesto fin a su vida cuando iban a ser desahuciadas nos alertan de la magnitud del problema.
Ante esta dramática emergencia social se anunciaba a bombo y platillo el Acuerdo sobre Vivienda alcanzado esta misma semana por el PSOE y Unidas Podemos. Desgraciadamente, no hay motivo alguno para el optimismo.
¿Por qué decimos que este acuerdo es un fraude?
Desde Izquierda Revolucionaria daríamos nuestro apoyo a cualquier medida que de verdad supusiese un avance, por pequeño que fuese, en la conquista del derecho a la vivienda. Pero en este acuerdo no hay nada que se pueda salvar. Es un completo fraude, que dará alas a la demagogia de la derecha y a la ultraderecha, como ya se las está dando la pasividad gubernamental ante la escandalosa subida del precio de la luz.
En primer lugar, la única medida que podría tener algún efecto positivo, los topes al alquiler, tiene tantos límites y condicionantes que es papel mojado ya antes de nacer.
Para empezar, la aplicación de los topes no empezará —en el mejor de los casos— hasta el verano de 2024. En el acuerdo se establece una moratoria de 18 meses para que esta medida entre en vigor, una vez que se haya aprobado la nueva Ley de Vivienda, que se espera que finalice su tramitación a finales de 2022.
Por si esto fuera poco, los topes al alquiler solo se aplicarán a viviendas propiedad de entidades jurídicas que posean más de 10 viviendas en alquiler, y además solo en zonas declaradas oficialmente como “zona de mercado de alquiler tensionado” y solo si los alquileres superasen un “índice de referencia del precio del alquiler” cuyo cálculo no se especifica.
¿Y cuántas de los tres millones y medio de viviendas en alquiler que existen en todo el Estado español se verían potencialmente afectadas por estos topes? Pues según ha explicado la ministra responsable de Vivienda, Raquel Sánchez, unas 150.000, es decir ¡solo el 4,3% de ellas!
Incluso esa ridícula cifra podría ser mucho menor si la declaración de “zona tensionada” es boicoteada por los gobiernos de algunas comunidades autónomas, que son los únicos a los que se concede competencia para hacer esa declaración. El PP ya ha anunciado su voluntad de boicot, con lo que el número final de viviendas con tope de alquiler podría reducirse a mucho menos de la mitad.
Pero, incluso si todos los obstáculos administrativos que establece el acuerdo se cumpliesen y en alguna ciudad se declarase una “zona tensionada”, ¿qué impide a las empresas propietarias vender los pisos que hoy tienen en alquiler antes de que los topes entren en vigor?
Es más, gracias a los generosísimos plazos que establecen, esas empresas podrían beneficiarse de las ayudas públicas a fondo perdido para la rehabilitación de viviendas previstas en el Plan Europeo de Recuperación Económica, vender las viviendas rehabilitadas a costa del dinero de todos y embolsarse unos sabrosos beneficios. El conocido fondo BlackRock, que invirtió masivamente en vivienda en los últimos años, lleva meses vendiendo pisos que antes tenía en alquiler para aprovechar las subidas del precio de la vivienda. En fin, alfombra roja a la especulación.
Bonificaciones fiscales y ayudas al alquiler para jóvenes: más beneficios para los propietarios
Las complicaciones que el acuerdo prevé para aplicar topes al alquiler se convierten en facilidades cuando se trata de establecer bonificaciones fiscales para los propietarios, que podrían llegar hasta un 90%. Estas bonificaciones no son algo nuevo. Existen hace varios años, y su único resultado ha sido engordar los bolsillos de los propietarios, sin que hayan tenido efecto positivo alguno en la rebaja de los alquileres.
Tampoco son nuevas las ayudas directas a los jóvenes. Este acuerdo establece una ayuda de 250 euros mensuales durante un plazo máximo de dos años para jóvenes de entre 18 y 35 años que cumplan una serie de requisitos. ¿Cuántos jóvenes podrán recibir esta ayuda? La ministra Raquel Sánchez ya nos ha dado la respuesta: entre 40.000 y 50.000 de los 600.000 jóvenes menores de 35 años que viven hoy de alquiler, es decir, algo más del 8%.
Pero el problema más grave no es que sean pocos o muchos los jóvenes que recibirán esa ayuda. El problema es que, como se demostró con el “cheque-vivienda” de 210 euros aprobado en 2005 por el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que fue percibido por algo más de 300.000 jóvenes, la ayuda provocó un alza inmediata de los alquileres, de forma que, de nuevo, fueron los propietarios quienes realmente se beneficiaron de ella.
¿Qué pasa con las viviendas vacías? ¿Y con la reducción de privilegios fiscales a los propietarios? ¿Y con la congelación de alquileres de propietarios particulares?
Tampoco estas medidas servirán de mucho, por más que la máquina de propaganda gubernamental las magnifique.
El establecimiento de recargos en el IBI de las viviendas vacías será competencia de los Ayuntamientos, y los alcaldes del PP ya han anunciado que no lo aplicarán. Pero incluso si la movilización y la presión social obligasen a los ayuntamientos del PP a establecer estos recargos, las condiciones previstas en el acuerdo limitan muchísimo el número de viviendas que sufrirían esos recargos.
Para empezar, la definición de “vivienda vacía” no es la misma que la utilizada por el común de los mortales. Pendientes de que se defina con exactitud, todo indica que no se considerarán “vacías” las segundas y terceras residencias, tampoco las viviendas que estén pendientes de obras de rehabilitación o reforma, ni las que están ofertadas en el mercado de la compraventa o el alquiler. Vamos, que en un par de años será un milagro encontrar en el Estado español una vivienda que no haya conseguido esquivar, con algún subterfugio, la declaración oficial de “vacía”.
En cuanto a la reducción de privilegios fiscales hay que decir que se prevé suprimir la bonificación de hasta el 85% del Impuesto de Sociedades para empresas inmobiliarias introducida por el PP en 2014. Ahora bien, esta supresión solo afectará a empresas que tengan arrendadas más de ocho viviendas, y que esas viviendas lleven alquiladas más de tres años según los regímenes tributarios especiales recogidos por la Agencia Tributaria, y que, además, al menos el 55% de las rentas o del valor de los activos de esas empresas provenga del alquiler residencial.
Si para cuando entre en vigor la nueva Ley de Vivienda queda alguna empresa en esas condiciones, será porque su propietario así lo ha querido, no porque no haya dispuesto de tiempo más que suficiente para proceder a realizar los cambios necesarios para esquivar esta norma.
Por último, para los grandes propietarios que son personas físicas, y que son los dueños del 15% del parque total de viviendas, no se establece ningún tope. Lo único que se prevé es que se establecerá una congelación de rentas a viviendas de grandes propietarios particulares que estén en “áreas tensionadas”. Pero esta congelación de rentas solo afectaría a los inquilinos con contrato vivo en el momento de entrada en vigor de la Ley de Vivienda. En los años que faltan para que eso ocurra, esos grandes propietarios particulares tendrán todo el tiempo del mundo para hacer sus planes y, por ejemplo, convertir sus viviendas en residencias vacacionales (como ya está ocurriendo el Lisboa) o subir los alquileres de los nuevos contratos, incluyendo ya el previsible coste de una hipotética futura congelación de rentas.
¡Basta ya de propaganda vacía! ¡Necesitamos medidas efectivas!
Como ya nos tienen acostumbrados, el Gobierno, y de forma especial los ministros, ministras y cargos de Unidas Podemos, exageran de forma grotesca el alcance real de sus medidas. Lo vimos con la supuesta “prohibición de los despidos en pandemia”, con la citada moratoria de desahucios, con el IMV, con la miserable subida de 15 euros en el SMI, etc. Campanas al vuelo y clarines triunfales sin proporción alguna con el contenido real de las medidas aprobadas.
Con el acuerdo de vivienda, Unidas Podemos juega de forma frívola con las esperanzas y el sufrimiento de cientos de miles de personas. Ninguna de las medidas que propone sirve para aliviar la situación provocada por especulación inmobiliaria, y su único efecto, como ya se ha demostrado en el pasado, será el de incrementar las rentas parasitarias de los propietarios a costa del dinero público.
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y flamante sucesora de Pablo Iglesias al frente de Podemos, ha asegurado que este acuerdo es un “hito histórico” y un “cambio de modelo de cómo entendemos la vivienda en España”. Simplemente es falso. Se mantiene la vía libre a todos aquellos que, ya sean grandes fondos de inversión o propietarios particulares, quieren que la vivienda siga siendo materia de especulación financiera.
Lo que hubiera sido un hito histórico es que el Gobierno hubiese tomado las medidas necesarias para hacer real y efectivo el derecho de todos y todas a una vivienda digna.
En primer lugar, prohibiendo por ley los desahucios de quien no tiene otra alternativa de vivienda. En segundo lugar, estableciendo un tope máximo a los alquileres y rebajando por ley los alquileres disparatados que hoy se están exigiendo en muchas zonas del Estado. Y, en tercer lugar, constituyendo un parque público de vivienda en alquiler que cubra completamente las necesidades sociales de vivienda y acabe definitivamente con la especulación.
Un parque público de viviendas, con alquileres asequibles y proporcionales al salario de los inquilinos, es la única solución real al problema de la vivienda. Y no haría falta esperar a que nuevas viviendas se construyan. Las viviendas vacías en manos de bancos y especuladores tendrían que ser expropiadas e incorporadas de forma inmediata a ese parque, y sin indemnización, ¿o es que acaso no hemos pagado ya, y varias veces, el valor de esas viviendas con el rescate bancario y el déficit brutal de la Sareb?
Pero nada de esto se contempla, ya que afectaría directamente a los sacrosantos intereses de la banca, las inmobiliarias y los fondos buitre y este Gobierno hace tiempo que ha decidido no enfrentarse a ellos.
En conclusión, el derecho a una vivienda digna para todas y todos es radicalmente incompatible con el funcionamiento de un mercado donde la vivienda es tratada como un activo financiero más. La experiencia demuestra que el tipo de medidas paliativas previstas en este acuerdo suscrito por PSOE y Unidas Podemos no solo no solucionan los problemas reales del acceso a una vivienda digna, sino que acaban beneficiando a los propietarios inmobiliarios.
Nada podemos esperar de su aplicación de este acuerdo. Solo una movilización masiva en las calles, que imponga por la vía de los hechos el derecho efectivo a una vivienda digna, podrá poner fin a la pesadilla que ensombrece hoy la vida de cientos de miles de personas.
