La renovación del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a poner sobre la mesa la política de pactos podridos del régimen del 78 y la incoherencia en que vive sumida la dirección de Unidas Podemos.

Sus principales dirigentes, incluido también Pablo Iglesias, han justificado de mil maneras el acuerdo fraudulento alcanzado entre el PSOE y el PP, que colocará en el Constitucional a dos jueces ultraderechistas salpicados por la corrupción y el nepotismo.

Es tan evidente la tropelía y el escándalo, que el presidente del grupo parlamentario de UP, Jaume Asens, ha señalado que votaría por Enrique Arnaldo, el juez fascista propuesto por el PP, “con una pinza en la nariz”.

Pero esta manera tan poco edificante de envolver una renuncia política de tanto calado no consigue convencer. ¿Es esta la forma de combatir a la extrema derecha? ¿Realmente creen que con este tipo de maniobras van a poder democratizar un poder judicial franquista hasta la médula?

Una nueva victoria del PP y Vox

Enrique Arnaldo es un reaccionario acreditado. Colabora con la Fundación FAES de Aznar y ha escrito numerosos artículos contra el aborto y la eutanasia, contra la Ley de la Memoria Histórica, o contra Catalunya, felicitándose por la aplicación del artículo 155 y la mano dura. También ha facturado para administraciones del PP más de un millón de euros con sus despachos jurídicos privados, viéndose implicado en importantes casos de corrupción.

Mantuvo una estrecha relación con el expresidente balear Jaume Matas, y fue imputado en el Caso Palma Arena por la realización de contratos fraudulentos y posible blanqueo de capitales. Apareció en las grabaciones del caso Lezo prometiendo al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, moverse “para que el nuevo fiscal general del Estado que sustituya a esta señora sea bueno”, y participó en la colocación de familiares y amigos en la Universidad Rey Juan Carlos cuando dirigía un Master en la misma.

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Enrique Arnaldo y Concha García Espejel son dos jueces ultraderechistas salpicados por la corrupción y el nepotismo.

Lo mismo ocurre con la otra candidata del PP, Concha García Espejel, a pesar de no haber levantado tanta polémica. Una derechista de fuste que se opuso públicamente a la Ley del Aborto aprobada por Zapatero, recurrida por el PP ante el TC a la espera aún de resolución, y protectora del torturador franquista Billy el Niño cuando fue imputado por la jueza argentina Servini. Su cercanía al PP, y especialmente a su exsecretaria general Dolores de Cospedal, forzó a que sus compañeros de la Audiencia Nacional tuvieran que apartarla del caso Gürtel cuando fue recusada.

El “sapo a tragarse” es tan grande, que en la votación secreta para nombrar a Enrique Arnaldo, varios diputados de UP y uno del PSOE, Odon Elorza, han votado en contra.

Sin embargo, en las horas previas, y ante el escándalo desatado, los principales dirigentes de UP han ido saliendo en tromba para defender con declaraciones lamentables, lo que resulta completamente injustificable.

Votando a las cloacas del Estado

Yolanda Díaz ha señalado que “el PP con las designaciones que ha hecho está poniendo en riesgo la independencia de las instituciones". Y entonces, ¿por qué ella y su grupo parlamentario lo avalan y lo permiten? Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha apelado a que “no votaremos lo mejor para nuestro partido, votaremos lo mejor para la sociedad española”, para a continuación exigir al PP que no presente a "candidatos corruptos". ¿En qué quedamos?

Pablo Iglesias tampoco ha perdido el tiempo para añadir más incongruencia.

Así, en su último artículo en Ara señala: “Sobre cualquier candidato propuesto por el PP para ocupar una posición en las altas magistraturas recaerá siempre la sospecha de connivencia con los corruptos o de corrupción directa. Comprendo y comparto las reticencias y la náusea moral que produce pero, a la vista del proceso de involución que impulsan todos los poderes reaccionarios, cualquier barrera democrática que pueda erigirse frente a la eventual voluntad política reaccionaria de las altas magistraturas del Estado parece una medida de autodefensa razonable”.

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Los principales dirigentes de Unidas Podemos, incluido también Pablo Iglesias, han justificado de mil maneras el acuerdo fraudulento entre el PSOE y el PP.

¿Nombrar a dos reaccionarios como Arnaldo y Espejel es erigir una “barrera democrática” contra la “política reaccionaria de las altas magistraturas del Estado”? ¿Realmente una persona inteligente y formada políticamente como Pablo Iglesias se cree este tipo de argumentos torticeros? ¿Acaso no son estos elementos un ejemplo nítido de esas cloacas del Estado contra las que tanto ha escrito Pablo Iglesias?

La crónica publicada en El País lo dice todo: "Cuando llegó el momento, el salón de plenos estaba semidesierto, con largas hileras de diputados tomando la puerta de salida como señal de protesta, antes y durante la discusión. A nadie le resultó tan indigesto el trago como a los de Unidas Podemos, cuyos escasos parlamentarios hundían la cabeza en los pupitres para protegerse del chorreo de los de Vox: secundados por Ciudadanos, se burlaban de ellos coreando el “sí, se puede”.

El régimen del 78 protege a la casta judicial franquista

Tal y como está ocurriendo con todas las demás concesiones de UP, su determinación de permanecer a toda costa en el Gobierno con el PSOE y asumir sus políticas capitalistas no hace más que profundizar su desautorización y descredito. Así ocurrió hace unas semanas con el cese antidemocrático como diputado de Alberto Rodríguez, y así vuelve a ocurrir ahora. Y el argumento, sorprendentemente, vuelve a ser el mismo: frenar a la extrema derecha y a la reacción.

Desde la dirección de UP se plantea que no hay otra alternativa. Que hay que aceptar el “mal menor”. Que hay que saber gobernar con contradicciones. Pero la realidad es que este argumento además de falso, es la constatación de su completa renuncia a llevar adelante una política verdaderamente transformadora y progresista.

Solo hay una forma de enfrentar a estas fuerzas reaccionarias que dominan el aparato del Estado: combatir al régimen del 78, y no sumarse a una política de pactos podridos e intercambio de cromos que ha garantizado que los mismos jueces de la dictadura transitaran a la "democracia" sin ser removidos de sus posiciones.

Unidas Podemos sí tenía una alternativa, como también la tuvo cuando ese mismo poder judicial le quito el acta de diputado a uno de los suyos. En primer lugar hablar alto y claro, señalar que esta casta interviene activamente en política defendiendo los intereses de la oligarquía y la derecha. Y en segundo lugar, impulsar movilizaciones masivas para defender los derechos democráticos y desmarcarse activamente de las políticas capitalistas y sus métodos mentirosos.


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