A estas alturas parecía casi imposible que unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pudieran superar los niveles de brutalidad y cinismo a los que nos tiene acostumbrados, pero hace escasos días lo ha conseguido.
Ha sido en un debate en la Asamblea de Madrid sobre la decisión del Gobierno del PP de no trasladar a hospitales a las ancianas y ancianos usuarios de las residencias públicas para la tercera edad afectados por la Covid en 2020. Como consecuencia directa de esa decisión criminal 7.291 personas fallecieron sin asistencia médica, sufriendo una horrorosa agonía, sin medicación, sin cuidados, abandonadas con una crueldad que ningún ser humano normal aplicaría a su mascota o animal de compañía.
Lejos de reconocer su responsabilidad y dimitir, y sin ni siquiera pedir disculpas, Ayuso tuvo la desfachatez y la crueldad de afirmar que “cuando una persona mayor estaba gravemente enferma, con el Covid, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio”.
Lo que no dice Ayuso es que esa muerte atroz resultó ser inevitable solamente para las ancianas y ancianos que carecían del poder económico necesario para contratar un seguro sanitario privado. Quienes disponían de un nivel de ingresos suficiente como para permitirse contratar una póliza de salud eran trasladados al hospital privado que les correspondía y allí en un 65% de los casos conseguían salvarlos. Y cuando los médicos estimaban que el deceso era inevitable, al menos se aplicaban cuidados paliativos y se ahorraba al paciente una muerte lenta por asfixia.
En suma, partiendo de que la tasa de supervivencia de ancianos y ancianas afectados por Covid fuese similar en la sanidad pública y en la privada, resulta que más de 4.700 ancianas y ancianos fueron condenados a morir sin pestañear por Ayuso y el Gobierno autonómico del PP, erigidos en administradores supremos de la vida y de la muerte.
¿Cuál era la culpa o el delito cometido por esas personas? A ojos del PP eran culpables de pobreza. Si tras una vida trabajando tus ingresos no alcanzaban para pagar los precios exorbitantes de una póliza privada de salud, que a partir de los 65 años de edad son prohibitivos, y tenías la desgracia de contagiarte de Covid, Ayuso y el PP te condenaban a una agonía horrible.
Los mismos que se oponen furibundamente al aborto en nombre del “derecho a la vida”, los mismos que reniegan de la eutanasia porque les parece “un crimen”, no han tenido el menor escrúpulo en dejar morir de forma indigna a miles de personas mayores de clase trabajadora y encima se burlan de las víctimas y del tremendo sufrimiento de sus familias.
Tras el revuelo causado por sus infames palabras, Ayuso tuvo todavía la desfachatez de bromear sobre el tema. “Están a un paso de acusarnos de genocidio”, dijo la presidenta sobre la izquierda parlamentaria madrileña, a la que se atreve a acusar de que “es inhumana, no tiene corazón”, ella, que se ha mostrado, igual que todo su partido, como la campeona de la inhumanidad.
Amnistía Internacional, que evita cuidadosamente pronunciamientos políticos, ha emitido un juicio rotundo sobre lo ocurrido en las residencias de Madrid: “Documentamos violaciones de derechos humanos [...] La supuesta medicalización de las residencias nunca sucedió, dejando a las personas mayores en una situación muy delicada, abandonadas a su suerte”.
Mientras la muerte asolaba las residencias públicas de ancianos, el Gobierno de Ayuso se lanzaba a aprovechar la tragedia de la pandemia para enriquecer a empresas privadas. El hospital Isabel Zendal, una nave absolutamente inútil, costó la friolera de 170 millones de euros, más del triple del presupuesto inicial que era de 51 millones[1].
¿Quiénes fueron los agraciados por esta generosa lluvia de millones? Entre otros, Dragados, Ferrovial (esa empresa de patriotas españoles que hace pocos meses mudó su residencia fiscal a Países Bajos), Constructora San José o Informática El Corte Inglés. Millones detraídos del presupuesto de la sanidad pública gracias a años de recortes que han desmantelado prácticamente la atención primaria en Madrid y deteriorado gravemente los hospitales, han fluido a los bolsillos de los oligarcas patrios.
Pero la responsabilidad no recae sólo en Ayuso y el PP. Desde el Gobierno central, en manos del PSOE y Unidas Podemos, se consintieron, sin tomar medida efectiva alguna, las acciones criminales de Ayuso. Es más, incluso cuando la decisión de confinar los barrios obreros de Madrid provocó una explosión de furia popular, el presidente Sánchez se apresuró a acercarse a la Puerta del Sol para, en una sala repleta de banderas rojigualdas, mostrar públicamente su apoyo a Ayuso.
Las políticas de desmantelamiento de los servicios públicos de Ayuso no son contestadas desde el Gobierno central porque esa ha sido, y sigue siendo, también la política que el PSOE aplicó en las autonomías que gobernaba.
Sólo con las movilizaciones populares más masivas y contundentes en defensa de la sanidad pública, como las que se convocaron en Madrid hace unos meses, seguidas de una huelga general de los servicios públicos madrileños, podremos poner fin a esta situación. Hacer justicia a nuestros ancianos muertos y reparar tanto sufrimiento a sus familiares exige de una izquierda valiente que vaya hasta el final, y que no mire para otro lado.
[1] Todos los contratos del Zendal: 170 millones para un hospital ya sin apenas actividad que triplicó sus costes
