En la tarde del pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sacudió el tablero político lanzando una carta a la ciudadanía en la que planteaba la posibilidad de su dimisión por los ataques, “sin precedentes”, a los que él y su mujer están sometidos desde la derecha y la extrema derecha política, judicial y mediática.
El desencadenante de su posible renuncia es la falsa denuncia plantada por un chiringuito fascista, “Manos Limpias”, que admitió un juez madrileño, y que en base a recortes de prensa acusa de tráfico de influencias a su esposa, Begoña Gómez, vinculada a empresas que se han beneficiado de cuantiosas ayudas públicas. Para Sánchez en este montaje participan Feijóo y Abascal, un enjambre de medios de comunicación fascistas y un sector de la judicatura, y pretende batir a una opción política “basada en el avance económico, la justicia social y la regeneración democrática”.
El PSOE ha mantenido intacto y ha defendido el aparato judicial franquista
Sánchez alega su esfuerzo de “regeneración democrática” como una de las causas del odio de la extrema derecha hacia su persona, pero los hechos cuestionan este razonamiento
Sánchez y el PSOE no solo no han hecho nada para frenar la ofensiva de los medios de comunicación ultras que son generosamente financiados a través de la publicidad de instituciones públicas, sino que se ha beneficiado de las maniobras reaccionarias del aparato judicial franquista y de sus terminales informativas. No ha movido un dedo para acabar con estas cloacas, porque sencillamente su actividad le ha servido para eliminar aliados incomodos, y afianzar así su agenda política.
El PSOE apoyó plenamente la represión judicial y policial contra el independentismo catalán, como antes había apoyado incondicionalmente la salvaje represión, salpicada de detenciones arbitrarias, clausura de medios de comunicación y torturas, contra la izquierda abertzale. Permitió que las acusaciones de terrorismo se extendieran a todo tipo de protestas pacíficas. Apoyó el montaje policial-judicial contra los ocho jóvenes de Altsasu, la condena a la cárcel Pablo Hasél por una canción, la condena a los seis antifascistas de Zaragoza, y un sinnúmero de actuaciones del aparato del Estado contra luchadoras y luchadores.
Cuando desde Vox y el PP, la prensa de derecha y desde los tribunales, se perpetró una campaña de acoso, calumnias, infamias y denuncias judiciales contra Pablo Iglesias, Irene Montero y Podemos, el PSOE no solo permaneció en silencio sino que aprovechó las circunstancias para obtener réditos políticos.
La culminación de la vomitiva complicidad del PSOE con el aparato del Estado franquista y la derecha fue la campaña contra la Ley del Solo si es si, que promovió Irene Montero y su Ministerio de Igualdad. En vez de denunciar la intolerable actitud de una gran mayoría de jueces, que decidieron anticipar la puesta en libertad de violadores como arma para desprestigiar a Montero y poner en la diana al movimiento feminista combativo, el PSOE se puso de acuerdo con el PP para despojar a la Ley de su contenido más progresista y regalar una gran victoria al entramado fascista que ocupa posiciones clave en el aparato del Estado y en los medios de comunicación.
Ahora que él aparece como blanco a abatir, intenta borrar los rastros de su actuación convocando a toda la opinión pública “progresista” contra la extrema derecha.
Que estamos en medio de una ofensiva de la extrema derecha, no solo en el Estado español sino en todo el mundo occidental, no ofrece duda alguna. Pero lo que sí es dudoso es que la extrema derecha ataque al Gobierno del PSOE-Sumar por los motivos expuestos por Sánchez en su carta.
El “avance económico” que Sánchez esgrime está beneficiando fundamentalmente a la banca y los grandes monopolios, empezando por los del Ibex, a los empresarios de todo tipo y tamaño de la hostelería, el turismo y agroalimentario, y al amplio sector de rentistas inmobiliarios. Todos ellos forman la base entusiasta del PP y Vox, y son la vanguardia de los que exigen más mano dura contra la clase trabajadora y barra libre para la explotación descarnada.
Sánchez se atreve a presentarse, en un alarde de cinismo, como un campeón de la “justicia social”, cuando la imparable subida de los alquileres y del precio de las viviendas empuja a franjas cada vez más amplios de la población trabajadora a la pobreza y al hacinamiento, una situación que se agrava día a día porque el Gobierno PSOE-Sumar mantiene una política de recortes en educación, sanidad y los servicios públicos muy parecida a la que impuso el PP en la época de Rajoy.
La base social del PP y Vox – empresarios, inversores y rentistas – constatan la debilidad de la izquierda gubernamental y se sienten con confianza para ir a por todas. Y en esta ofensiva no dudan en aprovechar el inmenso malestar social que las políticas del PSOE-Sumar despiertan en sectores populares muy golpeados por las políticas de austeridad.
A la extrema derecha se la combate con la movilización y con políticas de izquierda, no con maniobras parlamentarias
Como pilar central de los Acuerdos de la Transición y piedra angular del Régimen del 78, el PSOE ha sido el gran protagonista de las políticas de paz social, de garantizar que el aparato del Estado no se depurará de fascistas, de emplear la represión a fondo, de sostener a una monarquía corrupta, y mostrarse como una opción segura para la clase dominante española y el imperialismo estadounidense. Su ferviente otanismo y su ardor militarista, o su rechazo a romper relaciones con el sionismo genocida, son hechos incontestables.
Pero tras la crisis de 2008 y en medio de un cambio histórico en el mapa geopolítico mundial, las cosas han cambiado radicalmente. La polarización social se extiende por todo el mundo e, inevitablemente, afecta a la vida política. El análisis de los datos de los barómetros del CIS realizados por el diario Público son concluyentes: el número de personas que se ubican a sí mismas como de extrema derecha o extrema izquierda ha crecido significativamente en los últimos años, por cierto, con una clara ventaja para la extrema izquierda.
Esta polarización social y política es el telón de fondo que explica la ofensiva de la extrema derecha y la creciente debilidad del PSOE. Las pasadas elecciones en Galicia y País Vasco han sido un golpe para el PSOE y han hundido completamente a Sumar. Las elecciones catalanas, que podrían dar un impulso al sector independentista de Puigdemont, son un nuevo reto para el PSOE, que tiene que evitar a toda costa un resultado que haga peligrar sus políticas.
Para contrarrestar esta debilidad y recuperar la iniciativa, Pedro Sánchez lanza este órdago. El PSOE se salvó de una derrota en las elecciones de julio de 2023 gracias a la reacción antifascista de un importante sector de la juventud y de las mujeres, y ahora Sánchez intenta producir a través de su carta un efecto semejante.
Es imposible prever como puede acabar esta maniobra. La situación política es muy volátil y es posible que Sánchez no logre despertar la ola de solidaridad que esperaba. Además, lejos de impresionar a la extrema derecha y a la derecha, la carta de Sánchez les ha dado ánimos para reforzar su ofensiva.
Hay que decirlo claro: las denuncias de Pedro Sánchez contra la extrema derecha, por espectaculares que puedan parecer, son completamente inútiles si no apuntan a las bases de su poder. Denunciar las campañas de acoso contra la persona de Pedro Sánchez, al mismo tiempo que se sigue defendiendo a muerte el entramado heredado del franquismo, es pura hipocresía, y lejos de debilitar a la extrema derecha puede acabar dándole un empujón hacia una posición aún más agresiva.
Solo una contundente movilización de masas, con un programa de izquierda consecuente que realmente transforma las condiciones de vida de la clase trabajadora, podrá frenar la ofensiva de la extrema derecha.
