La impresionante movilización del domingo 13 de octubre en Madrid exigiendo una vivienda digna y asequible fue, ante todo, una impugnación frontal a la política del Gobierno de Pedro Sánchez. Un grito unánime resumió en esa manifestación la opinión que a millones de personas les merece las medidas aprobadas por PSOE y Sumar: “¡La Ley de Vivienda es una mierda!”.

La palabrería gubernamental sobre los “escudos sociales”, la cantinela del “nadie se va a quedar atrás”, la demagogia barata con la supuesta “congelación de desahucios”, las proclamadas “ayudas” a las y los jóvenes para conseguir vivienda, etc., ya no engañan a nadie.

¿Y qué ha hecho el Gobierno frente a esta censura inapelable a uno de los ejes centrales de su política económica y social? Reírse de nosotros e intentar tomarnos el pelo una vez más.

Al día siguiente de la manifestación, como respuesta a la indignación de los cientos de miles de manifestantes, Pedro Sánchez anunció una nueva dotación de 200 millones para el Bono Joven de Alquiler. Esos 200 millones serán un nuevo regalo a los rentistas, como lo fueron las anteriores partidas presupuestarias destinadas a este tipo de ayuda que, lejos de abaratar los alquileres, lo que han provocado ha sido una subida en una cuantía equivalente al importe de la supuesta “ayuda”.

El vínculo del PSOE con los intereses de los capitalistas y rentistas de los sectores inmobiliario y turístico, que son los grandes beneficiarios de la hasta ahora imparable escalada del precio del alquiler, es tan grande que no están dispuestos a intervenir en lo más mínimo sus actividades especulativas, ni a frenar su carrera por acumular beneficios fabulosos a costa del empobrecimiento de la gran mayoría trabajadora.

Esta política del PSOE de favorecer el enriquecimiento de especuladores y rentistas cuenta con la complicidad de Sumar en el Consejo de ministros. Las protestas de los portavoces de Sumar son solo de boquilla, un patético intento de complacer a sus votantes que carece de efecto alguno en las políticas capitalistas que el Gobierno impone cada día.

El vínculo del PSOE con los intereses de los capitalistas y rentistas es tan grande que no quieren acabar con la actividad especulativa sobre la vivienda que realizan estos parásitos y que empobrece a la mayoría de la clase trabajadora. 

Los rentistas en el punto de mira

Las cientos de miles de personas que salimos a la calle el domingo no solo apuntamos al Gobierno central y al de Ayuso. También pusimos en el punto de mira de nuestra indignación a esa capa social de rentistas que se lucran saqueando los salarios de la clase trabajadora mediante alquileres desmesurados.

Bancos, fondos de inversión, empresas de gestión de alquileres y caseros particulares son percibidos claramente como enemigos de clase y por eso la consigna “la solución es la expropiación” se extendió con fuerza a lo largo de la inmensa manifestación.

En los últimos dos años han proliferado en redes sociales todo tipo de vídeos de aspirantes a tiburones financieros que explicaban con una sonrisa de oreja a oreja como alquilando pisos se podía vivir a todo trapo y sin dar un palo al agua. Los más osados, presumían de que sus inquilinos eran quienes en realidad pagaban con sus alquileres las hipotecas de los nuevos pisos que compraban cada año.

Pero este insulto a la clase trabajadora ha encontrado finalmente la respuesta que merecía. Estos rentistas son simples parásitos, sanguijuelas que pretenden vivir a costa del trabajo ajeno sin aportar absolutamente nada a la comunidad, y así lo ve y lo expresa con contundencia cada vez más gente.

Este sector social parasitario ha sido uno de los principales beneficiados de las políticas del Gobierno central y de los Gobiernos autonómicos. En la Comunidad de Madrid, los rentistas que se lucran con pisos turísticos, con el alquiler de habitaciones o de tugurios que no reúnen las mínimas condiciones de habitabilidad, son una parte importante de los fans incondicionales de Ayuso y de Vox que, bajo la mirada tolerante del Gobierno estatal, les favorecen con sus medidas y hacen la vista gorda al cúmulo de irregularidades que comenten cada día.

Frente a esos parásitos debemos reivindicar con fuerza que la única forma de garantizar una vivienda digna y asequible a todos los que la necesitan es mediante la constitución de un parque de vivienda pública de alquiler social, y controlada por los sindicatos de inquilinos e inquilinas, es decir, por los propios afectados.

Este parque tiene que nutrirse, en primer lugar, con las viviendas que hoy son propiedad de bancos, sociedades de inversión y caseros rentistas. ¡Ya han saqueado nuestros bolsillos durante demasiado tiempo y ha llegado el momento de que la vivienda deje de ser pasto de la especulación y sea un derecho efectivo!

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Frente a los rentistas parásitos, la única forma de garantizar una vivienda digna y asequible a todos los que la necesitan es constituyendo de un parque de vivienda pública de alquiler social, controlado por los propios afectados. 

¡Hay que avanzar con paso firme hacia la huelga de alquileres!

La enorme fuerza del movimiento de inquilinas quedó demostrada no solo por la asistencia masiva a la manifestación, sino por las reacciones de los medios de comunicación capitalistas. Editoriales de prensa, tertulias, secciones especiales dedicadas en los medios, etc., reflejan el temor de la clase dominante a que la vivienda sea el desencadenante de un nuevo 15-M y de que, en esta segunda oleada, las movilizaciones sean mucho más contundentes.

Entre los manifestantes del domingo se palpaba un sentimiento de que esto solo ha sido el principio. Ahora es necesario ampliar y reforzar el movimiento y preparar el próximo paso de esta batalla, apuntando al corazón mismo del enriquecimiento parasitario de los rentistas con una gran huelga de alquileres.

Hace apenas unas semanas la idea de la huelga de alquileres parecía un sueño inalcanzable. Pero tras el domingo las cosas han cambiado radicalmente. La entrevista televisiva al presidente de Alquiler Seguro, una empresa de gestión de alquileres que garantiza a los caseros el cobro de sus rentas en toda circunstancia, y sus balbuceos ante la pregunta de cuánto tiempo soportaría su empresa una huelga de alquileres, son toda una demostración de la efectividad de esta herramienta de lucha.

Los comentaristas de la derecha y los portavoces oficiales u oficiosos de los rentistas han iniciado ya una campaña de miedo y amenazas, presentando un negro horizonte de desahucios masivos, de retirada de millones de viviendas del mercado de alquiler, de embargos de cuentas bancarias y de vehículos, y todo tipo de plagas bíblicas que caerían implacablemente sobre las cabezas de quién participase en esta huelga.

Toda esta palabrería es la viva expresión del pánico que les provoca la idea de que las personas inquilinas nos alcemos y pongamos fin a tantos y tantos años de abuso y latrocinio.

Una persona aislada que deja de pagar el alquiler puede ser impotente frente a la maquinaria judicial y represiva que el Estado pone al servicio de los rentistas. Pero un impago de decenas de miles -y no digamos ya de cientos de miles- es algo muy distinto.

Quienes tendrían un problema gravísimo el primer mes de huelga serían empresas como Alquiler Seguro, que se verían abocados a la suspensión de pagos. Todos los rentistas que operan con crédito hipotecario, y todos aquellos que viven de las rentas sin otro tipo de trabajo, se verían forzados a ceder, y ni el Gobierno central, ni los Gobiernos autonómicos podrían hacer nada para impedirlo.

En el Estado español contamos con un importante precedente, la huelga de alquileres de Barcelona que se desarrolló entre finales de 1930 y septiembre-octubre de 1931. La presión económica sobre los caseros fue de tal magnitud, que en muy pocas semanas empezaron a ofrecer considerables rebajas de alquileres, reparación de viviendas deterioradas, etc.

Las claves para el éxito de este movimiento residen en la construcción del sindicato de inquilinas e inquilinos en todos los barrios, y en la movilización de todos los colectivos y organizaciones de la clase trabajadora para dar todo el apoyo necesario a esta huelga.

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Una huelga de alquileres es un arma poderosa. Una persona aislada que deja de pagar el alquiler puede ser impotente frente a la maquinaria judicial y represiva al servicio de los rentistas. Otra cosa es que de decenas o cientos de miles de inquilinos dejen de pagar. 

El problema de la vivienda es un problema de toda la clase trabajadora y todo el movimiento obrero organizado debe implicarse en el apoyo e impulso de esta huelga.

Tenemos la fuerza necesaria para vencer esta batalla. La clase y la juventud trabajadora llevamos muchos años ya perdiendo derechos y sufriendo un continuo deterioro de nuestras condiciones de trabajo y de vida. ¡Es el momento de ponernos en pie y ganar el derecho a una vivienda digna fuera de las garras de los caseros rentistas!

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