El domingo de 17 de noviembre miles de personas llenaron las calles de las principales ciudades andaluzas en defensa de la sanidad pública. Antes, el pasado 9 de noviembre una marea de jóvenes, trabajadores y trabajadoras inundamos las avenidas de Málaga, Sevilla y Cádiz, para exigir que parásitos especuladores dejen de pisotear nuestro derecho a una vivienda digna. Siguiendo el camino de ciudades como Madrid o Barcelona pegamos un puñetazo en la mesa para señalar a los bancos, los fondos buitres y los caseros rentistas que se enriquecen a costa de alquileres abusivos.
El Partido Popular, el gran garante de los beneficios empresariales, ha dejado claro su firme compromiso para mantener los enormes ingresos que las grandes empresas obtienen a costa de la privatización de la sanidad y de los servicios públicos en general.
En el caso concreto de la vivienda, el Gobierno de Moreno Bonilla actúa sin ningún disimulo en beneficio de los caseros rentistas que se enriquecen a costa de asfixiar a las familias trabajadoras. Según idealista, el precio del alquiler alcanzó su máximo histórico en febrero de este año. Ahora en septiembre la subida interanual de los alquileres supera el 10% en ciudades como Sevilla o Málaga.
Respecto a los servicios públicos en general el PP andaluz los desmantela y los sirve en bandeja a empresas y grupos de inversión, pero, como en estas movilizaciones hemos dejado claro, la política del Gobierno central es también parte del problema. No mueve ni un dedo para frenar el deterioro de la sanidad o la educación públicas y en lo referente a la política de vivienda la única medida firme que plantea es la de seguir regalando millones a los caseros rentistas. De hecho una de las consignas más coreadas el pasado 9 de noviembre fue ¡la ley de vivienda es una mierda!!
Servicios públicos desmantelados
Dentro de un mes se cumplirán 6 años desde la llegada del PP a la Junta de Andalucía. Juanma Moreno dista mucho de ser ese hombre responsable y mucho más moderado que su colega Ayuso, que nos presentan los dirigentes de CCOO y UGT y la izquierda parlamentaria.
Desde que llegó a la Junta, el Partido Popular ha pisado el acelerador en el camino de desmantelar de los servicios públicos. Con la sanidad y la educación públicas como objetivos centrales en su punto de mira.
El Gobierno del PP andaluz ha suprimido 2.600 aulas públicas desde 2018 y tan solo este curso ha cerrado 6 colegios públicos enteros. Todos los planes de infraestructuras educativas aprobados estos años han sido un fraude y ninguno ha llegado a culminarse. La gestión de Juanma Moreno se traduce en colegios e institutos abandonados y destrozados y unas ratio que no dejan de subir. La consejera de Educación miente hablado de bajada del número de alumnos por clase. La realidad es que hay aproximadamente 3.500 unidades educativas que superan la ratio legalmente establecida y el 95% de los profesores afirma “no poder prestar una atención individualizada y de calidad a su alumnado”[1]. A todo esto se suman las plazas docentes vacantes que no se cubren, la precariedad, el desprecio hacia la atención a la diversidad y la continua subida de los precios de los comedores escolares (casi un 20% más desde 2022).
Como ya hemos señalado, la sanidad también ha sido víctima de esta ofensiva contra los servicios públicos en Andalucía. El gasto por habitante en 2023 fue el más bajo del Estado español (1.600 euros). Cada vez más municipios denuncian el cierre de las urgencias en ambulatorios y hospitales. Además, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha dado un impulso en la degradación de las condiciones laborales del personal sanitario. Por ejemplo, en el sector de enfermería debido a los bajos salarios y la temporalidad, se han registrado 588 bajas por traslado en 2024 que se suman a las 1.151 de 2023. Este deterioro está siendo el motor de las enormes movilizaciones que hemos visto en todas las capitales de provincia andaluzas y de las decenas de concentraciones y manifestaciones celebradas en multitud de pueblos.
Estos recortes han venido acompañados de una privatización de los servicios públicos que no conoce precedentes. No es nada extraño si tenemos en cuenta los claros vínculos del PP con los empresarios que se enriquecen convirtiendo derechos sociales en mercancías con las que poder forrarse. Casos como el exviceconsejero de Sanidad, que tras haber adjudicado contratos a la aseguradora privada Asisa por valor de 44 millones de euros, fue fichado por esta empresa son muy comunes en la cúpula del Gobierno andaluz. En esta “operación” en concreto, el escándalo fue tan grande y descarado que la contratación tuvo que ser paralizada.
El trasvase de recursos públicos a manos privadas a través de los distintos servicios públicos que el PP andaluz está llevando a cabo está alcanzando niveles históricos provocando un crecimiento exponencial de la oferta privada. En el caso concreto de la educación, por ejemplo, en 6 años Andalucía ha pasado de tener 1 a 5 universidades privadas y la FP privada ¡ha duplicado los alumnos matriculados llegando a ser 41.000 en 2024!
Desigualdad y pobreza
Andalucía, donde se encuentran 10 de los 15 barrios más pobres del Estado español, sigue encabezando los rankings de pobreza y exclusión social. Una de cada cuatro personas en la Comunidad andaluza está en riesgo de pobreza y de estas casi un millón se encuentran en riesgo de pobreza severa. Según el informe sobre el Estado de la Pobreza en Andalucía (2023), la renta media por persona es de 10.703 €, más de 2.300 € inferior a la renta media nacional.
Esta realidad se encuentra muy lejos de haber sido paliada por el llamado “escudo social” del que tanto nos habla el Gobierno central. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en Andalucía tan solo el 14,43% de las personas bajo el umbral de la pobreza recibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Este mismo informe señalaba que "el laberinto burocrático diseñado para acceder al IMV ha hecho, en la mayor crisis social de la historia, que miles de personas en situación de vulnerabilidad pasen meses de su vida sufriendo momentos de gran precariedad"[2].
Todos estos datos son el producto de décadas de dominación férrea de los capitalistas y los terratenientes en la comunidad andaluza, que los muchos años de gobierno del PSOE han mantenido y reforzado. Ahora el PP, con el apoyo de VOX, profundiza los recortes sociales y la privatización, multiplicando los efectos devastadores en las condiciones de vida de la clase trabajadora y la juventud.
Podemos derrotar al PP con una izquierda combativa
Desde que el Partido Popular llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía hemos visto en numerosas ocasiones muestras de la gran voluntad de la clase trabajadora y la juventud para echarles del gobierno de la Comunidad. Al día siguiente de la constitución del primer Ejecutivo del PP, miles de jóvenes y trabajadores llenamos las calles de las 8 provincias en unas movilizaciones antifascistas históricas.
La lucha en defensa de la sanidad pública ha golpeado muy duramente al PP como vimos en marzo del año pasado, y con las movilizaciones de la Marea Verde y la huelga educativa del 14 de mayo.
Ante este empuje protagonizado por decenas de miles de trabajadores de la sanidad o la educación, las cúpulas sindicales en vez organizar la lucha para aglutinar cada vez más fuerza incorporando a nuevos sectores, han dedicado todos sus esfuerzos a llegar a acuerdos con la Junta de Andalucía con el objetivo de frenar la movilización.
La izquierda parlamentaria también enmudece a la hora de pasar de las palabras a la acción y tomar medidas concretas para frenar los ataques del Partido Popular. En el terreno de la vivienda, por ejemplo, PSOE y SUMAR denuncian las nefastas políticas del PP, pero obvian la responsabilidad que tiene el Gobierno central que ha renunciado en la práctica a combatir seriamente la especulación inmobiliaria y que presenta como su gran logro una ley de vivienda impotente ante la voracidad y la codicia de bancos, fondos de inversión y caseros rentistas. Es esta política hipócrita la mayor garantía que tiene la derecha para seguir ejecutando sus planes sin una oposición real y la que ha venido abonando su avance en el terreno electoral.
La demagogia de los Abascales y los Alvises (que conjuntamente alcanzaron en Andalucía el 17% de los votos en las elecciones europeas) tampoco se combate con la palabrería proveniente del Consejo de Ministros.
Este fracaso de la izquierda institucional vuelve a poner encima de la mesa la necesidad de construir una izquierda de combate, una alternativa militante que se base en la fuerza de los oprimidos para combatir a la extrema derecha y al capitalismo. Las movilizaciones por el derecho a la vivienda o las llevadas a cabo en defensa de la sanidad pública muestran una vez más que tenemos la fuerza para tumbar al PP y su política reaccionaria. Nuevamente hemos vuelto a comprobar el enorme potencial que tiene nuestra clase cuando se pone el movimiento.
Desde Izquierda Revolucionaria estamos decididos en construir esa alternativa ¡únete a nosotras y nosotros!
Notas:
[1]Nueve de cada diez docentes en Andalucía consideran "excesivas las ratios", según un sondeo de CSIF
[2]Solo el 20,8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza es beneficiaria del IMV.
