El Gobierno de Pedro Sánchez, enfangado por los casos de corrupción, de acoso y abuso machista dentro de su partido ha escogido para intentar salir del atolladero, la cuestión de la vivienda y así mostrar su “compromiso” con los problemas que acosan a las familias trabajadoras y su disposición a abordarlos gobernando desde la izquierda.
Esa es la idea principal que recorre la presentación de Casa 47 —la empresa estatal que sustituirá al actual SEPES (Entidad Pública Estatal del Suelo) — y mediante la cual promete promover una política de vivienda pública y alquiler social que terminará—dicen—con los problemas para acceder a una vivienda digna. El propio nombre es ya es todo un gesto. El artículo 47 de la Constitución es el que recoge el acceso a la vivienda como un derecho fundamental.
Realidad vs propaganda en Casa 47
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, calificaba hace unos días la puesta en marcha de Casa 47 como “un paso de gigante en la consolidación del Estado de Bienestar”. Entre las medidas más importantes que recoge este plan destacaba las siguientes[1]: invertir 100 millones de euros para sumar más viviendas al parque público que gestionará esta empresa pública; contratos de arrendamiento de hasta 75 años; unos requisitos económicos para favorecer a la “clase trabajadora y a los jóvenes”; o alquileres que no superen el 30% de la renta media. Sobre todo destacaba la ministra un firme compromiso con lo público que permita al Estado intervenir el mercado de la vivienda.
Para empezar estos titulares tan prometedores contrastan, cuando los focos de televisión se encuentran lejos, con la práctica cotidiana de su ministerio que no impide, ni pone trabas a que los fondos de inversión compren vivienda pública, o se mantiene impasible ante los muchos negocietes que genera el especular con este bien básico.
Pero vayamos al contenido concreto de Casa 47. Una de las medidas estrella anunciadas con su lanzamiento es que cerca de 40.000 viviendas que actualmente están en manos de la Sareb (el llamado banco malo)[2] pasarán a manos de Casa 47 para formar parte del parque público de vivienda y ser dedicadas al alquiler público. Para ello[3] el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los fondos de inversión Blackstone e Hipoges, actuales gestores de la cartera de viviendas de la Sareb y que venían cobrando por contrato comisiones de éxito por cada piso vendido. Para que ambos puedan seguir beneficiándose estos fondos buitre mantendrán la comisión por venta de los pisos que permanezcan en manos del banco malo, pero además cobrarán una prima de adecuación por reformar esas 40.000 viviendas. Esa labor incluirá la necesidad de recuperar todos los pisos ocupados “ilegalmente”, unos 3.300 aproximadamente, en tiempo récord. ¡El Ministerio de Vivienda tiene subcontratados a fondos buitre como empresas de desocupación! ¡Para echarse a temblar!
Poner en alquiler social los pisos de la Sareb es una demanda reclamada desde hace mucho, pero hacerlo de la mano de estos fondos de inversión que han ejecutado miles de desahucios, perseguido y acosado a familias en situaciones críticas, es una cruel tomadura de pelo.
¿Qué tienen estas medidas de política social y de izquierdas en favor de la vivienda pública? Absolutamente nada.
Según las estimaciones de la consultora Atlas Real Estate Analytics[4] en España hacen falta 3.505.179 viviendas a precio asequible para garantizar que se equilibra el mercado inmobiliario y que el porcentaje de ingresos que destinan los hogares al pago de la vivienda no supere el 30%.
Con estos datos en la mano el Gobierno prevé dedicar ahora la ridícula cifra de 100 millones de euros para construir vivienda pública y pretende arrancar Casa 47 con el lanzamiento de ¡171 viviendas[5]! Sí, sí, con las necesidades existentes parece de chiste de mal gusto, pero es real: 67 en Vigo, 67 en la zona afectada por la DANA en Valencia y 37 en Mieres (Asturias). ¡Menudo estreno!
Por cierto, construcciones que las realizarán empresas privadas que cobrarán y se lucrarán con dinero público.
Por otro lado no existen más planes concretos para seguir incrementado el parque público de vivienda más allá de nebulosas declaraciones de intenciones. Por ejemplo, a Casa47 se le han cedido también 2.400 suelos, con capacidad para albergar otras 55.000 viviendas, ¿se van a construir esos inmuebles? ¿Hay alguna partida presupuestaria aprobada para hacerlos realidad? ¿Algún plazo decidido? Ni una palabra concreta al respecto.
Respecto a los criterios para acceder a las viviendas, el Ministerio de Vivienda asegura que el 60% de la población española podrá optar a los pisos de la nueva entidad, ya que habrá distintas tipologías destinadas a familias con ingresos entre dos y 7,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) —actualmente entre 16.800 y 63.000 euros anuales—.
Aparte de dejar fuera a todas las personas migrantes en situación irregular y a todas las que tienen ingresos inferiores —toda una declaración política—, el punto central es que las cifran de viviendas existentes y de inversión planificada también van a dejar fuera a la inmensa mayoría de las personas que lo soliciten, aun cumpliendo los criterios. Es imposible satisfacer la necesidad de viviendas sociales con un parque de vivienda pública tan miserable como el que existe en el Estado español y que no va a cambiar sustancialmente con estos planes. Una empresa pública de vivienda que apenas cuenta con viviendas tiene unas limitaciones más que evidentes.
No se puede resolver la crisis de la vivienda sin tocar a los caseros rentistas y a los grandes propietarios
¿Qué va a hacer el Gobierno con los caseros rentistas, los fondos buitre y los grandes propietarios en general, estos que especulan con la vivienda, controlan el mercado, y mantienen estos estratosféricos precios? ¿Qué va a hacer con los 3,8 millones de viviendas que siguen vacías porque para gran parte de sus propietarios eso es más rentable al contribuir a mantener alto los precios de los alquileres? ¿Van a acabar con la proliferación de pisos turísticos?
Ni Sánchez ni la ministra hacen la más mínima mención a estos puntos. Sencillamente no tienen ninguna intención de meter mano a un negocio parásito que tantas fortunas está engordando mientras castiga como nunca a las familias trabajadoras y a los jóvenes.
Mientras los especuladores siguen haciendo su agosto. El Sindicato de Inquilinos denuncia que se están vendiendo pisos de titularidad pública a empresas especuladoras, como la que controla un personaje como el arquitecto de la Gürtel, Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba[6], expulsando a las familias trabajadoras que viven en ellos.
Por otro lado, la llegada de 2026 puede suponer una auténtica tragedia para millones de jóvenes y familias trabajadoras que viven de alquiler o que están en riesgo de ser desahuciadas, sin que el Ministerio de Vivienda haya dado ningún tipo de respuesta. El 31 de diciembre vence la moratoria de los desahucios que se aprobó durante la pandemia, 60.000 familias siguen sin saber que será de ellos. Además, según las últimas estimaciones del Ministerio de Consumo, hasta 632.369 contratos, firmados en los meses posteriores a la pandemia, llegan a término el año que viene. Un vencimiento que podría dejar sin casa, expuestos a la imparable subida de los precios y al endurecimiento de las condiciones del mercado, a por lo menos 1,6 millones de personas en toda España. El PSOE mantiene un calculado silencio al respecto, mientras Sumar se limita a pedir a su socio de Gobierno, en los despachos y ruedas de prensa, la prórroga de los contratos de alquiler y de la moratoria “antidesahucios”. Una vez más los hechos contradicen la propaganda y palabrería hueca.
La situación ha llegado a un punto absolutamente crítico. Los datos sobre cómo la combinación mortal entre inflación, subida meteórica de los alquileres y salarios devorados por ambos están provocando un empobrecimiento salvaje, son escalofriantes.
En 2008, cuando estalló la anterior burbuja, un joven ganaba el doble de lo que costaba alquilar una vivienda. Hoy, como explica el periodista Javier Gil en El País[7], tendría que destinar el 92% de su salario para emanciparse. La consecuencia inmediata es que en la actualidad, 3 de cada cuatro jóvenes con empleo siguen atrapados en casa de sus padres.
Y ni hablar de la compra: si en 1987, bastaban tres años de salario para comprar una vivienda, ahora, los jóvenes necesitarían el equivalente a 14 años de sueldo.
Nada de esto va a cambiar con Casa 47.
Para acabar con la pesadilla que hoy supone para millones de familias trabajadoras y para la juventud el acceso a una vivienda digna, para acabar con los desahucios, los precios desorbitados y las condiciones abusivas que marcan los caseros rentistas y los grandes propietarios, hay que tomar medidas que vayan al fondo de la cuestión y enfrentarse a especuladores y rentistas.
Es necesario expropiar sin indemnización las viviendas en manos de bancos, fondos buitre, especuladores y caseros rentistas; crear con ellas y con las de la Sareb un parque de viviendas 100% público, bajo control de asociaciones de inquilinos, colectivos de la vivienda y sindicatos — y no de fondos buitre— poniéndolas en alquileres con mensualidades que no sobrepasen el 10% del SMI; hay que blindar la propiedad pública de esas viviendas para ponerlas a salvo de los especuladores; establecer un tope inflexible a los alquileres e imponer duras sanciones a los caseros que lo infrinjan, que tengan viviendas vacías o trafiquen de cualquier forma con el derecho a la vivienda; también se debe establecer la prohibición real de los desahucios por ley, y del alquiler turístico en zonas con déficit habitacional; hay que crear una constructora 100% pública para adecuar y reformar las viviendas que lo necesiten y construir las necesarias para cubrir la demanda.
El requisito imprescindible para hacer realidad todas estas medidas pasa por la lucha en la calle. Hay que continuar con el movimiento de masas que ya emprendimos hace un año y darle continuidad en un calendario de movilizaciones ascendente reivindicando este programa. Solo así podremos conseguir garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio. Solo valiéndonos de nuestras propias fuerzas, que son muchas, lo vamos a lograr.
Notas:
[1] CASA47 - ENTIDAD ESTATAL DE VIVIENDA
[2]El Sareb se creó para limpiar los balances de la banca, ha supuesto una enorme carga financiera para el Estado, que ha asumido una deuda masiva y se encarga de gestionar los activos restantes y las pérdidas, con una factura final para los contribuyentes que superará con creces los 35.000 millones de euros.
[3] Sareb aprueba su último plan estratégico antes de la liquidación
[4] España necesita 3,5 millones de viviendas asequibles para equilibrar el mercado inmobiliario
[5] Arranca Casa 47 con el lanzamiento de 171 viviendas de alquiler asequible antes de Navidad: precios y dónde se ubicarán
[6] El Sindicato de Inquilinos expone al Gobierno por querer desahuciar a 28 familias y vender las viviendas al arquitecto de la Gürtel
[7] El problema de la desigualdad: ¿brecha generacional o de clase?
