Astilleros Juliana (Asturias): el fiasco de la privatización

Recientemente saltaba la alarma sobre la situación del astillero Juliana (la antigua Izar Gijón). Su flamante propietario, dueño de Factorías Vulcano (que compró el astillero por dos millones y medio de euros), pedía a la SEPI que suscribiera un préstamo participativo por valor de 16 millones de euros para hacer frente a las pérdidas en 2007 y las que prevén para 2008. Asimismo manifestó que no tenía fondos para realizar las inversiones que comprometió cuando compró el astillero y que no podría acometerlas a menos que se le dieran ayudas públicas. A menos de año y medio desde que se privatizara hay, en boca de Pedro Lorca, responsable estatal del sector naval de CCOO, "una situación de quiebra a corto plazo y alguien tendrá que hacer algo" (La Nueva España, 15 de mayo de 2008).

Hay que recordar que la situación actual es, ni más ni menos, la que podía preverse cuando los dirigentes de las federaciones correspondientes de CCOO y UGT renunciaron a dar una batalla hasta el final para evitar la privatización y aceptaron un acuerdo que comprometía, en la práctica, la viabilidad futura de los astilleros y debilitaba la capacidad de presión de los trabajadores, al continuar aceptando reducción de plantilla.
Pese a las movilizaciones y a la voluntad de lucha de la mayoría de los trabajadores, en ningún momento se elaboró un plan de movilizaciones que realmente aprovechara la inmensa fuerza de un sector con grandes tradiciones sindicales y un peso indudable entre la clase obrera. Lejos de eso, fueron aceptando una tras otra las condiciones que les iban poniendo sobre la mesa. En un artículo publicado en El Militante de enero de 2006 señalábamos: "Los dirigentes sindicales presentan como una victoria que las factorías a privatizar se mantengan en un bloque, pero esto es simplemente ganar algo de tiempo porque no resuelve el problema de fondo. Basta que nadie quiera comprar las factorías en esas condiciones para que dentro de unos meses haya un nuevo chantaje: o privatización por separado, o el fin para todas. El resultado es fácil de prever: los dirigentes sindicales volverán a hacer gala de su "responsabilidad".
Tan sólo seis meses después decíamos: "De nuevo los trabajadores de astilleros vuelven a la lucha, esta vez con la exigencia de que se cumplan los últimos acuerdos. No solamente la SEPI se niega a cumplir la mayoría de los puntos acordados, sino que, como también señalábamos, desde las federaciones sindicales se acepta en un primer momento la venta por separado, que en la práctica implica, más pronto que tarde, el desmantelamiento de estos astilleros. Y, por supuesto, frente a la negativa de los trabajadores de tragar esta nueva medicina, la amenaza del cierre de todas las factorías, con la consabida excusa de las exigencias de Europa. Los intereses para doblar el espinazo de los trabajadores son poderosos: desde la necesidad de desmantelar a medio plazo la industria naval tal y como la conocemos, pasando por el deseo empresarial de precarizar el empleo y terminar con el modelo laboral imperante, hasta los chanchullos inmobiliarios que se pretenden realizar con los terrenos donde se ubican los astilleros" (El Militante, junio de 2006).
En aquel momento, de nuevo las Federaciones de CCOO y UGT defendieron a capa y espada las bondades del acuerdo, y se llegó a decir que los trabajadores se oponían al mismo porque "no lo habían entendido". A la luz de la actual situación, quizás deberían hacer un ejercicio de autocrítica y reconocer que la oposición al acuerdo estaba sobradamente justificada.

Situación crítica

A fecha de hoy, la situación del sector naval, al menos en Asturias, es crítica. En el caso de Juliana, el balance que presenta la gestión privada en este año y medio es desolador: de 413 trabajadores de plantilla en julio de 2004 se ha pasado a poco menos de 150. El porcentaje de subcontratación, y por consiguiente, el aumento de la precariedad en el empleo ha aumentado al mismo ritmo en que disminuía el trabajo fijo. Más de una veintena de subcontratas realizan todo tipo de tareas (tubería, ajuste, calderería, soldadura, mantenimiento...). De un astillero que históricamente presentó cuentas positivas (salvo excepciones coyunturales) se ha pasado a unas pérdidas que la empresa cifraba en unos 22 millones de euros. Los impagos a proveedores han provocado ya que en una subcontrata, Maymo, los trabajadores tuvieran que efectuar paros para exigir el cobro de sus salarios.
Lógicamente, la preocupación entre los trabajadores está más que justificada. Desde el comité de empresa se ha solicitado a las Federaciones, la SEPI y la empresa la constitución de una comisión de seguimiento. Se reclama la elaboración de un plan industrial y de inversión que ofrezca garantías sólidas para la continuidad de la actividad. El plan presentado por la empresa es "un plan virtual, donde no hay ningún barco contratado y para el cual se pretende que ponga dinero el gobierno central, el principado, industria, todos menos la empresa", nos comenta la secretaria del Comité. La valoración que hacen de la privatización es textualmente "pésima".
"Al final se vendió la empresa a un individuo cuya intención no es mantener el astillero, sino quizás especular con los terrenos, que en cinco años serán de su propiedad y que probablemente esté aprovechando mientras tanto para sanear Vulcano a costa de pedir subvenciones para Juliana" nos indica el presidente del comité de empresa. "Aquí, o viene un empresario de verdad, que invierta o vamos a reclamar volver a la SEPI".

‘Un empresario de verdad'

La cuestión es comprender que un "empresario de verdad" es, ni más ni menos, que el actual propietario. Es decir, un elemento que se mueve teniendo en cuenta exclusivamente los beneficios que puede obtener, sin importarle lo más mínimo los puestos de trabajo ni la realidad social de una comarca. Si es más rentable a corto plazo vender los terrenos, no nos cabe ninguna duda de sus intenciones. El mito de la gestión privada, que impulsa empresas rentables y modernas no se sostiene en ningún lado y tampoco en Juliana.
Por otro lado, la búsqueda del "empresario de verdad" fue también la cantinela que durante más de dos décadas se escuchó en Naval Gijón, por ser la "única solución realista". La "realidad" es que hoy Naval Gijón agoniza, sin ninguna garantía de futuro a la vista para la plantilla y, mucho menos, para los cientos de trabajadores subcontratados que dependen del astillero.
Y esto sucede en un momento tremendamente favorable para la construcción naval en todo el mundo, es decir, la crisis del sector naval no es fruto de una situación en la que no se estén demandando barcos, sino el resultado de una táctica sindical completamente errada. Como tantas veces hemos señalado, la aceptación del mal menor lleva a una dinámica descendente, en la que, en la mayoría de las ocasiones, el final es el cierre de la empresa.
Por eso, la posibilidad, apuntada desde el comité de empresa, de reclamar la nacionalización nuevamente de Juliana, es la única opción que abre una perspectiva de futuro. La existencia de un sector público y otro privado perjudica a los trabajadores, y los pone a merced del empresario que reclamará mayor "competitividad" para lograr carga de trabajo (y todos sabemos lo que eso significa). Es probable que se presenten nuevas soluciones de financiación, etc., que den un nuevo respiro, pero el propio ejemplo de Naval nos enseña que sólo será un parche temporal.
Por el contrario, una empresa pública, que garantice las imprescindibles inversiones que necesita la construcción naval, que promueva el empleo estable con una plantilla suficiente y que revierta los beneficios de nuevo a toda la sociedad es la única solución "realista" para los trabajadores. Por eso el vital que el comité de empresa exija la nacionalización de la empresa bajo control de los trabajadores.