La reforma fiscal del gobierno ha sido precedida por un discurso izquierdista por parte de Zapatero y de otros miembros de la dirección del PSOE. Se aseguraba que la subida de impuestos iba a afectar a las rentas más altas, pero finalmente esto no ha sido así. El gobierno habla de solidaridad y de la necesidad de que se haga un esfuerzo "por parte de todos" pero hay que decir claramente que los únicos sacrificios reales son los que se está imponiendo a los trabajadores. Las grandes fortunas, la Banca y los empresarios salen intactos de la mayor reforma fiscal de los últimos años.
Las medidas fiscales
Un alto porcentaje de los 11.000 millones de euros extras que el gobierno pretende recaudar los próximos dos años con las modificaciones en el IRPF recaerán sobre los que ganan entre 1.000 y 2.000 euros al mes. Por ejemplo, de los 5.000 millones extras que el Estado tiene previsto ingresar por la supresión de la deducción de los 400 euros, más de 3.000 millones recaerán sobre esta franja de renta que hemos señalado. De los 6.000 millones estimados por la subida del IRPF por los tramos (A+B), más de 3.000 recaerá sobre los mileuristas o dosmileuristas. En contraste, la estimación del impacto sobre las rentas del capital es de un incremento de poco más de 1.000 millones.
Por otra parte, el gobierno quiere recaudar otros 5.000 millones con el incremento del IVA. Es verdad que los llamados "productos de primera necesidad" seguirán gravados con el 4%, pero en este capítulo están incluidos sólo una parte de lo que realmente son productos consumidos por las familias trabajadoras. La subida del tipo general del 16% al 18% implicará un aumento de precios que afectará proporcionalmente mucho más a los asalariados que a los que viven de las rentas del capital. A todo esto hay que sumar más impuestos de tipo indirecto que se aprobaron recientemente, como la subida al tabaco o la luz.
Las empresas tendrán su premio con una reducción del 25% al 20% en el Impuesto de Sociedades. Y las SICAV, entidades utilizadas profusamente por las grandes fortunas para evadir el fisco, seguirán siendo tratadas con un ofensivo 1%. El gobierno argumenta que cuando los inversores retiren sus beneficios particulares de las SICAV, estos serán gravados con la subida de los tipos sobre las rentas del capital en el IRPF. Sin embargo, es un truco generalizado de los ricos no retirar su dinero de estos fondos como beneficios sino como "reducción del capital", por lo que al final esta operación sigue siendo gravada con un porcentaje irrisorio.
En cuanto a las prestaciones sociales, es importante analizar el impacto real que están teniendo medidas como los 420 euros para los parados que se han quedado sin prestación. A principios de octubre tan sólo 52.000 personas habían solicitado esta prestación. Existen rigurosos requisitos para poder acceder a estos 420 euros: no lo percibirán parados que se hayan quedado sin prestación antes del 1 de enero; no se está protegiendo a los desempleados en general sino sólo a aquellos que estuviesen disfrutando de la prestación de desempleo contributiva, con lo cual aquellos que no hayan cotizado más de 360 días quedan fuera automáticamente; el promedio de la unidad familiar no puede superar unas rentas inferiores al 75% del SMI; se priva del subsidio a los mayores de 52 años así como a los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad.
Algo más que una crisis cíclica
Por otro lado, las medidas fiscales del gobierno y otras relacionadas con los presupuestos de 2010, han suscitado un debate sobre su incidencia general en la economía y los efectos que puedan tener en relación a la crisis. De hecho, en la medida que la presión fiscal recae fundamentalmente sobre los asalariados, los efectos negativos de estas medidas sobre el consumo serán inevitables. El 60% de la economía española depende del consumo familiar y éste sigue deslizándose por una pendiente desde hace un año, espoleado por el creciente desempleo, el excesivo endeudamiento y la incertidumbre sobre el futuro.
También está prevista una reducción significativa de los fondos de inversión municipal y estatal, que pasan de más de 10.000 millones de euros en 2009, a 5.000 millones en 2010. Si bien estas medidas han demostrado una eficacia extremadamente limitada como paliativo de los efectos sociales de la crisis y nulas en cuando a su capacidad para revertir la dinámica depresiva de la economía, un recorte incidirá en todo caso de forma negativa.
Mientras que en la mayoría de los países capitalistas desarrollados se prevé mantener los "estímulos" a la economía en 2010, por el temor a que una retirada precipitada de este tipo de medidas provoque una profundización todavía mayor de la crisis, en el caso del Estado español, el gobierno va a reducir en dos tercios los incentivos fiscales "anti-crisis"1. Tratándose de una de las economías más profundamente afectada por la crisis esta reducción tiene una gran importancia sintomática. La explicación reside precisamente en que la economía española es uno de los eslabones débiles de la economía mundial. Tiene por lo tanto un menor margen de maniobra para prolongar este tipo de medidas. Este menor margen de maniobra acelera, precipita, la confrontación de intereses entre las clases.
El Estado puede gastar más recurriendo a un mayor endeudamiento, pero existe el peligro de que un excesivo endeudamiento público implique un encarecimiento descontrolado del coste de la deuda en un futuro a medio y, quizás, no tan medio plazo. En la crisis de 1994 los tipos de interés estaban a un nivel muy alto pero tendieron a bajar, permitiendo que la carga presupuestaria de los intereses de la deuda fuera bajando. La crisis actual, en cambio, se produce en un contexto de bajísimos tipos, lo que quiere decir que la tendencia futura, en todo caso, será al alza. Muchos analistas hablan de una posible "burbuja especulativa de la deuda" debido a la necesidad de los Estados de financiar una deuda galopante. La deuda pública española en relación al PIB ha sufrido un acelerón histórico: de 37% en 2008 al 53,4% en 2009, con una previsión del 62,5% en 2010. La deuda se va a duplicar en tres años. En la medida que la economía española es más débil, el coste financiero de la deuda puede ser relativamente más alto, lastrando la competitividad. La vía del endeudamiento desbocado no les gusta a los capitalistas.
Equilibrismo imposible
Como señalábamos en el anterior editorial, el gobierno de Zapatero está intentando equilibrarse entre dos polos contrapuestos: la clase obrera, que es su base electoral y es la que sufre las consecuencias de la crisis, y la burguesía, que exige evidentemente medidas favorables a sus intereses. Pero este equilibrio no es posible mantenerlo durante un tiempo prolongado. Los límites de este equilibrio se expresa en el abismo creciente que separa el lenguaje que utiliza Zapatero y su política económica real, que tiene como criterio central preservar la estabilidad del sistema capitalista.
Pero incluso esta política económica está entrando ya en un impás. En la medida que ha quedado claro que la crisis no ha sido un simple cambio de ciclo coyuntural sino un cambio de tendencia mucho más profundo y prolongado en el tiempo esta política está siendo cuestionada por los propios capitalistas, que necesitan con urgencia medidas de tipo "estructural", para preservar sus beneficios y sus posiciones a medio y largo plazo en el mercado mundial. De ahí que todas las críticas al gobierno por parte de la derecha y de la burguesía se centren en la necesidad, no sólo de una reforma laboral, sino de contener lo que ellos llaman "gasto improductivo". Si la tarta del Estado se reduce drásticamente por la crisis, es necesario, según su punto de vista, que el Estado rompa con los compromisos adquiridos históricamente, producto de las luchas de las anteriores generaciones de la clase obrera. En concreto: recortar en sanidad pública, en educación pública, en subsidio de desempleo, en pensiones y otros "gastos automáticos" que no van a parar a los bolsillos de los capitalistas y que presionan sobre su parte de la tarta: exenciones fiscales, fondos para la Banca, inversión en sectores necesarios para su negocio aunque no rentables a corto plazo, etc... Los capitalistas no aceptan la alternativa de un endeudamiento descontrolado ni, por supuesto, que los gastos se mantengan a través de un incremento de los impuestos sobre el capital. Evidentemente, el problema económico se traslada al político: ¿Está en condiciones el PSOE de afrontar "medidas estructurales" contra su propia base social sin que esto tenga un grave coste político y lo que incluso temen aún más, sin desatar un movimiento amplio de movilizaciones de los trabajadores? ¿Qué efectos tendría una situación de confrontación social abierta en el seno de los sindicatos y en el seno del propio PSOE?
Temor al enfrentamiento social
Evidentemente, incluso estos temores no impiden que finalmente la dinámica central de la política del gobierno tienda hacia la derecha, ya que está determinada por las necesidades del sistema capitalista, frente al cual el gobierno no tiene, ni pretende, una alternativa. Pero para los trabajadores y jóvenes las dificultades y contradicciones del gobierno tiene una lectura muy importante: la clase obrera, su capacidad de respuesta, su estado de ánimo, es el principal escollo para que los capitalistas apliquen su programa en el ritmo y en la dirección exacta que ellos necesitan en estos momentos de crisis. La fuerza de la clase obrera: este es el factor principal que gravita en todas las vacilaciones, maniobras y discursos del gobierno, que a su vez provocan un creciente nerviosismo en la clase dominante. La burguesía necesita volver a las condiciones de explotación del siglo XIX, pero se enfrenta a la clase obrera del siglo XXI. La guerra está servida, aunque apenas está en sus primeros escarceos. La cuestión decisiva está en la dirección del movimiento. Si los dirigentes de CCOO y UGT adoptasen una línea dura contra los capitalistas, poniendo sobre la mesa reivindicaciones concretas para garantizar unas condiciones de vida dignas para todos, señalando el despilfarro de fuerzas humanas y de conocimiento que implica este sistema así como las escandalosas diferencias sociales que la crisis no ha hecho más que acentuar, encontrarían una adhesión inmediata de la clase obrera. Encontrarían una fuerza poderosa para obligar al gobierno a un giro total de su política. Si están evitando un giro de este tipo no es por el temor al fracaso, es porque tendrían éxito, porque desatarían fuerzas innecesarias desde el punto de vista de su estrategia actual, que es alcanzar la armonía entre capital y trabajo. Pero esta armonía es objetivamente imposible y tarde o temprano, o los dirigentes sindicales y políticos de la clase obrera cambian o serán cambiados por la fuerza de los tremendos acontecimientos futuros. Si acompañando la experiencia de nuestra clase, conseguiremos en los próximos años que las ideas y el programa del marxismo incidan de forma decisiva en sus acciones, la lucha por una sociedad socialista será victoriosa. Este es nuestro propósito.
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1. Por supuesto, en estas cifras no se cuenta las ingentes cantidades de dinero reservado a posibles desfalcos en el negocio de los banqueros que, en caso de que se produzcan quiebras importantes en el sector, se daría al traste con las ya optimistas previsiones del gobierno en cuanto a gastos e ingresos.
Las medidas fiscales
Un alto porcentaje de los 11.000 millones de euros extras que el gobierno pretende recaudar los próximos dos años con las modificaciones en el IRPF recaerán sobre los que ganan entre 1.000 y 2.000 euros al mes. Por ejemplo, de los 5.000 millones extras que el Estado tiene previsto ingresar por la supresión de la deducción de los 400 euros, más de 3.000 millones recaerán sobre esta franja de renta que hemos señalado. De los 6.000 millones estimados por la subida del IRPF por los tramos (A+B), más de 3.000 recaerá sobre los mileuristas o dosmileuristas. En contraste, la estimación del impacto sobre las rentas del capital es de un incremento de poco más de 1.000 millones.
Por otra parte, el gobierno quiere recaudar otros 5.000 millones con el incremento del IVA. Es verdad que los llamados "productos de primera necesidad" seguirán gravados con el 4%, pero en este capítulo están incluidos sólo una parte de lo que realmente son productos consumidos por las familias trabajadoras. La subida del tipo general del 16% al 18% implicará un aumento de precios que afectará proporcionalmente mucho más a los asalariados que a los que viven de las rentas del capital. A todo esto hay que sumar más impuestos de tipo indirecto que se aprobaron recientemente, como la subida al tabaco o la luz.
Las empresas tendrán su premio con una reducción del 25% al 20% en el Impuesto de Sociedades. Y las SICAV, entidades utilizadas profusamente por las grandes fortunas para evadir el fisco, seguirán siendo tratadas con un ofensivo 1%. El gobierno argumenta que cuando los inversores retiren sus beneficios particulares de las SICAV, estos serán gravados con la subida de los tipos sobre las rentas del capital en el IRPF. Sin embargo, es un truco generalizado de los ricos no retirar su dinero de estos fondos como beneficios sino como "reducción del capital", por lo que al final esta operación sigue siendo gravada con un porcentaje irrisorio.
En cuanto a las prestaciones sociales, es importante analizar el impacto real que están teniendo medidas como los 420 euros para los parados que se han quedado sin prestación. A principios de octubre tan sólo 52.000 personas habían solicitado esta prestación. Existen rigurosos requisitos para poder acceder a estos 420 euros: no lo percibirán parados que se hayan quedado sin prestación antes del 1 de enero; no se está protegiendo a los desempleados en general sino sólo a aquellos que estuviesen disfrutando de la prestación de desempleo contributiva, con lo cual aquellos que no hayan cotizado más de 360 días quedan fuera automáticamente; el promedio de la unidad familiar no puede superar unas rentas inferiores al 75% del SMI; se priva del subsidio a los mayores de 52 años así como a los trabajadores fijos discontinuos en periodos de inactividad.
Algo más que una crisis cíclica
Por otro lado, las medidas fiscales del gobierno y otras relacionadas con los presupuestos de 2010, han suscitado un debate sobre su incidencia general en la economía y los efectos que puedan tener en relación a la crisis. De hecho, en la medida que la presión fiscal recae fundamentalmente sobre los asalariados, los efectos negativos de estas medidas sobre el consumo serán inevitables. El 60% de la economía española depende del consumo familiar y éste sigue deslizándose por una pendiente desde hace un año, espoleado por el creciente desempleo, el excesivo endeudamiento y la incertidumbre sobre el futuro.
También está prevista una reducción significativa de los fondos de inversión municipal y estatal, que pasan de más de 10.000 millones de euros en 2009, a 5.000 millones en 2010. Si bien estas medidas han demostrado una eficacia extremadamente limitada como paliativo de los efectos sociales de la crisis y nulas en cuando a su capacidad para revertir la dinámica depresiva de la economía, un recorte incidirá en todo caso de forma negativa.
Mientras que en la mayoría de los países capitalistas desarrollados se prevé mantener los "estímulos" a la economía en 2010, por el temor a que una retirada precipitada de este tipo de medidas provoque una profundización todavía mayor de la crisis, en el caso del Estado español, el gobierno va a reducir en dos tercios los incentivos fiscales "anti-crisis"1. Tratándose de una de las economías más profundamente afectada por la crisis esta reducción tiene una gran importancia sintomática. La explicación reside precisamente en que la economía española es uno de los eslabones débiles de la economía mundial. Tiene por lo tanto un menor margen de maniobra para prolongar este tipo de medidas. Este menor margen de maniobra acelera, precipita, la confrontación de intereses entre las clases.
El Estado puede gastar más recurriendo a un mayor endeudamiento, pero existe el peligro de que un excesivo endeudamiento público implique un encarecimiento descontrolado del coste de la deuda en un futuro a medio y, quizás, no tan medio plazo. En la crisis de 1994 los tipos de interés estaban a un nivel muy alto pero tendieron a bajar, permitiendo que la carga presupuestaria de los intereses de la deuda fuera bajando. La crisis actual, en cambio, se produce en un contexto de bajísimos tipos, lo que quiere decir que la tendencia futura, en todo caso, será al alza. Muchos analistas hablan de una posible "burbuja especulativa de la deuda" debido a la necesidad de los Estados de financiar una deuda galopante. La deuda pública española en relación al PIB ha sufrido un acelerón histórico: de 37% en 2008 al 53,4% en 2009, con una previsión del 62,5% en 2010. La deuda se va a duplicar en tres años. En la medida que la economía española es más débil, el coste financiero de la deuda puede ser relativamente más alto, lastrando la competitividad. La vía del endeudamiento desbocado no les gusta a los capitalistas.
Equilibrismo imposible
Como señalábamos en el anterior editorial, el gobierno de Zapatero está intentando equilibrarse entre dos polos contrapuestos: la clase obrera, que es su base electoral y es la que sufre las consecuencias de la crisis, y la burguesía, que exige evidentemente medidas favorables a sus intereses. Pero este equilibrio no es posible mantenerlo durante un tiempo prolongado. Los límites de este equilibrio se expresa en el abismo creciente que separa el lenguaje que utiliza Zapatero y su política económica real, que tiene como criterio central preservar la estabilidad del sistema capitalista.
Pero incluso esta política económica está entrando ya en un impás. En la medida que ha quedado claro que la crisis no ha sido un simple cambio de ciclo coyuntural sino un cambio de tendencia mucho más profundo y prolongado en el tiempo esta política está siendo cuestionada por los propios capitalistas, que necesitan con urgencia medidas de tipo "estructural", para preservar sus beneficios y sus posiciones a medio y largo plazo en el mercado mundial. De ahí que todas las críticas al gobierno por parte de la derecha y de la burguesía se centren en la necesidad, no sólo de una reforma laboral, sino de contener lo que ellos llaman "gasto improductivo". Si la tarta del Estado se reduce drásticamente por la crisis, es necesario, según su punto de vista, que el Estado rompa con los compromisos adquiridos históricamente, producto de las luchas de las anteriores generaciones de la clase obrera. En concreto: recortar en sanidad pública, en educación pública, en subsidio de desempleo, en pensiones y otros "gastos automáticos" que no van a parar a los bolsillos de los capitalistas y que presionan sobre su parte de la tarta: exenciones fiscales, fondos para la Banca, inversión en sectores necesarios para su negocio aunque no rentables a corto plazo, etc... Los capitalistas no aceptan la alternativa de un endeudamiento descontrolado ni, por supuesto, que los gastos se mantengan a través de un incremento de los impuestos sobre el capital. Evidentemente, el problema económico se traslada al político: ¿Está en condiciones el PSOE de afrontar "medidas estructurales" contra su propia base social sin que esto tenga un grave coste político y lo que incluso temen aún más, sin desatar un movimiento amplio de movilizaciones de los trabajadores? ¿Qué efectos tendría una situación de confrontación social abierta en el seno de los sindicatos y en el seno del propio PSOE?
Temor al enfrentamiento social
Evidentemente, incluso estos temores no impiden que finalmente la dinámica central de la política del gobierno tienda hacia la derecha, ya que está determinada por las necesidades del sistema capitalista, frente al cual el gobierno no tiene, ni pretende, una alternativa. Pero para los trabajadores y jóvenes las dificultades y contradicciones del gobierno tiene una lectura muy importante: la clase obrera, su capacidad de respuesta, su estado de ánimo, es el principal escollo para que los capitalistas apliquen su programa en el ritmo y en la dirección exacta que ellos necesitan en estos momentos de crisis. La fuerza de la clase obrera: este es el factor principal que gravita en todas las vacilaciones, maniobras y discursos del gobierno, que a su vez provocan un creciente nerviosismo en la clase dominante. La burguesía necesita volver a las condiciones de explotación del siglo XIX, pero se enfrenta a la clase obrera del siglo XXI. La guerra está servida, aunque apenas está en sus primeros escarceos. La cuestión decisiva está en la dirección del movimiento. Si los dirigentes de CCOO y UGT adoptasen una línea dura contra los capitalistas, poniendo sobre la mesa reivindicaciones concretas para garantizar unas condiciones de vida dignas para todos, señalando el despilfarro de fuerzas humanas y de conocimiento que implica este sistema así como las escandalosas diferencias sociales que la crisis no ha hecho más que acentuar, encontrarían una adhesión inmediata de la clase obrera. Encontrarían una fuerza poderosa para obligar al gobierno a un giro total de su política. Si están evitando un giro de este tipo no es por el temor al fracaso, es porque tendrían éxito, porque desatarían fuerzas innecesarias desde el punto de vista de su estrategia actual, que es alcanzar la armonía entre capital y trabajo. Pero esta armonía es objetivamente imposible y tarde o temprano, o los dirigentes sindicales y políticos de la clase obrera cambian o serán cambiados por la fuerza de los tremendos acontecimientos futuros. Si acompañando la experiencia de nuestra clase, conseguiremos en los próximos años que las ideas y el programa del marxismo incidan de forma decisiva en sus acciones, la lucha por una sociedad socialista será victoriosa. Este es nuestro propósito.
¡Únete a la Corriente Marxista El Militante!
1. Por supuesto, en estas cifras no se cuenta las ingentes cantidades de dinero reservado a posibles desfalcos en el negocio de los banqueros que, en caso de que se produzcan quiebras importantes en el sector, se daría al traste con las ya optimistas previsiones del gobierno en cuanto a gastos e ingresos.
