¿Es realmente independiente el Poder Judicial? ¿Es posible una justicia
despolitizada? ¿Se encuentran los jueces al margen de la realidad social
y política? ¿Existe una Justicia por encima de los intereses de clase? Al calor del debate que se ha originado como
consecuencia de los procesos judiciales abiertos contra el juez Baltasar
Garzón, es necesario entrar en detalle sobre qué es y a qué intereses
responde el Poder Judicial. Estos procesos son, en sí mismos, una
demostración palpable de la estrecha vinculación existente entre la
derecha y la ultraderecha y el aparato judicial.
¿Es realmente independiente el Poder Judicial? ¿Es posible una justicia despolitizada? ¿Se encuentran los jueces al margen de la realidad social y política? ¿Existe una Justicia por encima de los intereses de clase?
Al calor del debate que se ha originado como consecuencia de los procesos judiciales abiertos contra el juez Baltasar Garzón, es necesario entrar en detalle sobre qué es y a qué intereses responde el Poder Judicial. Estos procesos son, en sí mismos, una demostración palpable de la estrecha vinculación existente entre la derecha y la ultraderecha y el aparato judicial.
Una de las querellas presentadas contra el magistrado está vinculada directamente con la trama de corrupción del caso Gürtel, actuando como acusadores los propios imputados por corrupción. Sobra decir el interés que tiene el PP en que prospere este proceso y en tratar, a través de determinadas argucias de procedimiento, de anular el mismo. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado recientemente las escuchas que vinculan a los abogados de los corruptos con la trama Gürtel, habiendo planteado Esperanza Aguirre que el derecho de defensa sólo puede vulnerarse (autorizándose escuchas entre abogados y clientes) en casos de terrorismo. Mientras se garantiza con celo su derecho de defensa a imputados por corrupción, no se reconoce dicho derecho a cualquiera que sea acusado de terrorismo, término cada vez más amplio y flexible, como demuestra el proceso seguido contra el diario Egunkaria, criticado incluso por una ONG como Reporteros Sin Fronteras por no haberse podido probar en 7 años ninguna conexión entre el diario y ETA, manteniéndose a día de hoy cerrado.
Otro proceso al que se enfrenta Garzón está relacionado con la "memoria histórica", por haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante el régimen franquista. En este caso las querellas han sido presentadas por organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias y Falange Española, habiendo sido admitidas a trámite por el Tribunal Supremo.
El Poder Judicial, coto de la derecha y el franquismo
"En cualquier caso, los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos equivocamos". Esta declaración, que podría atribuirse al cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela, es una de las joyas escritas por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Dívar, en las revista Hermandad del Valle de los Caídos, con la que colabora asiduamente. Éste es sólo un ejemplo de hasta qué punto el Poder Judicial está bajo el control de la derecha más reaccionaria, y cómo se ha mantenido una continuidad en este estamento desde la época del franquismo.
Otro ejemplo ilustrativo de esta realidad lo encontramos en José Luis Requero, antiguo miembro del CGPJ, ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, asociación mayoritaria de jueces con 1.200 miembros de los 4.500 en activo) y miembro del Opus Dei, que declaraba en el año 2006 en una entrevista que "entre el PP y la APM existe una conjunción de intereses" y que "el PP llama a la puerta de la APM para que le demos ideas". Este magistrado se ha opuesto a la ley de Matrimonios Homosexuales porque podría abrir la puerta a "la unión de un hombre y un animal" y militando activamente en contra del aborto. También ha atacado a las nacionalidades históricas demostrando el predominio del españolismo franquista más rancio en el seno de la "justicia independiente", llegando a declarar que "los vascos se caracterizan por partir troncos y piedras", recordando dichas declaraciones a las que en el año 2003 pronunció el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Jiménez de Parga, sobre vascos y catalanes que hace mil años "ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana" mientras que en Andalucía disfrutaban de "varias docenas de surtidores de agua de sabores distintos y olores diversos".
Son numerosos los ejemplos de la relación entre la derecha, el franquismo y el poder judicial, pero entre los más escandalosos podríamos citar los siguientes:
Adolfo Prego, fue vocal del CGPJ y magistrado del TS, y es miembro del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), vinculada con organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias. Ha defendido el golpe de Estado de Franco en diversas ocasiones, además de colaborar con la revista Hermandad del Valle de los Caídos.
Roberto García Calvo fue miembro del Tribunal Constitucional y Gobernador Civil de Almería en el año 1976, cuando se produjo el asesinato por la policía del activista Javier Verdejo por realizar una pintada. Ordenó la represión contra la huelga de pescadores de ese mismo año cercando una de las asambleas que celebraban los trabajadores, que acabó con numerosos heridos así como con la detención de los principales dirigentes sindicales de la lucha.
Antonio Hernández-Gil fue presidente del CGPJ y del TS desde 1985 a 1990, y anteriormente el último presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino.
Fernando de la Rosa, actual vicepresidente del CGPJ, y hasta el año 2008 Consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana y amigo personal de Camps. Ha manifestado la necesidad de suspender inmediatamente a Garzón, algo comprensible si tenemos en cuenta que una de las querellas afecta al caso Gürtel.
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ha iniciado un proceso acusando a Venezuela de colaborar con el terrorismo internacional, y concretamente con ETA y las FARC. Fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana durante el mandato de Zaplana, y paradójicamente recibió a una de las mayores delegaciones de las FARC que ha recibido gobierno alguno, encontrándose entre los mismos Raúl Reyes.
La socialdemocracia y la supuesta independencia de la Justicia
Teóricamente, un gobierno que se dice de izquierdas, como el del PSOE, en vez de combatir esta estrecha y abierta relación entre la reacción y el aparato judicial, la ha apuntalado, y lo ha hecho en aras de fortalecer la "independencia" y "neutralidad" de la Justicia. Una de las decisiones más criticadas por parte de los sectores progresistas de la judicatura fue la renovación del CGPJ llevada a cabo por el PSOE con el acuerdo del PP. Que se nombrara a Dívar, ultraconservador, como presidente del Poder Judicial ya resultaba escandaloso, pero que se nombrara como vicepresidente al consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando de la Rosa, era, directamente, ceder la cúpula del poder judicial al PP.
Frente a estas críticas, el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo, destacó que Dívar había sido un ejemplo de "neutralidad permanente" y que su elección sería un "factor compensatorio" frente a la percepción generalizada de que el CGPJ está politizado. Desde el gobierno se manifestó que Dívar "no está vinculado a los principios ideológicos del Gobierno [aunque sí a los del PP] y puede favorecer los consensos necesarios en el organismo". La resultante final del "equilibrio" y "equidistancia" del PSOE es que hoy el aparato judicial se ha reforzado como un instrumento de la estrategia política de la derecha, con el agravante de que este proceso ha sido avalado desde una posición supuestamente progresista. A cada cesión por parte del gobierno para "calmar" a la derecha ésta lo ha tomado como un signo de debilidad y está siendo profusamente utilizado en su contra.
Más allá de un error táctico en cómo hacer frente a la derecha el problema de los dirigentes del PSOE es que, al asumir el capitalismo en el terreno económico y político, han renunciado a dar la batalla por depurar el aparato estatal heredado del franquismo y se han hecho partícipes de la política de la burguesía de cercenar los derechos democráticos. Un ejemplo clarificador al respecto es el de la juez Margarita Robles, Secretaria de Estado de Interior en el último gobierno de Felipe González y actualmente vocal del CGPJ por Jueces para la Democracia. Durante su estancia en el ministerio del Interior, habiendo salido a la luz los escándalos de la guerra sucia de los GAL, se ascendió a Galindo, uno de los principales implicados, a general de la Guardia Civil. Galindo siguió participando en actos oficiales a pesar de estar ya imputado por actos de terrorismo de Estado.
El caso de Garzón
Desde determinados sectores de la izquierda se presenta la figura de Garzón como el ejemplo de un juez progresista, que defiende los derechos humanos y capaz de enfrentarse a dictadores y poderosos. La realidad, sin embargo, no es exactamente así. Garzón ha sido uno de los jueces que con más tesón ha perseguido y criminalizado a la izquierda aberzale, aplicando hasta sus últimas consecuencias la Ley de Partidos, prohibiendo manifestaciones y deteniendo a periodistas y activistas al considerar que toda la izquierda aberzale es igual a ETA, siguiendo los mejores razonamientos de la AVT y del PP.
Por otro lado sus iniciativas judiciales contra Pinochet han terminado quedando en nada, muriendo finalmente el dictador en su casa sin haber respondido por uno solo de sus crímenes. En cuanto a la memoria histórica, la iniciación de procesos contra los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones durante el franquismo, afectaría, como ya se ha podido deducir, a una parte considerable de los miembros del Poder Judicial, así como a otras figuras de la política y del empresariado español, como Fraga o Martín Villa (responsables de la matanza y represión en Vitoria el 3 de marzo de 1976). Ahora Garzón es acusado de prevaricación por investigar crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, y esto es posible ya que, entre otras cosas, la Ley de Amnistía de 1979 impide investigar dichos crímenes.
El hecho de que estos procesos hayan acabado en vía muerta demuestra los límites de la iniciativa individual de un juez dentro de un engranaje judicial (y legal) como el que hemos descrito. Además, no podemos olvidar que Garzón, al abordar temas tan sentidos por la izquierda, pretende utilizar esta autoridad moral para justificar medidas complemente reaccionarias en el terreno de los derechos democráticos hoy, como es el caso mencionado de la Ley de Partidos, una espada de Damocles que pende sobre cualquier organización de la izquierda que cuestione el sistema capitalista.
Una de las querellas presentadas contra el magistrado está vinculada directamente con la trama de corrupción del caso Gürtel, actuando como acusadores los propios imputados por corrupción. Sobra decir el interés que tiene el PP en que prospere este proceso y en tratar, a través de determinadas argucias de procedimiento, de anular el mismo. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado recientemente las escuchas que vinculan a los abogados de los corruptos con la trama Gürtel, habiendo planteado Esperanza Aguirre que el derecho de defensa sólo puede vulnerarse (autorizándose escuchas entre abogados y clientes) en casos de terrorismo. Mientras se garantiza con celo su derecho de defensa a imputados por corrupción, no se reconoce dicho derecho a cualquiera que sea acusado de terrorismo, término cada vez más amplio y flexible, como demuestra el proceso seguido contra el diario Egunkaria, criticado incluso por una ONG como Reporteros Sin Fronteras por no haberse podido probar en 7 años ninguna conexión entre el diario y ETA, manteniéndose a día de hoy cerrado.
Otro proceso al que se enfrenta Garzón está relacionado con la "memoria histórica", por haberse declarado competente para investigar las desapariciones ocurridas durante el régimen franquista. En este caso las querellas han sido presentadas por organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias y Falange Española, habiendo sido admitidas a trámite por el Tribunal Supremo.
El Poder Judicial, coto de la derecha y el franquismo
"En cualquier caso, los católicos, obedeciendo al Papa, nunca nos equivocamos". Esta declaración, que podría atribuirse al cardenal arzobispo de Madrid, Rouco Varela, es una de las joyas escritas por el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Dívar, en las revista Hermandad del Valle de los Caídos, con la que colabora asiduamente. Éste es sólo un ejemplo de hasta qué punto el Poder Judicial está bajo el control de la derecha más reaccionaria, y cómo se ha mantenido una continuidad en este estamento desde la época del franquismo.
Otro ejemplo ilustrativo de esta realidad lo encontramos en José Luis Requero, antiguo miembro del CGPJ, ex portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM, asociación mayoritaria de jueces con 1.200 miembros de los 4.500 en activo) y miembro del Opus Dei, que declaraba en el año 2006 en una entrevista que "entre el PP y la APM existe una conjunción de intereses" y que "el PP llama a la puerta de la APM para que le demos ideas". Este magistrado se ha opuesto a la ley de Matrimonios Homosexuales porque podría abrir la puerta a "la unión de un hombre y un animal" y militando activamente en contra del aborto. También ha atacado a las nacionalidades históricas demostrando el predominio del españolismo franquista más rancio en el seno de la "justicia independiente", llegando a declarar que "los vascos se caracterizan por partir troncos y piedras", recordando dichas declaraciones a las que en el año 2003 pronunció el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Jiménez de Parga, sobre vascos y catalanes que hace mil años "ni siquiera sabían lo que era asearse los fines de semana" mientras que en Andalucía disfrutaban de "varias docenas de surtidores de agua de sabores distintos y olores diversos".
Son numerosos los ejemplos de la relación entre la derecha, el franquismo y el poder judicial, pero entre los más escandalosos podríamos citar los siguientes:
Adolfo Prego, fue vocal del CGPJ y magistrado del TS, y es miembro del Patronato de Honor de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), vinculada con organizaciones ultraderechistas como Manos Limpias. Ha defendido el golpe de Estado de Franco en diversas ocasiones, además de colaborar con la revista Hermandad del Valle de los Caídos.
Roberto García Calvo fue miembro del Tribunal Constitucional y Gobernador Civil de Almería en el año 1976, cuando se produjo el asesinato por la policía del activista Javier Verdejo por realizar una pintada. Ordenó la represión contra la huelga de pescadores de ese mismo año cercando una de las asambleas que celebraban los trabajadores, que acabó con numerosos heridos así como con la detención de los principales dirigentes sindicales de la lucha.
Antonio Hernández-Gil fue presidente del CGPJ y del TS desde 1985 a 1990, y anteriormente el último presidente de las Cortes franquistas y del Consejo del Reino.
Fernando de la Rosa, actual vicepresidente del CGPJ, y hasta el año 2008 Consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana y amigo personal de Camps. Ha manifestado la necesidad de suspender inmediatamente a Garzón, algo comprensible si tenemos en cuenta que una de las querellas afecta al caso Gürtel.
Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional, ha iniciado un proceso acusando a Venezuela de colaborar con el terrorismo internacional, y concretamente con ETA y las FARC. Fue director general de Justicia de la Generalitat Valenciana durante el mandato de Zaplana, y paradójicamente recibió a una de las mayores delegaciones de las FARC que ha recibido gobierno alguno, encontrándose entre los mismos Raúl Reyes.
La socialdemocracia y la supuesta independencia de la Justicia
Teóricamente, un gobierno que se dice de izquierdas, como el del PSOE, en vez de combatir esta estrecha y abierta relación entre la reacción y el aparato judicial, la ha apuntalado, y lo ha hecho en aras de fortalecer la "independencia" y "neutralidad" de la Justicia. Una de las decisiones más criticadas por parte de los sectores progresistas de la judicatura fue la renovación del CGPJ llevada a cabo por el PSOE con el acuerdo del PP. Que se nombrara a Dívar, ultraconservador, como presidente del Poder Judicial ya resultaba escandaloso, pero que se nombrara como vicepresidente al consejero de Justicia de la Generalitat Valenciana, Fernando de la Rosa, era, directamente, ceder la cúpula del poder judicial al PP.
Frente a estas críticas, el entonces ministro de Justicia, Fernández Bermejo, destacó que Dívar había sido un ejemplo de "neutralidad permanente" y que su elección sería un "factor compensatorio" frente a la percepción generalizada de que el CGPJ está politizado. Desde el gobierno se manifestó que Dívar "no está vinculado a los principios ideológicos del Gobierno [aunque sí a los del PP] y puede favorecer los consensos necesarios en el organismo". La resultante final del "equilibrio" y "equidistancia" del PSOE es que hoy el aparato judicial se ha reforzado como un instrumento de la estrategia política de la derecha, con el agravante de que este proceso ha sido avalado desde una posición supuestamente progresista. A cada cesión por parte del gobierno para "calmar" a la derecha ésta lo ha tomado como un signo de debilidad y está siendo profusamente utilizado en su contra.
Más allá de un error táctico en cómo hacer frente a la derecha el problema de los dirigentes del PSOE es que, al asumir el capitalismo en el terreno económico y político, han renunciado a dar la batalla por depurar el aparato estatal heredado del franquismo y se han hecho partícipes de la política de la burguesía de cercenar los derechos democráticos. Un ejemplo clarificador al respecto es el de la juez Margarita Robles, Secretaria de Estado de Interior en el último gobierno de Felipe González y actualmente vocal del CGPJ por Jueces para la Democracia. Durante su estancia en el ministerio del Interior, habiendo salido a la luz los escándalos de la guerra sucia de los GAL, se ascendió a Galindo, uno de los principales implicados, a general de la Guardia Civil. Galindo siguió participando en actos oficiales a pesar de estar ya imputado por actos de terrorismo de Estado.
El caso de Garzón
Desde determinados sectores de la izquierda se presenta la figura de Garzón como el ejemplo de un juez progresista, que defiende los derechos humanos y capaz de enfrentarse a dictadores y poderosos. La realidad, sin embargo, no es exactamente así. Garzón ha sido uno de los jueces que con más tesón ha perseguido y criminalizado a la izquierda aberzale, aplicando hasta sus últimas consecuencias la Ley de Partidos, prohibiendo manifestaciones y deteniendo a periodistas y activistas al considerar que toda la izquierda aberzale es igual a ETA, siguiendo los mejores razonamientos de la AVT y del PP.
Por otro lado sus iniciativas judiciales contra Pinochet han terminado quedando en nada, muriendo finalmente el dictador en su casa sin haber respondido por uno solo de sus crímenes. En cuanto a la memoria histórica, la iniciación de procesos contra los responsables de torturas, asesinatos y desapariciones durante el franquismo, afectaría, como ya se ha podido deducir, a una parte considerable de los miembros del Poder Judicial, así como a otras figuras de la política y del empresariado español, como Fraga o Martín Villa (responsables de la matanza y represión en Vitoria el 3 de marzo de 1976). Ahora Garzón es acusado de prevaricación por investigar crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, y esto es posible ya que, entre otras cosas, la Ley de Amnistía de 1979 impide investigar dichos crímenes.
El hecho de que estos procesos hayan acabado en vía muerta demuestra los límites de la iniciativa individual de un juez dentro de un engranaje judicial (y legal) como el que hemos descrito. Además, no podemos olvidar que Garzón, al abordar temas tan sentidos por la izquierda, pretende utilizar esta autoridad moral para justificar medidas complemente reaccionarias en el terreno de los derechos democráticos hoy, como es el caso mencionado de la Ley de Partidos, una espada de Damocles que pende sobre cualquier organización de la izquierda que cuestione el sistema capitalista.
El aparato judicial no puede ser independiente ya que es uno de los principales engranajes para defender a la clase dominante y nunca actuará de manera que pueda dinamitar al propio Estado burgués y al propio sistema capitalista. Pensar esto es como pensar que un buen día los capitalistas, que tienen el poder económico, cedan dicho poder voluntariamente a la clase trabajadora. Eso no quiere decir que no demos importancia política y sintomática a los enfrentamientos que se producen en el aparato del Estado. De hecho, los enfrentamientos de los últimos años en todos los ámbitos del aparato estatal reflejan, aunque distorsionadamente, la polarización política y las tensiones que se producen en la misma sociedad. A pesar de que el aparato del Estado es un instrumento de dominación de la burguesía que se ha ido perfeccionando a lo largo de la historia, no es capaz de librarse completamente de contradicciones y choques internos.
Manteniendo su total independencia del Estado burgués y de la burguesía, y manteniendo siempre el objetivo de la transformación socialista de la sociedad, es importante para la clase trabajadora la defensa de reivindicaciones transicionales, como la depuración de elementos fascistas en el aparato estatal, tanto de la justicia como de la policia y el ejercito, y la persecución de los crímenes del franquismo, juzgando y condenando a sus responsables e indemnizando económicamente a sus victimas. También debemos exigir la más amplia libertad de organización sindical y política en su seno, apoyando, por ejemplo, las reivindicaciones progresistas de l aAUGC o el derecho de los soldados a la organización en los sindicatos de clase.
Estas reivindicaciones democráticas, a las que la burguesía se opone con rotundidad, permiten explicar y desvelar el carácter de clase del estado capitalista y no sembrar ilusiones, como hacen los socialdemócratas, en la supuesta "neutralidad" y la "independencia" del Estado que no es más que una cortina de humo para ocultar su capitulación ante la clase dominante y los agrupamientos políticos más reaccionarios incrustados en el apartado estatal que, legalmente o no, están perfectamente organizados. Solo hay un camino para organizar seriamente la lucha en defensa de las libertades democáticas: movilizando a los trabajadores contra la reacción enquistada en el aparato estatal en base a reivindicaciones que adopten un punto de vista de clase.
