El pasado 14 de mayo, el juez Garzón fue finalmente suspendido de sus
funciones en la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ). La decisión del Tribunal Supremo de sentarle en el
banquillo acusado de prevaricación, por su decisión de investigar los
crímenes del franquismo, ha tenido finalmente estas consecuencias, que
no por esperadas dejan de ser sorprendentes.
El pasado 14 de mayo, el juez Garzón fue finalmente suspendido de sus funciones en la Audiencia Nacional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La decisión del Tribunal Supremo de sentarle en el banquillo acusado de prevaricación, por su decisión de investigar los crímenes del franquismo, ha tenido finalmente estas consecuencias, que no por esperadas dejan de ser sorprendentes.
En primer lugar, aunque sea lo menos importante, desde el punto de vista legal, no parece que Garzón haya cometido ningún delito. Ha interpretado las leyes, la española, el pomposamente llamado Derecho Internacional (que hasta ahora no ha servido para nada que no sea en beneficio de las potencias capitalistas) y diferente jurisprudencia, para declararse competente en la investigación de los cerca de 150.000 asesinados y desaparecidos bajo el franquismo. Por otro lado, este no es el único caso que tiene que afrontar. Otras dos denuncias por su investigación de la trama Gürtel y por el cobro indebido por unas conferencias que dio en Nueva York configuran un escenario que se asemeja a una auténtica cacería.
Es cierto, y lo hemos explicado en otros materiales, que por un lado la "derecha judicial" ha querido parar en lo posible el caso Gürtel. Es cierto que hay un componente de venganza dentro de sectores importantes de la judicatura hacia Garzón, incluso desde la llamada "izquierda judicial" (Margarita Robles o el propio Luciano Varela, juez del caso, pertenecen en teoría a esa corriente). Pero el punto fundamental para esta operación ha sido la posible investigación del los crímenes franquistas. Cuando Garzón decidió declararse competente en este caso se desató una ofensiva política y judicial tremenda para impedir su desarrollo.
¿Qué hay detrás del proceso a Garzón?
Por un lado, un elemento político de primer orden: los crímenes del franquismo no se juzgarán jamás en este país bajo el capitalismo. Para eso se hicieron la transición y la Ley de Amnistía, que fueron un factor fundamental en el mantenimiento del capitalismo en el Estado español a la caída de la dictadura. El aparato del Estado "democrático" es herencia directa del de la dictadura, nadie fue juzgado ni apartado de sus funciones en ningún eslabón: políticos franquistas, jueces, militares, funcionarios, policías, torturadores...
La derecha, obviamente, ha sido abanderada de esto, pero el gobierno del PSOE, los reformistas de todo tipo, están en el fondo de acuerdo. Abrir la puerta a investigar los crímenes de la dictadura les pondría ante una responsabilidad que no están dispuestos a aceptar. Se limitan a una política de "gestos", que es en lo que quedó en su momento la llamada Ley de Memoria Histórica (que ni siquiera se atrevieron a denominarla así), o la reciente modificación de dicha ley, que se supone servirá para que de una vez la Administración se haga responsable de las exhumaciones de los asesinados, pero que como en todo lo que han hecho en este terreno se limita a palabras, sin que haya absolutamente nada concreto sobre cómo se va a abordar esta tarea. La propia naturaleza endeble de la Ley de Memoria ha permitido que quienes hayan denunciado a Garzón, iniciando el proceso legal para su suspensión, hayan sido diferentes grupúsculos fascistas, empezando por Falange Española.
Incluso más allá de las posibles consecuencias penales que pudiera tener un proceso judicial auténtico a los crímenes de la dictadura, en forma de juicio y castigo a los responsables, también están las posibles consecuencias económicas, como denuncian las asociaciones memorialistas: "cuatro de las empresas que actualmente cotizan en el Ibex-35 comenzaron su fortuna usando esclavos políticos de la dictadura" (Emilio Silva, presidente de la ARMH).
Por otra parte, Garzón es hasta cierto punto un elemento "incontrolado" dentro del poder judicial y había que ponerle freno. Eso no significa que sea un campeón de las libertades, como desde algunos sectores se intenta transmitir. Aquí también somos claros: estamos absolutamente en contra de este enjuiciamiento, por lo que significa, pero las actuaciones judiciales de Garzón bajo la cobertura de la Ley de Partidos han fortalecido a los sectores más reaccionarios del aparato del Estado y él mismo es ahora rehén de un ambiente que ayudó a crear.
Cuatro días después de su suspensión, el CGPJ autorizaba la marcha de Garzón a la Corte Penal Internacional de La Haya hasta que se resuelva su caso. Para Dívar, presidente del CGPJ y reconocido derechista (colabora habitualmente en la revista Hermandad del Valle de los Caídos) es una forma de quitarse una "patata caliente" de las manos. Pero también demuestra el fondo que tiene para Garzón la lucha contra la impunidad del franquismo, algo que también se vio en su estrategia de defensa cuando su abogado afirmó que las manifestaciones que se estaban produciendo "no ayudaban a su cliente". Precisamente si algo ha asustado al poder judicial, a la derecha y a los reformistas fueron las manifestaciones celebradas el pasado 24 de abril, empezando por la masiva manifestación de Madrid, donde el punto central no era Garzón sino acabar con la impunidad del franquismo. De hecho, tras la suspensión del juez el 14 de mayo, su caso ha desaparecido prácticamente de los medios de comunicación burgueses.
Polarización política
El aparato del Estado, y el aparato judicial en primer lugar, es una maquinaria con una función fundamental: defender los intereses de la clase dominante y la existencia misma del capitalismo. Eso no lo convierte en un robot que vive al margen de la sociedad. Existen enfrentamientos entre diferentes sectores del aparato del Estado, y la situación de los últimos seis años en el Estado español es una buena muestra de ello. Esos choques muchas veces son una muestra distorsionada de la polarización política que recorre la sociedad. Por ejemplo, no es sólo el llamado caso Garzón, el Estatut lleva cuatro años en manos de los jueces del Tribunal Constitucional sin que aún hayan sido capaces de resolverlo, y no parece que vaya a ser así antes de las elecciones catalanas. ¿Quién dijo que la justicia bajo el capitalismo es "independiente", que "no está politizada"?
Algo similar está ocurriendo en otros sectores del aparato del Estado. En la policía se está agudizando la división política a izquierda y derecha, expresada por el SUP y la CEP, respectivamente. El comunicado del SUP a favor de la huelga del 8 de junio no tiene desperdicio, defendiendo el derecho a huelga y la acción de los piquetes o denunciando las redadas racistas (www.sup.es/-cont.php?carp=01&ident=058). Lo mismo ocurre en la Guardia Civil, entre asociaciones que se orientan a la izquierda, la AUGC; exigiendo que la democracia entre en la Guardia Civil y las que son clara y abiertamente derechistas. Otro tanto ocurre en el ejército, donde la AUME también reclama plenos derechos democráticos y políticos para los soldados. En todos estos casos, el gobierno del PSOE, en vez de apoyarse en esos sectores que se orientan a la izquierda para fortalecer la lucha contra la derecha, cede a los sectores más reaccionarios del mando.
La suspensión de Garzón demuestra que es utópico pensar en que se pueden juzgar los crímenes del franquismo sólo con que un juez esté dispuesto a hacerlo. Si no hay una fuerza detrás, eso caerá en saco roto. Acabar con la impunidad del franquismo y depurar el aparato del Estado de fascistas sólo será posible poniendo en marcha una fuerte movilización social, y quienes pueden hacerlo son IU, UGT y CCOO, que tienen que pasar de las palabras a los hechos, y junto a las asociaciones memorialistas dar continuidad a las históricas manifestaciones del pasado 24 de abril, obligando al gobierno del PSOE a resolver las aspiraciones de la izquierda, que son también las de quienes le votaron, como se vio en la masiva asistencia de votantes y militantes socialistas a dichas manifestaciones.
En primer lugar, aunque sea lo menos importante, desde el punto de vista legal, no parece que Garzón haya cometido ningún delito. Ha interpretado las leyes, la española, el pomposamente llamado Derecho Internacional (que hasta ahora no ha servido para nada que no sea en beneficio de las potencias capitalistas) y diferente jurisprudencia, para declararse competente en la investigación de los cerca de 150.000 asesinados y desaparecidos bajo el franquismo. Por otro lado, este no es el único caso que tiene que afrontar. Otras dos denuncias por su investigación de la trama Gürtel y por el cobro indebido por unas conferencias que dio en Nueva York configuran un escenario que se asemeja a una auténtica cacería.
Es cierto, y lo hemos explicado en otros materiales, que por un lado la "derecha judicial" ha querido parar en lo posible el caso Gürtel. Es cierto que hay un componente de venganza dentro de sectores importantes de la judicatura hacia Garzón, incluso desde la llamada "izquierda judicial" (Margarita Robles o el propio Luciano Varela, juez del caso, pertenecen en teoría a esa corriente). Pero el punto fundamental para esta operación ha sido la posible investigación del los crímenes franquistas. Cuando Garzón decidió declararse competente en este caso se desató una ofensiva política y judicial tremenda para impedir su desarrollo.
¿Qué hay detrás del proceso a Garzón?
Por un lado, un elemento político de primer orden: los crímenes del franquismo no se juzgarán jamás en este país bajo el capitalismo. Para eso se hicieron la transición y la Ley de Amnistía, que fueron un factor fundamental en el mantenimiento del capitalismo en el Estado español a la caída de la dictadura. El aparato del Estado "democrático" es herencia directa del de la dictadura, nadie fue juzgado ni apartado de sus funciones en ningún eslabón: políticos franquistas, jueces, militares, funcionarios, policías, torturadores...
La derecha, obviamente, ha sido abanderada de esto, pero el gobierno del PSOE, los reformistas de todo tipo, están en el fondo de acuerdo. Abrir la puerta a investigar los crímenes de la dictadura les pondría ante una responsabilidad que no están dispuestos a aceptar. Se limitan a una política de "gestos", que es en lo que quedó en su momento la llamada Ley de Memoria Histórica (que ni siquiera se atrevieron a denominarla así), o la reciente modificación de dicha ley, que se supone servirá para que de una vez la Administración se haga responsable de las exhumaciones de los asesinados, pero que como en todo lo que han hecho en este terreno se limita a palabras, sin que haya absolutamente nada concreto sobre cómo se va a abordar esta tarea. La propia naturaleza endeble de la Ley de Memoria ha permitido que quienes hayan denunciado a Garzón, iniciando el proceso legal para su suspensión, hayan sido diferentes grupúsculos fascistas, empezando por Falange Española.
Incluso más allá de las posibles consecuencias penales que pudiera tener un proceso judicial auténtico a los crímenes de la dictadura, en forma de juicio y castigo a los responsables, también están las posibles consecuencias económicas, como denuncian las asociaciones memorialistas: "cuatro de las empresas que actualmente cotizan en el Ibex-35 comenzaron su fortuna usando esclavos políticos de la dictadura" (Emilio Silva, presidente de la ARMH).
Por otra parte, Garzón es hasta cierto punto un elemento "incontrolado" dentro del poder judicial y había que ponerle freno. Eso no significa que sea un campeón de las libertades, como desde algunos sectores se intenta transmitir. Aquí también somos claros: estamos absolutamente en contra de este enjuiciamiento, por lo que significa, pero las actuaciones judiciales de Garzón bajo la cobertura de la Ley de Partidos han fortalecido a los sectores más reaccionarios del aparato del Estado y él mismo es ahora rehén de un ambiente que ayudó a crear.
Cuatro días después de su suspensión, el CGPJ autorizaba la marcha de Garzón a la Corte Penal Internacional de La Haya hasta que se resuelva su caso. Para Dívar, presidente del CGPJ y reconocido derechista (colabora habitualmente en la revista Hermandad del Valle de los Caídos) es una forma de quitarse una "patata caliente" de las manos. Pero también demuestra el fondo que tiene para Garzón la lucha contra la impunidad del franquismo, algo que también se vio en su estrategia de defensa cuando su abogado afirmó que las manifestaciones que se estaban produciendo "no ayudaban a su cliente". Precisamente si algo ha asustado al poder judicial, a la derecha y a los reformistas fueron las manifestaciones celebradas el pasado 24 de abril, empezando por la masiva manifestación de Madrid, donde el punto central no era Garzón sino acabar con la impunidad del franquismo. De hecho, tras la suspensión del juez el 14 de mayo, su caso ha desaparecido prácticamente de los medios de comunicación burgueses.
Polarización política
El aparato del Estado, y el aparato judicial en primer lugar, es una maquinaria con una función fundamental: defender los intereses de la clase dominante y la existencia misma del capitalismo. Eso no lo convierte en un robot que vive al margen de la sociedad. Existen enfrentamientos entre diferentes sectores del aparato del Estado, y la situación de los últimos seis años en el Estado español es una buena muestra de ello. Esos choques muchas veces son una muestra distorsionada de la polarización política que recorre la sociedad. Por ejemplo, no es sólo el llamado caso Garzón, el Estatut lleva cuatro años en manos de los jueces del Tribunal Constitucional sin que aún hayan sido capaces de resolverlo, y no parece que vaya a ser así antes de las elecciones catalanas. ¿Quién dijo que la justicia bajo el capitalismo es "independiente", que "no está politizada"?
Algo similar está ocurriendo en otros sectores del aparato del Estado. En la policía se está agudizando la división política a izquierda y derecha, expresada por el SUP y la CEP, respectivamente. El comunicado del SUP a favor de la huelga del 8 de junio no tiene desperdicio, defendiendo el derecho a huelga y la acción de los piquetes o denunciando las redadas racistas (www.sup.es/-cont.php?carp=01&ident=058). Lo mismo ocurre en la Guardia Civil, entre asociaciones que se orientan a la izquierda, la AUGC; exigiendo que la democracia entre en la Guardia Civil y las que son clara y abiertamente derechistas. Otro tanto ocurre en el ejército, donde la AUME también reclama plenos derechos democráticos y políticos para los soldados. En todos estos casos, el gobierno del PSOE, en vez de apoyarse en esos sectores que se orientan a la izquierda para fortalecer la lucha contra la derecha, cede a los sectores más reaccionarios del mando.
La suspensión de Garzón demuestra que es utópico pensar en que se pueden juzgar los crímenes del franquismo sólo con que un juez esté dispuesto a hacerlo. Si no hay una fuerza detrás, eso caerá en saco roto. Acabar con la impunidad del franquismo y depurar el aparato del Estado de fascistas sólo será posible poniendo en marcha una fuerte movilización social, y quienes pueden hacerlo son IU, UGT y CCOO, que tienen que pasar de las palabras a los hechos, y junto a las asociaciones memorialistas dar continuidad a las históricas manifestaciones del pasado 24 de abril, obligando al gobierno del PSOE a resolver las aspiraciones de la izquierda, que son también las de quienes le votaron, como se vio en la masiva asistencia de votantes y militantes socialistas a dichas manifestaciones.
