Cuando el pasado 29 de septiembre millones de trabajadores secundaron la huelga general contra la contrarreforma laboral y llenaron las calles de todo el Estado en una gran demostración de fuerza, la voluntad de dar continuidad al combate iniciado para frenar los ataques del gobierno -y rechazar su sumisión a los dictados de la gran banca, la patronal y los especuladores mundiales- se convirtió en un clamor. A pesar de que las condiciones para continuar las movilizaciones -aumentando la intensidad y dureza de las mismas- eran completamente favorables, los líderes de los grandes sindicatos decidieron erróneamente cortar el proceso echando jarros de agua fría.  Por un lado, se sacaron de la manga una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el parlamento volviese a debatir sobre una contrarreforma del mercado laboral que había aprobado por una gran mayoría. Si esta estrategia equivalía a un abandono de la movilización, las manifestaciones convocadas el 15 y 18 de diciembre, cuando ya eran públicas las intenciones de Rodríguez Zapatero de acelerar la contrarreforma de las pensiones y aumentar la edad de jubilación a los 67 años, se presentaban claramente insuficientes para derrotar el desafío planteado. No obstante, en la manifestación celebrada en Madrid, el secretario general de CCOO afirmó que la extensión de la jubilación a los 67 años superaría una línea roja que llevaría a la organización de una nueva huelga general en el mes de enero. Muchos trabajadores y delegados sindicales creyeron en sus palabras y se preparaban para esta perspectiva. En cuestión de días, y tras varias reuniones con el presidente del gobierno, Cándido Méndez y Fernández Toxo empezaron a realizar manifestaciones a favor de un pacto global. Aterrorizados de tener que encabezar una escalada de movilizaciones que condujera a un escenario de luchas semejante al de Francia o Grecia; temerosos de perder la gracia y el apoyo del Estado capitalista y el maná de las subvenciones del que vive el aparato sindical; y pensando que así contribuían a paliar el batacazo que puede cosechar el PSOE en las próximas elecciones del 22 de mayo, se inclinaron de nuevo ante la lógica impuesta por los capitalistas, asumieron su papel de "hombres de Estado" y firmaron el llamado "Acuerdo Social y Económico" junto al presidente de la CEOE, Juan Rosell y el del gobierno, Rodríguez Zapatero. Los dirigentes de CCOO y UGT otorgaban de esta manera un escandaloso aval para que llevara a cabo uno de los mayores ataques contra los derechos de los trabajadores de las últimas décadas.

Las consecuencias de la contrarreforma de las pensiones y el pacto social

Las líneas maestras del acuerdo son las siguientes:
1) Se aumenta la edad legal de jubilación de los 65 a los 67; se extienden los años cotizados para poder jubilarse a los 65 años, de 35 a 38,5, y de los años cotizados para tener derecho a cobrar íntegramente la pensión, de los actuales 35 a 37 años. Las direcciones sindicales aceptan que se incremente el cómputo de años para calcular la pensión, que pasan de 15 a 25 años. Esta última medida supone un recorte de la cuantía de la pensión en torno a un 10-20%. La reforma se empezará a aplicar gradualmente a partir de enero de 2013 y estará plenamente vigente en 2027. A partir de esa fecha, cada cinco años se revisará el sistema de pensiones (edad, periodo de cómputo y años cotizados) de forma automática, abriendo así la puerta a más recortes en el futuro.
2) El acuerdo también plantea la bonificación del 100% del pago a la seguridad social por un año para aquellos empresarios que contraten parados menores de 30 años. Una propuesta que regala mano de obra barata a la patronal, a cargo de los recursos públicos y que no creará empelo digno ni estable.
3) Sindicatos y patronal se dan de plazo hasta el 19 de marzo para llegar a un acuerdo en materia de negociación colectiva. Las intenciones de la CEOE y del gobierno son claras: acabar con los convenios sectoriales y aplicar masivamente las cláusulas de descuelgue y, sin embargo, el secretario general de CCOO en la rueda de prensa posterior a la firma del acuerdo señaló que "soy de los convencidos de que en la negociación colectiva hay más potencial para mejorar la competitividad de la economía española que en cualquier reforma laboral".  
Las consecuencias de esta contrarreforma en el sistema de pensiones serán muy duras. En primer lugar supondrá la generalización de la penuria económica entre la población de más edad: los pensionistas que en el Estado español están en riesgo de pobreza llegan ya al 19%, y el 77% de los que perciben una pensión no alcanzan los 1.000 euros. Todos los trabajadores nacidos a partir de 1962 verán reducida la cuantía de sus futuras pensiones y tendrán que ampliar forzosamente su vida laboral si quieren recibir una pensión un poco mayor. Atendiendo a estas cifras es evidente que detrás de la contrarreforma hay una estrategia de fondo: potenciar los fondos privados de pensiones. Con su firma estampada en este acuerdo, CCOO y UGT están reforzando el poder del sector financiero que quiere copar el sistema de pensiones y hacer de él un lucrativo negocio.

Los argumentos esgrimidos por las cúpulas de CCOO y UGT para respaldar una agresión de tal envergadura, se basan en que, a pesar de aceptar recortes evidentes, se garantiza el sistema público de pensiones. Pero este razonamiento se cae atendiendo a las propias cifras del gobierno. En primer lugar, la Seguridad Social dispone de un superávit de 64.000 millones de euros en el Fondo de Reserva. Si la recesión se prolonga por más tiempo, como efectivamente es la perspectiva, el superávit se puede recortar. Pero la pregunta en esas circunstancias es muy sencilla: ¿De dónde sacar los recursos para garantizar unas pensiones dignas? Si los dirigentes de UGT y CCOO fueran consecuentes con sus discursos solemnes contra el neoliberalismo, la respuesta no ofrecería ninguna duda. Los recursos existen y deberían salir de una política impositiva equitativa, que gravase los fabulosos beneficios que obtiene la banca privada, y en el caso de que esta se negase, de la nacionalización completa de todo el sector financiero, para poner los medios que genera la clase obrera con su plusvalía, al servicio de las necesidades de la sociedad.
Obviamente una alternativa de este tipo supone cuestionar los fundamentos del capitalismo. Pero como la experiencia está demostrando, no se puede estar en misa y repicando a la vez. O con los capitalistas o con los trabajadores. Argumentar que los recortes son el camino para sostener el sistema de pensiones es una falacia de tomo y lomo y sólo sirve para reforzar ideológicamente los argumentos de los auténticos responsables de la crisis: la gran banca y los grandes empresarios, que además son los únicos beneficiarios de las medidas adoptadas por el gobierno. Pero también es una prueba de la bancarrota más completa que se justifique este acuerdo en aras de crear un clima de paz social y sosiego, de confianza en el "futuro de la economía española", el mismo día que se anuncia que la cifra de parados subió en 370.100 personas en 2010 respecto a 2009, un 8,5%, situándose el número total de desempleados en 4.696.600 personas y la tasa de paro en el 20,33%.

El acuerdo prepara el camino para nuevos ataques

La idea de que este acuerdo servirá para evitar nuevos ataques es una quimera sin sentido. Cuando la tinta de la firma aún no se había secado, el Secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, declaró en una reunión convocada con los grandes capitalistas y banqueros de la city londinense que "el proceso para recuperar la credibilidad [de la economía española] será tan duro como requiera la situación". Este sujeto es el mismo que ha defendido activamente la urgencia de reformar el sistema de financiación de la sanidad pública abriendo las puertas al copago. Por si no fuera suficiente, un día después de la firma, Angela Merkel visitó al Presidente Zapatero y afirmó diplomáticamente que el acuerdo está muy bien, sobre todo por contar con la rúbrica sindical, pero que en cualquier caso serían necesarias nuevas medidas de ajuste, entre ellas, eliminar la vinculación del aumento de los salarios al crecimiento de la inflación.
Atendiendo a la profundidad de la recesión económica, las presiones a favor de más medidas contra la clase obrera y más ajustes se van a endurecer en los próximos meses. La campaña ya la ha iniciado el gobernador del Banco de España, que ha manifestado su completo acuerdo con las medidas de Merkel y, aunque Zapatero se mostró ambiguo en el caso de desvincular salarios de la inflación, ha declarado su apoyo incondicional al programa de "competitividad" planteado por la presidenta del gobierno alemán. En resumen, como señaló el diario económico Cinco Días en su edición del pasado 29 de enero: "No se debe parar aquí. La energía, la justicia, la determinación de los salarios, los ajustes en las causas de los despidos, el control de las finanzas de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, etc., son materias que no pueden demorarse mucho más tiempo".
Los dirigentes de CCOO y UGT, junto al gobierno, han pretendido otorgar una trascendencia histórica al acuerdo, comparándolo con los Pactos de la Moncloa. Pero la realidad dista mucho de ser semejante. Los Pactos de la Moncloa sirvieron para descarrilar una situación prerrevolucionaria que se le escapaba de las manos a la burguesía, pero en aquel entonces la autoridad de los dirigentes de CCOO y UGT, del PCE y del PSOE, era incomparablemente superior a la que ahora tienen. La amenaza política que en aquel momento se esgrimió convenció, no sin oposición,  a una parte considerable de la clase obrera de que esos pactos facilitarían la "transición a la democracia" y neutralizaría a los sectores golpistas del ejército franquista. La valoración que la población tiene del acuerdo firmado el 2 de febrero da una medida del grado del descrédito de los dirigentes sindicales y del gobierno, y del rechazo que suscita. Y lo que decimos no es gratuito, ha sido el diario El País, firme defensor del pacto, el que lo ha puesto en evidencia en una encuesta publicada el 6 de febrero: "Según un sondeo de Metroscopia para El País, el 51% considera que el pacto es una mala noticia. Incluso, una mayoría de votantes del PSOE ve de forma negativa la firma del acuerdo. La más rechazada es la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, que es vista de forma negativa por hasta el 76% de los españoles. Y el 70% está en contra de que para jubilarse a los 65 años sea preciso haber cotizado 38 años y medio (...) Incluso, hay una crítica expresa a la actuación de todas las partes que han participado en el acuerdo social. La actuación de los sindicatos es puntuada con un 3,8 (en una escala de 0 a 10), la del PP con un 3,8, la del Gobierno con un 3,9 y la de la patronal con un 4,2".

Organizar una izquierda fuerte en CCOO y UGT para continuar la lucha

El acuerdo será sometido a discusión en el Parlamento. Como no podía ser de otra manera, la derecha apoyará su contenido a pesar de las demagógicas declaraciones del PP, que votará presumiblemente a favor presionado por sus amos de clase, pero no cesará en su campaña de desgaste contra el gobierno. Además, la posición electoral del PP se fortalece después del pacto, como la encuesta de El País también refleja, aumentando su ventaja en intención de voto en 15 puntos respecto al PSOE.
La única voz en el Parlamento que se ha levantado contra el pacto ha sido la de Izquierda Unida. En la reunión del Consejo Político Federal reunido el sábado 5 de febrero, Cayo Lara hizo un "llamamiento solemne a toda la ciudadanía de izquierdas, parados, trabajadores, sindicalistas, autónomos y fuerzas de la Cultura para construir la alternativa de izquierdas ante la sumisión de Zapatero al poder financiero y la traición a su base social que le llevó a Moncloa" pero, al mismo tiempo, se negó a criticar la actuación de los dirigentes sindicales.
Evidentemente es muy positivo que IU se oponga a este pacto, pero para cualquier trabajador es obvio que nunca se hubiera firmado si no hubiera sido por el apoyo de las cúpulas de CCOO y UGT, que han cedido a todas las pretensiones del gobierno y la patronal sin lucha. Orillar diplomáticamente este hecho, para no enemistarse con las direcciones de CCOO y UGT, es la peor forma de construir una alternativa de izquierdas. Cayo Lara y la dirección de Izquierda Unida tiene una gran oportunidad: no sólo se trata de obtener buenos resultados electorales, sino de levantar una organización capaz de intervenir efectivamente en la lucha de clases, elevar el nivel de conciencia y organización de los trabajadores y combatir, dentro de nuestros sindicatos de clase, a aquellos que los utilizan para avalar las contrarreformas e imponer la desmovilización. Si IU adopta una estrategia consecuente y llama a la base sindical a dar esta pelea, se encontrará con la oposición de los aparatos, pero en cambio se granjearan el apoyo decidido de miles de activistas y delegados sindicales y de los sectores más conscientes de la clase trabajadora.
Los derechos de la clase obrera se han conquistado a través de enormes sacrificios, de una voluntad decidida. Esa es la experiencia del movimiento obrero y por supuesto esa es la historia de nuestros propios sindicatos, de CCOO y UGT, que se forjaron en un combate contra la patronal y la dictadura. La idea propagada por las cúpulas sindicales de que no se puede cambiar la situación actual es falsa de principio a fin. La disposición de los trabajadores a defender sus derechos  y conquistas a través de la movilización está sobradamente probada. Lo vimos en la huelga general del pasado 29 de septiembre, lo hemos visto también en las huelgas generales organizadas en Galicia y Euskal Herria por la CIG, ELA y LAB el pasado 27 de enero. No, la responsabilidad de lo que está pasando en el Estado español no es de la clase obrera y de la juventud. Si la burguesía, la patronal y el gobierno puedan imponer estas medidas regresivas es por que la política de concesiones y de claudicaciones de las direcciones de CCOO y UGT lo está haciendo posible.
Todos los trabajadores conscientes, todos los sindicalistas, todos los delegados debemos oponernos con todas nuestras fuerzas a este acuerdo y organizar dentro de nuestros sindicatos, dentro de CCOO y UGT, una fuerte oposición sindical de izquierdas, que levante una alternativa basada en un sindicalismo combativo, de clase y democrático. Hay que impulsar en el seno de CCOO y UGT, en las fábricas y las empresas una amplia campaña por la continuidad de las movilizaciones y la convocatoria de una nueva huelga general que tenga como objetivo claro la retirada de todas las contrarreformas aprobadas. Organizando un fuerte movimiento de oposición desde abajo, desde los comités, desde los delegados sindicales, desde las secciones sindicales  podremos dar la batalla en el seno de CCOO y UGT para cambiar este sindicalismo de paz social por el que necesita la clase obrera: un sindicalismo basado en la movilización, en la democracia de la base y en la defensa de un programa de clase que unifique a todos los trabajadores y vincule el rechazo a todas estas contrarreformas con la lucha por cambiar la sociedad, por el socialismo.
· No a la contrarreforma de las pensiones. Por la jubilación a los 60 años con el 100% del salario y contratos de relevo para los jóvenes parados.
· Plan urgente contra el paro y el deterioro de las prestaciones sociales: Subsidio de desempleo indefinido de 1.100 euros al mes; reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales sin reducción salarial.
· Nacionalización de todas las empresas en crisis bajo control obrero.
· Aumento drástico del gasto público en sanidad, educación y prestaciones sociales.
· Nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control democrático de los trabajadores y sus organizaciones.

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El Militante para luchar por este programa en el seno de nuestros sindicatos de clase!