A finales de enero, saltaba la noticia en Asturias de la detención e ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, de la ex directora de Planificación, Centros e Infraestructuras del Principado y de la funcionaria Marta Renedo Avilés, acusados de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y blanqueo de capitales, todo ello relacionado con el cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones irregulares. También están imputados los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de la compañía Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, de Almacenes Pumarín, que han quedado en libertad con cargos, tras el pago de una fianza de 300.000 euros. Hay más empresas investigadas y se ha recogido documentación de varias consejerías, sin que hayan trascendido los detalles. El presidente del Principado ha tardado varios días en reaccionar al escándalo, y sus únicas declaraciones han sido para apoyar al antiguo consejero de Educación. Por su parte, la Federación Socialista Asturiana ha querido desmarcarse de la acción de gobierno, y ha expulsado a Riopedre del PSOE, lo que ha provocado roces con el gobierno asturiano.
Aunque los hechos están bajo secreto de sumario, lo que se va conociendo apunta a un auténtico escenario de corrupción y robo de las finanzas públicas que emerge, además, cuando hace poco el gobierno asturiano del PSOE-IU aprobaba unos presupuestos que recortan los gastos prácticamente en todas las consejerías. Con el escándalo actual, resulta especialmente sangrante el recorte en educación, donde pese a haber este curso unos 1.700 alumnos más, nos encontramos con 300 profesores menos. También ha sufrido recortes el tramo de educación infantil de 0 a 3 años, donde se eliminaron directores, y se han reducido drásticamente las ayudas para compra de libros. Todo en aras de "racionalizar el gasto".

‘Racionalizar el gasto' para optimizar sus beneficios

Ahora han trascendido algunas de las prácticas habituales en dicha consejería, avaladas por sus máximos responsables, en cuanto al suministro y equipamiento de los centros públicos. "... un colegio asturiano fue sometido hace pocos años a una reforma integral (...) Llegado el momento de contratar el equipamiento, el director contactó con la Dirección General de Centros y su responsable, Mª Jesús Otero, fue clara: ‘Ya pasan por ahí los de Almacenes Pumarín'. Cuando el comercial de Almacenes Pumarín pasó por el centro, (...) desechó de un plumazo la reutilización de todos los muebles que al equipo directivo le habían parecido que estaban en buen estado y podían ser reutilizados, incluidas algunas partidas que habían sido recibidas en el centro hacía apenas unos meses. ‘Hablé con la Consejería y les dije que no me parecía normal que pusieran a la zorra a cuidar del gallinero. Era lógico que el de la casa de suministros nos quisiera vender lo más posible pero me pareció demasiado' cuenta el responsable de la escuela. Le dijeron que no se preocupara. Al final, el colegio se montó ‘a estrenar'.(...) El colectivo de directores de Gijón cuestionó en su día, la inversión que les llegó impuesta para cambiar todos los equipos informáticos de los centros. Muchos quisieron hacer valer que tenían equipos muy nuevos, e incluso recién instalados, que iban a la perfección. ‘No hubo nada que hacer, los había que cambiar'" (La Nueva España, 26 de enero de 2011).
Curiosa manera de "racionalizar el gasto". Imaginamos el cabreo que sentirán los funcionarios de a pie, a quienes se les ha descontado el 5% del salario "porque no hay dinero".

Advertencias en la adjudicación de contratos y una polémica Ley de la Función Pública

Tras destaparse este caso, son muchas las voces que piden que se investiguen más consejerías y más adjudicaciones públicas. De hecho, Marta Renedo (que podría haber robado en torno a 1,5 millones de euros) llegó a la administración regional de la mano de Ana Rosa Migoya, la consejera de Administraciones Públicas, quien posteriormente la incorporó a su consejería como Jefa de Servicios Administrativos. La reacción del gobierno del Principado al conocerse la noticia ha sido la de echar balones fuera, insistiendo en que la investigación es fruto de una acción del propio gobierno que detectó las irregularidades de Marta Renedo, cesándola fulminantemente y poniendo todo en conocimiento de la justicia. Pero la realidad es que fue a través de Hacienda como se levantó la liebre, al investigar varias cuentas creadas por esta funcionaria.
Así las cosas, existe la sensación de que esto puede ser sólo la punta del iceberg. Desde la Sindicatura de Cuentas se ha señalado en varias ocasiones falta de objetividad y transparencia en contratos del Principado, y ha constatado "deficiencias" por arbitrariedad en la adjudicación de nuevos contratos del Hospital Central de Oviedo (HUCA), entre otros. Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias anuló cuatro veces en un año y medio una convocatoria de puestos de altos funcionarios (los que intervienen en proyectos de adjudicación de obras públicas) por haber sido designados a dedo.
Jesús Iglesias, el coordinador general de IU de Asturias (con dos consejerías en el gobierno del Principado) ha manifestado que es necesario "evaluar" los mecanismos y filtros para "impedir que se puedan dar situaciones como estas". Sin embargo, recientemente han contribuido a la aprobación de la reforma de la Ley de la Función Pública que abunda en el método de la "dedocracia" y amplia los puestos que pueden designarse de esta manera. A nadie se le escapa que este proceder favorece como mínimo el enchufismo, la sumisión al consejero de turno y las corruptelas de toda clase.
Sin duda, este caso está muy lejos de cerrarse y no sería extraño que la trama alcanzara a más altos cargos del gobierno. La indignación que siempre suscitan casos de este tipo aumenta más aún cuando cada día se da una nueva vuelta de tuerca para echar todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la mayoría de la sociedad, y pone de manifiesto la farsa de una democracia sobre la que no tenemos ningún tipo de control efectivo.