Tras el rechazo de la Ley Sinde en el Congreso de los Diputados hace algunas semanas, la polémica sobre la misma se reabre con más fuerza que nunca. Pero, en qué consiste realmente, a qué intereses responde y qué fines persigue son cuestiones importantes a responder para tener una posición clara al respecto. La polémica ley ha sido presentada como una medida para luchar contra la piratería y así proteger los derechos de autor, pero lo que en realidad encierra es la defensa de los intereses de las grandes empresas productoras coartando así el acceso a la cultura para la mayor parte de la sociedad. La ley establece que una Comisión de Cultura podrá "tomar medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información que vulnere derechos de propiedad intelectual o para retirar los contenidos (...) siempre que el prestador, directa o indirectamente, actúe con ánimo de lucro o haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial". Así que cualquier web, tenga o no ánimo de lucro, será susceptible de ser cerrada ya que prácticamente todas utilizan contenidos (fotos, textos, enlaces) que potencialmente "vulneran" los derechos de propiedad intelectual.
En la primera propuesta de esta ley el cierre de las webs en ningún momento dependía de la actuación judicial, lo que desde el punto de vista de la legalidad burguesa constituía una completa aberración. Finalmente, los jueces participarán aunque sólo al final del proceso, para validar o no la decisión de cierre de webs tomada por dicha comisión. Esencialmente, ésta ha sido la modificación realizada tras las negociaciones del PSOE con el PP y CIU para aprobar la ley en el senado. No obstante, el mayor o menor papel asignado al poder judicial no es el punto más importante ya que tradicionalmente tanto las leyes como la parte del aparato del Estado encargado de "interpretarlas" son instrumentos en manos de la burguesía para la defensa de su propiedad y de sus negocios, del tipo que sea. Precisamente es en esto en lo que se inspira el nacimiento de esta ley: la defensa del trozo de pastel que las multinacionales de la cultura, las grandes productoras, etc., no están dispuestas a negociar con nadie y que tratan de conservar con el hipócrita argumento de preservar la cultura.

Las grandes productoras y el verdadero negocio de los derechos de autor

Esa idílica imagen de amor por la cultura que tratan de proyectar las grandes productoras no puede ser más engañosa. Cuando explican que la piratería hace que las películas y discos originales no se vendan y que, por tanto, la supervivencia de músicos y cineastas esté en peligro, no hacen más que tratar de aprovecharse, por medio de la demagogia, del sentimiento general que la gente siente de respeto y aprecio a la cultura y sobre la necesidad de desarrollarla y preservarla todo lo posible.
Sin embargo, no se pueden identificar los intereses de las multinacionales con la supervivencia de la cultura. De hecho, lo que no explican es que muchos de esos músicos o artistas ni si quiera viven fundamentalmente gracias a esos CDs y DVDs originales (son las grandes productoras las que rentabilizan su producción y comercialización) sino a sus trabajos y actuaciones. Quien realmente acaba con los derechos de los artistas es el monopolio de las productoras y distribuidoras que, además de dificultar enormemente el acceso de jóvenes artistas al sector, les obligan desde su posición de dominio a vender esos preciados derechos de autor con los que ellos se enriquecerán por los siglos de los siglos. Además, tratando de coartar la libre circulación de cultura en la red no hacen más que condenar a los autores a seguir siendo desconocidos si no aceptan pasar por las condiciones que estas grandes multinacionales les imponen.
Por si esto no fuera suficiente, todavía se escucha quien defiende la idea de que estas multinacionales viven de vender discos y que no se les puede quitar su medio de vida, como si se tratase de una pequeña tienda de ultramarinos que se ve abocada al cierre. Pero es que estas grandes empresas se han enriquecido enormemente gracias a internet y a las descargas. Todos los DVDs y CDs vírgenes, las memorias USB de almacenamiento, los iPODs, reproductores mp3, etc., que antes no existían han enriquecido a empresas multinacionales estrechamente vinculadas al negocio de la cultura. Y ellas no son las únicas que se han forrado con internet y las nuevas tecnologías, porque las compañías telefónicas también han hecho su agosto con la banda ancha.

La cultura no puede ser propiedad de una minoría

Lo que viene a revelar de forma muy clara todo este debate es que bajo el capitalismo la cultura es un negocio más, no tiene ningún carácter filantrópico. La imagen que desde los grandes medios de comunicación se vierte al respecto es una interesada campaña publicitaria que trata a los jóvenes y a los trabajadores con un enorme desprecio en lo que a cultura se refiere, tratándonos como gente inculta que no se interesa por la literatura, la música o el arte, para luego sacar provecho de nosotros con precios abusivos. Bajo este sistema el acceso a la cultura está restringido a una minoría, pero eso no es por falta de inquietudes al respecto sino porque cada vez que un joven quiere comprar un disco, ir a ver una obra de teatro o asistir a un concierto debe aceptar pagar precios que realmente privan a la mayor parte de la sociedad de poder disfrutar de la cultura. Resulta verdaderamente irónico que cuando los avances tecnológicos permiten cosas tan asombrosas como Internet, una herramienta que permite el acceso masivo a la información y al conocimiento para millones de personas y que, sin duda, supone un avance sin precedentes para la humanidad, todas las alarmas salten para terminar con ello cuanto antes. Eso no es defender la cultura sino todo lo contrario. La cultura no puede ser un privilegio ni el negocio para enriquecer a unos pocos sino estar accesible y al servicio de la mayoría de la sociedad.

¿Defensa de los derechos de autor o ataque a los derechos democráticos?

Queda claro que la Ley Sinde no busca poner la cultura al servicio de la sociedad, pero esto no es lo único preocupante. Además existe otro punto muy grave: se abre la puerta legal para poder bloquear o cerrar webs de contenido político, social y reivindicativo, con la excusa de que sus contenidos vulneran los derechos de propiedad intelectual. Por tanto, la Ley Sinde es un mecanismo más en la progresiva asfixia de nuestros derechos democráticos que estamos soportando en los últimos años. No sería la primera vez que vemos cómo se utilizan herramientas de este tipo para utilizarse contra los activistas de izquierdas, de organizaciones anticapitalistas o sindicalistas destacados del movimiento obrero, cumpliendo así uno de los cometidos de los que "la ley" o "la justicia" están repletas: defender a la clase dominante por todos los medios.