Esta vez el dicho se ha cumplido a rajatabla para muchos profesionales de los servicios sociales (trabajadores sociosanitarios y de la intervención social), ya que las uvas nos han traído el paro. Nuestro sector, privatizado en gran parte, funciona a través de convenios que las comunidades autónomas y los ayuntamientos firman con las distintas ONGs (esas entrañables entidades sinónimo de lucro) que prestan sus servicios a cambio de la correspondiente subvención. Dichos convenios generalmente tienen carácter anual y cumplen a 31 de diciembre, fecha en la que se firman las renovaciones de los distintos proyectos y programas de atención social. En dichos convenios se especifican a través del pliego de condiciones los servicios que se tienen que prestar, las condiciones mínimas que se tienen que garantizar y el número de trabajadores necesarios para desarrollar el proyecto. Este año los recortes presupuestarios han llegado a estos convenios (aunque hace tiempo que se estaban llevando a cabo), por lo que prima la tendencia a rebajar las condiciones mínimas exigidas, incluyendo aumento de ratios con la correspondiente reducción de plantillas. Y debido a la privatización, dicha reducción de personal les está saliendo realmente barata ya que la mayoría de los trabajadores de lo social tenemos contratos a fin de obra vinculados con los convenios; nos vamos a la calle con una mano delante y otra detrás y sin posibilidad de defensa legal alguna. Y además, precisamente en un contexto donde el riesgo de exclusión social por los efectos de la crisis del capitalismo amenaza a millones de personas, los sectores más vulnerables (ancianos, menores en desamparo, personas dependientes, discapacitados, etc.) van a sufrir el empeoramiento de la atención que reciben, ya de por sí muy deficiente. Feliz Año Nuevo.

Reconversión silenciosa

Esta reconversión del sector está pasando totalmente desapercibida, principalmente por dos motivos: la atomización y dispersión de los trabajadores del sector y la pasividad sindical. La sangría de puestos de trabajo (y por tanto de calidad de vida de los usuarios) se está produciendo sin grandes traumas (un educador menos en un centro de menores, dos auxiliares en un geriátrico, un trabajador social en un centro de día, se cierra un proyecto de intervención en calle que empleaba a tres técnicos, etc.), pero globalmente supone la pérdida de muchos puestos de trabajo y una degradación general de los servicios sociales. Mientras que para el poder sobramos educadores, trabajadores sociales o enfermeros, hemos batido el récord histórico de número de agentes policiales en el Estado español, lo que deja muy claro el modelo social que están imponiendo (aunque a nadie debería extrañarle, con Rubalcaba manejando el cotarro).
Pero esta situación se puede revertir. Es cierto que la atomización y la precariedad del sector dificultan enormemente la lucha sindical, pero también es verdad que esto se debe a la falta de perspectiva del sindicalismo reformista, que tiende a aislar las luchas empresa a empresa sin ofrecer una alternativa real. Sin embargo, con un plan de lucha global y contundente, que tenga como objetivo último el desarrollo de unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad, otro gallo cantaría. Existen ejemplos de victorias obreras en luchas parciales al plantear el aspecto más global de la movilización, por ejemplo la paralización de la privatización de El Hospitalito (geriátrico público de Toledo), conseguida a finales del año pasado tras una dura lucha encabezada por el STAS Intersindical y que unió a trabajadores y usuarios. Éste es el camino.