El 30 de enero, en la Convención Socialista de Zaragoza, el presidente Zapatero alabó el pacto de recorte de las pensiones firmado por el gobierno, los sindicatos y la CEOE, y señaló que se trataba del acuerdo social más importante desde los Pactos de la Moncloa. Ya han pasado más de 33 años desde la firma de los Pactos de La Moncloa (27 de octubre de 1977), pero, pese al tiempo transcurrido y a las innegables diferencias entre la situación de aquellos años y la presente coyuntura, una revisión del contenido de aquellos pactos y, sobre todo, un balance de sus resultados, puede resultar clarificador para entender las consecuencias de la actual política claudicante de las direcciones sindicales.
¿Qué fueron los Pactos de La Moncloa?

Los años finales de la dictadura del general Franco coincidieron con el inicio de la primera crisis general del capitalismo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la crisis de 1973-1974. La muerte del dictador en 1975 abrió paso a una situación prerrevolucionaria, que se extendió a lo largo de 1976 y los primeros meses de 1977. Durante ese período, la conflictividad laboral alcanzó cotas extraordinarias, ya que los trabajadores estaban dispuestos a recuperar el terreno perdido durante los años de la dictadura. Más de 7,5 millones de trabajadores (casi el 90% de la fuerza laboral total) participaron en huelgas a lo largo de esos meses, huelgas que se iniciaban con un contenido meramente económico, pero que rápidamente se convertían en movimientos políticos que amenazaban con desbordar el orden establecido, como sucedió en Vitoria en Marzo de 1976. La burguesía se enfrentaba a ese reto lastrada por una doble debilidad. Por un lado, las bases económicas del capitalismo español eran sumamente débiles, consecuencia del fracaso histórico de la burguesía española para cumplir con sus tareas históricas liquidando las bases económicas y sociales del Antiguo Régimen; y, en segundo lugar, el aparato del estado que le había garantizado durante años, mediante la represión más cruel, la dominación sobre la clase trabajadora se desmoronaba poco a poco ante las acometidas de una clase obrera que había perdido el miedo.
El terror de la burguesía a un choque frontal con la clase trabajadora propició un rápido acercamiento entre los herederos del régimen de Franco y los dirigentes del PSOE y el PCE. La intención de la burguesía era meridianamente clara: asociar a los dirigentes reformistas a sus planes de estabilización de la situación política y económica, y capear así, con su inestimable ayuda, los riesgos de una explosión social que pudiera poner en cuestión los fundamentos del orden capitalista.
Los Pactos de la Moncloa fueron la máxima escenificación de una política de renuncia a convertir el colapso del franquismo en una oportunidad para la revolución socialista. A pesar de que fueron fuertemente contestados por un sector importante de las bases sindicales, las medidas pactadas se impusieron, marcando un punto de inflexión en la política sindical cuyos efectos alcanzan hasta el día de hoy.
El contenido de los Pactos fue doble. Por un lado se firmaron unos acuerdos políticos y jurídicos que ayudaron a estabilizar el aparato del estado y que contribuyeron a reconstruir su legitimidad. Especial relevancia tuvieron los acuerdos sobre reorganización de las llamadas Fuerzas de Orden Público, que supusieron el entierro definitivo de la reivindicación de disolución de las fuerzas represivas y la renuncia de las fuerzas de izquierda a pedir cuentas por los crímenes de la dictadura. Los jóvenes que hoy se interesan por la recuperación de la Memoria Histórica, y que se asombran de que haya habido que esperar tantas décadas para que simplemente se empiecen a abrir las fosas comunes del franquismo y se dé una sepultura digna a las decenas de miles de hombres y mujeres asesinados por sus ideas, deben de saber que los Pactos de la Moncloa ayudaron a extender un velo de impunidad sobre los cuarenta años de horror de la dictadura.
Pero el plato fuerte de los Pactos de La Moncloa fueron los acuerdos económicos, que se organizaron en torno a tres grandes ejes:
· Una política presupuestaria y monetaria restrictiva, para reducir el déficit público y la masa monetaria.
· Establecimiento de topes salariales, mediante la supeditación de los incrementos de los salarios a la inflación prevista para el siguiente año, en vez de al aumento real de los precios.
· Medidas de flexibilización de la contratación, que se concretaron en la autorización de la contratación temporal para parados y jóvenes en busca de primer empleo, y en la introducción de facilidades para el despido libre, aunque limitado al 5% de la plantilla.
Supuestamente, estas medidas iban a servir para relanzar la economía, resolver el incipiente problema del paro, y abrir un futuro económico de prosperidad del que también se beneficiarían los trabajadores. Treinta y tres años después, la revisión de los efectos de los Pactos es demoledora.

Resultados de los Pactos

Las políticas de restricción del gasto y la inversión públicos, unidas a las políticas monetarias restrictivas tuvieron como consecuencia inmediata el cierre o reducción de la actividad de miles de empresas. Durante los años del franquismo, la burguesía había disfrutado de unas políticas de crédito barato y de un entorno proteccionista que la defendía frente a la competencia exterior. Asimismo, la política de constante devaluación de la peseta facilitaba la exportación y la entrada de turistas. De esta forma, durante los años 60 la burguesía acumuló ingentes beneficios que, en lugar de reinvertirse de forma productiva, se destinaron a la especulación y otras actividades parasitarias.
Al iniciarse la crisis de 1973, los empresarios deciden poner sus inmensas reservas a buen recaudo, y se inicia así un período de fuga de capitales hacia paraísos fiscales (especialmente Suiza), que descapitaliza a muchas empresas. Las incertidumbres políticas de la época aceleran este proceso, de modo que cuando entran en vigor las medidas previstas en los Pactos, un gran número de empresarios opta simplemente por recortar la actividad de sus empresas, o directamente por cerrarlas, dejando a miles de trabajadores en el paro.
Esta situación, unida a las nuevas facilidades para el despido y la contratación temporal, provoca un incremento masivo del desempleo, cuyos efectos duran hasta hoy.
En el segundo trimestre de 1977, el paro afectaba al 4,9% de la población activa del Estado español, algo menos de un millón de trabajadores. A raíz de los Pactos de la Moncloa el paro sube hasta los dos millones (tercer trimestre de 1981), y escala hasta los tres millones (último trimestre de 1984). Durante varios trimestres el número de parados no bajó de los tres millones, y en el primer trimestre de 1986 batió su récord al alcanzar una tasa de paro del 21,65% (3.053.000 trabajadores).
Por supuesto, el objetivo de bajar el paro por debajo del 5% no se alcanzó jamás, y habría que esperar hasta el año 2000 para que la tasa de paro bajase del 15%.
Las políticas de tope salarial también tuvieron un efecto duradero sobre las condiciones de vida de la clase trabajadora. En los años inmediatamente anteriores a los Pactos, la participación de los asalariados en la Renta Nacional fue incrementándose de forma constante, en gran medida debido a las luchas obreras que comenzaron a extenderse desde los años 60. En 1975, los salarios representaban el 62,8% de dicha Renta, y en 1977, en medio de las grandes movilizaciones de la Transición, alcanzaron el 64%.
A partir de los Pactos, y a pesar de que en algunos años se consiguieron avances en los salarios reales, la participación de los trabajadores en la riqueza del país empezó a caer drásticamente, hasta el punto de que en 1995 ya sólo representaba el 49% de la Renta Nacional. Los quince puntos porcentuales de diferencia engrosaron, en su mayor parte, los beneficios del capital, que ya en 1978 iniciaron una clara senda ascendente.
Las medidas de "flexibilización de la contratación", que permitían la contratación temporal y el despido libre con ciertas restricciones, no sólo no promovieron la creación de empleo, sino que, bajo la presión de los empresarios, fueron extendiéndose en los años siguientes. Todos los límites y cautelas que sirvieron a los dirigentes reformistas para restar trascendencia a estas concesiones fueron eliminados poco a poco, y la precariedad y el despido fácil y barato han seguido extendiéndose hasta el día de hoy.

Balance y conclusiones

A la vista de la situación de la economía española tres décadas después de los Pactos, puede concluirse que su efecto más importante fue el de apuntalar un capitalismo débil y parasitario, caracterizado por sus bajísimos niveles de inversión e innovación, por su alergia a la inversión productiva, y por su preferencia por resolver sus problemas de rentabilidad a costa de la sobreexplotación de la clase trabajadora.
Los Pactos de la Moncloa facilitaron una extraordinaria acumulación de beneficios, basados en los bajos salarios relativos. Contribuyeron a crear una bolsa estructural de paro, de unas dimensiones desconocidas en otros países capitalistas de nuestro entorno, y que constituye un lastre terrible sobre el conjunto de la economía. Pero ese paro estructural resultó muy útil a los empresarios. Gracias a la presión de ese ejército industrial de reserva, al que unos años después se unieron varios millones de trabajadores inmigrantes, los salarios pudieron mantenerse muy bajos, y las condiciones de trabajo endurecerse hasta límites propios del siglo XIX.
Los beneficios obtenidos no se dirigieron a la modernización de la estructura productiva del país. Por el contrario, la especulación improductiva en la bolsa y en deuda pública y, muy especialmente, en el sector inmobiliario contribuyeron a crear las burbujas financieras que dieron lugar a la crisis que ahora pretenden que paguemos entre todos los trabajadores.
De modo que cuando en enero de 2011 los sindicatos pactan con Zapatero el recorte de las pensiones, cuyo motivo último es la necesidad de cubrir el terrible agujero bancario creado por el hundimiento de la burbuja inmobiliaria, lo que en realidad hacen es intentar paliar con la misma medicina los males que sus políticas equivocadas ayudaron a crear hace más de 30 años. En nuestras manos, como afiliados a los sindicatos de clase, está el poner punto final a esta escalada de concesiones que sólo ayuda a hacer a los ricos más ricos, que extiende la miseria entre los trabajadores y jubilados, y que ayuda a sentar las bases de futuras y aún más dañinas crisis.