La nueva ley contra el consumo de tabaco en lugares públicos y la subida de su precio, dos veces en poco más de un año, han disparado las alarmas en las grandes tabaqueras que se reparten el mercado mundial. El ejemplo de esta ley en el Estado español, donde los fumadores son más de diez millones y los precios del tabaco están por debajo de los de Reino Unido, Alemania o Francia puede ser un precedente peligroso para su negocio.
Cinco grandes multinacionales se reparten el mercado mundial del tabaco, la mayor de ellas es la norteamericana Philips Morris. Le siguen, BAT de Reino Unido, Japan Tobacco e Imperial Tobacco de Reino Unido (que absorbió a Altadis en 2008, de la cual formaba parte Tabacalera Española que fue privatizada en 1998).
Por dar sólo un ejemplo del poder económico de estas empresas, el grupo al que pertenece Philips Morris, Altria Group, facturó 101.407 millones de dólares en 2004. Estas multinacionales son las que están incentivando la movilización de un sector de los hosteleros, exagerando los casos puntuales de insumisión a la nueva ley para dar la sensación de que no se cumple, y cuentan con la complicidad encubierta de algunas comunidades autónomas -como la de Madrid, donde Esperanza Aguirre se ha posicionado en contra de la ley- que no cuentan con inspectores suficientes para todos los locales hosteleros.
Pero no sólo las tabaqueras ganan dinero, los impuestos sobre el tabaco son una fuente de recaudación para la Hacienda pública que obtiene más del 80% del precio final del tabaco. En 2010 se recaudaron 9.266 millones de euros de los impuestos especiales y del IVA del tabaco. Desde 1990 el Estado ha recaudado más de 100.000 millones de euros procedentes de los fumadores y a esto hay que añadirle las últimas subidas de precio en diciembre de 2010. Esta subida fue justificada en aras de "una economía más saludable y sostenible" y para rebajar el déficit público; según el gobierno la rebaja en la fiscalidad de las pymes, el coste de los "orientadores de empleo" y la ampliación del plazo para la amortización de la deuda a las empresas hacía necesario recaudar más dinero, teniendo en cuenta que los impuestos indirectos gravan por igual a todos independientemente de las rentas, son los trabajadores los que subvencionan a los empresarios a través de un producto de consumo masivo.

El tabaquismo, un problema social

El gobierno se mueve en el tema del tabaco igual que en otros muchos, ni contenta a los amigos ni amedrenta a los enemigos. Quisieran acabar con el consumo tan exagerado de tabaco pero sin que las tabaqueras se enfadasen, que los fumadores se deshabitúen pero sin gastar dinero en tratamientos y eso en este mundo regido por la búsqueda del máximo beneficio es imposible. Un gobierno que quisiese de verdad acabar con el tabaquismo debería exigir a las grandes empresas que dejasen de añadir sustancias adictivas, que en las cajetillas figurase qué lleva exactamente el tabaco y que por supuesto tuviese fecha de caducidad, el poder de las multinacionales tabaqueras es tal, que estas condiciones que cumple el producto más sencillo en cualquier supermercado se las saltan a la torera.
El consumo y la producción masiva de cualquier producto es la sangre del capitalismo, aunque este consumo genere enormes gastos a la sanidad pública. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo calcula que los gastos sanitarios y sociales derivados de las enfermedades generadas por el tabaco suponen el 2% del PIB del Estado español; podemos resumir que por cada euro ingresado por el tabaco se gastan dos en sanidad, el negocio es redondo para las tabaqueras, las consecuencias sanitarias del uso del tabaco las paga el Estado.
Las pruebas científicas son irrefutables, el tabaco es perjudicial para la salud y debería ser una obligación que un gobierno que se llama socialista acabase con su consumo, pero esto no se puede hacer por la vía exclusiva de la prohibición o de aumentar su precio, sería necesario un plan que empezase por la eliminación de las sustancias más adictivas que se le añaden al tabaco, con la gratuidad de los tratamientos anti-tabaco y con buenas campañas publicitarias para crear un clima que favoreciera el abandono del tabaco y también planes para recolocar a todos los trabajadores del sector. Pero precisamente el ambiente social y laboral invita a todo menos a la tranquilidad y el sosiego. El paro, la precariedad y la falta de perspectivas vitales son las que inducen al consumo convulsivo de todo tipo de sustancias intoxicantes,  acabar con el tabaquismo no es sólo un aspecto sanitario sino que también está ligado a la lucha por transformar la sociedad.