El inicio de la privatización de AENA la anunció Zapatero el 1 de diciembre poniendo con un Real Decreto en los estantes del mercado los aeropuertos de Barajas y El Prat como “producto estrella”.
Las huelgas para navidad, anunciadas por los dirigentes sindicales como respuesta a los planes del gobierno, fueron sofocadas violentamente con la imposición de un estado de alarma que tenía preparado el gobierno para la ocasión, utilizando la propaganda mediática para crear confusión: “los controladores y el resto de trabajadores de aeropuertos son unos privilegiados”. Desde la declaración del estado de alarma, las acciones y mensajes contradictorios de la Coordinadora Sindical Estatal (CSE, conpuesta por CCOO, UGT y USO) provocaron un ambiente de pesimismo entre los trabajadores quienes veían cómo los esfuerzos se iban en crear y defender un documento de garantías que la empresa y el Ministerio de Fomento ninguneaban.
Ante este insultante panorama la CSE se vio obligada a organizar, por fin, un calendario de lucha que se inició en una manifestación estatal en Madrid el 26 de febrero contra la privatización. Por ahí es por donde se debía haber empezado. Esta manifestación permitió a los trabajadores de todos los aeropuertos organizarse, debatirla en asambleas y revertir el ambiente de pesimismo que se había enquistado, demostrando su fuerza en la calle. El 26 de febrero los representantes sindicales anunciaron una movilización que prometía un caos en los aeropuertos durante las próximas festividades de Semana Santa y de verano. Los miles de trabajadores allí presentes escucharon y apoyaron estas medidas con gran entusiasmo.

El ministerio, la CSE y la presión de los trabajadores

La empresa y el ministerio empezaron a sentir la presión de una huelga que desbarataba los negocios hosteleros y de restauración durante la Semana Santa. Las reservas de vuelos, hoteles y restaurantes se tambaleaban y esta vez, a diferencia de la huelga de diciembre llevada a cabo por los controladores, no podrían establecer el estado de alarma. Estábamos en un panorama distinto, no había “pasajeros secuestrados”, y además quienes convocaban la huelga no podían ser tachados por cobrar sueldos de 200.000 euros al año; esta vez el ministerio se la jugaba con trabajadores de 1.200 euros mensuales y el mangoneo de los medios de comunicación tendría efectos muy limitados sobre una clase trabajadora cada vez más consciente y cansada de las mentiras. Los servicios hosteleros empezaban a presionar al gobierno para que moviera ficha.
La respuesta no se hizo esperar. El presidente de AENA y sus amigotes, siguiendo las directrices del ministerio, no sin antes hacerse los desinteresados, se vieron obligados a sentarse en una mesa de negociación para arreglar las cosas, para evitar que los daños económicos en la economía turística fueran en aumento. Esta vez no hubo tanto desprecio y ninguneo, con los trabajadores en pie de guerra las condiciones para negociar eran bien distintas y el ministerio tuvo prisa por solucionar el conflicto. Fueron tantas las prisas que en pocos días se creó un preacuerdo en el que la privatización seguiría adelante y los trabajadores mantendrían en las futuras empresas privadas las mismas condiciones laborales.
Desde el primer momento la CSE vio con buenos ojos aceptar una buena oferta del ministerio aunque se mantuviera la privatización. Esta era la mejor opción que podían imaginar. Parece ser que no pensaron que la clase trabajadora se verá perjudicada si los beneficios de los aeropuertos se van a bolsillos privados; ese dinero sirve para garantizar las pensiones, educación y sanidad públicas.

Los dirigentes sindicales no llevan la lucha hasta el final

Mientras la CSE demostraba una falta de confianza en la fuerza y decisión de la mayoría de los trabajadores, otros más combativos llevaban tiempo reuniéndose, debatiendo, animándose y sacando la conclusión de que la mejor garantía de conservar el trabajo era luchando por una AENA pública y que, a pesar de las dificultades, podía conseguirse si se organizaba bien en los aeropuertos más importantes y si se extendía la lucha a otros sectores que estaban sufriendo la misma suerte.
Muchos trabajadores pensamos que una huelga exitosa pasa por afrontar el problema de los servicios mínimos para superarlo, en lugar de cerrar los ojos y eludir la cuestión. De hecho, los trabajadores conocemos nuestro trabajo mejor que los ministros y sabemos de sobra que los jefes siempre se hacen los despistados cuando se incumplen las propias normas que ellos mismos redactan; los trabajadores somos quienes mejor conocemos las miserias administrativas y técnicas de nuestro día a día, asuntos delicados que muchos denunciamos y que la empresa desatiende. Enfrentarse a unos servicios mínimos con seriedad implica no hacerse cargo de estas miserias durante un tiempo, establecer medidas no ilegales muy concretas en cada puesto de trabajo para que durante esos días de huelga la desidia de la empresa salga a flote y se demuestre la buena voluntad que los trabajadores ponemos a diario para que los aeropuertos funcionen correctamente.
En muchos aeropuertos hubo iniciativas partiendo de asambleas. Por ejemplo, en Barajas, el 9 de febrero, surgió la Asamblea F9, que convocó cinco días después una acampada en la Terminal 4 (T4), todavía activa, los días 23 de febrero y 9 de marzo hubo cacerolada en la T2; el día 24 de febrero hubo un paro de dos horas.
Mientras debates como estos ocurrían en los centros de trabajo, mientras la plataforma F9 y su lucha contra la privatización recogía más de 20.000 firmas y agrupaba diversos colectivos de dentro y fuera de AENA, mientras se organizaba la lucha en los centros de trabajo, la CSE llegó a la conclusión de que no teníamos fuerza y alegó que estas iniciativas no eran representativas dado el escaso número de la gente que había detrás, ignoró ideas que podían funcionar y estableció deprisa y corriendo una asamblea y referéndum prematuros de SI o NO al preacuerdo; el SI que ellos defendían era una garantía de futuro y el NO era una pesimista incertidumbre. En la asamblea previa al referéndum en Manises (dos días antes), los representantes sindicales confesaron a los trabajadores que el calendario de lucha había sido un farol, que en realidad no teníamos fuerza y que se la habíamos colado al gobierno, a esos jugadores profesionales del póker.
La realidad es que los dirigente sindicales hicieron un planteamiento muy tendencioso y sin un plan de lucha bien establecido que afrontara los servicios mínimos. Ante esto un sector de los 11.000 trabajadores afectados no fue a votar (la participación fue del 67,56%), y muchos se vieron abocados a votar SI al preacuerdo; saliendo un 67,7% SI frente a un 32,28% NO, nulos y blancos. Teniendo en cuenta el poco tiempo que hubo para el debate y las condiciones de la asamblea los trabajadores demostraron una vez más una capacidad de lucha y una conciencia extraordinarias. Virtudes que de momento están siendo encubiertas pero que debido a la profundidad de la crisis y a los ataques que por ello vendrán, acabarán saliendo a flote.


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