Tras las elecciones municipales y autonómicas de mayo, el habitual coro de agoreros interesados entonó la no menos habitual melodía con la letra ‘los valencianos son de derechas, indiferentes a la corrupción; da igual el 15-M o las manifestaciones que haya, la mayoría silenciosa está con la reacción’. El propio El país titulaba un análisis, días antes de las elecciones (el 19), de esta forma: ‘el control de la sociedad blinda la hegemonía del PP’. Análisis superficial e interesado para desmoralizar, atomizar, a los sectores, cada vez más amplios, que cuestionan el sistema. Y, sin embargo, las condiciones para explosiones sociales están cada vez más maduras.

La mayoría de los sociólogos apenas avistan la realidad social desde sus despachos, a través del espejo deformado de las elecciones. Pero incluso este reflejo distorsionado da algunas claves. Veamos los resultados de las autonómicas (más revelador que las municipales, que siempre tienen muchas más variables) comparados con los de las de 2007[1].

Está claro que el grueso de la base social del PP (masas de capas medias, y sectores atrasados de trabajadores) es relativamente inmune a la política antisocial de la Generalitat y a la corrupción, y mantiene su giro a la derecha, más cuando es el PSOE en el Gobierno el gestor de la crisis del sistema y de sus recortes. Aun así, y a pesar de que no tiene competencia en el campo derechista, los populares han perdido 4 puntos y un 5% de sus electores. Lo destacable en las elecciones, más que el resultado del PP (que parece tocar techo), es el fracaso del PSOE. La socialdemocracia, que en época de crisis tiende a fundirse con el Estado burgués y los intereses capitalistas, paga un alto precio por su política de falta de oposición: pierde 7 puntos y el 18% de su electorado. Nunca antes había obtenido menos del 30% en unas autonómicas. Una gran parte del voto perdido se ha dirigido a la proclamada ‘izquierda del PSPV’: existe una relación evidente entre los 154.000 votantes que pierde y los 124.000 que gana la suma de Izquierda Unida y Compromís. El porcentaje de votos de fuerzas que tradicionalmente se han declarado a la izquierda del PSOE es el segundo más alto en unas elecciones a la Generalitat. Esto refleja que la polarización política se ha acentuado, no sólo en la calle, sino incluso en un terreno más complicado, el electoral. Un dato más en este sentido es la preeminencia de Compromís (hoy, la unión de Bloque e Iniciativa) sobre Isquerra Unida, que hasta ahora había superado a los grupos del nacionalismo de izquierda. Este resultado sorpresivo se ha sustentado fundamentalmente en la popularidad de Mónica Oltra (diputada de Iniciativa) entre sectores de la juventud de Valencia ciudad. Ni Iniciativa ni el Bloc tienen un programa que vaya más allá del reformismo más moderado. No obstante, las dificultades de EU para ir más allá del institucionalismo y de estar en la calle, y la propia actitud de Oltra (utilizando Les Corts para denunciar el carácter de la derecha; apoyando y estimulando manifestaciones; o haciendo guiños al 15-M), le da a ésta una imagen de cercanía y de combatividad entre algunos de los jóvenes que rehúyen de las componendas con la derecha y del burocratismo.

La abstención apenas ha variado, aunque partía de un nivel muy alto (en 2007 fue la segunda más alta de unas elecciones a la Generalitat). Sigue siendo con diferencia el segundo partido. Y, aunque sus causas son siempre muy variadas, es evidente que, si la base social de derechas se siente extremadamente motivada para votar, y lo hace en bloque, esta amplia bolsa de no votantes (casi uno de cada tres valencianos) no pertenece a ella, y podría en su mayor parte ser arrastrada a votar a partidos de izquierda… siempre y cuando les demuestren que son realmente distintos, que merece la pena confiar en ellos, que van a luchar por resolver sus problemas… es decir, que han roto los numerosos lazos que hoy por hoy les atan (a unos más, a otros menos) a las instituciones burguesas y al capitalismo, hoy tan cuestionado.

El descontento también se ha reflejado en los votos nulos y en blanco, que han aumentado, en conjunto, del 1 al 4,20% (el mayor porcentaje histórico).

El 15-M, expresión del descontento social

En todo caso, tal y como explicábamos en el número de abril de Militant, ‘en esta ocasión más que en ninguna otra, los resultados de las próximas elecciones no reflejan más que de forma muy distorsionada el ambiente social’. La mejor demostración es el impacto del 15-M en la población. Seguramente la ciudad donde más masivo ha sido el movimiento, más simpatía ha generado, después de Barcelona y Madrid, sea Valencia, y esto no es ajeno a la profunda indignación hacia los recortes, la corrupción, el despilfarro de recursos públicos, y la situación social, generada por tantos lustros de Generalitat del PP (y, por supuesto, tampoco es ajena a la implicación del PSOE en esos ataques, desde su posición de oposición oficial y desde numerosos Ayuntamientos).

Miles y miles de jóvenes y trabajadores participamos en las asambleas de la Plaza 15-M, y decenas de miles se pasaron durante horas por la acampada, especialmente los días claves (del jueves 19 al sábado 21 de mayo), y han acompañado al movimiento en los momentos claves (por ejemplo tras las brutales cargas policiales a las puertas de Les Corts). Posteriormente, las asambleas de barrios y pueblos (especialmente los obreros) se han nutrido también de sectores muy amplios. Al hilo de este ambiente y del ejemplo del 15-M, las manifestaciones (para parar desalojos; para cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros; para recuperar el viejo hospital La Fe; para una cobertura sanitaria digna en Mislata…) se suceden.

Esta expresión de rabia, determinación en la lucha, y esperanza en cambiar con ella las cosas, tuvo sus antecedentes en continuas manifestaciones durante la primavera, como la del 25 d’Abril contra el cierre de TV3 o la marcha contra la corrupción. Y, por supuesto, la de la huelga general del 29-S.

En la extendida indignación subyace, en muchos casos, la desesperación ante una situación laboral y social crítica. El paro afecta a medio millón de valencianos (sólo según el INEM), de los que trescientos mil son trabajadores de la industria (el peso de los sectores con más explotación y menos estabilidad y condiciones laborales aumenta). Los EREs son continuos en todos los sectores, incluyendo Ayuntamientos (el de Calp acaba de anunciar 700 despidos). Los concursos de acreedores del primer semestre son un 50% más que en el primero de 2010, y 24.000 empresas han desaparecido en dos años. Las ayudas sociales se reducen mientras los potenciales beneficiarios de ellas se multiplican. Dos recientes recortes de Prensa son indicativos de la marginación y desesperación que está alcanzando a algunos sectores; un trabajador que no cobra su salario coloca una bomba artesanal en la puerta del domicilio del empresario; un parado sin casa, sin problemas mentales ni con drogas, quema un cajero automático para ir a la cárcel y asegurarse cama y comida.

La destitución encubierta de Camps

El PP, pese a ganar holgadamente las elecciones, se encontraba con problemas graves. La asfixia económica de la Generalitat, a la que le ha llevado tanto su política como la crisis de su sistema, le obliga a recortar gasto social, en un contexto de creciente movilización. En esta situación, mantener como presidente a Camps, que vivía cada vez más aislado, sin poder salir casi de su reducido círculo de aduladores, y que según avanzaba el proceso judicial era cada vez más indefendible, era un riesgo añadido. Y no sólo a nivel valenciano: la táctica de Rajoy de tapar la corrupción del PP al menos hasta las próximas generales era incompatible con el enjuiciamiento del molt poc honorable manteniendo su cargo. La presión de la sede de Génova y de parte del aparato valenciano (bajo el síndrome de ciudad sitiada) pudo con la delirante resistencia de Camps.

La rápida sustitución en el Palau de Manises ha evitado de momento los navajazos entre los diferentes sectores del PP valenciano. El nuevo inquilino, Alberto Fabra, antiguo alcalde de Castellón, era una figura de segunda fila, cuyo único mérito es no haber estado públicamente tan implicado en la trastienda del partido (y por tanto en sus métodos de financiación), y pasar desapercibido en su provincia gracias al protagonismo de Carlos Fabra, el cacique provincial que aún hoy tira de los hilos del PP castellonense. Una vez en el cargo, Alberto pretende dar un respiro a su partido, alardeando de un talante más abierto y dialogante, e incluso amagando con reformar algunas políticas de Camps, mientras mantiene o incluso profundiza lo fundamental de las mismas. Intenta también aprovechar las ansias de los dirigentes de CCOO, UGT y PSOE por llegar a todo tipo de pactos. Con respecto a la corrupción, dar sólo un dato: la mitad de los profesores que aprobaron las oposiciones de julio a inspector son afiliados del PP. ¡Evidentemente no es casualidad, es que los peperos son muy listos!

La perspectiva para el PP no es de estabilidad. Fabra no se apoya en ningún sector importante del aparato, sino que intenta jugar un papel bonapartista, blandiendo la autoridad de la calle Génova. Según la presión de ésta se relaje (tras las elecciones de noviembre), y según la movilización contra su política aumente, las navajas brillarán bajo el sol de Valencia.

Endeudamiento, impagos y recortes

Las finanzas de la Generalitat están al límite. La emisión de bonos patrióticos, por dos veces (la última por valor de 800 millones) no soluciona el problema, al contrario, aumenta la dependencia de un puñado de banqueros y especuladores. Camps tuvo que hacer un recorte generalizado en el presupuesto ya aprobado, de un 12%, y a ese recorte Fabra sumará otro de 400 millones, que implica una reducción del 20% en las empresas públicas. Pero no salen las cuentas. 33 empresas se han constituido en Plataforma de Proveedores Sanitarios de la Generalitat, para presionar ante ésta por el impago crónico, y amenazan con paralizar la provisión sanitaria si en un mes no han cobrado. Y hasta la patronal anuncia el despido de trabajadores si el Govern se retrasa más en el pago de los cursillos de formación. En este pulso empresas-Generalitat, los perdedores siempre somos los trabajadores y usuarios de servicios públicos. Un ejemplo es el basurazo: un aumento ¡en un 300%! de la tasa de basura.

Mención aparte merece la guerra abierta declarada por el PP contra la educación pública (ver recuadro): eliminación de líneas de valenciano; despidos de mil interinos mientras se aumenta la ratio a 35-37 estudiantes/aula en Secundaria; subida de las tasas universitarias un 7,5%; recorte en 2.300.000€ del cheque para las escoletes (escuelas infantiles), cuando la mitad de los niños no tienen plazas en la pública; la amenaza de despido de 1.200 trabajadores de escuelas musicales (las subvenciones se han recortado un 75% en dos años); y la creación de los CIS (Centros de Iniciativa Social).

¿Qué son los CIS? Son centros construidos en terreno público, pero gestionados por empresas privadas. Es el equivalente a los hospitales públicos de gestión privada, al modelo Alzira. Un ataque salvaje que nos encamina (si les dejamos) a cuatro tipos de centros educativos: los colegios de pago y buenas condiciones (muy marginal), los colegios privados concertados tradicionales, los CIS (centros de titularidad pública y gestión privada) y unos cuantos centros-ghetto públicos, de presupuesto escaso, donde amontonar a los hijos de familias de menos recursos. En definitiva, la privatización total de la educación, salvo un pequeño sector de beneficencia escolar. Es urgente que, como en Madrid y Galicia, el sector educativo se ponga en pie para parar estas agresiones, y en esto la dirección del STEPV, como sindicato mayoritario, tiene la responsabilidad fundamental.

Los mercados atacan, nuestra defensa sólo puede ser la unión y la lucha, que en estos momentos se concreta en una huelga general en todo el Estado, como un primer paso. En todo caso, las condiciones sociales, la agresividad de la derecha (que posiblemente también dominará el Gobierno estatal, a partir de noviembre), el consiguiente fomento del españolismo (y del anticatalanismo) más rancio, y el ambiente generalizado de resistencia a estos ataques, auguran un periodo conflictivo, que pondrán en primera línea la necesidad de una alternativa revolucionaria al capitalismo.