En las últimas semanas los ataques a las conquistas sociales se están haciendo cada vez más explícitos y profundos. La ofensiva de la burguesía, que ahora está teniendo como abanderado al PP y a CiU en las comunidades autónomas donde gobierna, significa una aceleración y un salto cualitativo en la cadena de contrarreformas que empezó a poner en marcha el gobierno del PSOE, especialmente desde mayo de 2010, a raíz de que la crisis griega saltara a la superficie y las exigencias de la banca europea y doméstica se hicieran más intensas. El objetivo ya se sitúa, con toda claridad, sobre la sanidad y la educación, conquistas sociales básicas para garantizar unas condiciones de vida mínimamente decentes para la clase obrera. Los ataques se están haciendo a la luz del día, de forma totalmente descarada. Se cierran centros sanitarios, se reducen camas, se despide personal sanitario y profesores, etc.
El programa de la derecha
La actuación de CiU en Catalunya tras ganar las elecciones en otoño de 2010, que pasó a la ofensiva contra la sanidad y la educación pública de forma rotunda e inmediata, marcó la pauta de lo que iba a suceder tras las elecciones, en mayo, en el resto de comunidades autonómicas y ayuntamientos. A su vez, la ofensiva en las comunidades autónomas es un ensayo general del plan trazado por el PP para cuando, muy probablemente, gane las elecciones generales de noviembre.
A pesar de la ambigüedad de Rajoy respecto a los auténticos planes que tiene en el cajón, las señales de que se emprenderán ajustes y contrarreformas duras y de forma inmediata son continuas. Hace pocas semanas Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, declaraba su posición favorable al establecimiento de tasas en tramos educativos no obligatorios ofertados por el sector público, y no se refería a la universidad, sino al bachillerato y la FP de grado superior. Mas-Colell, Conseller de Economía de la Generalitat, aunque sin mencionarlo, defendió claramente el copago sanitario, al defender el fin del “acceso gratuito universal” a muchos servicios médicos. También hace pocos días, Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla - La Mancha, abogó por el endurecimiento del derecho a las prestaciones de desempleo. El propio Mariano Rajoy, anunció por escrito, en el prólogo de su autobiografía, presentada públicamente en verano, una reforma laboral más dura que la del gobierno del PSOE. También están siendo muy significativas las previsiones del “entorno dirigente del PP” que, según diversas fuentes periodísticas, tienen por descontado que el futuro gobierno de Rajoy se enfrentará a un gran rechazo social y a protestas. La derecha se prepara no sólo para recortes sino para un endurecimiento de la lucha de clases.
Lo que exige la burguesía en estos momentos, y este es el plan real y semi-explícito del PP, es pasar de los recortes de “efecto coyuntural” a reformas estructurales de efecto duradero. En otras palabras, no sólo hay que reducir los gastos de personal y mantenimiento, degradando los servicios existentes, sino que estos mismos servicios tienen que reducirse drásticamente, así como toda una serie de derechos básicos. Por supuesto, estas reformas “estructurales” también engloban nuevas reformas laborales, como queda señalado, y un retroceso en los derechos democráticos. Su objetivo es imponer un cambio profundo en las condiciones generales de vida de la clase obrera, restringiendo sus derechos drásticamente.
Los factores que impulsan a la derecha y a los capitalistas a este plan son claros. En armonía con la reforma constitucional aprobada por el PSOE y el PP, que es toda una declaración programática, se trata de que el gasto público tenga como prioridad absoluta el rescate de los bancos, inmersos nuevamente en una crisis dentro de la crisis. Se trata por lo tanto de cambiar sustancialmente la estructura de gastos del Estado, para que éste pueda canalizar, sin tensiones, una mayor cantidad de recursos al sector financiero, y también empresarial. La CEOE ha dejado claro que quiere que se reduzca en tres o cuatro puntos las cotizaciones empresariales, para ahorrar entre 7.500 y 10.000 millones de euros.
Otro objetivo central de los recortes, además de la canalización directa de los recursos hacia los más privilegiados, es, con el deterioro de la sanidad y la educación públicas, aumentar el espacio para el negocio privado, un bocado nada despreciable, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de crisis.
Arrecia la crisis
Efectivamente, la urgencia que tiene la burguesía en la aplicación de estos planes está determinada, en primer lugar, por el factor económico. Después de cuatro años de crisis mundial el peligro de una fase de quiebras bancarias y de depresión económica vuelve a situarse en el horizonte. En lo que respecta a la economía española, todos los datos apuntan rotundamente en esta dirección. Según la mayoría de las previsiones, el último trimestre de 2011 sufrirá un brusco parón ya que las exportaciones (debido al agravamiento de la crisis en Europa) y el turismo dejarán de contrarrestar las tendencias negativas, y éstas empeorarán. La actividad manufacturera ha caído al nivel más bajo desde junio de 2009. En los nueve primeros meses del año, las ventas de coches cayeron el 20,7% en comparación con el mismo periodo del ejercicio precedente y descendiendo al nivel de 1993. El consumo de cemento se ha recortado un 20% en el tercer trimestre, indicando que la construcción sigue en situación de depresión (entre enero y junio las viviendas terminadas han sido 106.200, una caída del 37% respecto al mismo periodo del año pasado y el número de viviendas registradas ha bajado un 38% desde agosto de 2010 a agosto de 2011, la mayor caída desde abril de 2009). Muchas entidades pronostican que en 2012 se volverá a tasas negativas del PIB.
Otro indicador claro de que la crisis está arreciando es el incremento de los EREs. En los siete primeros meses de 2011 se autorizaron 11.478, que afectaron a 179.795 personas, con un aumento de un 13,6% respecto al mismo periodo del año anterior. La industria es el sector más afectado. Según la EPA de marzo el paro ya afectaba a 4,9 millones de personas. En septiembre se han registrado en el Inem 96.000 parados más que el mes anterior y la Seguridad Social han registrado 65.000 cotizantes menos.
En lo que respecta al sector bancario, la situación es extremadamente delicada. Aunque el Banco de España y el gobierno den por zanjando el proceso de inyecciones de capital público en las entidades financieras quebradas, tras la nacionalización de cuatro cajas a un coste de 7.500 millones de euros, la sangría de dinero público va a continuar. Un dato sirve para aproximarnos a la situación: solamente los créditos concedidos por las entidades financieras para la compra de suelo asciende a un total 100.000 millones de euros, y una buena parte de ellos son de dudoso cobro. Efectivamente, diferentes entidades de análisis y previsión económica estiman entre 40.000 y más de 100.000 millones de euros las necesidades de recapitalización de bancos y cajas. El agravamiento de la crisis económica y la caída en picado del precio de los pisos, que todavía no ha tocado fondo, augura que habrá más bancos a los que el gobierno tendrá que rescatar.
Fracaso de la socialdemocracia
En realidad, la más que probable victoria electoral del PP no tiene como base el entusiasmo que genera su política. Existe un rechazo social muy amplio a los recortes sociales. La clave del éxito de la derecha es la profunda decepción hacia la política del gobierno del PSOE, cuyas victorias electorales anteriores, en 2004 y 2008, estaban asociadas a una expectativa de cambio social y político, alimentado a su vez por la masivas movilizaciones contra el gobierno de Aznar. El giro a la derecha emprendido por el gobierno de Zapatero desde mayo de 2010 ha sido la puntilla en el proceso de separación, cada vez mayor, entre la dirección del PSOE y su base social y electoral. Medidas recientes como la total implicación en el plan antimisiles de EEUU, así como la servicial y sumisa actitud hacia el Papa en su visita de agosto, por no hablar de las reuniones de carácter ejecutivo con Emilio Botín y los empresarios más importantes del país, simbolizan la claudicación completa de la socialdemocracia hacia los poderosos. Este factor es la clave de la victoria del PP, un factor que las piruetas de Rubalcaba no podrán contrarrestrar, entre otras cosas, porque ha sido y sigue siendo totalmente copartícipe y artífice de esta política.
El PP quiere aprovechar al máximo la oportunidad que le ha brindado la dirección del PSOE utilizando su mayoría electoral para lanzarse, sin titubeos, a la ofensiva contra la clase obrera. Opondrá la “legitimación democrática” a la contestación social, sometiendo a una dura prueba el programa y la estrategia de los sindicatos. Y es aquí donde se concentra el quid de toda la situación. Ni la crisis, ni la “legitimidad” de un parlamento en el que la mayoría de los diputados están ligados por miles de hilos, visibles e invisibles, a los dictados de los grandes capitalistas, ni un gobierno del PP son suficientes para que la burguesía se salga con la suya en la ofensiva emprendida contra la clase obrera. El problema fundamental para los trabajadores es que mientras los capitalistas tienen un plan claro y una actitud decidida, los dirigentes sindicales de CCOO y UGT tienen una postura titubeante y conciliadora hacia los protagonistas de estos ataques. La oferta a la CEOE de un nuevo pacto de moderación salarial, prorrogando el que ya está vigente hasta el año 2014, es una prueba concluyente de que no han sacado la lección fundamental de la política de pactos y consensos que llevan años y años practicando: la debilidad invita a la agresión.
CCOO y UGT tienen que pasar ya a la ofensiva
Mientras el PP, la banca y la patronal preparan la apisonadora, haciendo ruido de forma ostensible y a la luz del día, los dirigentes de CCOO y UGT se resisten a apearse de la política que les llevó al lamentable y bochornoso pacto de pensiones en febrero y a cortar abruptamente la convocatoria de otra huelga general para dar continuidad al éxito del 29-S. A pesar de todo, el descontento social ha ido en aumento y la voluntad de lucha también. Lo vimos con el surgimiento del movimiento 15-M y ahora con las masivas movilizaciones del profesorado y de los estudiantes contra los recortes en educación en diferentes comunidades autónomas.
Sí, habrá una ofensiva brutal contra las conquistas sociales, pero la fuerza que se le puede oponer es todavía más amplia y poderosa: la de la clase obrera y juventud organizada, con un programa anticapitalista y un plan de lucha ligado a la perspectiva de la transformación socialista de la sociedad. Para que eso sea posible es necesaria una profunda transformación de nuestras organizaciones de clase, empezando por los sindicatos, cuya orientación debe cambiar 180 grados. Una tarea elemental es unificar las luchas que ya se están dando. Frente a la ofensiva que se nos viene encima es necesario preparar ya el terreno para una nueva huelga general. Los próximos meses serán decisivos para la lucha. ¡Únete a nosotros para construir una fuerte corriente combativa en los sindicatos y un referente marxista en el movimiento obrero y la juventud! ¡Únete a la corriente marxista El Militante!
