La aprobación de la Ley de la Dependencia supuso un gran paso adelante en materia de servicios sociales, reconociendo en la práctica las labores de asistencia social y cuidado de los enfermos que se venía prestando en los núcleos familiares, unas tareas que históricamente han venido soportando las mujeres de las familias sin obtener remuneración alguna. Pero todo no ha sido positivo con la implantación de la ley.
Este servicio básico, financiado íntegramente con dinero público se ha convertido, además, en un lucrativo negocio. La mayoría de administraciones y poblaciones, incluso con gobiernos de izquierda, han entregado la gestión de estos recursos a empresas privadas que se llevan su beneficio sin arriesgar nada y a costa de mantener bajos salarios y peores condiciones de trabajo. Como no podía ser de otra manera, en Villaverde del Río, el gobierno anterior de coalición PP-PSOE tenía privatizado el servicio con todo tipo de favores y relaciones preferenciales, que no es otro el trato que tienen con estos “emprendedores”.
El ayuntamiento asume directamente el servicio
Una de las medidas más importantes que hemos aprobado en los presupuestos municipales para el 2012 en Villaverde es la gestión de este servicio a través del propio ayuntamiento. La repercusión de esta medida en la organización del ayuntamiento es más que notable. Estamos hablando de unas subvenciones públicas en torno a los 700.000 euros al año y de una plantilla de más de cuarenta trabajadoras que pasará a tener un contrato público. Frente a las políticas de ataques salvajes a los derechos laborales y sociales y donde las medidas de ajuste están obligando a las administraciones públicas a reducciones de personal y del gasto social, nosotros reivindicamos por la vía de los hechos la defensa de unos servicios sociales públicos y de calidad. Esta posición de clase nos permite plantear correctamente la cuestión fundamental de las condiciones laborales y salariales en las que los trabajadores realizan su actividad. Bajo la iniciativa privada, incluso en estas sofisticadas y modernas empresas, los servicios públicos no son otra cosa que negocios donde los beneficios se obtienen a costa de bajos sueldos y ningún respeto a los convenios. Las empresas no arriesgan nada, son meros intermediarios que se llevan un beneficio sin asumir responsabilidad alguna. Cuando las administraciones no han podido abonar las facturas con puntualidad, estos señores han revelado su carácter parasitario, dejando sin cobrar a las trabajadoras y echando la culpa a los ayuntamientos del impago de un personal contratado y explotado por ellos.
Las trabajadoras elevan su conciencia
Desde que planteamos abiertamente al pueblo nuestra alternativa pública a la Ley de la Dependencia nos encontramos con la rabiosa reacción de todos los poderes locales unidos en defensa de sus privilegios. Las mismas trabajadoras eran víctimas del miedo y los prejuicios y cerraron filas en torno al “empresario modelo que les daba trabajo”. Y todo esto en víspera de elecciones municipales. A pesar del posible coste electoral no dimos un solo paso atrás. Explicamos pacientemente, en nuestras publicaciones, en los mítines, en las barriadas obreras y sobre todo a las propias trabajadoras de dependencia el verdadero contenido de la gestión pública del servicio, que no era otro que mantener a todas las empleadas ahora bajo un contrato público, con garantías de estabilidad, dedicando los beneficios del empresario a aumentar los salarios y a mejorar las condiciones de trabajo… ¡y ganamos las elecciones por mayoría absoluta!
En estos meses de gobierno hemos caminado en la misma dirección, ofreciendo nuestra colaboración a las trabajadoras a pesar de que continuaban las dudas y temores, organizando a la plantilla en asambleas públicas y democráticas para discutir la forma en que llevaríamos el servicio, con la participación directa de los trabajadores y sus representantes sindicales en la toma de decisiones, en el control económico y de calidad en la prestación del servicio. Estos métodos y estas ideas han ido ganando terreno entre la mayoría de las trabajadoras, conectando con su instinto de clase y sobre todo con su experiencia material con la empresa que en estos últimos meses ha revelado su verdadera cara llevando a muchas trabajadoras a situaciones límite ante el impago reiterado de las nóminas.
Pero los retos no acaban con la enorme tarea de organizar satisfactoriamente este servicio bajo la dirección y el control público. Los recortes estatales a la financiación de la dependencia llamarán a este renovado y más consciente ejército a la lucha. Con su gobierno del ayuntamiento a la cabeza.
