La oleada de incendios sucedida este verano ha tenido unas consecuencias dramáticas. El fuego ha provocado la muerte de doce personas (seis civiles y seis miembros del personal de extinción) y ha devastado más de 181.000 hectáreas (ha), lo que representa una superficie 3,5 veces superior a la arrasada el año pasado.

Las zonas más afectadas han sido la comarca de la Serranía en Valencia (50.000 ha), el Alt Ampordà en Catalunya (14.000 ha), La Gomera en Canarias (4.000 ha) y Castilla - La Mancha (7.000 ha). A estas zonas hay que añadir otros incendios de envergadura en las Fragas do Eume en Galicia, en la Sierra de Málaga, en la del Moncayo en Zaragoza, en la Sierra Oeste de Madrid, en la comarca de La Valdería en León, en Aras en Navarra y un largo etcétera de siniestros más repartidos por toda la geografía del Estado. Tal como ha declarado el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete: “este ha sido el peor año de incendios de la última década”.

‘Abandonados, recortados
y quemados’

Pero este no ha sido sólo “el peor año de incendios”, ha sido también el de los peores recortes en los dispositivos de prevención y extinción del fuego, de los que tanto el gobierno del PP, con Cañete a la cabeza, como los gobiernos autonómicos, son los principales responsables. 
Evidentemente la sequía y las altas temperaturas han contribuido a propagar las llamas con mayor facilidad, pero según los expertos lo que realmente ha ocasionado que estas se extendiesen más que otros años también secos y calurosos ha sido la alarmante falta de medios. Tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace han señalado en un comunicado conjunto que “se ha tardado más en llegar a mitigar el fuego en los primeros momentos, por lo que los incendios que podrían haberse quedado en fase de conato, se han convertido en siniestros de muchísima más virulencia”. Uno de los casos más sangrantes ha sido el del País Valencià, donde la Generalitat, según la Confederación de Asociaciones de Vecinos de la comunidad, recortó 31 brigadas y cinco millones de euros del presupuesto anual. Esto ha ocasionado que los delegados de CCOO en las Brigadas de Emergencia denunciasen al diario Levante “el cierre de las bases más próximas al fuego del Palancia que podrían haber paliado el fuego original que partió de Andilla donde los recortes también eliminaron la autobomba del pueblo y las bases de bomberos forestales más cercanas de Calles e Higueruelas”. Esta situación ha provocado la indignación de los vecinos de las comarcas afectadas, que estuvieron muchas horas solos frente al fuego y tuvieron que llamar a los periódicos locales para denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo. Toda esta indignación se expresó en las calles de Valencia el pasado 27 de julio en una manifestación que reunió a 7.000 personas bajo el lema “abandonados, recortados y quemados” y donde se mostraron pancartas reclamando “más prevención y menos especulación”, y denunciando la modificación de la Ley de Montes de la comunidad, donde se contempla la posibilidad de recalificar urbanísticamente el suelo quemado, sin esperar los treinta años que fijaba la normativa.

El negocio del fuego

Mientras las distintas administraciones han recortado los medios y efectivos en la lucha contra los incendios, ha aumentado la privatización de los servicios de prevención y extinción, favoreciendo con ello la precariedad de los dispositivos y de las condiciones de trabajo de los operarios, ya que lo que mueve a las empresas concesionarias es la obtención del máximo beneficio económico, con el menor coste posible. Los casos de Madrid, Castilla - La Mancha o Galicia son los ejemplos más claros de esta política. En Madrid, tanto el cuerpo de bomberos de la comunidad, como el de forestales han protestado durante todo el verano contra la falta de personal y medios, al tiempo que Esperanza Aguirre reducía a la mitad el personal de Incendios Forestales de Madrid (Infoma) y contrataba a empresas privadas, como Matinsa e Infosa, propiedad de Esther Koplowitz y Florentino Pérez respectivamente. En Castilla - La Mancha, Dolores de Cospedal también ha reducido los medios aéreos y terrestres un 40% y ha lanzado un ERE que afecta a 680 operarios, lo que constituye el primer paso de una privatización encubierta de los servicios de extinción. Por último en Galicia, comunidad que bate todos los récords estadísticos en incendios forestales, el ejecutivo de Feijoo recortó este verano las cuadrillas un 5% y otorgó la gestión de las brigadas helitransportadas mediante un contrato por valor de 6,6 millones de euros a las empresas Natutecnia e Inaer. La derecha, para eludir sus responsabilidades y echar una cortina de humo sobre toda esa realidad, ha hecho una estridente y demagógica campaña centrada exclusivamente en la persecución a los pirómanos.

El origen de los incendios

Si bien la casuística de los siniestros es variada (quemas agrícolas, intereses de la industria papelera, urbanísticos, etc.) hay factores que contribuyen a convertir un conato en un desastre. En primer lugar, la plantación de especies no autóctonas y fácilmente inflamables como el eucalipto y el pino, en beneficio de las industrias del papel y de la madera. En segundo lugar, los escasos medios destinados a prevención y cuidado del monte. Y en tercer lugar el factor determinante: la organización del medio natural sobre bases capitalistas conlleva un saqueo continuado de la naturaleza y de las personas y es totalmente incompatible con un planeta sano y justo con el conjunto de seres vivos.


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