Después de cinco meses de lucha, en los que las manifestaciones de trabajadores de la EMT (Empresa Municipal de Transportes, autobuses urbanos), las pegatinas de “Rita no paga a sus trabajadores”, y los ejemplos de simpatía por parte de usuarios y trabajadores de otras empresas, fueron habituales, la plantilla de los autobuses urbanos valencianos aceptó, en referéndum, el preacuerdo alcanzado por la empresa y el Comité, acuerdo que sólo podemos valorar como negativo. Esta experiencia, que pasa por un punto y aparte y no por un punto y final, es un clamoroso ejemplo de la necesidad de un sindicalismo combativo y revolucionario.

Tal como hemos anticipado en estas páginas, era inevitable una explosión social en el País Valenciano contra la política del Partido Popular. Y realmente lo que hemos visto, especialmente, desde enero, es algo muy parecido a aquella: movilizaciones masivas, trabajadores (especialmente de la sanidad y la educación públicas) yendo muy por delante de sus dirigentes sindicales, la llamada primavera valenciana... Con el inicio del verano vimos la incorporación a la lucha de los trabajadores de diferentes empresas públicas: Ràdio-Televisió Valenciana (RTVV) contra un ERE de 1.200 despidos; RENFE y ADIF contra su privatización... Este contexto es a la vez causa y consecuencia del carácter emblemático que ha adquirido la lucha de la EMT.

La empresa pública de autobuses urbanos no es cualquier empresa municipal. Tanto por el número de trabajadores (unos 1.500) como por sus enormes tradiciones sindicales, que convierten a su plantilla en un referente para el sector de autobuses, públicos y privados, de todo el Estado. Precisamente por todo esto ha sido la primera plantilla dependiente del ayuntamiento de Valencia, regido por Rita Barberá y el PP (y una de las primeras de las públicas valencianas, junto al Instituto Valenciano de la Vivienda, que ha despedido a 211 trabajadores), en recibir un ataque frontal.

Rita y los directivos de la EMT, organizando una feroz campaña pública (“no hay dinero”, “el servicio de autobuses es extremadamente deficitario”, chillaban), amenazaron a la plantilla con la inaplicación de convenio permitida en la última reforma laboral, exigiendo una reducción del 9% en el salario base (reducción que junto al recorte de diferentes complementos llegaría hasta el 15% del salario total). Para presionar en este sentido, y antes de que se hubieran hecho los trámites legales para inaplicar el convenio, la Gerencia de la EMT dejó de pagar una parte importante de los salarios, incluyendo la paga extra de Navidad; de media los trabajadores han dejado de cobrar 2.500 euros.

Ante esta situación el Comité respondió de forma unida, lo que ayudó al ánimo de los trabajadores. Los principales sindicatos son (por este orden) UGT, APTTUV y CCOO; también están TUC (escisión de CCOO en la histórica huelga de cuatro meses de 1986) y CGT. El Comité propuso a las masivas asambleas (una por cada turno) concentraciones periódicas (dos días a la semana) frente al Ayuntamiento, a partir de marzo, amenazando con radicalizar el conflicto si Gerencia no rectificaba.

Insuficiencia de las concentraciones

Las concentraciones estuvieron bien para popularizar el conflicto, al realizarse en un escenario concurrido. Sin embargo, rápidamente agotaron su potencial ante el órdago echado por la empresa. El ayuntamiento, presentándose como “víctima de la avaricia de unos trabajadores muy bien pagados”, anunció un ERE de 208 despidos para “poder mantener el servicio, si la plantilla no rebaja sus salarios”. Con esta grave amenaza, demostraba tener determinación para ir hasta el final en su ataque. Y es lógico: todas las Administraciones Públicas están recortando salvajemente empleo, en el caso de la Generalitat Valenciana es la mitad de la plantilla la amenazada, con despidos de entre 5 y 6.000 trabajadores, que pretendían realizar a lo largo de 2013 y, ahora, tras la intervención, este otoño. El ayuntamiento de la capital, candidato claro a la intervención, no es una excepción, y para poder aplicar una ofensiva fuerte contra los trabajadores municipales necesita doblegar y debilitar la plantilla de la EMT. Las palabras de Andrés Bernabé, responsable de RRHH, y personaje tristemente famoso por su brutal sinceridad, no tienen vuelta de hoja: “lo que queremos es poner de rodillas a la plantilla”.  En otra de sus famosas declaraciones dijo que “vamos a cascar a los trabajadores”.

El ayuntamiento complementaba su amenaza de ERE, orientado adentro de la empresa para aterrorizar, recrudeciendo su campaña hacia la opinión pública. Popularizaron la idea de que los trabajadores cobraban 3.300 euros de media, una absoluta calumnia, y escondieron convenientemente que los once directivos de la EMT (entre ellos Bernabé) cobran una media de 95.000 euros anuales, superando en algunos casos la remuneración del presidente de la Generalitat. Este enorme lastre es una de las causas de la distorsión contable del saldo de la EMT, que, en todo caso, debe considerarse rentable o no en función de las necesidades sociales que cubre, y en este sentido lo es plenamente.

A finales de abril se da un pequeño paso adelante en la lucha. Rompiendo finalmente con las restricciones de la tristemente famosa delegada del Gobierno (Paula Sánchez de León), que había prohibido cortar la calle en la Plaza del Ayuntamiento, el Comité (que nunca debió aceptar esta imposición antidemocrática, al menos sin una campaña contundente de denuncia pública) convoca manifestaciones que recorren el centro de la ciudad, aumentando la repercusión pública. El ambiente es de combatividad ante los trabajadores, de ánimo y decisión, aunque cada día que pasa sin que la empresa muestre ningún intento de negociar nada en las sucesivas reuniones, se acrecientan más las dudas. “¿Serán las manifestaciones, la mayor o menor capacidad persuasiva del Comité, y el paso del tiempo, suficientes para parar a la empresa? ¿Qué hay de farol y de realidad en la amenaza de ERE?”. Cuestiones que estaban presentes en las asambleas del 2 de mayo.

El momento de pasar a las huelgas

El 2 de mayo se expresaron dudas sobre la estrategia del Comité en ese sentido. “Es el momento de pasar a las huelgas”, fue la idea central de TUC y CGT (ésta defendió en concreto una huelga indefinida, que a todas luces sólo podía ser prematura, y en todo caso la defendió más como un deseo que como una propuesta a debate y votación). La respuesta de la mayoría del Comité (UGT, APTTUV y CCOO) fue: “la huelga es el arma final, hay que gobernar los tiempos, no creemos que sea finalmente necesario”. Un sector importante de los asistentes percibían, con razón, que el órdago de la Gerencia no podía pararse sólo con manifestaciones semanales y dilatando el ritmo de la lucha. Esta vez el contexto general es muy distinto, y el PP y sus chicos de la Gerencia se mostraron decididos, desde el primer día hasta el último, a imponer una derrota que fuera vista como tal y que hundiera la moral de la plantilla, de tal forma que afectara al ánimo del resto de trabajadores públicos (y privados). A pesar de todo esto, fue aprobado el plan de la mayoría del Comité (mantener las manifestaciones y dejar las huelgas para “el momento oportuno”). En este resultado fue determinante la falta de una alternativa concreta de movilización, que los trabajadores pudieran ver como tal.

¿Qué alternativa había en ese momento a la estrategia insuficiente de UGT, CCOO y APTTUV? Desde luego, no las huelgas en general. Los trabajadores tienen una experiencia cercana en el tiempo de cómo meses de paros parciales, en vez de desgastar a la empresa, desgasta a la propia plantilla, siendo totalmente ineficaces. No, la alternativa era, por un lado, buscar la máxima extensión de la lucha, especialmente a todo el sector público; por otro, demostrar determinación a Gerencia y a la propia plantilla, convocando con tiempo una huelga de veinticuatro horas, y amenazando con la huelga indefinida si se aplica el ERE (y tomando medidas efectivas para prepararla). Para defender esta idea era central explicar que la fuerza unida de los trabajadores puede neutralizar los efectos nefastos de los servicios mínimos abusivos.

En este sentido, desde marzo el Sindicat d’Estudiants se ofreció al Comité y a la plantilla para demostrar su solidaridad (repartiendo hojas a los usuarios, organizando charlas en centros de estudio), sin que tuviera respuesta concreta por parte de los delegados del Comité, aunque sí una extraordinaria acogida entre los trabajadores. A finales de abril dio un paso más, proponiendo la organización de un grupo de acción para la extensión de la lucha, así como la convocatoria conjunta de manifestación de estudiantes y trabajadores de la EMT, para el 10 de mayo (jornada de lucha del Sindicato de Estudiantes en todo el Estado). Estas propuestas, tuvieron una gran acogida entre la plantilla, incluso antes de la asamblea del 2 de mayo, día en que se aprobó la creación del Grupo para la Extensión de la Lucha y sumarse a la manifestación estudiantil del 10. Durante mayo, junio y julio, las oportunidades de confluencia con la lucha de los profesores, de RTVV, de RENFE y ADIF, de las subcontratas de Vodafone, de los trabajadores públicos en general (que en julio salieron a las calles con enorme energía, como en todo el Estado, contra la eliminación de la paga extra), fueron innumerables. Estas oportunidades se concretaron en algunas manifestaciones conjuntas, sin embargo el Comité desaprovechó el potencial que existía, rechazando concretar un plan unificado de luchas.

El momento decisivo: las huelgas de junio

Finalmente, el Comité propone en asamblea la realización de paros parciales los días 21, 22 y 24 de junio y de una huelga de toda la jornada el 23, día en que coinciden la Nit de Sant Joan y la jornada clave de la Fórmula 1. A pesar de sus limitaciones (los paros parciales, la no convocatoria de manifestación, la  aceptación de unos servicios mínimos del 50%, y la no coordinación con otras plantillas), la convocatoria, y en especial la huelga del 23, fueron un paso adelante, que fortaleció sobremanera el ánimo de la plantilla. La huelga fue total, es decir, sólo trabajaron los afectados por los servicios mínimos, y tuvo una repercusión importante en la población, que pese a la campaña de calumnias del ayuntamiento ha apoyado mayoritariamente a los trabajadores.

Éste fue el momento decisivo de la lucha. Era necesario convocar una asamblea inmediatamente y proponer allí un paso más, en la línea de lo comentado (preparar la huelga indefinida, si la empresa no retiraba el ERE, y extender la lucha). El ambiente de unidad, de fuerza, era clave para disipar dudas y reticencias, y a la vez para mostrar determinación ante Gerencia y Ayuntamiento. Desgraciadamente, la mayoría del Comité no convocó asamblea ¡hasta un mes y cinco días después!, pensando que la huelga y mantener las manifestaciones (en esos momentos una por semana, en cada turno) era suficiente para que Gerencia cediera en sus planes.

Según pasaban los días y las semanas, la satisfacción general tras la huelga se complementaba con cada vez un mayor escepticismo. Las manifestaciones eran claramente insuficientes (pese a dar un paso adelante, en las dos últimas jornadas, con la confluencia con RENFE y ADIF, RTVV, y Teletech, en gran parte debido a la iniciativa de sus propios Comités y del Grupo de Extensión de la Lucha), los meses de lucha pesaban, y el ayuntamiento había anunciado los 208 despidos para cualquier día a partir del 7 de agosto, fecha que se acercaba amenazadoramente. Y sin embargo, y a pesar de las malas fechas, las posibilidades de extensión (como demuestran esas manifestaciones conjuntas o la convocatoria de huelga de 48h. en RTVV para el 27 y 28 de julio) aumentaban, con los drásticos recortes anunciados o aplicados por parte de los gobiernos central, autonómico y municipal. La necesidad de la confluencia en la lucha, y de una nueva huelga general, como paso imprescindible en la paralización de esos ataques, era evidente para todo el mundo… salvo para la mayoría del Comité. La última manifestación conjunta, justo unas horas antes de la firma del preacuerdo, acabó en una asamblea de unos cien trabajadores de las diferentes empresas, a iniciativa de algunas secciones sindicales y del Grupo de Extensión de la Lucha; y en ella todos asumieron esas ideas.

El acuerdo

El proceso de negociación con la empresa, durante estos meses, sólo demostró la falta de interés de ésta por negociar nada, y en cambio la actitud de los dirigentes de UGT, CCOO y APTTUV por llegar a un acuerdo. Para ellos que la lucha fuera más allá de las huelgas de junio, y la extensión al resto del sector público, era asomarse al abismo. Esta circunstancia presionaba hacia el acuerdo. Finalmente, éste se produjo. El contenido implica, según los firmantes, una reducción salarial de casi el 9% en prácticamente todos los conceptos (TUC y CGT, que no han firmado, suben el porcentaje real a cifras similares al 15% que inicialmente exigía Gerencia), durante dos años; además, en este periodo se congela la antigüedad. A cambio, se retira el ERE y “se garantiza” que no habrá despidos colectivos en esos dos años. Esta garantía es evidentemente un brindis al sol, dada la reforma laboral y la intervención en la economía española; sólo un plan de lucha serio y un ambiente de confianza de la plantilla en sus fuerzas puede obstaculizar que haya un ERE  (y, además, con despidos) en la EMT, y probablemente más temprano que tarde veremos a Rita Barberá anunciando que “la grave situación de la crisis no nos permite tener tantos trabajadores tan bien pagados”, y denunciando el convenio.

Y es precisamente el ambiente en la plantilla la principal víctima de este acuerdo. Con razón muchos trabajadores se preguntan: “si al final íbamos a aceptar el chantaje de ‘recortaos los sueldos o despedimos al 15%’, ¿para qué tanto rodeo?”. La prueba de la falta de expectativas hacia este acuerdo es que diferentes miembros de la mesa en las asambleas del 31 de julio (en las que se informó de él), partidarios de la firma, reconocieron que no era un acuerdo bueno, incluso que era “una mierda”, para argumentar acto seguido que “también hay mierdas mejores y peores”, y peor es que despidan a compañeros.

De hecho, en las dos asambleas del 31 (una por turno), el ambiente mayoritario era de oposición, incluso indignación. Quizás por eso el Comité decidió, por primera vez, que allí no se votaba nada, sino que se celebraría un referéndum tres días después. El resultado de éste fue la aprobación del acuerdo, con una oposición importante (el 30% de los que votaron). Una vez más, la falta de alternativa si salía el no fue un punto decisivo. Una compañera, en la asamblea, hizo la pregunta clave: si decimos no, ¿qué hacemos para evitar los despidos? “Hemos propuesto en el Comité”, contestó un delegado del TUC, “que ese 15% que nos iban a recortar y que ya no nos recortarían, pues se han ahorrado el dinero haciendo el ERE, lo cedamos a los compañeros despedidos”. Propuesta que, claramente, supone asumir que va a haber los despidos, que son imparables, y que sólo quedan acciones individuales de solidaridad. Pensamos que no, que la respuesta correcta es una alternativa completa y concreta al ERE, organizando la extensión de la lucha (en esos momentos RTVV y RENFE y ADIF anunciaban huelgas) y preparando la huelga indefinida para el día 7.

Pese a la aprobación del acuerdo, los ánimos siguen caldeados. Incluso muchos votantes del intuyen que planes de despidos pueden surgir, que la empresa no cumplirá el acuerdo. Contra lo que pueda parecer, el conflicto no está totalmente cerrado. Puede resurgir, y el ambiente, no siendo el mejor en estos momentos, tampoco es de parálisis. Muchos compañeros reflexionan, cuestionan la estrategia sindical aplicada, y buscan una alternativa, que sólo pueden dar los métodos del sindicalismo combativo y revolucionario: el asamblearismo, la confianza en los trabajadores, la extensión de la lucha, la formación de Comités de Huelga amplios, la utilización de las reuniones de negociación al servicio de la movilización y no al revés, la perspectiva revolucionaria (es la crisis del sistema capitalista la que explica en última instancia los ataques a la EMT)… La rica experiencia de estos meses no cae en saco roto.

REPRESIÓN SINDICAL EN LA EMT. ¡RETIRADA DE LOS EXPEDIENTES!

Hemos recibido información de varios expedientes abiertos por la empresa a trabajadores, denunciados por supuestos sabotajes durante las huelgas realizadas en junio. Afectan a compañeros de diferentes sindicatos, tanto contrarios como favorables al acuerdo firmado. Uno de ellos es Salvador Escrich, afiliado a TUC, impulsor del Grupo por la Extensión de la Lucha, y miembro de la corriente El Militante. Se trata de claras represalias sindicales a trabajadores destacados por su participación en la lucha. En estos momentos estamos coordinando con TUC la respuesta, tanto judicial como en la calle, que se producirá si no son retirados los expedientes inmediatamente.


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