El pasado 17 de septiembre, la presidenta de la Comunidad de Madrid presentó de forma inesperada su dimisión y anunció su inmediata retirada de la escena política. A pesar de que conserva todavía la Presidencia del PP de Madrid, los acontecimientos de los días siguientes, especialmente la composición del nuevo gobierno autonómico del que salen los aguirristas más destacados, parecen indicar que, al menos de momento, los madrileños perderán de vista a una de las más odiadas representantes políticas de la derecha.
Esperanza Aguirre no se convirtió en presidente de la Comunidad de Madrid ganando unas elecciones, sino gracias a la oscura maniobra conocida como tamayazo. Las elecciones autonómicas de 2003 fueron ganadas por la izquierda, que se disponía a gobernar con un acuerdo PSOE-IU cuando, en la sesión de investidura del 10 de junio, los diputados del PSOE Eduardo Tamayo y Mª Teresa Sáez se abstuvieron en la votación del candidato socialista, impidiendo su nombramiento como presidente, y provocando una parálisis de la Asamblea Regional que llevó a la convocatoria de nuevas elecciones.
En los días posteriores a este incidente se supo que los dos diputados traidores habían sido comprados por un grupo de constructores y promotores inmobiliarios, interesados en conseguir que Aguirre dirigiese la Comunidad de Madrid. El consiguiente escándalo destapó que no sólo el PP estaba estrechamente vinculado a la especulación inmobiliaria —lo cual no sorprendió a nadie— sino que también el PSOE había sido ampliamente penetrado por redes corruptas, gracias a las cuales había sido posible comprar a dos de sus diputados. El prestigio del PSOE quedó gravemente dañado, y en las nuevas elecciones sufrió una importante derrota. A partir de ese momento, Aguirre manejó con mano de hierro tanto la Comunidad como el PP de Madrid, y fue elevando sus aspiraciones hasta poner sus ojos en la Presidencia del Gobierno y desafiar cada día con más osadía a Mariano Rajoy.
¿Motivos personales?
La explicación oficial proporcionada por Esperanza Aguirre, y repetida exhaustivamente por el aparato del PP, es que se retira por “motivos personales”, haciendo alusión a su reciente enfermedad y otras circunstancias familiares. Pero esta explicación pareció increíble e inmediatamente los medios de comunicación se lanzaron a buscar las verdaderas causas. La opinión más generalizada es que su desencadenante fue un enfrentamiento por la ubicación de Eurovegas, el gran centro de juego (y de prostitución, drogas y blanqueo de dinero) que el empresario estadounidense Sheldon Adelson planea construir en Madrid. Propietarios de terrenos en Alcorcón y Getafe, muy vinculados al PP, se habrían enfrentado a muerte por conseguir que sus respectivos solares fuesen los elegidos. La apuesta de Aguirre por la ubicación en Alcorcón, que fue saludada por los inversores con una subida del 33% en la cotización bursátil de Metrovacesa (propietaria de los solares de Alcorcón) habría desencadenado una reacción hostil del otro clan empresarial, que habría presionado a Rajoy para conseguir la liquidación política de Aguirre.
Sea cual sea el desencadenante inmediato, la realidad es que el enfrentamiento entre Aguirre y el aparato estatal del PP se había profundizado en los últimos meses. Este enfrentamiento no sólo se nutría del choque de ambiciones personales de Rajoy y Aguirre, sino que expresaba un enfrentamiento político de mucha mayor trascendencia. Aguirre era la última gran representante del sector ultraderechista del PP que conservaba una posición política de relevancia. Desde su fundación por parte de un grupo de exministros de Franco, el PP había conseguido agrupar al electorado más próximo al fascismo, y en gran medida este hecho explica por qué en el Estado español no han despegado formaciones similares al Frente Nacional francés. Pero en su viaje hacia el “centro”, Rajoy se deshizo de los dirigentes que, como Mayor Oreja, Vidal-Quadras, María San Gil, e incluso el propio Aznar, asustaban a un amplio sector del electorado por sus posiciones ultraderechistas. Ya sólo Esperanza Aguirre mantenía activa la oposición interna a Rajoy.
El ultraderechismo de Aguirre no se limitaba al debate interno del PP, sino que su gestión en el Gobierno de Madrid estuvo marcada por la aplicación de las propuestas más reaccionarias. En Educación, favoreció con descaro a la enseñanza privada, especialmente a los grupos católicos más fanáticos, como los Legionarios de Cristo; convirtió Telemadrid en la tribuna de la más extrema reacción; hundió los servicios públicos, especialmente la Sanidad, para favorecer las privatizaciones en interés de grandes empresas multinacionales como Capio; estimuló la especulación inmobiliaria poniendo a su servicio la ampliación de la red de Metro; y se convirtió en la punta de lanza de un ataque feroz a los sindicatos y, en general, a las libertades democráticas.
Esta política despertó el entusiasmo del sector más duro del empresariado. Aguirre encontró un firme apoyo en la patronal madrileña CEIM y en su presidente, Arturo Fernández, vicepresidente de la CEOE y representante del sector más parasitario de la burguesía española, el sector que, como una sanguijuela, vive a costa de los contratos y presupuestos públicos. Con este apoyo empresarial, Aguirre se convirtió en la portavoz de la derecha más dura del PP. Cada conflicto interno y cada tropiezo del Gobierno se convirtieron en una oportunidad para consolidarse como la alternativa de derecha a Rajoy. Así, Aguirre apoyó a Álvarez Cascos en su conflicto con el PP asturiano que le llevó a dejar el partido y fundar el Foro Asturias Ciudadano. Más recientemente, Aguirre aprovechó la rebaja del grado penitenciario del preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga para encabezar una campaña contra el gobierno, utilizando a las “asociaciones de víctimas” como ariete contra Rajoy.
La crisis llega al PP
Estas grietas en el seno del PP demuestran que las tensiones sociales provocadas por la profundidad y duración de la crisis alcanzan también a la clase dominante. La creciente e imparable ola de protesta social está dividiendo a la burguesía entre los que consideran que la “mano dura” es la mejor opción para hacer frente a la resistencia de los trabajadores, y los que consideran que la mejor estrategia es graduar los ajustes y realizar algunas concesiones mínimas que permitan mantener el vínculo con las direcciones sindicales y con los partidos reformistas, de forma que la protesta social se mantenga en unos límites aceptables.
Como portavoz del sector duro de la burguesía española, Esperanza Aguirre se había convertido en un serio dolor de cabeza para el Gobierno. A pesar de la intensidad de sus recortes, Rajoy intenta mantener una posición apaciguadora, al menos hasta que hayan pasado los procesos electorales de Galicia, Euskadi y Catalunya. La actitud incendiaria de Aguirre, sus intentos de eliminar a los sindicatos en el ámbito de la Administración Autonómica, su abierto desprecio hacia los dirigentes del PSOE, sus demagógicas declaraciones a favor de un retorno a un Estado centralizado, obstaculizaban conscientemente los inestables equilibrios que intentaba construir Rajoy y, en consecuencia, el choque frontal era inevitable.
De momento, Rajoy ha ganado la partida. Pero la falta de resultados de su política económica, las incertidumbres que rodean el plan de rescate y la situación del sistema financiero, la súbita agudización de la cuestión nacional en Cataluña y, muy especialmente, la radicalización y extensión de la protesta social indican que es muy posible que su victoria sea efímera. La reciente victoria de los trabajadores portugueses, que mediante la movilización han obligado a retirar la propuesta gubernamental de transferir a los empresarios el 7% de la masa salarial, demuestran que si la lucha es sostenida y masiva es posible vencer. Más pronto que tarde la convocatoria de una nueva huelga general, esta vez en un ambiente social mucho más polarizado, es inevitable. El sector duro del PP, momentáneamente descabezado, volverá a reagruparse y buscará un nuevo líder capaz de presentarse como alternativa a Rajoy. La descomposición del PP no ha hecho más que empezar, y si las fuerzas de la izquierda, especialmente Izquierda Unida, armadas con un programa político capaz de dar respuesta a la crisis del capitalismo, se colocaran inequívocamente al frente de la movilización social, podríamos propinar al PP y a la burguesía un golpe mortal.
