El pasado 27 de diciembre la Asamblea de Madrid aprobaba, con los votos exclusivamente del PP, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del año 2013, que supondrá, entre otras cosas, la privatización de seis hospitales públicos y del 10% de los centros de salud, afectando a 1,5 millones de madrileños, así como el establecimiento del euro por receta. Mientras los diputados del PP votaban la privatización de la sanidad madrileña, algunos de ellos mientras jugaban con sus móviles a “Apalabrados”, miles de personas volvían a manifestarse en los alrededores de la Asamblea, culminando así la quinta semana de paros protagonizados por médicos, enfermeras y resto de personal sanitario.

El fraude de la sanidad privada y las mentiras del PP

Desde que estalló el conflicto en la sanidad madrileña el Gobierno del PP se ha dedicado a criminalizar a los trabajadores de la sanidad pública, tachándoles de vagos y maleantes, además de desplegar una auténtica campaña de mentiras y tergiversaciones, tratando de vender las bondades de la entrada del sector privado en el ámbito sanitario. Sin embargo, cuando un día tras otro se han conocido análisis y opiniones especializadas a este respecto, todas han sido concluyentes: la sanidad privada resulta más cara que la sanidad pública. Este hecho es tan incuestionable que el propio consejero de Sanidad, Fernández Lasquetty, afirmó en una rueda de prensa no saber cuánto se ahorraría con el plan de privatizaciones, quedando en ridículo.
Una cama en un hospital privado cuesta 1.660 euros al día, mientras que en un hospital público cuesta 955 euros, es decir, un 74% más barata*. Un caso significativo es el de la Fundación Jiménez Díaz, donde el coste de una cama es de 675.000 euros al año, mientras que en un hospital público como el Clínico la cifra es de 338.000. Un estudio de la UGT, comparando hospitales similares, como son la propia Fundación Jiménez Díaz y los hospitales públicos de La Princesa y Puerta de Hierro, tanto desde el punto de vista de la complejidad asistencial como por el número de camas, demuestra la mayor eficacia de estos últimos. El estudio confirma que, a pesar de que los hospitales públicos analizados atienden más urgencias, realizan más operaciones de mayor complejidad, como trasplantes o cirugía cardiaca, tienen más estancias en la UCI o realizan más TAC y resonancias, el dinero asignado a los mismos es inferior al que recibe la Fundación Jiménez Díaz, 147 y 227 millones respectivamente frente a los 288 que recibe esta última. El objetivo del Gobierno del PP no es otro que abrir aún más al sector privado el negocio de la sanidad, que se estima en más de 400 millones de euros.

Beneficio privado, un peligro para la salud

El criterio del máximo beneficio es un peligro para la salud de la población. Un ejemplo claro lo encontramos en el hospital Infanta Elena de Valdemoro, uno de los tres hospitales madrileños ya por completo bajo gestión privada. El director de este hospital presionaba a sus médicos, tal y como ha revelado un correo electrónico, a no derivar pacientes a la sanidad pública. Este hospital privado, como la mayoría de los actualmente existentes en Madrid, es de nivel 1, que implica que tiene menos especialidades y que por tanto tratan cuestiones de menor dificultad. Así, las operaciones o tratamientos más complejos deben ser abordados en hospitales de nivel 2, grandes complejos hospitalarios superespecializados, que requieren mayor inversión y atienden a grandes cantidades de población y que, excepto la Fundación Jiménez Díaz, son en su totalidad públicos. En el caso de que un hospital privado deba derivar un paciente a uno público de este tipo, queda obligado a abonar los costes correspondientes. De ahí que el director del hospital de Valdemoro escribiera en dicho correo que hay que tener “en cuenta que todo se cobra a precios oficiales y que nos tenemos que empezar a tomar muy en serio el mantra ‘El dinero sigue al paciente”. De hecho, este tipo de prácticas ya ha sido objeto de numerosas denuncias.
Otro ejemplo del fraude que supone la sanidad privada es el rescate realizado por la Comunidad de Madrid, por valor de dos millones de euros en 2010, de los hospitales privados-concertados que han ido a la quiebra, o el caso del hospital de Collado Villalba cuyo mantenimiento cuesta 900.000 euros al mes a pesar de mantenerse completamente cerrado. Y se atreven estos individuos a hablarnos de modelos de gestión y eficiencia. ¡Es una auténtica vergüenza!

Una lucha impulsada por abajo

El PP ha perdido ya esta batalla entre la opinión pública. La inmensa mayoría de la población madrileña simpatiza abiertamente con la lucha en defensa de la sanidad pública. El respaldo que ha tenido esta movilización no sólo se debe a la percepción de que una conquista social fundamental está en peligro sino también a los métodos y decisión con que los trabajadores del sector la han llevado adelante desde el primer momento. Por un lado con planteamientos contundentes, como han sido las seis jornadas de huelga del conjunto del personal sanitario convocadas por los sindicatos integrantes de la Mesa Sectorial, y especialmente la huelga indefinida convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), que se ha mantenido durante cinco semanas, sumando veinte jornadas de huelga entre los médicos, y que ha supuesto la pérdida de hasta 2.000 euros para aquellos facultativos que han seguido todos los paros. No han importado las dificultades económicas cuando se ha planteado de forma seria la movilización, convirtiéndose incluso esta radicalidad en un activo para el éxito de la misma. La movilización se ha impulsado por abajo, mediante asambleas (no sólo de los trabajadores del sector, sino de cara a explicar las causas de la lucha al conjunto de la población), y encierros permanentes, con la participación masiva de médicos, enfermeras, celadores y resto de personal sanitario, saliendo a las calles de los barrios de Madrid para ganar el apoyo activo del resto de trabajadores, y convocándose innumerables manifestaciones, concentraciones y actos que han contado con el respaldo del conjunto de los trabajadores. Una movilización basada en los métodos tradicionales de la clase obrera, que fueron los que en los años 70 permitieron derribar la dictadura franquista y conquistar gran parte de las conquistas sociales que hoy tratan de arrebatarnos. Un ejemplo de esto ha sido la constitución en determinados hospitales públicos de cajas de resistencia, cediendo muchos médicos íntegramente los salarios cobrados como consecuencia de los servicios mínimos que estaban obligados a realizar.
Otro ejemplo de la contundencia de la lucha ha sido la actitud mantenida con la supuesta apertura de negociaciones a mediados de diciembre, manteniéndose los paros durante las mismas. De hecho, estas negociaciones, tal y como han denunciado los convocantes, no han sido más que un burdo intento del Gobierno de la Comunidad de lavarse la cara, viéndose, por otro lado, obligado a ello fruto de la fuerza de la movilización.

Por una huelga general en Madrid

El conflicto de la sanidad madrileña ha demostrado claramente que sí se puede, que hay ambiente social y disposición a la lucha por parte de los trabajadores para echar atrás los planes de la derecha. Esta lucha constituye un modelo y una fuente de inspiración para el conjunto de los trabajadores de todo el Estado. La clave para dar a este movimiento un salto hacia adelante está en las manos de los dirigentes de CCOO, UGT y CGT de Madrid, con la convocatoria de una huelga general de 24 horas en la Comunidad. Esto es lo que deberían estar defendiendo también los partidos de izquierdas, especialmente IU. Se están dando las mejores condiciones para transformar la rebelión de los trabajadores de la sanidad en una rebelión social más amplia en todo Madrid que dejaría al gobierno regional completamente suspendido en el aire. Un gobierno que ya se ha dejado muchas plumas por el camino y ha sido contestado masivamente en la calle. De hecho, en paralelo al conflicto sanitario se están produciendo luchas también muy radicalizadas en Metro, EMT, Telemadrid (en huelga indefinida) y muchas otras empresas y sectores. La convocatoria de una huelga general en Madrid serviría para unificar dichos conflictos, que tienen una causa común, pero además daría a la lucha en defensa de la sanidad pública, que es ahora el punto más importante y que es una causa del conjunto de la clase obrera, un cauce organizado mucho más amplio y contundente.
Se pondría aún más en evidencia el enorme aislamiento social de uno de los gobiernos autonómicos más brutales en política de recortes sociales y de derechos. No es casualidad que Madrid, donde está gobernando la derecha con el perfil más duro, haya sido una de las puntas de lanza de la contestación social en los últimos años: 15-M, Marea Verde, 25-S, multitudinarias manifestaciones en las huelgas generales y estudiantiles, etc. Ahora, la lucha contra los planes de privatización de la sanidad pública ha extendido aún más el odio de la población hacia este gobierno, que ha sufrido un enorme desgaste político y ha quedado profundamente desacreditado. La actitud inmovilista del gobierno de Ignacio González no se debe por tanto a que tenga una posición de fuerza. La petición al gobierno central de la regulación del derecho de huelga, es decir, de limitarlo y cercenarlo para frenar la lucha de los trabajadores revela el carácter profundamente reaccionario de este gobierno, pero también su debilidad y miedo ante una creciente movilización social.
Aunque la huelga en la sanidad ha sido desconvocada por el momento, los médicos ya han advertido que la lucha continúa, sin descartar nuevos paros en enero y febrero y convocándose una manifestación para el 7 de enero. Además, a finales de diciembre, tras la aprobación del decreto, 139 equipos directivos de Centros de Salud de un total de 160 ya han planteado su dimisión en bloque, y la lista puede incrementarse. El conflicto no está cerrado, y todavía existe la posibilidad de echar atrás los planes del PP en Madrid. De hecho, además de la huelga general en Madrid, otra medida clave para darle más fuerza al movimiento, y que ya se está planteando desde diversos sindicatos sanitarios es “nacionalizar” el conflicto, es decir, generalizarlo a nivel estatal, teniendo en cuenta que ya existen ataques de la misma envergadura en otras comunidades autónomas como Catalunya o la Comunidad Valenciana, y que allí donde no existen, tal y como ocurrió con la Educación, acabarán materializándose en el mismo sentido que en Madrid.

* Según el sindicato CSIT-UP.