El pasado 19 de enero alrededor de dos mil personas se manifestaban en Guadalajara contra el cierre nocturno de 21 Puntos de Atención Continuada (PAC), que el Gobierno de Mª Dolores de Cospedal había decretado. El Gobierno del PP argumentando la “baja afluencia de pacientes” a los servicios de urgencia en estos pueblos, ha lanzado este nuevo ataque que supondrá la eliminación de los servicios de urgencias afectando a alrededor de 100.000 personas. En la práctica, provocará que cualquier ciudadano de las zonas afectadas tenga que recorrer hasta 50 kilómetros para poder ser atendido, lo que en casos graves puede poner en serio peligro las vidas de los ciudadanos.
Además, esta nueva medida se suma a los recortes que Cospedal ha lanzado en las zonas rurales desde que llegó al Gobierno regional: cierre de escuelas rurales, despido de trabajadores forestales, etc..., un retroceso de décadas en las condiciones de vida en estas comarcas.Con esta medida el PP pretende ahorrar un millón y medio de euros, una cantidad ridícula si tenemos en cuenta otras partidas, como por ejemplo los 583 millones de euros para la educación concertada en los próximos cuatro años. El motivo real por el que se aplica esta medida no es el ahorro ni una cuestión técnica, es una cuestión puramente política. Lo que pretende el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echániz, es promocionar un cambio de modelo en nuestro sistema sanitario. Pretenden que el criterio a seguir para decidir si se tiene derecho o no a recibir asistencia sanitaria en condiciones dignas dependa de la rentabilidad del servicio. Esto junto a las insistentes declaraciones de Echániz sobre la necesidad de privatizar hospitales en nuestra región saca a la luz las verdaderas intenciones del PP, que no son otras que las de convertir la sanidad en un negocio lucrativo, exactamente igual que en la Comunidad de Madrid.
Retroceso parcial del Gobierno regional por la fuerte presión social
Esta medida está teniendo consecuencias políticas muy profundas. En primer lugar se ha encontrado con una reacción feroz por parte de los vecinos de los pueblos afectados. Los encierros y las concentraciones frente a los centros de salud han sido la tónica general. Incluso dentro del propio PP ha habido decenas de casos en que los propios concejales de estos municipios han salido a protestar y en algunos casos, como el de Honrubia (Cuenca), han dimitido. Los primeros efectos de las protestas no se han dejado esperar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha suspendió cautelarmente la medida porque considera que existe “serio riesgo de que se produzcan efectos lesivos de muy difícil o imposible reparación, tratándose de asistencia sanitaria urgente”. Tras el recurso que interpuso el Gobierno regional, el TSJCM mantiene la medida para los pueblos que habían presentado un recurso a la medida aprobada por el PP. De momento, y fruto de la presión, el PP de Castilla-La Mancha ha retrocedido en parte y de momento no cerrará los PAC, hasta que el TSJCM se pronuncie definitivamente.
Tras esta primera victoria hay que continuar con la lucha. Los sindicatos tienen que organizar un plan de movilizaciones para que, dictamine lo que dictamine el TSJCM, esta lucha se gane, extendiendo la movilización al conjunto de los trabajadores de Castilla-La Mancha en defensa de una sanidad pública, gratuita y de calidad.
