La publicación en la prensa, a finales de enero, de las anotaciones manuscritas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, en las que se reflejan las donaciones privadas procedentes de grandes constructoras y empresas de la alimentación, entre otras, y el reparto de este dinero entre los miembros de la cúpula del partido es una confirmación rotunda de la relación directa entre la derecha y los intereses de los grandes capitalistas, y de que el gobierno del PP está totalmente al servicio de los dictados de una minoría social privilegiada que domina los destinos de millones de personas sin haber sido elegidos por nadie.

Según las informaciones publicadas por la prensa, el PP recibió de Sacyr Vallermoso, OHL, FCC, Mercadona y otras grandes empresas 7,5 millones de euros durante quince años. En el reparto de sobres aparecen como beneficiados Rajoy, Cospedal, Acebes, Trillo, posiblemente Aznar, Oreja y otros cargos o ex cargos de peso de la derecha. También se lucró del reparto Libertad Digital de Jiménez Losantos.
El escándalo ha puesto de manifiesto toda la podredumbre del sistema capitalista, de la derecha, de la hipocresía y el cinismo sin límite de las llamadas “instituciones” del Estado. Son los señores untados con sobresueldos los que pretenden justificar los brutales recortes en sanidad y educación alegando que los trabajadores están “viviendo por encima de sus posibilidades”. Son los receptores de estos sobres los que en nombre de la “legalidad” han protagonizado los episodios de represión policial más brutales de los últimos 40 años.
A pesar de la contundencia de las pruebas la cúpula del PP sigue emperrada en negar la realidad. No dimite nadie, aunque el propio presidente del Senado, Pío Escudero, así como otros destacados dirigentes del PP reconocieron haber recibido pagos anotados en las cuentas de Bárcenas, lo que confirma la existencia de los sobres; no dimite nadie, ni siquiera al probarse que Bárcenas, a pesar de estar imputado, siguió a sueldo del PP hasta diciembre de 2012, disponiendo de despacho propio y secretaria en Génova. Tampoco dimite Ana Mato, ministra de Sanidad, que estaba casada y en régimen de bienes gananciales con el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, cuando a través de la implicación de éste en la trama Gürtel la familia disfrutó de viajes, fiestas y otros regalos por más de 50.000 euros, según informes policiales igualmente revelados por la prensa.
Así, además de seguir dilapidando miles de millones de euros de dinero público para salvar a los banqueros y recortando brutalmente los gastos sociales, ahora el gobierno ha asumido otra prioridad: encubrir a sus miembros y a la cúpula del PP de una de las mayores tramas de corrupción de los últimos 40 años. ¡Este gobierno tiene que dimitir ya, en bloque! Está claro que no lo van a hacer por iniciativa propia pero las condiciones para tumbar al gobierno del PP, y asestar así un rotundo golpe a la política de recortes sin fin emprendida por los capitalistas, son mejores que nunca.

Crisis de la derecha

Es difícil encontrar un precedente de un desgaste político tan acelerado como el que está sufriendo el PP. Según una encuesta de Metroscopia, dada a conocer en enero, antes de que saltara el caso Bárcenas, sólo un 45% de los votantes del PP, que consiguió un 44,6% de voto en las últimas elecciones, estaría dispuesto a volver a votar a esta formación política. Las movilizaciones de la clase obrera y de la juventud en el último año, que han sido muy intensas, la pérdida de apoyo electoral y ahora el estallido del escándalo Bárcenas han anclado al PP en una crisis de gran calado, en la peor situación de los últimos 20 años, creando el caldo de cultivo para que se reaviven las tensiones internas a un nivel como no se veía desde antes del congreso de Valencia de 2009, cuando Rajoy logró imponerse a Esperanza Aguirre.
Esas divisiones por arriba de los representantes políticos de la clase dominante, muchas veces distorsionadas por las características y las ambiciones personales de sus protagonistas, son un reflejo muy importante de la situación política general y del estado de ánimo de la clase dominante. Indican que han llegado a un punto crítico en el que no saben bien qué hacer para contener una clara tendencia ascendente de la movilización de la clase obrera y de la juventud. Si siguen por la vía de los ataques alimentan las condiciones que pueden desembocar en una auténtica rebelión social que podría terminar con la caída de este gobierno. Si hacen concesiones importantes dan una muestra de debilidad que igualmente empuja en movimiento hacia delante. Si se paralizan, los “mercados” les enseñan el látigo en forma de prima de riesgo, agudizando la crisis económica y financiera y repercutiendo, igualmente, en una intensificación de la lucha de clases.
Las divisiones por arriba se ven azuzadas, además, por la tendencia de determinados sectores del aparato estatal a actuar de forma independiente, atendiendo a sus propios intereses, sin medir con exactitud las consecuencias de sus acciones, pudiendo provocar efectos colaterales negativos para los intereses generales de la propia clase dominante. Es un síntoma más de la descomposición general del régimen de dominación burgués. El caso Bárcenas es un ejemplo muy claro. El desencadenante de este escándalo de consecuencias políticas tremendas ha sido la decisión de un sector del poder judicial de continuar tirando de la trama Gürtel, cuya investigación había sido paralizada con la escandalosa inhabilitación de Garzón por parte de los sectores del aparato judicial ligados al PP. Las tensiones dentro del aparato judicial tienen su propia dinámica, aunque en último término obedecen también a la tremenda polarización política general. Bárcenas, al sentirse acosado por los jueces y abandonado por la cúpula del PP, a la que había servido muchos años como tesorero, amagó con destapar la cuestión de los sobres para presionar, utilizando a El Mundo y con la simpatía de Esperanza Aguirre, que utilizó el caso para sus propios fines políticos. El País quiso luego tomar la delantera en el asunto publicando las anotaciones de Bárcenas, dejando al desnudo la relación entre el PP y las grandes empresas constructoras y otras y que el sistema de sobresueldos era generalizado en la dirección del partido. Ninguno de los actores que han participado en todo este proceso deseaba que las cosas llegaran tan lejos. La resultante ha sido el estallido de un escándalo de enorme trascendencia social y política, que dificulta extremadamente los objetivos políticos del PP para la legislatura, ya que se produce en un contexto de profundo cuestionamiento general del gobierno y de todas las instituciones burguesas. De hecho, el caso Bárcenas estalla paralelamente al engrandecimiento (con la imputación del asesor y secretario de las Infantas) del escándalo de la trama Nóos, que desnuda los chanchullos de la monarquía con todo el mundo empresarial y deteriora todavía más la imagen de un rey al servicio de “todos los españoles”

La nefasta política del PSOE y de los dirigentes sindicales da balones de oxígeno al PP

En estas circunstancias, el factor verdaderamente determinante que permite al PP mantenerse en el gobierno es la política de pactos y consensos de la dirección del PSOE y de los sindicatos. Fue absolutamente bochornosa la actitud mantenida por Rubalcaba en los primeros días de conocerse los papeles de Bárcenas, negándose a pedir la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, lo que sería indudablemente una gran oportunidad para frenar en seco toda la política de ataques impulsados por los capitalistas que, de palabra, la cúpula del PSOE dice estar en contra. Luego rectificó de postura, pero a peor, pues pidió que Rajoy fuese sustituido por… ¡otro dirigente del PP!
Aún más lamentable es que, en los días anteriores a que saliera a la luz las cuentas de Bárcenas, la cúpula del PSOE estuviese suministrando continuos balones de oxígeno a un gobierno del PP ya profundamente desgastado por la movilización social, ofreciéndole un “gran pacto social por el empleo” o firmando con la derecha un pésimo y demagógico acuerdo sobre el escándalo de las preferentes.
Cayo Lara, el portavoz de Izquierda Unida, sí ha exigido la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas, lo cual es muy positivo, pero ha señalado que el objetivo de las mismas sería una ambigua “regeneración de la democracia”. Ni Toxo, secretario general del CCOO, ni Méndez, secretario general de UGT, han pedido la dimisión del gobierno del PP ni han anunciado movilizaciones. Al contrario, han acentuado un silencio cómplice que parecía difícil de superar. Días antes de que estallara el caso Bárcenas, seguían enfrascados en retomar el diálogo social con los empresarios, con los mismos empresarios que sostienen la salvaje política de recortes del PP y con la misma patronal que, hace unos días, volvió a la carga con los minijobs para los jóvenes y exigió más despidos en el sector público. Los dirigentes de CCOO y UGT no sólo no dan ninguna continuidad a la huelga general del 14 de noviembre sino que su intervención en conflictos de sectores o empresas tan importantes como Seat, Nissan, Aceralia, el Naval, la banca, la recogida de basura de Sevilla y Granada, y muchos otros que se podrían convertir en una palanca importante para impulsar la lucha general contra los ataques del PP, ha sido completamente nefasta, avalando pactos totalmente regresivos para los trabajadores y en muchos casos descarrilando huelgas que habían arrancado con una gran fuerza y apoyo por abajo.
No es casualidad que las movilizaciones que están teniendo una orientación más consecuente y una repercusión social más amplia son precisamente aquellas en las que la influencia de la cúpula sindical es más tenue o nula. La impresionante lucha en defensa de la sanidad pública en Madrid y la masiva huelga estudiantil de tres días en todo el Estado, convocada los días 5, 6 y 7 de febrero por el Sindicato de Estudiantes contra la ley Wert, son el camino a seguir. Próximamente, la marcha estatal en Madrid, el 17 de febrero, en defensa de la sanidad pública, y las manifestaciones contra los recortes sociales que se están convocando en todo el estado para el 23 de febrero por las diferentes “mareas” y plataformas, volverán a expresar el enorme ambiente de lucha que existe entre la clase obrera y la juventud.

Hay que convocar una huelga general para forzar elecciones anticipadas

Si realmente los dirigentes de las organizaciones de la izquierda quieren poner fin a la pesadilla de los recortes y de la pérdida de derechos impulsada por la derecha lo que tienen que hacer es responder a la indignación de la mayoría de la población y pasar a la ofensiva. CCOO, UGT y toda la izquierda, especialmente la dirección de IU, tienen la obligación de convocar ya una huelga general para lograr la caída de este gobierno corrupto, al servicio del capital financiero y los grandes empresarios, y forzar la convocatoria de elecciones anticipadas. Este es el camino para que la formación de un gobierno de izquierdas esté realmente al servicio de la mayoría y se oponga frontalmente a los planes de los banqueros y grandes empresarios.

Un gobierno de izquierdas que debería tomar las siguientes medidas inmediatas:
· Derogación de la reforma laboral.
· Derogación de los Presupuestos Generales del Estado para revertir todos los recortes de los gastos sociales, los planes de privatización, y suspender el pago de intereses a la banca privada.
· Renacionalización de todas las empresas públicas privatizadas.
· Derogación de la reforma judicial y la reforma del código penal.
· Paralización de la reforma franquista de la educación del ministro Wert.
· Depurar toda la trama de corrupción que liga al PP con el poder económico, incluyendo el encarcelamiento de todos los corruptos.
· Depurar el aparato represivo de todos los elementos fascistas y reaccionarios, empezando por investigar todos los numerosos casos de represión policial contra la movilización social bajo el gobierno del PP.
· Abolición de la monarquía, e investigar todos los nexos de la misma con el poder económico.
· Diputado obrero, sueldo obrero.
· Nacionalización de todos los bancos, ya que en la práctica se están sosteniendo con fondos públicos, y orientar todos sus recursos a la creación de millones de puestos de trabajo.
· Nacionalización de todas las grandes empresas, empezando por las que controlan servicios fundamentales para la mayoría de la sociedad, como la luz, el agua, la electricidad, los transportes, la telefonía... ¡No tiene ningún sentido social y económico que estas empresas estén dirigidas por unos cuantos clanes oligárquicos!
La defensa de un programa de estas características generaría un enorme entusiasmo social, barrería a la derecha en las elecciones y frenaría en seco los recortes y la tremenda degradación social a la que nos está llevando la crisis del capitalismo. Para hacer frente a la contraofensiva de los capitalistas contra un gobierno de izquierdas al servicio de la mayoría, la movilización y la organización de los trabajadores y de la juventud, en todas las esferas de la vida económica y social, tendría que redoblarse.

¡Sí se puede!

Sin un fuerte movimiento en la calle que lo obligue a dimitir, el PP seguirá en el gobierno, pese a toda su corrupción, su desprestigio, su pérdida de apoyo electoral, su debilidad y sus divisiones. Los capitalistas actúan con determinación y no tienen tiempo que perder: el gobierno tiene en su agenda una profunda reforma de las pensiones, de las prestaciones por desempleo, la contrarreforma educativa…, por no hablar de nuevos recortes. En la escandalosa reunión a puerta cerrada de Draghi con un grupo de parlamentarios, se vuelve a confirmar la existencia de una verdadera dictadura financiera, el presidente del Banco Central Europeo dejó claro dos mensajes: su respaldo al gobierno del PP en un momento tan delicado y, sobre todo, que “ningún país europeo ha terminado su trabajo”.
Es significativo que, el mismo día de la visita de Draghi el PP se viera obligado a aceptar tramitar en el congreso la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y respaldada por un millón y medio de firmas y en la que se pide la moratoria universal de los desalojos y la dación en pago con carácter retroactivo. Se trata sin duda de una victoria parcial pero muy importante que demuestra que la lucha sirve y, sobre todo, prueba que se podrían conseguir muchas más cosas si los dirigentes de las organizaciones de la izquierda adoptasen una línea contundente de movilización y confrontación con el PP.
Los trabajadores tenemos fuerza para tumbar al gobierno del PP, pero es en los dirigentes del PSOE, de IU, de CCOO y de UGT donde recae la principal responsabilidad de poner fin a la pesadilla de los recortes y de la regresión social. Para ello es necesario que den un giro profundo en su política, y si no lo hacen hay que luchar para que al frente de la organizaciones de nuestra clase estén otras personas entregadas a los intereses de los trabajadores, que tengan las mismas condiciones de vida que la mayoría de los trabajadores, que sientan las mismas presiones y dificultades que la mayoría de la gente, que realmente tengan voluntad de luchar y enfrentarse a la derecha y a los capitalistas.
Sería un flaco favor al servicio de los trabajadores encauzar la lucha contra el gobierno del PP hacia una abstracta “lucha contra la corrupción de los políticos”: el capitalismo es consustancial a la corrupción; luchar contra la corrupción es luchar contra el sistema capitalista, corrupto por naturaleza, y luchar por una profunda transformación social poniendo al servicio de la mayoría todas las palancas de creación de riqueza, ahora en manos de una minoría fuera de control y que amenaza con llevar a toda la sociedad a la catástrofe. La lucha contra la corrupción, la lucha por la regeneración democrática, es por tanto la lucha por la transformación socialista de la sociedad