Sin duda, el movimiento en defensa del derecho a la vivienda se encuentra en estos momentos en la vanguardia de la lucha social, sobrepasando los límites de la legalidad burguesa y adquiriendo incluso tintes revolucionarios en sus acciones de masas y sus reivindicaciones más conocidas. Las intervenciones contra los desahucios hipotecarios son una rebelión contra el estado de cosas que, no hace mucho, nadie ponía en duda. De forma organizada y consciente, el movimiento ciudadano en defensa del derecho a la vivienda se está enfrentando cuerpo a cuerpo a las fuerzas del aparato del Estado y a las sentencias judiciales, impidiendo los desahucios a familias sin recursos.

La cuestión de la vivienda en el epicentro de la lucha de clases

La  Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha sido capaz de romper el aislamiento del parlamentarismo y la democracia formal, y obligar al Partido Popular a aceptar a trámite las propuestas más avanzadas de la plataforma, ni un desahucio bancario, dación en pago con carácter retroactivo y alquiler social, unas consignas defensivas contra el engaño y el saqueo de las entidades bancarias pero que también ponen sobre la mesa cuestiones fundamentales como la propiedad de las promociones de viviendas abandonadas, ocupadas legítimamente de forma organizada y democrática por grupos de familias obreras que no tienen donde ir.

Este ambiente de presión social en torno al derecho a la vivienda, que está calando incluso en el aparato judicial, es el que está haciendo temblar los pilares de un sistema controlado por los bancos y una legislación redactada a su medida por todo tipo de gobiernos y jueces. Los cambios cosméticos en las leyes que está aprobando el PP no solucionan nada pero sí reflejan que no pueden contener la rebelión social. En esta situación explosiva es donde se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía el famoso Decreto Ley sobre la vivienda que establece la función social de la propiedad, y por primera vez, plantea medidas ofensivas para proteger a las familias amenazadas de perder su casa.

El Decreto Ley de la Junta

A nadie se le escapa el protagonismo de IU en la elaboración y el impulso a esta Ley, y mucho menos al ejército de la reacción encabezada por la prensa de derechas que no escatima improperios contra la consejera de Fomento y Vivienda y augura todo tipo de males para Andalucía, entre ellos el cierre del crédito hipotecario para los jóvenes ¡cómo si eso no fuera ya una realidad sin necesidad del decreto de la Junta!

Pero, ¿tiene razones la clase dominante, especialmente bancos y grandes inmobiliarias, para preocuparse por la Ley y de cómo afecta a sus intereses especulativos? Desde luego. Si bien no es la solución definitiva a los desahucios, como incluso reconoce la propia consejera, el documento tiene unos objetivos y un contenido progresista, en la línea de todo lo que está cayendo en torno a la vivienda. La propia motivación de principios da en la clave respecto a lo que ha sido y es el problema de la vivienda: “…si bien la Constitución otorga el derecho a la vivienda, lo cierto es que en la práctica es considerada un simple bien de consumo sujeto a las leyes del mercado”. Es decir, como un lucrativo negocio para promotoras, inmobiliarias y bancos, precisamente los que siguen controlando el derecho a que millones de personas tengan o no una vivienda y contra los que se necesitan medidas contundentes en defensa de este derecho social.

Así, el decreto establece la expropiación forzosa y temporal, por un plazo de tres años, para aquellas viviendas en inminencia de desahucio en caso de “riesgo de exclusión social o amenaza de la salud psíquica o física de las personas”. Los beneficiarios se quedarán en el inmueble expropiado y pagarán a la Junta de Andalucía un alquiler no superior al 25% de los recursos familiares, que se dedicará como contribución al pago del justiprecio de expropiación de uso. Con el mismo fin social trata el decreto la cuestión de las miles de promociones abandonadas y viviendas vacías en poder de los bancos, producto muchas de ellas de expulsar a familias de sus casas por no poder pagar la hipoteca. En este aspecto, el texto no tiene consideración con los bancos. Se les impone multas de hasta 9.000 euros por tenerlas vacías, aunque digan que están en venta o en alquiler. No hay excusas cuando hay miles de jóvenes y de trabajadores sin techo. Las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias están obligadas a facilitar un censo de las viviendas de su titularidad que se encuentren deshabitadas con indicación de la ubicación, referencia catastral, etc.

La clave sigue estando en la lucha organizada

Es correcto valorar los avances que contiene el decreto autonómico, y por supuesto, defender estas propuestas ante la pléyade de reaccionarios y agentes del capital que claman histéricamente contra cualquier paso que atente contra sus privilegios. Pero también es necesario reconocer sus limitaciones. Las expropiaciones de uso no se extienden al parque de viviendas vacías que atesoran los bancos, una medida que daría cobertura a las famosas “corralas”, ocupaciones organizadas por familias sin vivienda que están dispuestas a pagar alquileres sociales y que representan las actuaciones más decididas y revolucionarias en la lucha por la vivienda. De la misma forma, las buenas intenciones de la Ley se van a encontrar con la brutal resistencia del sector financiero, que sigue siendo, en última instancia quien controla el capital, los gobiernos, los medios de producción…y la deuda financiera de la propia Junta de Andalucía. Pondrán todos los medios de los que disponen, que son muchos, para entorpecer y encontrar las contradicciones de la ley de manera que su efectividad sea mínima. Esto ya ocurrió en otras épocas históricas, recordaremos los decretos y leyes de reformas sociales de la 2ª República saboteados por la reacción. Más cercano es el ejemplo de la Reforma Agraria de 1987, que ha inspirado directamente el decreto de la vivienda, y que al igual que ahora, contemplaba la función social de la tierra y la expropiación de uso de las fincas inexplotadas. Y como todos sabemos, no se expropió ni una maceta.

Para los marxistas esta ley, que es fruto de la movilización social, tiene que ser un punto de apoyo y una palanca para seguir avanzando en la lucha y en la defensa de un programa revolucionario que definitivamente garantice el derecho a la vivienda. Eso sólo es posible a través de la lucha organizada, interviniendo en el movimiento, las asambleas y plataformas de los trabajadores y la juventud en defensa de la vivienda, contra los desahucios, por la dación en pago y el alquiler social, por la consideración de la vivienda como un derecho social que han de garantizar las administraciones públicas, como la educación o la sanidad, y no un negocio en manos de una banda de especuladores. Esto es precisamente lo que va a hacer el gobierno de IU en el Ayuntamiento de Villaverde del Río (Sevilla). Organizar en asambleas a los afectados por las hipotecas, a los amenazados por los desahucios, a las familias con necesidad de vivienda y preparar un plan de lucha en defensa de estos derechos, apoyado en el decreto de la Junta y en los medios de los que dispone el Ayuntamiento de Villaverde del Río. Estos son los métodos que pueden derribar los muros del poder de los bancos y los métodos que ofrecemos al movimiento y a nuestros compañeros y compañeras en el gobierno de la Junta de Andalucía.