La profundización de la crisis económica capitalista, unida a la política de recortes de la derecha, está llevando la sociedad hacia una catástrofe. Ciñéndonos al problema más grave para las familias trabajadoras, el del desempleo, éste ya afecta a 6.202.700 personas y supera el 27% de la población activa, según la EPA del primer trimestre de 2013 (frente a 1.760.000, 8,5%, en 2007). La mitad de los parados ya son de larga duración; el número de hogares con todos sus miembros en paro roza los dos millones y la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años es del 57,2%.

Mientras la situación se hace cada vez más insoportable para la mayoría de la gente, el gobierno del PP, con su nuevo Plan Nacional de Reformas, sigue ahondando en su política de recortes y atropello de derechos sociales conquistados. Inmediatamente después de la reunión del consejo de ministros del viernes 26 de febrero (momento en el que se escribe este editorial) la portavoz del gobierno ha pospuesto para una futura comparecencia de Rajoy la información detallada de las nuevas medidas, pero ha señalado algunos puntos que, traducidos al lenguaje normal, implicarían lo siguiente: nueva vuelta de tuerca en el recorte de las pensiones (probablemente un aumento de la edad de jubilación más allá de los 67 años, desvinculación del IPC y más tiempo de cotización para cobrar la totalidad de la pensión); un nuevo incremento de los impuestos indirectos (presentado bajo el eufemismo de “fiscalidad medioambiental” y nuevas “tasas medioambientales”); congelación indefinida de los salarios en la administración pública; más desgravaciones fiscales para los empresarios y los inversores extranjeros; una nueva modificación de la reforma laboral; impulso a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a todos los ayuntamientos a aplicar un programa de recortes (ver artículo específico en la página 8) y nuevos recortes del gasto social para conseguir el “saneamiento de las cuentas públicas, sobre todo de la Seguridad Social.

Un gobierno débil y deslegitimado

La determinación del gobierno del PP, con el respaldo implícito de CiU y del PNV, de seguir con esta guerra emprendida contra los trabajadores y sus derechos no se deriva, por su puesto, de su legitimidad ni de su apoyo social. Por el contrario, el gobierno de Rajoy es un gobierno débil y profundamente desgastado. Lo que impulsa la acción de la derecha es la defensa acérrima de los intereses del capital financiero (tanto internacionales como domésticos) y de las grandes empresas. El objetivo esencial del gobierno del PP es garantizar el pago de intereses a la banca y reducir los costes salariales para que los empresarios puedan compensar la caída de beneficios derivada de la recesión. En ese sentido, la gestión del PP está siendo un auténtico éxito.
Claro que les preocupa la crisis y sus efectos sociales, precisamente por ello se están preparando meticulosamente para enfrentarse a una contestación social y política cada vez más intensa por parte de los trabajadores y de la juventud. Lo están haciendo intensificando la campaña de criminalización con los sectores más combativos de la izquierda organizada, sea el Sindicato de Estudiantes o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que se acusa sistemáticamente de “terrorismo”. Con ello excitan y dan cobertura política a los sectores más reaccionarios del aparato represivo del Estado y preparan el terreno para justificar más medidas restrictivas en el ámbito de los derechos democráticos.
Cualquier expectativa de que vayan a cambiar de rumbo, por el fracaso a la hora de propiciar la recuperación económica o por la pérdida de apoyo social, está completamente infundada. El PP ha asumido totalmente su función de destruir la máxima cantidad posible de derechos conquistados e intentará agotar la legislatura con este objetivo. Un gobierno profundamente impopular, que suscita la antipatía cuando no la hostilidad de una amplia mayoría social, puede mantenerse, aun suspendido en el aire, si no se le opone una estrategia de lucha y movilización consecuente que lleve a su caída, y esta es la principal responsabilidad de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda.

Por una nueva huelga general

En los pasados años, pero particularmente en los últimos dieciocho meses, se ha producido un clarísimo incremento de la movilización social, de la conflictividad sindical en las empresas, de la implicación de decenas de miles de trabajadores y jóvenes a la lucha organizada y sobre todo de un cuestionamiento del sistema capitalista y de las instituciones que lo sostiene. Las condiciones para poner fin a la pesadilla del gobierno del PP son mejores que nunca, incluso superiores a las que llevaron a la caída de Aznar en 2004.
Realmente, el punto de apoyo más importante de la derecha se lo suministran los continuos balones de oxígeno de los dirigentes sindicales y del PSOE. Tan reciente como el 25 de abril, en un acto en Tarragona, Toxo hacía un llamamiento al Consejo de Ministros del día siguiente a que hiciera “un alto en el camino y no plantee más reformas estructurales, sino que aproveche para convocar un encuentro entre la sociedad, partidos, empresarios y sindicatos para alcanzar un gran acuerdo nacional sobre el empleo”. Es posible que dicha propuesta haya provocado alguna risa en la reunión del Consejo de Ministros; en todo caso, lo que es seguro es que les ha reafirmado todavía más en que es el momento de aumentar la política de recortes. 
Lo que tendrían que haber hecho Toxo y Méndez, en vez se seguir anclados en la letanía de los pactos y consensos que la derecha interpreta como una clara señal de debilidad, es haber anunciado ya una huelga general, siguiendo el ejemplo de la ya convocada en Euskal Herria para el 30 de mayo. Una huelga general que incluyera la exigencia de dimisión del gobierno, convocatoria de elecciones anticipadas, la formación de un gobierno de izquierdas para echar atrás todas las medidas que el PP ha impuesto en su año de gobierno y la defensa de una alternativa a la crisis que pase por la nacionalización de toda la banca, para que los recursos sociales no sean dilapidados por los intereses de una ínfima minoría sino puestos al servicio de la inmensa mayoría de la sociedad. Izquierda Unida, que sí está adoptando una política beligerante contra los recortes y la ofensiva criminalizadora del PP, que sí ha exigido la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones, tiene una gran oportunidad de crecer y desarrollarse, y situarse al frente de una amplia rebelión social que lleve a la transformación socialista de la sociedad. No hay otro camino en la defensa de los derechos más elementales de la clase obrera. Sí podemos, aunque no quieran. ¡Únete a la corriente marxista El Militante!