Hace unos días conocimos el número de desahucios de primera vivienda que se realizaron en el Estado español durante 2012: 30.011 familias perdieron su casa, un desahucio cada quince minutos.

Durante estos días también se ha producido un incremento de los escraches, movilizaciones frente a los domicilios de los diputados para informar de esta dramática situación. Cientos de activistas y afectados han participado en estas movilizaciones, totalmente pacíficas, y que han contado con un abrumador apoyo popular, del 78% de la población (El País, 07/04/2013), pese a la intensa campaña de criminalización del PP y sus medios afines.

‘Nuestros votantes dejan de comer antes de no pagar la hipoteca’, Mª Dolores de Cospedal

El gobierno del PP está reaccionando de forma cada vez más histérica y esperpéntica a la movilización y a su patente aislamiento social. Previamente a la citada frase de Cospedal esta había relacionado a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con el terrorismo y, visto el poco efecto que tuvo, lo remató diciendo que “los escraches son nazismo puro”. Estas afirmaciones son todavía más provocadoras viniendo de un partido que es el heredero directo de la dictadura franquista, que contó con la ayuda de Hitler y de Mussolini para llegar al poder. Esta burda campaña de criminalización busca tapar las vergüenzas del PP en su trato a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la PAH y otros colectivos.
Como ejemplo real de lo que es un escrache tenemos el convocado el 9 de abril en las sedes del PP de todo el Estado. En Madrid, medio millar de personas se concentraron, frente a un descomunal dispositivo policial, con cacheos y registros incluidos, en la calle Génova. El “violento y terrorista” escrache consistió en una asamblea donde afectados y activistas explicaron sus casos y cómo la lucha sirve para conseguir conquistas. Efectivamente, esta organización democrática y desde abajo es lo que más teme la burguesía de este país.

‘Algunos quieren la dación en pago para comprarse otro piso’, Martínez Pujalte

El pasado mes de febrero empezaba en el Parlamento la tramitación de la ILP sobre los desahucios. Aunque en un principio iba a votar en contra, el PP cambió a última hora el sentido de su voto, permitiendo que se iniciase el trámite parlamentario para su discusión. Su estrategia era desviar la presión social para finalmente rechazar la propuesta.
De hecho, la ILP ha quedado tan desfigurada que no queda en ella ninguno de sus puntos fundamentales: ni la dación en pago, ni la paralización de los desahucios, ni el carácter retroactivo de estas medidas, ya de por sí de mínimos para paliar esta situación dramática.
Lo único que la ley finalmente aprobada contempla es la moratoria de desahucios durante dos años para familias en “riesgo de exclusión social”, una serie de requisitos muy restrictivos que dejan fuera a la mayor parte de los afectados, y por otro lado contempla la creación, junto con la banca, de un parque de viviendas para alquiler social. Claro, la visión que tiene el PP de la vivienda social es un tanto peculiar. Hace unos meses la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, entre lágrimas de cocodrilo, nos anunció la creación del Fondo Social de Vivienda, 5.891 pisos para familias que hubiesen sido desahuciadas. Pues bien, es tan difícil acceder a una de esas viviendas que a día de hoy solo hay 50 adjudicadas y 170 en proceso de adjudicación. En un país en el que hay 115 desahucios al día.
Otro ejemplo, más escandaloso si cabe, es el de Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que ha cedido mil pisos del Instituto de Vivienda de Madrid (Ivima) a Cáritas, para que ésta los gestione. Es decir, transformar el derecho universal a la vivienda en un asunto de “caridad cristiana”.
El texto de la ley también interpreta a su manera la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que establece que no se puede ejecutar un desahucio si existen cláusulas abusivas en las hipotecas, algo bastante común en el caso español. La normativa española es la más favorable a la banca en este sentido, ya que el hipotecado se encontraba totalmente desprotegido legalmente y sólo podía empezar a recurrir el desahucio después de que este se hubiese producido.

‘Desde noviembre de 2012 no se ha desahuciado a nadie en situación de exclusión social’, Juan José Toribio (Asociación Española de la Banca)

Que miles de familias sean expulsadas de sus casas y empujadas a la desesperación e incluso al suicidio no es fruto de ninguna ley natural. Es la consecuencia de que este derecho esté supeditado a los beneficios de los grandes banqueros. La única vía para garantizar una vivienda digna es nacionalizar la banca bajo control de los trabajadores, para que podamos utilizar todos esos recursos para solucionar, no sólo el problema de la vivienda, sino el resto de problemas sociales.


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