El 7 de julio cientos de convenios en todo el Estado caducan. Es una de las consecuencias de la imposición, hace un año, de la nefasta reforma laboral del PP. Al limitar a un año la ultraactividad, a partir de esa fecha, en torno a dos millones y medio de trabajadores pueden quedarse sin convenio lo que supone un retroceso en derechos laborales sin precedentes. Derechos y conquistas de treinta años quedarían de golpe sin validez y cientos de miles de trabajadores verían reducir sus derechos a los mínimos señalados en el Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, lejos de trazar un plan de lucha para obligar a la patronal a firmar nuevos convenios, los dirigentes sindicales han confiado una y otra vez en la “voluntad negociadora” de la patronal, cuando era evidente que lo único que hacían los empresarios era esperar a que el tiempo pasara.

La presión desde abajo

A partir de marzo en un número creciente de empresas y sectores de Catalunya los trabajadores exigieron a sus delegados que pasaran de las palabras a los hechos, produciéndose toda una serie de movilizaciones y huelgas. Los trabajadores entendían que eran parte de una misma lucha: la defensa de los convenios y las condiciones laborales. Sin embargo, los dirigentes de CCOO y UGT, lejos de unificarlas para así responder con más fuerza, buscaban acuerdos sector a sector, empresa a empresa. Luchas emblemáticas como la de Ercros, en Flix, terminaron con despidos por dejar el conflicto aislado.
La convocatoria de huelga para el 23 de mayo en el Metal fue vista por los trabajadores de los demás sectores en lucha como una oportunidad para unificar la respuesta. Rápidamente se sumaron a esta huelga el transporte de mercancías por carretera (con 48 horas de huelga), panadería, masas congeladas, chocolates, ocio educativo y sociocultural, ITVs… y empresas como Cements Molins (con cinco días de huelga). Otras empresas y sectores (sanidad pública, administrativos de la Generalitat, Alstom Wind…) decidieron también sumarse organizando paros y concentraciones.
Así, el 23 de mayo CCOO y UGT convocaban una jornada de lucha en toda Catalunya, que nacía, por tanto, de la presión de los trabajadores y no de la voluntad de los dirigentes sindicales, que seguían apostando por el pacto social. Para los empresarios era una convocatoria muy peligrosa, porque se estaba convirtiendo en un referente de lucha para más y más trabajadores, y podía provocar una dinámica ascendente que supusiera una presión tan fuerte a los dirigentes de CCOO y UGT que les obligara a convocar una huelga general en Catalunya, que uniera la defensa de los convenios con el rechazo a los recortes sociales del Gobierno de CiU.

La desconvocatoria de la huelga del Metal

Para evitar este posible desarrollo, la patronal y la Generalitat pusieron toda la carne en el asador para que se desconvocara la jornada. Desgraciadamente se encontraron con la ayuda de las direcciones de CCOO y UGT. El día antes de una masiva asamblea-mitin de delegados en Barcelona con 3.000 asistentes, los secretarios generales de CCOO y UGT de Catalunya, Gallego y Álvarez, se reunían con Artur Mas y se comprometían a dar al gobierno de la Generalitat tres meses de tregua. El 18 de mayo, por la noche, las federaciones del Metal desconvocaban la huelga. A cambio la patronal del sector se comprometía a negociar y a respetar la ultraactividad mientras dure la negociación. A esta desconvocatoria se sumaron los sectores de panadería y de chocolates.
Los dirigentes de CCOO y UGT han presentado estas desconvocatorias como un éxito. Sin embargo, se trata de un grave error: los convenios siguen en peligro, no se ha alcanzado ningún acuerdo que garantice los derechos de los trabajadores y sólo se ha comprado algo de tiempo, a un alto precio: rompiendo la unidad de los trabajadores, mermando la credibilidad de los sindicatos y desactivando un referente de lucha que había suscitado mucha expectativa.

Toxo y Méndez pactan con la CEOE

Por si fuera poco, a un día del 23 de mayo Toxo y Cándido lanzaron otro jarro de agua fría al movimiento. Firmaban en Madrid con la CEOE un acuerdo marco que en teoría amplía el plazo de negociación de los convenios preservando, excepcionalmente, la ultraactividad. Como reconocía CCOO de Catalunya, realmente sólo es un pacto de buenas intenciones, sin obligado cumplimiento por parte de las patronales, que pueden, o no, suscribirlo. En cualquier caso, el acuerdo no garantiza las actuales condiciones de los convenios, la supresión de la ultraactividad sigue siendo una amenaza muy presente —para obligar a los sindicatos a firmar convenios a la baja— y en caso de que no haya acuerdo se recomienda recurrir a medidas de arbitraje y al tribunal laboral, que difícilmente fallarán en beneficio de los trabajadores. Resumiendo, es un mal acuerdo que lo único que ha logrado es desmovilizar. Aunque en los sectores que mantenían la convocatoria —transporte de mercancías o Europastry (masas congeladas)— el seguimiento de la huelga fue importante, el 23 de mayo se saldó como una sombra de lo que podía haber sido.
Necesitamos un plan de lucha que vaya de menos a más, unificando a todos los sectores y en todo el Estado. El camino no es el pacto por el pacto o la lucha aislada. La defensa de los convenios pasa inevitablemente por luchar contundentemente contra las patronales, pero también por tumbar la reforma laboral, y esto sólo lo podremos conseguir si tumbamos al PP y a CiU.

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