El pasado 23 de junio una nueva Marea Blanca recorrió las calles de decenas de ciudades de todo el Estado. Miles de médicos, enfermeras, trabajadores y usuarios volvieron a manifestarse para oponerse a las políticas de recortes y privatizaciones, y exigir una sanidad pública y de calidad.
La cúpula de la sanidad madrileña sentada en el banquillo
Pocos días antes, un juzgado de Madrid admitía a trámite la querella interpuesta por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), para lo que recaudaron mediante colectas más de 180.000 euros, llamando a declarar como imputados a los dos exconsejeros de Sanidad del PP de los anteriores gobiernos de Esperanza Aguirre, a los que se acusa de prevaricación y malversación de fondos públicos. Dicha querella denuncia la derivación mediante engaños de numerosos pacientes a la sanidad privada, lo que aumenta sus beneficios mediante la obtención de más dinero público por paciente que se le deriva. También se denuncia que cuando por la complejidad de una operación o un tratamiento, careciendo la sanidad privada de medios para afrontarlos, tienen que hacerse cargo de los pacientes los hospitales públicos, no consta que se abone el pago de los gastos generados por dichos pacientes por parte de las empresas concesionarias, algo exigido a las mismas al dejar de prestar el servicio para el que obtuvieron la concesión por una cuantía determinada de fondos públicos. En resumen, las empresas concesionarias siempre ganan, tanto si les derivan pacientes como si los derivan ellas al sistema público.
Los dos exconsejeros imputados, Manuel Lamela y Juan José Güemes, están vinculados actualmente con empresas concesionarias que fueron beneficiarias del proceso de privatizaciones cuando ambos fueron consejeros de sanidad. El propio Güemes tuvo que dimitir de su puesto en la empresa Unilabs al conocerse que ésta fue la beneficiaria de la privatización de los análisis clínicos durante su mandato. Lamela, entre otras muchas cosas, forma parte del Consejo de Administración de Assignia Infraestructuras, empresa encargada de la gestión del Hospital del Tajo en Aranjuez, inaugurado en su día por el propio Manuel Lamela. Al final, todo queda en casa.
El mejor ejemplo de lo que supone la privatización ha sido la apertura del concurso para la concesión de la gestión de los hospitales afectados. El representante de una de las empresas que finalmente se presentó, Hima San Pablo, de Puerto Rico, lo manifestaba claramente. Su intención al obtener dicha concesión era poder “atraer turismo sanitario” de Marruecos y Europa, señalando que con las concertaciones sanitarias “se puede hacer negocio”. Algo, en teoría, prohibido, según los pliegos de condiciones.
Privatización de seis hospitales
Sin embargo el concurso público para privatizar seis hospitales madrileños sí se ha encontrado con un serio problema: la movilización y la lucha de miles de trabajadores y usuarios en defensa de la sanidad pública. Fruto de esto, y de la oposición que muchas empresas saben que van a encontrarse en las plantillas una vez obtengan la concesión, finalmente empresas como Capio, líder del sector, han renunciado a presentarse para obtener la concesión de alguno de los hospitales. Esto ha llevado a que a última hora se presentara una empresa puertorriqueña desconocida, la citada Hima San Pablo, que incluso expresó sus dudas sobre si embarcarse en esta empresa, ya que, según palabras de uno de sus directivos, “si además vamos y nos encontramos con objeción y personas tratando de ponernos zancadillas, entonces lo más seguro es que vamos a perder un montón de dinero; estamos empezando a preocuparnos mucho con este asunto”.
¡La lucha sirve, la lucha sigue!
La sanidad madrileña sigue luchando, ahora contra la concesión de los hospitales públicos a empresas privadas. La propia Comunidad de Madrid se ha encontrado con serias dificultades a la hora de obtener ofertas, protagonizando los trabajadores durante el periodo abierto para recibir las mismas cinco jornadas de huelga. La defensa de la sanidad madrileña requiere incrementar la radicalidad y extensión del conflicto. Un primer paso en este sentido debe ser la convocatoria por parte de CCOO y UGT de Madrid de una huelga general en el conjunto de la Comunidad, con dos objetivos claros, frenar el proceso de desmantelamiento de la sanidad pública y tumbar al Gobierno del PP tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad.
