El pasado 24 de julio un tren Alvia que cubría el trayecto de Madrid a Ferrol descarrilaba a su entrada en Santiago de Compostela, con el resultado de 79 muertos y más de 130 heridos, convirtiéndose en el accidente ferroviario más grave ocurrido en nuestro país desde 1944.

Respuesta popular y descoordinación gubernamental

Inmediatamente ocurrido el accidente decenas de vecinos de Angrois se lanzaron a las vías para tratar de socorrer a los supervivientes. Utilizando herramientas que tenían en sus casas, e incluso puertas improvisadas como camillas, organizaron espontáneamente el rescate de los heridos. La autoorganización de los vecinos y de los bomberos y demás efectivos durante los primeros momentos del rescate fue determinante a la hora de auxiliar a los heridos, tal y como indican los bomberos de Santiago en un informe.
En dicho informe, y en otro del 112, se ha criticado la actuación de las administraciones, indicando que hubo descoordinación y graves errores y vulneraciones del Plan Territorial de Emerxencias de Galicia. El puesto de mando avanzado, que debía dirigir el rescate, no llegó hasta pasados 106 minutos del accidente, ya que el camión para su desplazamiento dependía de una subcontrata y estaba en As Pontes. Un helicóptero de las urgencias sanitarias para evacuar a los heridos no llegó a despegar por encontrarse averiado. Los propios bomberos de Santiago y de A Coruña han denunciado que “el 112 decidió prescindir de los servicios de los parques de bomberos públicos municipales” dando preferencia a los privados, produciéndose una falta de coordinación entre ambos.
Tal y como ocurrió hace años con el accidente del Prestige, se generó inmediatamente una auténtica ola de solidaridad. En contraste, tanto la Xunta como el Gobierno central demostraron su completa incompetencia, fallando los protocolos y planes establecidos para hacer frente a una catástrofe de esta envergadura.

Una chapuza para ahorrar costes

El Gobierno ha tratado de reducir la causa del accidente a una imprudencia del conductor. Sin embargo, día tras día, los datos publicados desmienten esta tesis. Veamos:
1) Frente al sistema de seguridad más avanzado y seguro, ERTMS —que supone prácticamente una conducción automática, no dejando margen para el error humano—, la curva donde se produjo el accidente disponía del sistema ASFA —menos seguro y donde cabe el fallo humano—, a pesar de constar en el proyecto inicial de construcción del trazado dicho sistema ERTMS.
2) El ASFA, sin embargo, tampoco estaba instalado adecuadamente. Tras el accidente Adif ha instalado tres nuevas balizas. Con ellas el tren frena automáticamente si el conductor no atiende a las señales de velocidad. Además estas nuevas medidas se han extendido, en menos de un mes, a todos los puntos negros de la red ferroviaria española. ¿Por qué no se hizo antes?
3) Desde Ourense funciona el sistema ERTMS hasta el kilómetro 80, siendo en el kilómetro 84 donde se produjo el accidente. Según distintos expertos, el cambio de ERTMS a ASFA en estos casos se advierte al conductor por el propio sistema, señalándole que abandona la zona de seguridad máxima. El sistema envía una señal al conductor, que tiene que confirmar haber recibido dicha advertencia, ya que en caso contrario el tren frena automáticamente. Este sistema tampoco funcionó.
4) A los seis meses de inaugurarse la línea, Adif autorizó la utilización del ASFA ante los continuos fallos del sistema ERTMS, que impedían a los trenes Alvia ir a más de 100 km/h. La razón de esto es que los sistemas instalados en los trenes y en las vías resultan incompatibles, habiendo sido diseñados y fabricados por dos empresas distintas. Se inauguró, por tanto, la línea sin comprobar si los sistemas funcionaban correctamente, algo aún no resuelto.
5) Los propios maquinistas que instruían a los nuevos conductores advertían del serio peligro de esa curva: “nos decían que buscáramos una referencia visual (…) y a partir de esa referencia teníamos que empezar a reducir”. El propio maquinista se refirió tras el choque a la peligrosidad de la curva: “Ya sabía que esto era peligroso, que algún día nos íbamos a despistar y nos íbamos a dar”.
6) La única señalización visual advirtiendo de la necesidad de reducir la velocidad a 80 km/h estaba a tan solo 300 metros de la fatídica curva, resultando imposible reaccionar y reducir la velocidad desde 200 km/h en tan corto espacio.

El negocio del AVE por encima de todo

La negativa del Ministerio de Fomento a reconocer que se trata de un tramo de alta velocidad, y así poder seguir optando a conseguir nuevos contratos internacionales, y especialmente el del AVE de Brasil por 13.000 millones de euros, demuestra la mala fe de este Gobierno a la hora de querer esclarecer la verdad y ayudar a las víctimas del accidente. El propio Ministerio de Fomento en su web aún conserva la nota de prensa que emitió el día de la presentación de este tramo como alta velocidad, el 20 de septiembre de 2011, bajo el Gobierno del PSOE: “José Blanco presenta el tren híbrido de alta velocidad en Galicia”1.
De ahí que tanto el PP como el PSOE se hayan negado, tanto en el Congreso  como en el parlamento gallego, a constituir una comisión de investigación que esclarezca las razones del accidente. Una auténtica vergüenza.
Mientras los familiares lloraban a sus muertos o atendían a sus heridos, la ministra de Fomento se reunía con las empresas implicadas en el proyecto del AVE de Brasil, entre las que se encuentran Adif y Renfe, para “fijar una estrategia común de defensa de los proyectos de alta velocidad española”.

Las víctimas abandonadas a su suerte

Sin embargo, Fomento, la Xunta, Adif o Renfe no instalaron siquiera una oficina para atender y asesorar a las víctimas, dejándolas en el más absoluto abandono. Finalmente Renfe, tras dos semanas, indicó a los afectados que había instalado una oficina ¡en Madrid!2, a pesar de la dispersión geográfica de los afectados y de encontrarse muchos de los heridos aún en hospitales de Galicia. En la notificación se indicaba el mobiliario de que constaba dicha oficina. Una auténtica burla.
Uno de los aspectos más escandalosos ha sido el del Seguro Obligatorio de Viajeros (SOVI). Dicho seguro, que establece unas indemnizaciones completamente irrisorias, las más bajas de Europa, se encarga a su vez de los gastos que tengan los familiares inmediatamente después del accidente. Sin embargo, cubre un máximo de 180 euros por día durante los diez primeros. Muchos de los afectados por el accidente han estado mucho más tiempo hospitalizados, e incluso algunos tendrán que pasar meses en el hospital. En ese caso los familiares tendrán que costearse los gastos de la estancia y la manutención de su bolsillo.

Por una investigación independiente que depure todas las responsabilidades.
Verdad, justicia y reparación

Este accidente ha tratado de ser presentado como responsabilidad exclusiva de un conductor y, por tanto, algo excepcional pero inevitable: La realidad, con las pruebas que se están poniendo encima de la mesa, es bien distinta. La falta de inversión y la obsesión por ahorrar costes para obtener más beneficios han sido el motivo real del accidente.
El comportamiento del Gobierno central y de la Xunta con las víctimas ha sido una clara demostración al respecto, preocupándose únicamente por los negocios de Renfe, Adif, Indra y otras grandes empresas que aspiran a obtener suculentos contratos en el extranjero.
Los datos que van conociéndose responsabilizan tanto a Renfe y Adif, así como al gobierno actual y al anterior, y a sus respectivos ministros de Fomento. La ministra Ana Pastor y los presidentes de Adif y Renfe deben dimitir inmediatamente, entre otras cosas por haber faltado a la verdad en sus comparecencias en el Congreso, y por el abandono en que han dejado a las víctimas del accidente.
Ahora las víctimas debemos organizarnos y luchar para exigir que haya una investigación independiente de este accidente hasta sus últimas consecuencias, depurando todas las responsabilidades, y exigiendo la reparación de todos los daños causados.

1. http://goo.gl/QUcL42.


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