De hecho, en su momento el juez de primera instancia rechazó el desalojo al considerar que “La Madreña se utiliza para fines sociales en beneficio de la comunidad y de modo adecuado sin causar daño o desperfecto alguno e impide que otro lo haga, tal y como sucedería de encontrarse cerrado, en desuso o abandonado”.
En contraste con esto, la nueva sentencia cataloga como “presuntos delincuentes” a los usuarios de La Madreña y de “víctima” a la empresa propietaria, en una nueva vuelta de tuerca en cuanto a la criminalización de los movimientos sociales. El edificio ocupado pertenecía a la empresa SEDES, vinculada al gobierno del Principado, que lo abandonó al trasladarse a otras dependencias, en una turbia operación de especulación urbanística.
Contra la sentencia se han pronunciado muchas organizaciones y colectivos, entre ellos la Asociación de Vecinos de Pumarín, el Sindicato de Estudiantes o los ex trabajadores de la propia SEDES, sometidos recientemente a un ERE de extinción. Además, los bomberos de Oviedo, Gijón y Avilés se han solidarizado con La Madreña y han emitido un comunicado en el que se niegan a colaborar en el desalojo. De momento, la lucha contra el desalojo continúa sumando apoyos y fortaleciéndose.


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