Para garantizar nuestra salud y nuestro derecho a la educación
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La brutal crisis sanitaria del coronavirus ha profundizado aún más la situación de emergencia social que sufre la educación pública, provocada por años de recortes y políticas de privatización del Partido Popular. Tan solo en los últimos ocho años en la universidad pública se han perdido más de 9.500 millones de euros de presupuesto, se ha despedido a más de 30.000 profesores de todos los tramos educativos y más de 50.000 estudiantes de enseñanza secundaria han tenido que recibir sus clases en barracones durante el curso 2019/20.
El resultado de estas políticas de la derecha para desmantelar la educación pública y hacer negocios millonarios con nuestro derecho a la educación, sumado a la ineficacia de las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, ha sido desastroso. La brecha social existente en el terreno educativo –puesta de manifiesto con el fracaso de las clases online– no ha hecho más que profundizarse.
Revertir los recortes, contratar más profesores y reducir las ratios
La ausencia de medidas efectivas por parte del Gobierno para revertir esta situación ha cargado sobre los estudiantes un estrés insoportable. Se han empeñado en terminar el curso a pesar de no haber puesto los medios para garantizar el acceso a la educación en estos meses a miles de alumnos. Sus tibias medidas para el cierre del año educativo ni siquiera han blindado la promoción de curso –es decir, que todos los estudiantes pasemos de curso y que, sin excepción, se nos haga la media escolar con las notas de las dos primeras evaluaciones–, ni se han suspendido los exámenes ni las pruebas de la EBAU, que se realizarán a pesar del peligro de contagio del que alertan todos los expertos.
Hace unas semanas la ministra Isabel Celaá reconoció que no saben cómo podremos empezar el curso que viene, pero dejó claro que no aumentará el presupuesto educativo. De ser así, esto tendrá consecuencias desastrosas, más aún si tenemos en cuenta que con la crisis económica que se avecina, la permanencia en el sistema educativo y el acceso a los estudios superiores serán determinantes para el futuro de los jóvenes de barrios humildes.
La única salida para los estudiantes de familias trabajadoras, que somos quienes estamos sufriendo más crudamente las consecuencias de este desmantelamiento de la educación pública, es romper con los ataques de la derecha y revertir sus recortes y contrarreformas clasistas. Eso es lo que demandamos desde el Sindicato de Estudiantes: una política de izquierdas, un verdadero escudo social que tenga como prioridad cubrir las necesidades sociales y no llenar los bolsillos de unos cuantos empresarios.
No es casualidad que días más tarde, el ministro de Universidades anunciara que se incrementará la inversión en el sistema de becas en un 22% hasta alcanzar los 1.900 millones de euros para elevar el número de estudiantes beneficiarios el próximo curso 2020-2021. Un paso adelante fruto de la presión que millones de estudiantes, profesores y familias llevamos ejerciendo desde hace años contra los recortes y en defensa de la enseñanza pública. Sin embargo, sigue siendo insuficiente para combatir la exclusión social que existe en la universidad pública tras años de privatización y tasas abusivas y que no tiene en cuenta el brutal golpe económico que está suponiendo esta crisis en nuestras familias.
El Gobierno tiene que invertir ya el 7% del PIB en la educación pública
Todas las políticas que vayan en la dirección de garantizar que los hijos e hijas de la clase trabajadora podamos garantizar nuestro derecho a una educación pública, gratuita y de calidad y que podamos acceder a la universidad, serán celebradas por la comunidad educativa. Pero la única forma de romper con el modelo educativo de la derecha y sus consecuencias dramáticas pasa por adoptar medidas mucho más contundentes.
El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos tiene una tarea muy clara: revertir todas las medidas clasistas y los recortes de los Gobiernos del PP que nos han llevado a esta situación. La única manera de hacer frente a esta crisis sin empujar a miles de estudiantes a poner en riesgo su salud en primer lugar y evitar el abandono y el fracaso escolar es poner en marcha un plan de rescate urgente a la educación pública.
Un plan de rescate que dedique de forma inmediata el 7% del PIB a la enseñanza pública, que permita luchar contra la desigualdad social y garantice las medidas de seguridad y salud necesarias ante esta pandemia, que garantice una educación 100% pública y gratuita desde infantil hasta la universidad, la contratación masiva de profesorado –según CCOO, es necesario contratar a 165.000 profesores para reiniciar las clases en septiembre en condiciones–, que se elimine de una vez por todas la EBAU y las notas de corte, que se haya plazas para todos en los estudios superiores y que se deje de regalar dinero público a la educación privada y concertada.
No hay ninguna razón para que estas demandas no sean atendidas. Desde el Sindicato de Estudiantes rechazamos el mantra de que “no hay dinero” para llevar este plan a cabo. Nada más empezar la pandemia se aprobó un paquete de 100.000 millones de euros para los grandes empresarios, la banca y el Ibex-35. ¡Por supuesto que hay recursos! Pero los tienen los de siempre. Exigimos que se destinen todos los recursos necesarios para garantizar una educación, sanidad y vidas dignas para todas y todos. Por ello seguiremos luchando para que este Gobierno cumpla con todas las demandas de la comunidad educativa. Está en juego nuestro futuro y no vamos a renunciar a él.
