La opresión del colectivo LGTBI sigue siendo insoportable. Los insultos, palizas y asesinatos –como el de Samu en A Coruña el año pasado o el reciente caso del criminal en serie de Bilbo, responsable de arrebatar la vida a cuatro chicos gays– no dejan de crecer. En 2021 se registraron 748 delitos de odio por motivos de orientación o identidad sexual, pero la realidad es que, ante una justicia que se coloca día tras día del lado de nuestros agresores, solo una de cada diez víctimas decide denunciar. Según datos de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, la cifra de ataques que quedan impunes en el Estado español asciende al 93%.
Al miedo que sentimos cada vez que salimos a la calle se suma un listado de discriminaciones mucho más invisibles pero igual de dolorosas. Tenemos que ocultar nuestra orientación sexual para encontrar un empleo –el 86,6% de las personas LGTBI consideran necesario esconderla en las entrevistas de trabajo–, se nos condena a un paro crónico –la tasa de desempleo entre la comunidad trans está en el 80%–, ir a nuestros centros de estudio se convierte en un infierno –el 49% de los estudiantes LGTBI sufren acoso escolar– y sufrimos una persecución constante en nuestro ámbito social y familiar por ser quienes somos –el 58% de las personas LGTBI de entre 13 y 24 años confirma que alguna vez se les ha intentado convencer para que “cambien su sexualidad”–.
Por no hablar de otra de las grandes lacras que nos golpea, especialmente a las personas trans: la prostitución. Son muchas y muchos los que tratan de legitimar el negocio de la esclavitud sexual –cuyas ganancias anuales son de entre 5 y 7 billones de dólares al año– bajo una supuesta “libertad de elección”. Este cinismo es el ABC entre los defensores de la “libre empresa” y el capitalismo, que entienden como algo normal que se puedan acumular beneficios fabulosos gracias a la compra-venta de la voluntad sexual y los cuerpos de millones de mujeres y niñas.
Este debate ha vuelto a colocarse sobre la mesa recientemente con la propuesta del PSOE de modificar el Código Penal para prohibir el proxenetismo en cualquiera de sus formas. Por supuesto que queremos que las leyes reconozcan el carácter inhumano y machista de estas prácticas, pero también tenemos que denunciar la hipocresía y el oportunismo de este supuesto feminismo. Formalmente, la prostitución no es legal en el Estado español, sin embargo eso no ha impedido que nuestro país sea uno de los máximos destinos turísticos para consumirla o que 45.000 mujeres sean esclavas sexuales. El gobierno del PSOE durante años, con sus políticas de despidos, recortes sociales y humillación ante el poder de la Iglesia y la patronal, no ha hecho nada por combatir las raíces de la prostitución. Es más, en los últimos 20 años esta lacra ha seguido creciendo y se ha mantenido una política de criminalización de las víctimas. Lo que evidencia que tener una posición formalmente abolicionista al tiempo que se es un pilar sólido del sistema capitalista es una completa incongruencia.
Pero lo más escandaloso es la posición que algunos grupos integrados en Unidas Podemos están tomando. Los diputados de En Comú Podem y Ada Colau –con claros vínculos con el sindicato de proxenetas OTRAS– han salido a defender la necesidad de regularizar la prostitución. Legalizar una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres no tiene nada de feminista ni de izquierdas. Es reproducir el mismo mensaje patriarcal y machista contra el que millones de mujeres y personas LGTBI nos hemos levantado estos últimos años.
La extrema derecha a la ofensiva
La derecha y la extrema derecha, el PP y Vox, las sectas católicas y la jerarquía de la Iglesia, con su discurso homófobo, tránsfobo y misógino, promueven la violencia contra nosotras y nosotros. Y lo hacen con impunidad. Ponen en la diana a uno de los colectivos más oprimidos para que los sectores más reaccionarios de la sociedad nos agredan. Sacan a los fascistas a desfilar por barrios pro-derechos LGTBI para acosar y asustar a todo aquel con el que se crucen. Esto es lo que tienen reservado para nosotros los defensores de la España una, grande y libre.
Por todo ello, el movimiento LGTBI ha dejado claro su sello antifascista, y que nuestra lucha está vinculada a la feminista, antirracista y por unos servicios públicos dignos en los barrios obreros. Porque, además de ser gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y trans, somos parte de la clase trabajadora.
Como ya hemos denunciado, es indignante ver como esta escalada de agresiones se está produciendo bajo el Gobierno PSOE-UP. No sólo hemos tenido que soportar que el PSOE con Carmen Calvo a la cabeza hiciera todo lo posible para que la Ley Trans no saliera adelante, o que Grande-Marlaska enviara a los antidisturbios a reprimir manifestaciones. Sino que seguimos sin ver medidas reales que mejoren nuestras vidas. El Ejecutivo insiste en que hay que terminar con la discriminación al colectivo LGTBI. ¿Pero cómo lo harán? Si siguen sin depurar el aparato del Estado y la judicatura de franquistas, si no se atreven a tocar la Ley de Extranjería, si nos venden como un gran triunfo una reforma laboral que en nada cambia la del PP, y si siguen sin garantizar una inversión económica masiva en la sanidad pública que nos permita huir de la lacra de las enfermedades mentales.
A pesar de las leyes aprobadas, de acciones simbólicas como la puesta en marcha del teléfono 024 o de las declaraciones de muchos políticos –ya sean de derechas o “progresistas”– sobre su homosexualidad, nuestra opresión se recrudece con la crisis económica y el avance de la extrema derecha en todo el mundo.
Por un Orgullo combativo y de clase
Cada vez somos más los y las que entendemos que no sirven de nada las palabras si no son acompañadas por hechos, y que este sistema no funciona para la gran mayoría. Por eso reivindicamos la memoria histórica de nuestro movimiento y su carácter de clase ante los mismos y las mismas que cada Orgullo tratan de sacar beneficios de nuestra lucha. Defendemos un Orgullo anticapitalista, al margen del chiringuito y el carnaval que las y los capitalistas tratan de organizar cada año para el lucro de las grandes empresas y multinacionales. Pretenden hacer de un día de reivindicación de la lucha contra nuestra opresión un gran negocio. No podemos permitir que la caterva mediática y la derecha política se envuelvan en la bandera arcoíris cuando se acerca nuestro día para a las pocas horas seguir su cruzada contra nosotras.
Como en Stonewall: sólo la lucha nos hará libres. No dejaremos de pelear por acabar con el capitalismo y construir una sociedad nueva que garantice nuestros derechos, nuestra dignidad y el respeto que merecemos.
¡Únete a Libres y Combativas!
