¡Basta de privilegios para la Iglesia!

El pasado 10 de marzo unas decenas de estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se dirigieron en una marcha pacífica desde la Facultad de Psicología a la capilla instalada en el recinto universitario, para leer un manifiesto contra la presencia de la Iglesia en un espacio público como este, así como para denunciar las últimas declaraciones homófobas y machistas que Benedicto XVI y sus obispos han realizado en diversas ocasiones.

Al finalizar la lectura del manifiesto algunas de las jóvenes levantaron sus camisetas para mostrar los lemas de denuncia escritos sobre sus torsos. Transcurridos siete minutos desde su entrada, todas las estudiantes abandonaron la capilla en la que sólo se habían encontrado, a su llegada, con dos estudiantes y el capellán.
El revuelo mediático posterior es algo conocido por todo el mundo. Los medios afines a la derecha pusieron inmediatamente el grito en el cielo, lamentándose de una agresión tan grave contra la libertad de conciencia, del extremismo radical y de lo violenta que fue la actuación de las estudiantes, así como de la vulneración de derechos fundamentales y la falta de convivencia democrática alimentada por grupos de izquierdas que se estaba gestando en la universidad.
Cinco días después del acto de protesta, el 15 de marzo, cuatro estudiantes de la UCM eran arrestados en sus respectivos domicilios por la Brigada Provincial de Información de Madrid de la Policía Nacional, para ser llevados a comisaría y acusados de un delito de profanación de un lugar destinado al culto. La policía justificó esta intervención por la existencia de dos denuncias, interpuestas por la organización ultraderechista Manos Limpias y por la Iglesia Católica. De esta forma un acto pacífico quedó transformado en un delito contra un derecho fundamental.

La violencia fascista, ocultada por los medios

Tres días después de la intervención policial, el 18 de marzo, un grupo autodenominado “Acción Católica” entró de forma violenta en la Facultad de Geografía e Historia de la UCM rompiendo carteles de asociaciones estudiantiles, golpeando a todo aquel que se cruzaba en su camino y gritando consignas de carácter fascista. Este grupo estaba formado por algunos estudiantes de otras facultades y personas de avanzada edad, que no paraban de golpear e increpar a los presentes, despidiendo su agresión al grito de “¡Ahí tenéis vuestra puta democracia!”. El grupo de unas quince personas pudo huir de la facultad gracias a que en el exterior se encontraban dos furgonetas esperándoles con el motor en marcha. Este episodio ha merecido muy poca atención en los grandes medios de comunicación.
Desde el Sindicato de Estudiantes, igual que hicieron los más de 150 profesores firmantes del manifiesto en solidaridad con las estudiantes vapuleadas mediáticamente,  hemos afirmado que la forma en la que se llevó adelante la protesta no nos parecía acertada, si bien entendemos y compartimos los motivos de la misma. Por supuesto que respetamos las convicciones religiosas que cualquier persona pueda tener; de lo que estamos en contra es de la utilización de los medios públicos con fines religiosos.

La Iglesia y el Estado

La enorme presencia que sigue teniendo la Iglesia Católica en los ámbitos públicos, las concesiones, contratos y regalos que continúa recibiendo de las administraciones públicas (ya sea para gestionar un centro de estudios o recibir terrenos en los que construir) son algo denunciado año tras año por multitud de organizaciones. En la educación pública la Iglesia Católica no sólo sigue teniendo un púlpito privilegiado a través del cual continuar ganando adeptos, sino que además este es financiado por parte del Estado —a pesar de que los profesores son elegidos y revocados discrecionalmente por el obispado—. El cuerpo de 15.000 profesores que imparten religión en la escuela pública reciben los 650 millones de euros de su salario de las arcas públicas. La labor de estos docentes es clara, el 68% de los mismos considera su asignatura “necesaria para la evangelización”. Una parte importante de los beneficios económicos de la Iglesia están ligados a la concesión de centros de estudio privado-concertados, de los que el 89% de los mismos le pertenecen, y los suculentos negocios que con este derecho fundamental continúan haciendo, ya que cada centro deja un beneficio medio anual de 76.000 euros. En cualquier caso, los beneficios no llegan únicamente desde el mundo educativo, este año a través del IRPF, el Estado ha pagado unos 280 millones de euros a la Iglesia Católica, cerca de un 20% más que en el año 2009.
El mimo del Estado hacia la Iglesia no se limita a los aspectos económicos. El último ejemplo lo tenemos en la prohibición de una manifestación atea en Madrid por parte de la delegada del Gobierno, Dolores Carrión, que asumió los argumentos del ayuntamiento del PP, según el cual dicha manifestación dañaba la “imagen turística de la ciudad”. Finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la prohibición, entre otras cosas, porque era “consustancial a la convocatoria la ofensa a la religión católica”. Es interesante señalar que sólo tres jueces de cinco que componen el tribunal apoyaron la sentencia.
Los enormes beneficios y privilegios de los que goza la Iglesia Católica por parte del Estado son inconcebibles en cualquier país de nuestro entorno, y sólo se pueden entender como una continuidad de los recibidos en las cuatro décadas que duró la dictadura franquista. La total separación de la Iglesia y del Estado es una exigencia fundamental que, en el contexto de la ofensiva hacia los derechos democráticos que estamos sufriendo los trabajadores y la juventud, adquiere todavía más relieve.


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