El 9 de septiembre 15.000 profesores llegados de todos los rincones de Galicia recorrieron las calles de Compostela para expresar su rechazo a los ataques lanzados desde la consellería de Educación. El 28 de junio tuvo lugar la primera manifestación del profesorado (también con cerca de 15.000). Ambas manifestaciones, realizadas en período no lectivo, muestran sin lugar a dudas la disposición a luchar por parte de los trabajadores de la enseñanza.

Guerra contra la educación pública

Estas movilizaciones son la respuesta al salvaje ataque lanzado por la Xunta del PP, en su orden del 23 de junio. Esta orden establece el incremento del horario lectivo en cuatro horas para el profesorado de infantil y primaria, en dos para el de secundaria y el incremento de las funciones de los docentes.
Las consecuencias son múltiples. Los profesores tendrán ahora que custodiar a los alumnos en las esperas del transporte escolar, lo que implica el empleo de horas de trabajo del profesorado en tareas que nada tienen que ver con la docencia y que no es más que una concesión a los empresarios del transporte escolar. Además, el incremento de las horas lectivas resta horas para otras tareas esenciales: desdobles, apoyos y refuerzos educativos, actividades extraescolares, atención a la diversidad y a necesidades especiales y en el caso de secundaria a las tutorías con padres y reuniones de departamento. Con la ampliación del horario lectivo a los profesores, la Xunta aprovecha para despedir a nada menos que 800 maestros de infantil y primaria.
En definitiva, estas medidas van a significar el abandono de aquellos alumnos con mayores dificultades y el incremento del fracaso escolar que se va a seguir cebando con los hijos de los trabajadores, incrementando el número de alumnos de familias obreras que van a ser expulsados del sistema educativo, y volver a los viejos tiempos en los que sólo estudiaban los hijos de los ricos.

Recorte de profesorado

El objetivo del PP y los capitalistas es meter de forma inmediata un tijeretazo al gasto educativo público, mientras trasvasa ese dinero a manos de los empresarios de la educación privada concertada, como ya se está haciendo. Y el recorte del profesorado, que en el conjunto del Estado se acerca a 15.000, no es otra cosa que la aplicación de los planes de despidos salvajes de empleados públicos que ya se están aplicando en otros países de Europa.
Pero mientras que la educación pública sufre un saqueo a manos llenas, el PP (y lamentablemente el PSOE allí donde gobierna) está trasvasando todo este dinero a los empresarios de la escuela privada concertada. La educación pública sufre despidos de profesores, cierre de unidades, recortes en comedor y libros de texto, mientras que este año la Xunta amplia los conciertos a más centros educativos que el año anterior y se saca de la manga un nuevo regalito, por encima del concierto ya concedido. Concretamente, el 24 de agosto (¡!) la consellería de Educación publicó una orden para regalar 220.000 euros más a centros privados, para gastos de atención especial. “Curiosamente”, ninguno de los centros privados que reciben este dinero es de educación especial, con lo que los beneficios de los empresarios seguirán engordando, a costa del deterioro de la educación pública.
Los sindicatos convocantes (CIG, CCOO, UGT, STEG…) han elaborado un primer plan de lucha muy positivo. Tras la manifestación del día 9, el profesorado no universitario irá a la huelga los días 21 y 27 de septiembre. El Sindicato de Estudiantes apoya completamente estas acciones y estamos convocando al conjunto de los estudiantes de secundaria a la huelga esos dos días, para confluir con el profesorado. Pero los ataques educativos están ocurriendo en todo el Estado. Es por eso que el Sindicato de Estudiantes convoca huelga general estatal de estudiantes el 6 de octubre y ha propuesto a los dirigentes sindicales y al conjunto de los trabajadores de la enseñanza sumarse a esta fecha y convocar una gran huelga general de toda la comunidad educativa como siguiente paso en la lucha para obligar a los gobiernos central y autonómicos a retirar todos y cada uno de los ataques a la educación pública.


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