“Los dirigentes sindicales tienen que convocar una huelga general de la comunidad educativa para unificar la lucha en defensa
de la enseñanza pública en todo el Estado”

La educación pública se ha convertido en uno de los principales objetivos de ataque de los capitalistas, movilizando a centenares de miles de profesores, estudiantes y padres a defenderla desde el primer día del curso académico. El pasado 6 de octubre el Sindicato de Estudiantes convocó una huelga general de estudiantes en todo el Estado, contribuyendo a dar más amplitud y coordinación estatal a la lucha. Entrevistamos a Tohil Delgado, secretario general de la organización estudiantil.

El Militante.— ¿En qué medidas y en qué cantidades se concretan los ataques y recortes a la educación pública?
Tohil Delgado.— Se está produciendo la ofensiva más grave contra la educación pública de las últimas décadas. Estamos hablando de un recorte de 2.000 millones de euros que supone, por ahora, una reducción de 15.000 profesores en todo el Estado, según las estimaciones de CCOO y UGT.
Según el propio Ministerio de Educación, es la primera vez en treinta años que se produce un descenso del gasto público total (la suma de todas las administraciones) en educación. Esta situación se da simultáneamente a un incremento de 165.154 alumnos respecto al año anterior y cuando el número de alumnos total en la enseñanza no universitaria, de casi ocho millones, es el mayor en dieciocho años.
Estamos ante un verdadero ERE del profesorado, un completo plan de ajuste educativo a nivel estatal. Aunque formalmente no exista una medida de carácter estatal, los ataques se están produciendo o preparando en todas las comunidades autónomas, de las que depende el 88% del gasto público total en educación.
En el caso de la Comunidad de Madrid los recortes se traducen en una reducción de 3.200 profesores este curso, que se suma a los entre 1.200 y 1.500 profesores que se jubilaron al finalizar el curso 2010/11 y que no han sido reemplazados, así como a los 2.500 profesores que también perdió la educación pública por un recorte similar en el inicio del curso pasado en primaria e infantil. Es decir, en dos años la educación pública madrileña cuenta con unos 7.200 profesores menos. Madrid es un ejemplo paradigmático de lo que han supuesto años de privatización y recortes en la educación pública por parte de la derecha; es la comunidad que menos dinero dedica a la educación en relación a su PIB, un 2,88% frente a la media estatal del 5,3%. En Galicia se aumenta la jornada lectiva en cuatro horas para los profesores, con la consiguiente reducción de plantillas (teniendo en cuenta, además, que para suplir las 1.250 bajas por jubilación que ha habido este año sólo se han convocado 200 plazas). En Castilla-La Mancha se han anunciado 4.000 despidos de profesores. En Catalunya se reducen 500 docentes en un curso en el que se ha producido un aumento del alumnado de entre 15.000 y 20.000, se elimina la sexta hora (que se utilizaba para labores de refuerzo) y se congela la construcción de nuevos centros prevista para acabar con los barracones en los que a día de hoy estudian 20.000 jóvenes. En Navarra se eliminan 200 plazas de profesor. En Asturias, el gobierno de Foro Asturias de Álvarez Cascos anunció, a finales de septiembre, su apuesta por un plan descarado de privatización de la gestión de los centros públicos, por el que estos tendrán “capacidad ejecutiva” para financiarse cediendo instalaciones o programando cursos extraescolares. Además, este plan permitirá a los centros organizar el 35% del currículo a su libre albedrío, lo que acentuará todavía más las diferencias entre unos y otros.
Después de las elecciones generales, es más que previsible que los ataques se redoblen. El PP, como ha ocurrido con CiU en Catalunya, tratará de apoyarse en su probable mayoría parlamentaria —aunque ésta no sea consecuencia de la simpatía mayoritaria por los recortes, sino de la decepción provocada por la política cada vez más escorada a la derecha por parte del gobierno de Zapatero— para acelerar el proceso de desmantelamiento de la educación y sanidad pública.
En todo caso, cualquier gobierno que tenga como eje central la defensa de los intereses del sector financiero, como ha establecido la reforma constitucional aprobada este verano por iniciativa del PSOE y del PP, acabará por imponer recortes en sanidad y educación. Así que la perspectiva, antes y después del 20 de noviembre, es de lucha sí o sí; lo decisivo es encontrar la vía adecuada para organizar una contestación social lo suficientemente fuerte en la calle para poder frenar los ataques que están en marcha y los que están aún en el cajón. Hay condiciones para ello.
EM.— ¿Qué argumentos ha tratado de utilizar la derecha, que ha abanderado los ataques desde las comunidades donde gobierna, y qué efectos han tenido?
TD.— La derecha dice que no hay ataques, que se trata de una simple “reorganización de los recursos”. También dice que no hay ningún despido, que simplemente son contratos de interinos que no se renuevan. Sin embargo, estos eufemismos no engañan a nadie, y menos a los profesores y estudiantes que se han incorporado a las clases en su centro de estudios y se han encontrado con que hay menos profesores que el curso pasado para atender las necesidades del alumnado, que además se ha incrementado de forma generalizada este curso.
Esperanza Aguirre, negando la terca realidad, aseguró públicamente que era “mentira y una falsedad” que hubiera profesores que impartan asignaturas en las que no son especialistas y amenazó a quienes lo hicieran de llevarles a inspección y que “se le caerá el pelo a este instituto y a ese profesor”. Es una provocación permanente. Este mismo personaje intentó criminalizar, frente a la opinión pública, la imagen de los profesores, tachándoles prácticamente de vagos por no querer trabajar más horas y tratando de reproducir un estereotipo de profesor que sólo se moviliza por cuestiones corporativas, que cobra un sueldazo, está todo el día de vacaciones, etc. Luego no le quedó más remedio que pedir perdón, pero más recientemente ha vuelto a la carga diciendo que los que se manifestaban por la educación pública eran los mismos que habían agredido a los peregrinos durante la visita del Papa y que los profesores “estaban haciendo negocio” vendiendo las camisas verdes que simbolizan la lucha contra los recortes.
Todos los intentos de aislar socialmente la lucha les han salido muy mal, la demostración de fuerza que han dado los profesores y los estudiantes en las calles, defendiendo a ojos del conjunto de los trabajadores la educación pública como un derecho intocable, ha dejado en ridículo a las abanderadas de estos recortes, Esperanza Aguirre y Lucía Fígar en Madrid, así como a Cospedal en Castilla-La Mancha. 
En todo caso el pulso de la derecha a la educación pública es muy fuerte y no ha hecho más que empezar. En plenas movilizaciones contra los recortes Esperanza Aguirre declaró públicamente, aunque luego tuviese que “matizar”, que “quizás no todos los tramos de la educación obligatoria debieran ser gratuitos”. Y ahí está el quid de la cuestión, que es la privatización de la educación pública. Cuanto más se degrade la educación pública, más campo de negocio para los empresarios de la privada. Esta degradación se ha venido produciendo, además de los recortes, por el trasvase de dinero público a la red privada a través de conciertos y exenciones fiscales, como la de 90 millones de euros que ha planteado la Comunidad de Madrid para aquellos que lleven a sus hijos a la educación privada (siendo 80 millones de euros el “ahorro” que conseguirá la CAM al despedir a los 3.200 profesores). Este objetivo, privatizar y segregar la educación (una para ricos y otra para pobres), está detrás de todos y cada uno de los recortes anunciados.
El modelo de la derecha es y ha sido siempre el de una educación privada al alcance de quien se la pueda pagar y una educación pública cada vez más deteriorada para las familias trabajadoras que no pueden permitirse pagar un colegio privado. Los tramos educativos que se conserven bajo titularidad pública y tengan una cierta calidad serán de pago y los que ya lo son, como la universidad, cada vez más caros. Así, incluso la educación pública de calidad estará vetada para los hijos de los trabajadores, salvo la que tenga un carácter asistencial, al estilo de lo que pasa en EEUU. Se trata de concebir la educación no como un derecho, sino como un privilegio para aquellos que puedan acceder a ella.
EM.— ¿Cómo valoráis la respuesta sindical que ha habido hasta ahora frente a los ataques?
TD.— Las condiciones para una respuesta social a la altura de estos ataques están presentes. Hay un ambiente social abrumadoramente mayoritario contra los recortes. Este no es un punto secundario. La indignación social va en aumento, lo que ha ocurrido con el movimiento 15-M es un síntoma clarísimo. Las multitudinarias movilizaciones del profesorado en Madrid es otra prueba evidente de la voluntad de lucha que existe. Lo que hace falta como paso inmediato es que todas las movilizaciones y huelgas contra los recortes educativos en las diferentes comunidades autónomas se unifiquen en todo el Estado. La forma más consecuente de hacerlo es con la convocatoria, urgente, de una huelga de la comunidad educativa en todo el Estado. Los dirigentes sindicales de CCOO y UGT tienen en sus manos trazar una estrategia de lucha ascendente, que además confluya con otros sectores que también están movilizados, como en la sanidad. ¿Qué sentido tiene y a quién beneficia luchar por separado en las diferentes comunidades autónomas cuando los ataques tienen, en todas, el mismo sentido y gravedad? ¿Qué sentido tiene separar la lucha contra los recortes en educación de los demás ataques como en la sanidad? ¿Por qué no ligar esta lucha contra otros ataques a los que los dirigentes sindicales ni siquiera están dando respuesta como la reciente reforma laboral aprobada por el gobierno, los despidos en las empresas y las nuevas ayudas multimillonarias a la banca?
Existe un ambiente muy crítico entre el profesorado por la falta de consistencia y contundencia de los dirigentes sindicales. En Madrid, de hecho, se ha producido una rebelión del profesorado y de la base sindical, que ha logrado imprimir a la lucha un carácter mucho más combativo que el plan que inicialmente tenían trazado los dirigentes de CCOO y UGT, que era una huelga de un solo día y sin tiempo para poder organizarla en condiciones. Los profesores y los afiliados no quieren convocatorias para cubrir el expediente, sino un plan serio y contundente de lucha porque perciben que el ataque contra la educación pública es muy grave, va en serio y se está produciendo ahora. Desde el Sindicato de Estudiantes creemos que las movilizaciones del profesorado, unida a los estudiantes y padres y madres de alumnos, con una estrategia de lucha consecuente por parte de los dirigentes sindicales, se podría convertir en un referente para el conjunto de los trabajadores y desatar una verdadera rebelión social, involucrando a toda la clase obrera, contra todos los ataques que se nos quiere imponer. Hay condiciones para pararles los pies.
EM.— ¿Cuáles eran los objetivos de la huelga general del 6 de octubre y qué valoración haces de sus resultados?
TD.- El jueves 6 octubre 100.000 jóvenes salimos a las calles de todo el Estado a mostrar nuestra completa oposición a los  recortes en educación y para subrayar que los estudiantes, por encima de las diferencias nacionales, lingüísticas o culturales estamos en la misma lucha. Somos hijos de la clase obrera y tenemos los mismos intereses y los mismos enemigos comunes. Las manifestaciones que simultáneamente realizamos en alrededor de 50 ciudades fueron otra gran prueba de que, además de los profesores, los estudiantes estamos en condiciones de participar activamente en una lucha que tiene que ser todavía más amplia y contundente.
La huelga en la Comunidad de Madrid tuvo un seguimiento superior al 85% entre los estudiantes de la ESO y Bachillerato y una impresionante manifestación de 40.000 jóvenes inundó las calles. Madrid es la comunidad donde el conflicto educativo está más avanzado y es un referente para todo el Estado. Las multitudinarias movilizaciones convocadas por los profesores y el nivel de autoorganización que la lucha ha alcanzado en los centros, ha contribuido mucho a crear un ambiente de participación muy amplio. La manifestación en Barcelona también fue muy destacada, con 15.000 estudiantes, en un ambiente muy combativo. En Catalunya, el ambiente de indignación contra los recortes en sanidad ha estado muy presente. En general, la participación en la huelga fue muy amplia, y las manifestaciones y protestas se extendieron de punta a punta del Estado. Todo eso a pesar de que los medios silenciaron la huelga todo lo que pudieron. La preparación de la huelga del 6 de octubre ha servido también para organizar mejor el movimiento estudiantil y prepararnos para futuras movilizaciones.
Desde el SE pensamos que la lucha tiene que continuar. La convocatoria de la marcha estatal a Madrid del sábado 22 de octubre, impulsada por los sindicatos de profesores, es el paso más inmediato de esta lucha. Vamos a convocar la marcha en cientos de institutos públicos de todo el Estado para garantizar que ese día nuevamente decenas de miles de estudiantes salgan a la calle junto a padres y profesores. Sería un gravísimo error, que la marcha a Madrid se concibiese como un punto y final en la lucha. Como decía antes, los dirigentes sindicales de CCOO, UGT y STEs deben convocar ya una huelga general de toda la comunidad educativa en todo el Estado.
En el caso de la Comunidad de Madrid, convocamos una huelga general de 48 horas los días 19 y 20 de octubre; vamos a convertir el día 19 en un día de actividad y reivindicación en los centros de estudio, con asambleas conjuntas con profesores, encierros, salir a los barrios a extender el conflicto, etc. y el jueves 20 confluiremos con la huelga de profesores y en una manifestación unitaria. También en Castilla-La Mancha continuaremos las movilizaciones de estudiantes junto con el profesorado y allí donde haya movilizaciones de profesores nos sumaremos a las jornadas de huelga y manifestaciones, como en el caso de Navarra el próximo 27 de octubre.
EM.— ¿Por qué estás en la corriente marxista El Militante?
TD.— Efectivamente, además de en el Sindicato de Estudiantes, del que formo parte desde hace muchos años, milito en la corriente marxista El Militante, que es la organización que impulsó la creación del Sindicato de Estudiantes en los años ochenta.
Considero que el principal motivo de todas las injusticias que hay en el mundo y de todos los ataques y las dificultades que tenemos los jóvenes y las familias trabajadoras en general es la propia existencia del sistema capitalista, que se basa en la explotación de la mayoría de la población a manos de una minoría que controla todas las riquezas y es dueña de los bancos, las grandes empresas y los medios de comunicación. Sin embargo, quienes producimos toda esa riqueza es, o somos, esa mayoría explotada, los trabajadores, que somos los que verdaderamente tenemos la fuerza que hace que la sociedad funcione. Esta misma fuerza es la que hay que utilizar para transformar la sociedad. Creo que la única manera de acabar con todos los problemas que nos aquejan es luchar contra el sistema capitalista, algo que sólo se puede hacer a través de una política revolucionaria que cuestione el sistema y luche por la transformación social, donde todos los medios de creación de riqueza estén en manos de la mayoría.
La lucha por mejoras, tanto en educación como en cualquier otro terreno social, no está separada de la lucha política. Pienso que la lucha por el socialismo es la que da un sentido más completo a la batalla que los trabajadores y la juventud tenemos que dar para sobrevivir y defendernos. Por eso estoy organizado en la corriente marxista El Militante, y llamo a todos los jóvenes en lucha a que también lo hagan.