Desde las primeras semanas del curso, profesores, estudiantes y padres, hemos puesto los centros de estudio en pie de guerra en defensa de la enseñanza pública y contra los ataques que se están produciendo en todo el estado.

En Catalunya CiU inició la ofensiva con un recorte de cerca de un 8% del presupuesto educativo, poco después, los gobiernos del País Valenciano, Galicia, Navarra, Castilla - La Mancha, Madrid y Extremadura aprobaban el despido de miles de profesores, además de una reducción importante de los presupuestos necesarios para sostener los gastos corrientes de los centros públicos.
A estos ataques se han sumado en las últimas semanas otros contra la universidad pública en diferentes comunidades autónomas, que pasan por la amenaza de eliminación de las carreras que no sean “rentables” desde el punto de vista de los empresarios,  la aparición de multas para aquellos estudiantes que no aprueben en primera o segunda opción cada asignatura —de hasta mil euros por materia—, un aumento generalizado de las tasas de matriculación en las universidades públicas de más del 7%, recortes de millones de euros en los presupuestos universitarios y, por último, recortes de personal que se llevarán por delante miles de plazas de profesores y empleos del Personal de Administración y Servicios.
Si tenemos una visión de conjunto de todas estas medidas, vemos que realmente nos estamos enfrentando a un plan de ajuste salvaje contra la educación pública en su conjunto en todo el Estado.

La Comunidad Educativa demuestra su disposición
a una lucha sin cuartel

Ante esta situación, profesores, madres y padres y estudiantes no nos hemos quedado de brazos cruzados. En Comunidades Autónomas como Galicia, Castilla - La Mancha, Catalunya y Navarra hemos protagonizado movilizaciones masivas, pero sin duda ha sido Madrid donde la respuesta de la comunidad educativa está siendo más amplia, profunda y masiva. Una de las razones fundamentales por lo que esto ha sido así tiene que ver con la política de recortes y ataques contra los tramos de infantil y primaria acometidos por el PP en los últimos cursos, así como por el proceso de privatización generalizada que ha llevado a la CAM desde hace muchos años, y por el cual actualmente en Madrid existen 488 institutos privados y privados-concertados, frente a 325 públicos. Cuando el gobierno de Esperanza Aguirre anunció el despido de 3.200 profesores, estalló todo el descontento acumulado.
Miles de profesores y estudiantes hemos protagonizando una verdadera sublevación contra los recortes. Nueve huelgas de profesores y estudiantes, otras dos que han sido sólo de estudiantes convocadas por el Sindicato de Estudiantes (SE), encierros en decenas de institutos y manifestaciones multitudinarias que han inundado las calles, han sido algunas de las acciones más destacadas.
Desde los primeros compases de la movilización el SE ha insistido en que tenemos la fuerza necesaria para derrotar estos ataques, pero para ello es necesario entender que los recortes son los mismos en el conjunto del Estado y que, por tanto, debemos unir nuestras fuerzas en una huelga general de toda la comunidad educativa en todo el Estado. Que esto es totalmente factible quedó demostrado el 6 de octubre cuando desde el SE convocamos una jornada de huelga y manifestaciones en todo el Estado, con más de 100.000 jóvenes en las calles. Y quedó nuevamente remarcado con la marcha estatal a Madrid del 22 de octubre, en la que más de 200.000 personas venidas de todo el Estado demostraron su disposición a la lucha.

Es necesario extender
y profundizar la lucha

Pero además de estas demostraciones, la fuerza de la comunidad educativa puede y debe ser amplificada con el apoyo de la clase trabajadora en su conjunto. Hay miles de afiliados y delegados sindicales de CCOO y UGT, así como trabajadores sin afiliación, que además de desarrollar su labor en su centro de trabajo, son padres de los estudiantes que nutren a la escuela pública.
En un contexto en el que la educación pública está sufriendo la ofensiva más brutal desde la caída de la dictadura franquista, es necesario organizar una contestación social masiva, bien organizada y que vaya a más. Por eso desde el Sindicato de Estudiantes hemos insistido en la necesidad de avanzar por este camino como la única forma de conseguir nuestros objetivos, haciendo continuos llamamientos a las direcciones de CCOO y UGT para que organizasen la respuesta en esa dirección.
Todo nuestro ímpetu y energía han estado orientados hacia el objetivo de conseguir que la lucha en defensa de la educación pública fuera una movilización estatal, unitaria y que implicase a toda la clase trabajadora. Sin embargo, los dirigentes de las federaciones de enseñanza de CCOO y UGT han planteando la movilización con otro método y otra estrategia.
Con el argumento de que cada comunidad autónoma es una realidad diferente, se ha rechazado la unificación de la lucha en todo el Estado, convocando a los profesores en distintos días en las diferentes comunidades; siendo además unas convocatorias muy tímidas, sin prácticamente propaganda y sin impulsar asambleas en los centros de estudio.

Los dirigentes de CCOO y UGT tienen que cambiar
de estrategia sindical

Las movilizaciones del profesorado han estado impulsadas por los propios trabajadores de la enseñanza. Lamentablemente los dirigentes sindicales en lugar de apoyarse en los miles de profesores que están en primera línea de la lucha y que están demostrando un alto grado de compromiso en defensa de la enseñanza pública, han ido de la mano de los sindicatos corporativos y de derechas (ANPE y CSIF) con el argumento de que de esta forma participan más profesores en las movilizaciones.
En nuestra opinión esta idea es completamente errónea, ya que como se ha visto a lo largo de la movilización, ANPE y CSIF son un freno para la movilización. El ejemplo más claro de esto lo tuvimos en Castilla - La Mancha, donde estos sindicatos, además de ser mayoritarios en cuanto a representación sindical se refiere, se opusieron ferozmente a la convocatoria de las huelgas y manifestaciones que demandaba el profesorad, algo que no impidió las exitosas movilizaciones y huelgas respaldadas mayoritariamente por el profesorado en esa comunidad.
En lugar de haber ido de la mano de ANPE y CSIF, habría que haber apostado por la extensión de la lucha al resto del Estado, haber realizado una campaña de asambleas en todas las fábricas y empresas de Madrid para involucrar a la clase obrera, y haber elaborado un calendario de lucha que fuera ganando intensidad y no al contrario.

Es posible derrotar a la derecha

A pesar del tiempo transcurrido, y las oportunidades desaprovechadas, esta lucha todavía se puede ganar. El pasado 17 de noviembre se produjo un importante repunte en el seguimiento de la huelga en Madrid —con una participación en torno al 60%— y sobre todo vivimos el gran respaldo social a la manifestación de esa tarde, con unas 100.000 personas frente a la Consejería de Educación.
Además de esto no debemos perder de vista que cada vez son más los servicios públicos atacados, así como es evidente que la derecha en el gobierno central profundizará y ampliará estos ataques y esta política.
En estas condiciones una estrategia decidida por parte de las direcciones de CCOO y UGT para unificar la lucha de todos los sectores y en todo el Estado, desataría una fuerza mayor a la vista hasta el momento, capaz de hacer retroceder cualquier ataque contra nuestros derechos y contra los servicios públicos.