Durante los últimos meses hemos asistido a una campaña propagandística del gobierno del PSOE para intentar diferenciarse, en cuanto a los recortes, de las comunidades gobernadas por el PP. El eje de esta campaña ha sido Andalucía, que se ha puesto como ejemplo de gasto social.

Sin embargo, lo cierto es que en la medida que los dirigentes del PSOE han aceptado la lógica del capitalismo, también en esta comunidad autónoma se están produciendo graves ataques en la educación pública. De mano del gobierno de Griñán se ha producido un recorte de unos mil millones de euros para el curso 2011/2012. Esto ya está provocando situaciones de falta de material, degradación de las instalaciones, aumento de la masificación en las aulas o la falta de profesorado. Tan sólo en la provincia de Málaga serían necesarios 1.200 profesores para garantizar las clases de desdobles.

Decreto 302/2010 sobre interinos

En junio de 2010 la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía aprobó un nuevo decreto para la colocación de interinos de primaria y secundaria, entrando en vigor al comienzo de este curso. De esta manera todos aquellos que entraron a trabajar después del 31 de julio, sólo podrán obtener plaza a través de la nota en los exámenes que se celebran cada dos años. Ante el recorte de plazas del profesorado, debido a la falta de inversión pública, esta nota ha quedado muy alta. Además, ya no contará la experiencia acumulada, con lo que prácticamente sólo se podrá obtener plaza sacando cada dos años notas que rocen el 10. El resto pasará al paro y perderá la condición de interinidad y cualquier derecho. Este año 500 profesores han sido expulsados directamente de la bolsa y, además, entre 1.500 y 2.000 profesores de primaria y secundaria en toda Andalucía se han quedado sin plaza.
Realmente, este decreto es una criba más para que el profesorado pueda acceder a las, según la Consejería, “innecesarias” plazas. Sin embargo, un informe de CCOO realizado a comienzos de curso arroja los siguientes datos: en Cádiz hay 6.500 alumnos más y sólo 27 nuevos docentes; en Córdoba, 3.000 alumnos más y 13 nuevos profesores; en Málaga, 8.215 alumnos más y 45 nuevos docentes. El informe también señala que no se están cubriendo bajas, especialmente en la educación primaria y que  en Andalucía se mantiene el mayor ratio de alumnos por aula de todo el Estado.

La Ley Andaluza Universitaria

Sin embargo, donde más se están profundizando los ataques es en la universidad, con la reforma de la Ley Andaluza Universitaria. La LAU es un giro de tuerca más en las intenciones de los Planes de Bolonia de privatizar la enseñanza y expulsar a los hijos de los trabajadores de la educación. La ley apela a “la necesidad de buscar apoyo económico y recursos externos a la universidad procedentes de personas y entes privados” a cambio de “planes de investigación que se adapten a la realidad del sistema productivo”. De esta manera las empresas se ahorrarán costes de inversión y se lucrarán del trabajo de los jóvenes, fomentando sólo aquellos campos que les resulten rentables  a las grandes empresas, reduciendo aún más el presupuesto y los recursos destinados a investigación para fines sociales.
Además, aumenta el poder de las empresas en la universidad, dándole mayor capacidad de decisión al Consejo Social, órgano en el que están represeantadas. Por ejemplo, este Consejo Social tendrá la obligación de “hacer un informe anual sobre la creación, modificación y supresión de Facultades, Escuelas Técnicas o Politécnicas superiores, adaptándose a las necesidades externas en las que convive la universidad”  Esto significa que ahora las empresas privadas van a decidir qué carreras son útiles y cuáles no, pudiendo suprimir las que consideren no rentables.
Otra cara de este ataque ha sido la subida sin precedentes de las tasas universitarias de un importante 4,3% (aunque menor que en el conjunto del Estado, un 7,6%), haciendo hincapié en las segundas y terceras matrículas. Esta subida, en continuidad con lo que se lleva haciendo en los ñultimos años, pretende elitizar e impedir el acceso a los hijos de los trabajadores a la universidad pública, a través de la “Estrategia 2015”. Con el borrador de esta nueva Ley, de carácter estatal, se pretende que los jóvenes paguemos el 50% del coste en la segunda matrícula y el 100% en la tercera. Una asignatura que ahora cuesta 120 euros en tercera matrícula pasaría a costar, en 2015, en torno a los mil euros.

Hace falta una respuesta rotunda y unificada

Lamentablemente, ante estos ataques, lo único que desde las direcciones sindicales se ha planteado es una movilización del profesorado en la enseñanza media el pasado 26 de noviembre y una concentración de delegados de la universidad frente al parlamento el 23 del mismo mes, día en que se aprobaba la LAU. Pensamos que, ante la tremenda ofensiva que estamos sufriendo en todo el Estado hacia lo público y nuestros derechos, no es posible parar estos ataques con concentraciones aisladas, desde el Sindicato de Estudiantes defendemos la movilización conjunta de toda la comunidad educativa a través de la huelga general, como un primer paso hacia un plan de lucha más contundente, buscando el apoyo del conjunto de la clase trabajadora que nos permita generar un movimiento que aguante y sea lo suficientemente fuerte para tumbar toda la avalancha de ataques que estamos sufriendo, y para dejarle claro al nuevo gobierno de la derecha que no vamos a ser víctimas propicias de sus planes.


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