El pasado mes de junio aparecía en los medios de comunicación una noticia muy preocupante tanto para los trabajadores y trabajadoras de Correos como para todos y todas las usuarias de los servicios públicos postales. Se trata de la publicación por parte de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) de un “estudio”, supuestamente “independiente”, sobre la eficiencia del gasto de la empresa pública postal.
Las dos principales conclusiones recogidas en este informe consisten en calificar a Correos como una empresa ineficiente y muy cara para las arcas públicas. Para solucionar este problema dicho organismo plantea al ministerio de Fomento tomar una batería de medidas consistentes en la reducción del reparto de correo, cierre de oficinas y destrucción de puestos de trabajo.
Detrás de La AIReF está la Troika
Para empezar la citada autoridad fiscal de independiente no tiene nada, al contrario, es un organismo absolutamente dependiente del gran capital y de las multinacionales, aunque está financiado con dinero público de los contribuyentes.
La AIReF nace en 2.013 bajo el gobierno de Mariano Rajoy a instancias de la Unión Europea, con la misión de “garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público”. Más claro el agua, la misión de este organismo es asesorar al Gobierno en la contención del gasto público y la privatización de los servicios públicos. Son la Troika y el pago de la deuda quienes están detrás del susodicho organismo “independiente”.
El informe sobre Correos, que acaba de ser publicado, forma parte de un grupo más amplio, encargado por el Gobierno del PP por exigencia de Bruselas, en el año 2.017. Entre ellos encontramos, por ejemplo, otro sobre el gasto de pensiones, con el objetivo, como no, de que el sistema sea “sostenible”, y en el que aparecen propuestas como la de aumentar la edad de jubilación o ampliar el cómputo de la pensión más allá de los 25 años.
No encontramos, ni encontraremos, sin embargo, ningún informe de la AIReF que recomiende al Gobierno medidas como la de dejar de subvencionar a la Iglesia o a la Casa Real, o perseguir la evasión de impuestos de las grandes fortunas.
La biografía de su presidente, José Luis Escrivá Belmonte, es harto elocuente. Inicia su trayectoria profesional en el Banco de España para pasar de aquí a Europa donde, con la creación de la Unión Monetaria, fue nombrado jefe de la división de Política Monetaria del BCE en Frankfurt (un artífice de la implantación del euro en España); entre 2.004 y 2.012 es economista jefe del BBVA y entre 2.012 y 2.014 director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea. Un auténtico “hombre de negro” del capitalismo europeo al que le pagamos el sueldo, entre muchos otros y otras, los trabajadores y trabajadoras de Correos.
Preparando a la opinión pública para desmantelar Correos
El Servicio Postal Universal (SPU) es el conjunto de servicios postales cuya prestación garantiza el Estado de forma permanente en todo el territorio nacional y a precio asequible para todos los usuarios; esto es lo que hace que todos los ciudadanos paguen lo mismo por un producto postal, vivan en una gran ciudad o en un pequeño pueblo. Actualmente un operador privado como SEUR, DHL o CORREOS EXPRESS (este último ¡¡propiedad de Correos!!) no presta el servicio de entrega a domicilio si vives en una zona rural, tan sólo Correos está obligado a llegar a todas las puertas en cumplimiento del SPU.
Una de las principales conclusiones del estudio de la AIReF es que el coste neto del SPU en España es elevado en comparación con otros países. Asegura que sólo 12 de los 32 países analizados realizan compensación directa mediante fondos públicos, o sea, apoyo con dinero público para el mantenimiento de la parte “deficitaria”, desde el punto de vista económico, del servicio postal; de estos 12, España sería el cuarto en términos absolutos de compensación media anual, sólo superado por Italia, Francia y Bélgica.
Las propuestas que el organismo hace al ministerio de Fomento para que Correos salga “más barato” a los contribuyentes significarían, de llevarse a cabo, el desmantelamiento de la empresa y del servicio público postal.
Proponen “reducir el número de días que se entrega correspondencia (tal y como ha hecho, por ejemplo, Italia) en la medida en que no parece que sea una demanda ciudadana”. En primer lugar, recibir correo en el domicilio es un derecho que no tiene que ser “demandado”, tiene que estar ¡garantizado! En segundo lugar, la propuesta es ilegal. La Ley Postal obliga a Correos como prestador del SPU a entregar la correspondencia de lunes a viernes, cuestión esta que hace años es incumplida por el operador público como consecuencia de los continuos recortes que la empresa ha sufrido en los últimos tiempos.
En este sentido resulta preocupante que fuentes del actual ministerio de Fomento, al tener conocimiento de una nota interna de su secretaría general técnica, advirtiendo de que algunas de estas recomendaciones no podrían abordarse por no permitirlo la legislación actual, afirmen que eso no quiere decir que no se pueda cambiar la ley para adaptarla a las propuestas de la Autoridad Fiscal. Es decir, por muchos gestos cara a la galería que haga el PSOE, sus intenciones son las de seguir obedeciendo ciegamente los dictados de Bruselas de la misma manera que ha hecho el PP.
Otra de las brillantes recetas de la AIReF consiste en seguir profundizando en la destrucción de empleo en Correos, donde desde el año 2.008 se han destruido 14.886 puestos de trabajo (22,52%) provocando un tremendo deterioro en la calidad del servicio y un aumento en los ritmos de trabajo que han disparado los accidentes y enfermedades laborales entre la plantilla.
Se recomienda también al ministerio el cierre de más oficinas de atención al cliente y la desaparición de puntos de recogida (buzones). Desde 2.008, y sólo en las zonas rurales, se han cerrado 1.403 oficinas (18,35%), obligando a miles y miles de ciudadanos a recorrer decenas de kilómetros para encontrar una de ellas. Según fuentes del sindicato CCOO (HTTPS://WWW.VOZPOPULI:COM/TAG/CORREOS/) “de llevarse a término las propuestas de la AIReF...supondrían el cierre de dos tercios de las oficinas de Correos (1.600 de las 2.400 oficinas), y el despido de 30.000 trabajadores y trabajadoras”.
El plan: una vez más, privatizar los beneficios y socializar las pérdidas
Resulta difícil dar ningún tipo de credibilidad al informe de la Autoridad Fiscal cuando este pasado 10 de julio Correos informaba a los medios de comunicación de que ha registrado un beneficio neto de 50,8 millones de euros en el primer semestre del año, una cifra que multiplica ocho veces la del mismo periodo de 2.018, cuando ganó 6,2 millones de euros.
El grupo postal público obtuvo unos ingresos de 1.226,2 millones de euros en los seis primeros meses del año, un 15,1% más y registró de este modo el “mejor semestre en facturación” desde el ejercicio de 2.011. Los buenos resultados se deben, según la empresa, al crecimiento de los ingresos de explotación y a la paquetería: Correos envió 75 millones de paquetes en los seis primeros meses del año y registró unos ingresos un 18% superiores a los de 2.018.
Entonces en qué quedamos, ¿es viable la empresa o no? Evidentemente Correos está dando beneficios y por eso el lobby patronal de la logística, representado por SEUR, DHL, TIPSA, TDN, FedEx, etc.., buscan su privatización, para quedarse con esos beneficios.
Los distintos Gobiernos, velando por los intereses de las multinacionales y no de los ciudadanos, hace tiempo que llevan a cabo la estrategia de no subvencionar adecuadamente el SPU, obligando así a la empresa pública a dar números rojos y creando la opinión de que es un lastre para las arcas públicas. El objetivo es claro; que el Estado se haga cargo de la parte deficitaria, las zonas rurales, con una plantilla absolutamente mermada, prestando un servicio totalmente paupérrimo, mientras que privatiza la parte que da beneficios, en este caso la paquetería.
Ha sido muy sintomático el show mediático al que hemos asistido recientemente en torno al cambio de logo de Correos. Los distintos partidos políticos y medios de comunicación han escrito ríos de tinta sobre el dineral gastado en quitar un punto aquí, poner una raya allí, pero todos se han olvidado de lo esencial de la operación que ha consistido ni más ni menos que en eliminar del logo la palabra CORREOS que cualquier persona asocia a la empresa pública. ¿Qué estrategia empresarial es esa que te hace eliminar de tu logotipo lo que más autoridad te da ante la población?, en el sector privado decisiones de ese tipo son impensables.
Correos se salva luchando. Necesitamos un plan de lucha contundente
Que Correos está en el punto de mira de la patronal y el Gobierno es un hecho. Este nuevo informe de la AIReF es una nueva confirmación de ello. Detrás de él están las multinacionales del sector y la Unión Europea, la misma que exige al Gobierno del Estado un recorte de 15.000 millones de euros en los próximos dos años. Pero recibir un servicio postal de calidad es un derecho como la educación o la sanidad y no un negocio para los capitalistas.
Los sindicatos mayoritarios (CCOO, UGT, CSIF, Sindicato Libre) han aceptado hasta ahora, y sin ninguna respuesta digna de tal nombre, todo tipo de ataques y recortes al servicio y a la plantilla.
El procedimiento es sencillo, se trata de “sanear” Correos para luego venderla, y en ese proceso están destruyendo miles de empleos, incrementando exponencialmente la eventualidad, los ritmos de trabajo, la precariedad y la externalización del servicio a través de Correos Express. Lamentablemente las alternativas sindicales a la izquierda de los mayoritarios tampoco han desplegado, hasta el momento, ningún plan de lucha unificado a nivel estatal, serio y contundente.
Los y las trabajadoras estamos ya cansados de huelgas de un día y demás paripés que no rompen la paz social ni suponen ninguna amenaza seria ni a la dirección de la empresa ni al Gobierno. La defensa de nuestra empresa pasa por un plan de lucha contundente basado en la fuerza de un colectivo de más de 50.000 trabajadores implantados en un sector estratégico. Es necesario organizar asambleas en todos los centros de trabajo, repartir miles de octavillas explicando la situación, proponiendo movilizaciones en todo el Estado y preparar así las fuerzas para impedir el desmantelamiento de CORREOS y recuperar derechos. No podemos seguir recibiendo ataques sin respuesta. Tenemos la fuerza para parar esta ofensiva, hay que organizar esa fuerza y sacarla a las calles. Basta ya de enriquecerse a costa de nuestros derechos. El servicio postal es un derecho, y como tal hay que defenderlo.
¡¡Por un servicio público de correo, con condiciones dignas para sus trabajadores y trabajadoras, y de calidad!!
¡¡Correos se salva luchando!!
