Desde que fuimos conscientes de la gravedad de la crisis provocada por el coronavirus la CGT en Navantia-Ferrol viene dando la batalla para que se anteponga la salud a la producción. El viernes 13 de marzo por la mañana, horas antes de que se decretase el estado de alarma, publicamos un comunicado exigiendo la suspensión de la actividad del astillero. Para nosotros, la cuestión radica en que una fábrica donde trabajan unas 3.000 personas (en buques de construcción y reparación), talleres y oficinas el peligro de contagio es evidente.
Además, nada de lo que se construye es esencial. A pesar de esas circunstancias, la empresa no planteaba la suspensión de la actividad y el resto de sindicatos, dejando la iniciativa a la empresa, tampoco defendieron el cierre, que finalmente Navantia anunció el domingo 15.
Eso sí, desde entonces el ataque a los derechos y los salarios de los trabajadores no se ha hecho esperar. El mismo viernes 13 de marzo muchas empresas despidieron a todos o una parte de sus trabajadores. El miércoles 18, tras el Consejo de Ministros en que el Gobierno anunció el paquete de medidas para salvar a las empresas, muchas otras aplicaron ERTE y que así el Estado (o sea, los asalariados, que somos los únicos que pagamos impuestos en este país) les financiemos el 70% de los salarios. Y tras prohibir el gobierno toda actividad económica no esencial, al comité intercentros le faltó tiempo para acordar con la empresa que los trabajadores de la principal tenemos que recuperar los días que van del 30 de marzo al 8 de abril. Una muestra más de su plena sintonía con los intereses de la empresa en las cuestiones fundamentales.
Además, la dirección de Navantia no oculta que su intención es reanudad la actividad cuanto antes, siempre y cuando —alega— el gobierno lo permita y se tomen las medidas de prevención adecuadas. Lo que no quieren entender es que la actividad es, en sí misma, un factor de riesgo social. O mejor dicho: lo entienden perfectamente, pero anteponen los intereses económicos. Las empresas, incluidas las públicas como Navantia, quieren recuperar la actividad a toda costa, demostrando que para el capitalismo todo, incluida la vida y la salud, está subordinado a los sacrosantos beneficios. Y si no hay producción, no hay beneficios.
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Nuestra posición ante estos ataques ha sido muy clara y desde el principio hemos lanzado una campaña en torno a dos ideas centrales:
1. Los trabajadores no somos corresponsables de la crisis, somos las víctimas. Esta pandemia tiene mucho que ver con los recortes que, especialmente desde 2008, se realizan en la sanidad pública. Esos recortes son el resultado de la presión del gran capital a favor de la privatización de la sanidad, de las pensiones, de la enseñanza y también de las empresas públicas. ¿O qué representa el modelo de subcontratación masiva de Navantia sino una privatización encubierta?
Los trabajadores estamos confinados sufriendo en unas condiciones muy difíciles, que en nada se parece a la de los responsables de Navantia ni a la de los dueños de las compañías auxiliares. Por tanto no aceptamos ninguna medida que implique más esfuerzo por nuestra parte: ni ERE, ni ERTE, ni recuperación de días, ni pérdida de ninguno de nuestros derechos.
2. El coste de la suspensión lo tienen que pagar los empresarios de la industria auxiliar con los beneficios que han amasado todo estos años. Por supuesto los grandes empresarios como los hermanos Entrecanales (dueños de Acciona) o Florentino Pérez (que parasita Navantia a través de Maessa, filial de ACS). El primero ganó 213 millones en los 9 primeros meses del año pasado y el segundo 912 millones con ACS en 2019. Pero también los empresarios de la patronal del metal de la provincia de A Coruña.
La campaña en torno a estas ideas, durante estas más de tres semanas, la estamos impulsando a través de las redes sociales. Además, mantenemos una videoconferencia todos los días para debatir los diferentes temas, nuestras posturas y hemos elaborado un comunicado y cuatro boletines informativos. Esta es la mejor manera de preparar la respuesta frente a la ofensiva patronal cuando retomemos el trabajo.
Los delegados de la CGT en Navantia, casi todos miembros de Izquierda Revolucionaria, somos los únicos que estamos exigiendo a las empresas que empleen los beneficios para pagar los salarios. Y esto no es casualidad. Las enormes presiones que en el día a día ejercen las empresas sobre muchos sindicalistas honestos, provocan la búsqueda de salidas “realistas” que casi siempre benefician a las propias empresas. Cada día va a ser más necesario que los sindicalistas tengamos una alternativa revolucionaria para resistir a estas presiones. En nuestro caso esa alternativa la encontramos en Izquierda Revolucionaria.
