El Gobierno de Díaz Ayuso maltrata a las enfermeras
Desde que comenzó la crisis sanitaria de la COVID-19, los contagios confirmados entre el personal sanitario han ascendido a más de 35.000, un 20% del total de positivos registrados en el Estado español, el país con más contagiados entre el personal sanitario. Además de los contagiados, han fallecido 37 facultativos. Esta situación ha sido debida, según la OMS, a la falta de las mínimas medidas de seguridad y pruebas diagnósticas para preservar la salud de los profesionales. Hemos visto como la falta de EPIS y mascarillas ha sido una constante durante los primeros días de la crisis y en algunas ocasiones cuando han llegado eran defectuosas. Este alto número de contagios ha supuesto, entre otras cosas, un aumento de la demanda de personal sanitario, en su mayoría enfermeras y auxiliares de enfermería, un sector precarizado donde se enlaza un contrato precario tras otro.
Una bolsa pública de empleo que funciona como una ETT. ¡Basta de abusos en la contratación pública!
Muchas de las contrataciones en enfermería funcionan mediante una bolsa pública. Las enfermeras, porque enfermería es una de las carreras donde la inmensa mayoría somos mujeres, estamos prácticamente obligadas a aceptar los contratos que nos ofrecen ya que, si no lo hacemos, somos penalizadas durante un año sin recibir más ofertas de trabajo. No importan qué tipo de contrato te ofrezcan, ni si se trata de un contrato de un mes o un día, nos vemos obligadas a aceptar. Si en circunstancias normales el personal de enfermería nos sentimos desprotegidos laboralmente, cuando comenzó la crisis sanitaria la transparencia de las contrataciones desapareció casi por completo.
Al principio muchas enfermeras recibieron una llamada en la que se les ofrecía trabajo durante un mes, pero sin informarles del destino ya que no eran capaces de decirles ni el hospital, ni el servicio, ni el turno. Solo eran citadas en un lugar y una hora para recibir más información. Esta información consistía en una formación mediante un vídeo de media hora en el que enseñaban a realizar el exudado nasofaringeo necesario para realizar la PCR y diagnosticar, entre otras cosas, la COVID-19. Estas enfermeras fueron destinadas a realizar las pruebas en los domicilios de aquellas personas que tenían sintomatología de padecer la enfermedad sin poder negarse a ello. Un autentico caos que ha puesto en peligro la salud de muchas profesionales.
Hay que denunciar que la organización de la bolsa de enfermería ha funcionado de manera muy deficiente durante este periodo. Nos hemos encontrado con la incomprensible situación en que hay enfermeras que no han recibido ninguna llamada estando desempleadas, y por otro lado con enfermeras que estaban trabajando y han sido contratadas para trabajar en dos sitios al mismo tiempo, algo que no pudieron rechazar porque si lo hacían serian penalizadas, como sucedió a las que lo rechazaron. Las enfermeras legalmente podemos optar por trabajar el 150% de la jornada completa. Pero por desgracia no han sido pocas las enfermeras que aceptaron ese primer o segundo contrato y que días después les son negados por los hospitales.
Aunque los peores casos se han dado en la sanidad privada, que han aprovechado la situación y prevén ERTES que dejarán sin trabajo 28.000 trabajadores, los hospitales públicos no han estado exentos de irregularidades. Es cierto que la mayoría de los contratos se ofrecen mediante una bolsa de empleo, pero muchos hospitales tienen bolsa interna y esto facilita que los contratos que se nos han ofrecido sean tremendamente precarios y no pase absolutamente nada.
Precariedad laboral extrema. Contratos de un mes, precontratos fraudulentos y despidos por contraer el COVID-19
Esta precariedad laboral también se extendió a los contratos para realizar nuestro trabajo en los hospitales. La mayoría de los contratos que se ofrecían eran de un mes de duración, sin especificar servicio, salario, ni horario. Muchas veces el puesto era para enfermera “de disponible” que consiste en ir cada día al servicio donde seas necesaria sin importar tu experiencia o especialidad. Las profesionales de enfermería llevamos denunciando esta situación años, porque, aparte de ser un peligro para los pacientes, es una carga de trabajo no solo para la propia enfermera que se incorpora al servicio si no también para sus compañeras que tienen que invertir mucho tiempo de su jornada a enseñar las especificidades del servicio.
Pero esta situación no ha sido la única. También se han hecho muchos contratos por “obra y servicio”. Estos contratos no tienen fecha fin, lo cual quiere decir que pueden durar 3 días o un año, lo que dio carta blanca a los hospitales para evitarse las bajas laborales, ya que se comenzó a dar una práctica recurrente que consistía en despedir a aquellas enfermeras con este tipo de contrato que se contagiaron con la COVID-19. Un auténtico escándalo en cualquier circunstancia pero más aún en una situación de emergencia sanitaria como la actual.
Durante esta emergencia sanitaria muchas enfermeras hemos sido contratadas bajo el llamado “contrato Covid”, que consistía simplemente en firmar un precontrato en el que no siempre se especificaba lo que te prometían de palabra. Tras semanas trabajando sin contrato, muchas enfermeras recibieron una llamada para que fueran a firmarlo y se encontraron que el contrato que les pusieron delante duraba menos tiempo del prometido o con cláusulas en las que se indicaban que podían ser despedidas en cualquier momento.
El descontrol es de tal magnitud que hay enfermeras que han estado trabajando durante semanas sin estar siquiera dadas de alta en la Seguridad Social e, incluso, trabajado tras una baja por contagio sin haber recibido el alta. Después de todo este caos en la contratación, hemos sabido que la Comunidad de Madrid no renovará el personal sanitario contratado para cubrir la crisis sanitaria. Tras aceptar contratos precarios y poner nuestra salud y la de nuestras familias en peligro, una vez pasada la crisis sanitaria, nos encontramos de nuevo abocadas al desempleo.
Alumnas de enfermería, sin cobertura legal y con salarios de miseria
A lo largo de estos meses también se ha contratado a las alumnas enfermería que han sido otro punto clave en la gestión sanitaria. También han padecido contratos precarios, por ejemplo las alumnas de 4º de enfermería, a las que se les propuso trabajar a jornada completa como “ayudantes de enfermería” por 900€ al mes. Muchas de ellas aceptaron el contrato y se vieron trabajando sin saber realmente en qué situación legal estaban. Al no tener el título no estaban colegiadas, por lo que estuvieron ejerciendo sin respaldo legal. La idea propuesta era que estuvieran siempre bajo la supervisión de una enfermera, lo cual ha sido imposible dada la carga de trabajo que ha habido en los hospitales. En el mejor de los casos, las enfermeras tituladas han tenido que cubrir su puesto para que ellas no se vieran expuestas al contagio, y en el peor y más abundante, han ejercido como enfermeras teniendo a su cargo el mismo número de pacientes que una enfermera titulada, una irresponsabilidad que no hemos podido evitar a pesar de las protestas realizadas.
Estas alumnas a fecha de hoy, no han sido dadas de alta en la Seguridad Social. Esto, sumado a no estar colegiadas, las ha dejado completamente desprotegidas ante la ley. ¿Y si llegan a cometer un error? Ni siquiera les plantearon este trabajo como si fueran unas prácticas, ni se las convalidaron, ni se les asignó una tutora, así que estaban y están desprotegidas ante esta situación. Y como en el caso de las enfermeras titulares, si se llegaban a contagiar, sus contratos simplemente serian rescindidos.
Pero esta situación no solo la han padecido las alumnas de enfermería. También con las alumnas de medicina la situación ha sido bastante parecida. Se optó por contratar a médicas que no habían hecho el examen MIR (es decir, graduadas, pero sin especialidad) o residentes de primer año para cubrir las bajas de las residencias o para ejercer de enfermeras. Aunque esta ha sido una práctica menos extendida que la contratación de alumnas de enfermería, las contrataciones han sido completamente opacas.
Por una sanidad pública y de calidad con condiciones laborales y salarios dignos
Llevamos muchos años de recortes en la sanidad pública, de cara a hinchar el negocio de la sanidad privada, lo que nos ha llevado a la situación de precariedad actual. Durante esta crisis se ha demostrado la importancia de una sanidad pública, gratuita y de calidad para poder asegurar la salud de todo el mundo. Pero también la importancia de que las y los trabajadores de la sanidad tengamos unas condiciones salariales y laborales dignas y seguras. No podemos obviar que las condiciones precarias a las que nos vemos sometidas en nuestra vida laboral solo consiguen un peor resultado en nuestro trabajo y en nuestras vidas, poniendo en peligro la salud de muchas personas.
El 20 de abril la Comunidad de Madrid, la comunidad más afectada por el coronavirus anunciaba que no renovará el contrato a más de 3.500 profesionales sanitarios que han luchado contra la COVID-19, es decir, despide a miles de profesionales que fueron contratados en centros públicos de Madrid por la crisis, lo que nos deja a todos en una situación de vulnerabilidad en caso de un rebrote. Posteriormente se desdijo y señaló que los renovará, aunque a día de hoy dicha medida aún no se ha concretado. Obviamente, como demuestra esta decisión, su preocupación no es la salud de los madrileños, sino garantizar los negocios de multinacionales y empresarios, muchos de los cuales están haciendo su agosto con esta pandemia, especialmente en el sector de la salud.
En este contexto, y ante esta actuación del Gobierno de Díaz Ayuso, que abiertamente ha dicho ya que lo que la mueve son los intereses empresariales, el Gobierno central del PSOE-UP debería actuar. Ante el peligro del repunte de una enfermedad en la Comunidad más afectada, con más contagiados y muertos, el Gobierno central puede y debe intervenir, exigiendo en primer lugar que no se produzca un solo despido de enfermeras, médicos o resto de personal de hospitales (celadores, cocineras, limpiadoras, etc…); garantizando todas las inversiones necesarias para poder enfrentar la pandemia y atender a toda la población, e interviniendo de verdad la sanidad privada, nacionalizándola para integrarla en el sector público.
¡¡¡LA SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!!!
