Después de varios años acumulando espléndidos beneficios (70 millones de euros en 2016, 127 millones en 2017, 120 millones en 2018 y 121 millones el año pasado) Indra, en un desvergonzado ejercicio de ingeniería financiera, ha alegado unas pérdidas de 31 millones para aplicar un ERE en Indra Soluciones TI. Este va a suponer el despido de 360 trabajadores, la “prejubilación” (que no es otra cosa que un despido con pago diferido de la indemnización) de otros 220 y un denominado ERTE de “recualificación” que afectará a otros 125 trabajadores, que verán suspendidos sus contratos durante seis meses, durante los cuales recibirán un supuesto programa de formación que finalizará con un examen, tras el cual la empresa decidirá si mantiene su contrato de trabajo o los despide.
En resumen, Indra destruirá de forma inmediata 580 puestos de trabajo y, en el plazo de seis meses, tendrá las manos libres para destruir otros 125. De este modo, un total de 705 puestos de trabajo, que hasta ahora estaban cubiertos por trabajadores y trabajadoras con contrato fijo y con unos ciertos derechos laborales, podrán ser cubiertos por trabajadores y trabajadoras subcontratados, con salarios miserables, condiciones de trabajo leoninas y privados en la práctica de sus más elementales derechos.
Además, Indra ha presentado otro ERE en otra de las empresas del grupo, Indra Sistemas, con una propuesta inicial de 240 despidos. En conjunto, una nueva sangría de puestos de trabajo estables en una de las empresas punteras del sector de las tecnologías de la información, que, según nos cuentan los medios de comunicación de la burguesía, es el sector del futuro.
No hay nada original ni nuevo en estos EREs de Indra. Pero hay varias cuestiones que merecen ser resaltadas y que hacen a este ERE, si cabe, aún más escandaloso y denunciable. El papel del Estado en la gestión de Indra, ahora bajo la directa responsabilidad del gobierno PSOE-UP, ha permitido que Indra haya sido una fuente de beneficios fáciles y garantizados para un puñado de grandes financieros, muchos de ellos vinculados a tramas de corrupción.
El papel del Estado en la gestión de Indra
El Estado español, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), es el mayor accionista de Indra, con el 18,70% de su capital y dos puestos en su Consejo de Administración, cubiertos por el ex ministro de Industria Miguel Sebastián y el ex diputado socialista y ex secretario general de la UGT de Sevilla Antonio Cuevas Delgado.
Pero el protagonismo del Estado viene de muy lejos. De hecho, Indra fue una empresa pública hasta que en 1994 el Gobierno de Felipe González dio entrada en el capital de la compañía a la empresa francesa Thomson-CSF, actualmente denominada Thales. En 1999, ya bajo un Gobierno del PP, Indra fue completamente privatizada. Pero a pesar de esta privatización Indra mantuvo fortísimos lazos con el sector público y con la Administración del Estado, que le facilitaban jugosísimos contratos e importantes ayudas y subvenciones, que fueron el origen de innumerables problemas de corrupción.
Respecto a contratos públicos, Indra no ha parado de recibir adjudicaciones de todas las Administraciones Públicas, tanto la central como las autonómicas. Durante el último año Indra ha recibido nuevos contratos de los gobiernos autonómicos de Canarias, Galicia, Madrid, Cataluña y Andalucía, del operador público ferroviario ADIF, de varios ayuntamientos y de varios ministerios, entre ellos Sanidad, para el desarrollo de la aplicación RadarCovid, y Defensa.
De este último hay que destacar la participación de Indra en un contrato, formalizado el pasado mes de mayo, por un importe de 2.100 millones de euros. Estos contratos aseguran a Indra una importante carga de trabajo que le permitiría no solo mantener la plantilla sino ampliarla. Pero los accionistas de la compañía han decidido aprovechar las circunstancias para sustituir empleo fijo por trabajo precario.
Además de los contratos Indra se ha beneficiado de una lluvia de subvenciones y ayudas públicas cuyo importe se cuidan mucho de desvelar. Solo en 2013, y por un requerimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, supimos que Indra había recibido subvenciones públicas por un importe total de 75,6 millones de euros, es decir, más del doble de las pérdidas que ahora alegan para ejecutar más de 600 despidos.
Es un completo escándalo que una empresa que vive del dinero público y que durante años ha enriquecido de manera obscena a algunos de los más destacados elementos de la élite empresarial española aproveche que la pandemia dificulta la movilización de las plantillas para ejecutar una salvaje destrucción de puestos de trabajo.
Corrupción en la cúpula de Indra
Indra fue privatizada completamente en 1999. ¿Cómo puede ser que el Estado sea ahora su accionista mayoritario? Pues ocurrió que la cúpula directiva de Indra, y a su cabeza Javier Monzón, nombrado presidente de la empresa por el Gobierno de Felipe González en 1993, decidieron aprovechar la posición de Indra para participar en todos los buenos negocios – popularmente conocidos como “pelotazos” - que caracterizaron esa época de especulación desatada.
La cúpula de Indra, estrechamente asociada a la cúpula de Caja Madrid, encabezada en aquel entonces por el delincuente Miguel Blesa, y a ACS, la empresa de Florentino Pérez en la que Javier Monzón era consejero, participó en todo tipo de maniobras bursátiles y operaciones empresariales que llenaron los bolsillos de los más destacados representantes de la élite de la oligarquía española.
Una de las más sonadas de esas operaciones fue la compra en abril de 2013 de la empresa Oyauri Investment, una empresa casi en quiebra y prácticamente sin actividad, pero que tenía el extraordinario valor de haber sido fundada por un hijo de Felipe González y de contar con el propio Felipe González como accionista. El 33% por ciento de esa empresa sin valor fue adquirida por Indra por 1,5 millones de euros, lo que permitió que los 376 euros invertidos por Felipe González en Oyauri se convirtieran en menos de un mes en 310.000. Pero se ve que esa fantástica revalorización le supo a poco al ex dirigente “socialista”, de modo que en marzo del año pasado Felipe González demandó judicialmente a Indra reclamando el pago de 7,3 millones de euros a cuenta de la ruinosa venta de Oyauri.
Pero Felipe González no fue el único que se aprovechó de Indra. Jordi Pujol y su familia hicieron un buen negocio vendiendo a Indra su empresa Europraxis. Esperanza Aguirre encontró en Indra un buen refugio para la Caja b del Partido Popular, razón por la cual el presidente de Indra fue imputado en la trama Púnica. Y, como no podía ser menos, Juan Carlos de Borbón, amigo y compinche de Javier Monzón, actuó como comisionista de Indra en innumerables países, entre ellos Arabia Saudí.
Así que los trabajadores y trabajadoras de Indra ya saben a dónde han ido a parar los beneficios amasados durante casi 30 años por Indra gracias a su trabajo y su esfuerzo: a los bolsillos de los más excelsos miembros de la oligarquía financiera española y a los de sus aliados políticos.
Cuando en 2008 estalló la crisis general del sistema capitalista, el Estado salió al rescate de Caja Madrid, y una de sus medidas de ayuda fue recomprar su participación accionarial en Indra por 337 millones de euros que hemos pagado entre todos y que nunca recuperaremos. Como siempre ocurre bajo el capitalismo, a la clase trabajadora nos corresponde pagar los destrozos de las orgías de beneficios de nuestros capitalistas.
El vergonzoso papel de los dirigentes de CCOO... y la pasividad de Unidas Podemos
CCOO es el sindicato mayoritario en Indra. Durante años los dirigentes de este sindicato fueron cortejados por la Dirección de Indra, recibiendo toda clase de prebendas, en la línea marcada por los dirigentes de la Federación de Servicios de CCOO en Caja Madrid y otras entidades financieras, con sus tarjetas black y sus coches oficiales con chófer.
Ahora toca devolver los favores, de modo que CCOO, atendiendo a la voz de su amo, se ha apresurado, junto con UGT, USO y ASIT, a firmar sumisamente este ERE. El descredito de CCOO y UGT en Indra Soluciones TI durante los últimos años ha llevado a ambos sindicatos a quedarse en el 54% de representación, y a que CCOO sea desbancada como primera fuerza en muchos centros de trabajo en favor de USO. Aunque este último sindicato planteó su oposición al ERE, finalmente decidió firmarlo con la boca pequeña dando cobertura al mismo. Frente a esta posición, sindicatos alternativos como Co.Bas, CGT o la CiG, que representan a casi un 25% de la plantilla, se han mantenido firmes frente a este ERE fraudulento.
Con esa firma, los dirigentes de CCOO, UGT y USO, que se han negado incluso a realizar una consulta a las y los trabajadores, apuñalan por la espalda a toda la plantilla de Indra, incluyendo a sus propios afiliados y afiliadas, ya que este ERE solo va a ser el primero de una serie de ataques a las actuales condiciones laborales.
Cuando en diciembre de 2017 CCOO y UGT firmaron el XVII Convenio Estatal de Consultoría, aceptaron una doble escala salarial, con rebajas de salario base de hasta el 44,13% para los nuevos contratados y crearon un fuerte estímulo para el despido masivo de trabajadores fijos y su sustitución por nuevos trabajadores bajo las nuevas miserables condiciones del nuevo Convenio.
En los días previos a la firma del Convenio explicamos cuales serían sus consecuencias: “Aceptar esta propuesta supondría abrir de par en par las puertas a una sustitución masiva de las plantillas actuales por nuevos trabajadores (que en muchos casos serían los mismos, despedidos y vueltos a contratar) y una bajada salarial generalizada en el sector. Esto es lo que llevan años demandando las grandes empresas que subcontratan la gestión de su informática, como todos los que llevamos años trabajando en el sector conocemos muy bien y sufrimos en carne propia.” (Ver nuestro artículo "Inaceptable propuesta de la Patronal del Sector TIC. No a un Convenio regresivo e indigno").
Igual que ocurrió con la firma del Convenio, la firma de este ERE es un duro golpe para los trabajadores y trabajadoras de Indra y de todo el sector TIC. Y también el papel del Gobierno “progresista”, y especialmente de Unidas Podemos, que aunque inicialmente se opuso públicamente al ERE, posteriormente ha aceptado con su silencio y su inacción la firma de este ERE fraudulento.
Numerosos trabajadores y trabajadores del sector TIC nos hemos agrupado durante estos años en torno a Co.Bas, que ha crecido en influencia y representatividad. Nuestro objetivo es seguir trabajando para reconquistar los Comités de Empresa que hoy, copados por CCOO y UGT, solo están sirviendo para acordar retrocesos con los empresarios para las y los trabajadores.
Únete a nosotros para luchar juntos contra la precariedad, los ERE, y en defensa de nuestros puestos de trabajo y condiciones laborales.
