Por su parte, Pedro Sánchez y Nadia Calviño no ocultan su sintonía con las pretensiones de Bruselas

La Unión Europea (UE) ha dejado bien claro estos días cuál es la condición para desbloquear los 140.000 millones de euros del plan de recuperación prometidos al Estado español para “estimular” su economía. En recientes declaraciones del vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Valdis Dombrovskis, este representante de la oligarquía europea, ha exigido al Gobierno español llevar a cabo una reforma “integral y ambiciosa” del mercado laboral (El País 31-03-21).

La respuesta del Gobierno español, no se ha hecho esperar. El propio presidente Pedro Sánchez, se ha comprometido ante Bruselas a realizar la profunda reestructuración exigida.

El Ejecutivo ha enviado al Congreso para que sea debatido, un documento en el que expone las reformas más importantes y también las inversiones públicas que plantea llevar a cabo con los 72.000 millones del llamado fondo de recuperación europeo, con los que esperan contar.

El carácter huidizo, inconcreto y genérico del contenido de este documento en lo que se refiere a los cambios en las relaciones laborales, así como de las declaraciones realizadas al respecto por la CE, por Moncloa y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, no auguran nada bueno para la clase trabajadora. 

La nebulosa, la falta de claridad, las dobles palabras es el método tradicional utilizado por los capitalistas y los responsables políticos a su servicio, cuando intentan camuflar los ataques y retrocesos a las condiciones de vida y trabajo que pretenden imponer a los trabajadores.

La propia prensa capitalista se ve obligada a llamar la atención sobre la niebla existente en el “debate” sobre la nueva reforma laboral: “En cualquier caso, la redacción (del documento entregado al Congreso) es lo suficientemente ambigua para que puedan aceptarla tanto Calviño como Díaz, y será en la negociación real con patronal y sindicatos cuando se vea hasta dónde está dispuesta a llegar La Moncloa y sobre todo en qué plazos. También tendrá importancia lo que tenga que decir Bruselas sobre esto, cuyas posiciones están más cercanas a Calviño” (El País 14-04-21).

También en El Confidencial (14/04/2021) podemos leer: “El documento evita desarrollar en profundidad las medidas y deja fuera los aspectos de la anterior reforma laboral del PP que se pretenderían derogar”.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz también participa en esta nada casual ceremonia de la confusión. El pasado 15 de abril, Díaz explicaba en una entrevista en “El intermedio” que: “está de acuerdo con lo que ‘quiere’ la Comisión Europea: ‘una reforma integral y radical’". Cuando la entrevistadora le preguntó si considera que la CE está de acuerdo en derogar la reforma laboral del PP, la ministra eludió contestar esa cuestión.

Los derechos laborales, una vez más, en el punto de mira

Lo que pretende la CE con esta nueva reforma laboral reclamada, no deja lugar a dudas. En las declaraciones ya citadas, Dombrovskis, en total sintonía con Nadia Calviño, mostraba su preocupación por la negociación iniciada por Yolanda Díaz, con patronal y sindicatos para abordar la posibilidad de derogar la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales; según este señor esto podría restar flexibilidad al mercado laboral.

No hay duda, tras estos juegos malabares dialécticos, lo que realmente se oculta es la exigencia de nuevos ataques a los derechos de los trabajadores, una mayor bajada de salarios y un empeoramiento de las condiciones laborales.

La UE siempre ha sido una firme defensora de la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Una reforma que concedió a los empresarios un poder sobre los salarios y las condiciones laborales como no disfrutaban desde el franquismo.

La reforma laboral del PP, asfaltada por la aprobada por el PSOE en 2010, impuso la prevalencia de los convenios de empresa frente a los sectoriales, la rebaja del coste del despido improcedente de 45 días a 33 días por año trabajado y pasar de un máximo de 42 mensualidades a 24; la desaparición de los salarios de tramitación en caso de improcedencia del despido, eliminó la autorización previa de las administraciones para realizar Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), habilitó a las ETT para actuar como agencias de colocación, derogó la ultraactividad* de los convenios colectivos, incrementó la flexibilización de las causas del despido o la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo alegando simplemente razones económicas relacionadas con la competitividad o la productividad, sin necesidad de presentar pérdidas, dando al empresario un poder absoluto en las relaciones laborales, etc.

Pero esto no es suficiente para las élites económicas representas por la instituciones europeas. El plan para seguir manteniendo sus beneficios consiste en recrudecer los ataques contra la clase obrera para que seamos nosotras y nosotros quienes paguemos la factura de la quiebra de su sistema, como hicimos en la anterior crisis.

Los 140.000 millones prometidos en el “plan de recuperación”, que agravarán todavía más la inmensa deuda pública ya contraída y que exigirán que sea devuelta a costa de los sacrificios de la clase obrera, irán siendo entregados por la CE a medida que vaya confirmando la puesta en marcha de los recortes sociales que los capitalistas exigen. 

Solo con la movilización más contundente conseguiremos la derogación de la reforma laboral del PP

El acuerdo con el que nació el actual Gobierno de coalición en su punto 1.3 dice: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012. Impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”.

En ningún momento este pacto habla de derogar tal o cual punto o solo sus aspectos más lesivos. El compromiso fue derogar toda la brutal contrarreforma laboral impuesta por el PP.

Lamentablemente esta cuestión clave es una más de las que el Ejecutivo PSOE-UP no ha llevado a efecto, sumándose a la larga lista de incumplimientos en lo que a política social se refiere.

La ministra de Trabajo, así como los dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT quieren hacernos creer que en la mesa de negociación, Gobierno, incluidos los firmes defensores de los intereses del IBEX-35, como Nadia Calviño, los empresarios y los sindicatos, se pondrán de acuerdo en derogar la reforma laboral.

Esta fantasía poca gente la cree a estas alturas. Derogar la reforma laboral del PP, así como impedir que las condiciones laborales continúen deteriorándose, solo lo podremos conseguir con la movilización contundente; esta es la única forma de frenar esta nueva ofensiva patronal y de romper la resistencia de los capitalistas y sus representantes políticos.

La experiencia del propio Gobierno de coalición, no deja lugar a dudas. En mayo de 2020 cuando los grupos parlamentarios de PSOE, UP y EH Bildu acordaron la derogación inmediata de la reforma laboral, la ministra Calviño, dio un puñetazo de autoridad en la mesa y no tardó ni unas horas en echar para atrás el acuerdo. Una cosa era escribir sobre la derogación de la reforma laboral de cara a la galería y otra muy distinta pretender llevar su supresión a la práctica. Nadie replicó; ni los dirigentes de CCOO y UGT, ni los de UP, se enfrentaron a la decisión de Calviño.

Por su parte la patronal envalentonada por las declaraciones y la presión ejercida por la CE y los ministros del PSOE que avalan decididamente sus dictados y las pretensiones de los empresarios, se niegan en rotundo a cualquier modificación de la legislación laboral que vaya en beneficio de los trabajadores.

En estas condiciones, la estrategia de pretender conseguir la derogación de la reforma laboral en el marco del llamado “diálogo social”, impulsada por la ministra Yolanda Díaz y defendida entusiásticamente por los dirigentes de CCOO y UGT, ha mostrado ya, en numerosas ocasiones estar en banca rota. Los avances importantes que no conseguimos con la lucha es imposible conseguirlos en la mesa de negociación; muchas décadas de lucha confirman esta idea básica.

 Con los capitalistas o con los trabajadores

Unidas Podemos debe dar la batalla firme y decidida contra los ataques que los capitalistas están preparando y que el PSOE no va a dudar en aplicar. Debe aparecer ante la clase obrera como un firme opositor en el Parlamento, pero sobre todo debe impulsar, al igual que CCOO y UGT, la movilización social en la calle para imponer la derogación de la reforma laboral, también para impedir la contrarreforma de las pensiones que pretende llevar a cabo el ministro Escrivá, etc. La cuestión es muy concreta, o gobiernas para los capitalistas o para los trabajadores.

Solamente hay una manera de evitar que de nuevo seamos la clase obrera la que pague su crisis, esta es con la aplicación de una política realmente de izquierdas impuesta con la movilización en las calles.

Un Gobierno que realmente sea de izquierdas debería de hacer frente a las presiones de la oligarquía europea y aplicar una política que rompa decisivamente con la infernal lógica capitalista. Es necesario llevar a la práctica un programa socialista, hay que nacionalizar la banca y los sectores estratégicos de la economía y colocarlas bajo control obrero; y esa riqueza invertirla en educación, en sanidad, en vivienda, en satisfacer las necesidades de la mayoría de la población.
Esta es la única salida, luchemos por ella.

* La ultraactividad de los convenios colectivos es la prórroga automática de los mismos cuando, finalizado el plazo máximo de negociación de un año, no se ha llegado a ningún acuerdo entre empresario y sindicatos.